Estamos asistiendo a la exposición de un submundo que generalmente permanece oculto ante los ojos de las mayorías populares como es la obscena relación de los servicios de inteligencia con los gobiernos de turno, así como con jueces y fiscales. En ese marco, el PRO de Mauricio Macri intenta mostrarse decidido y diferente a un gobierno nacional que sostuvo a Jaime Stiuso y a miles de agentes mientras les fueron útiles.

Mientras discursivamente afirma que “la forma de sanar el dolor es la verdad”, Macri también espía y conspira a espaldas del pueblo trabajador.

A la cabeza de esta puesta en escena del PRO se encuentra Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, donde el fiscal Alberto Nisman debía declarar. Ella fue una de las figuras prominentes del gobierno de la Alianza, aquel que le pagó (coimeó) con fondos de la SIDE a los senadores para que aprueben la antiobrera reforma laboral que pasó a la historia como “Ley Banelco”.

Recordemos también que Eugenio Burzaco, uno de los elegidos del macrismo para comandar la policía Metropolitana, fue “asesor” de la SIDE durante el gobierno de la Alianza y también del gobernador Jorge Sobisch cuando la policía neuquina reprimió la huelga docente y asesinó a Carlos Fuentealba.

El caso Febrés

A Guillermo Montenegro, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, lo hemos señalado los organismos de derechos humanos como uno de los que le otorgaron al genocida Héctor Febrés enormes privilegios durante su detención en una base de la Prefectura de Tigre. El prefecto integró en la pasada dictadura la patota de la ESMA y fue encargado de la “sala de las embarazadas” de ese centro clandestino. Montenegro siendo juez federal y teniendo a su cargo la causa sobre el robo de bebés,  autorizó al imputado a pasar unas vacaciones en la sede de la Armada de la ciudad de Azul, con la familia y hasta su perro.

Febrés murió envenenado con cianuro en diciembre de 2007. Denunciamos que lo habían asesinado y nos presentamos como querellantes en la causa que fue instruida por la jueza Sandra Arroyo Salgado (y está próxima a juicio oral). Se estableció que los beneficios que aparentaba tener Febrés tendían a evitar que se quebrara, a aumentar su pertenencia y lealtad a la Fuerza y a ganar su confianza para, llegado el caso que se pudiera poner en peligro con sus declaraciones a algún personaje importante de la Prefectura o la Marina, poder actuar libremente, como finalmente lo hicieron. La jueza demostró las responsabilidades institucionales del caso, pero la Cámara Federal de San Martín le dio vuelta la causa y la redujo a un conjunto de delitos menores.

También se ha dicho que las relaciones familiares de Montenegro con miembros de la Armada fueron decisivas para que integrantes de esa fuerza se incorporaran a la Policía Metropolitana.

Espía de la Federal

Ciro Gerardo James formó (o forma) parte del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal que hemos denunciando con un conjunto de organismos de derechos humanos por haber infiltrado al agente secreto Américo Balbuena en la Agencia Rodolfo Walsh durante casi una década.

En esa causa judicial declaró el diputado Marcelo Saín y explicó que una de las cualidades particulares que hace diferente y tan peligroso a este organismo es que expresamente están autorizados a tener “otros empleos”. Los ejemplos que citó fueron la infiltración de una secretaria que por años acompañó a Gustavo Béliz y el resonado caso de Ciro James al servicio del gobierno de Mauricio Macri.

En marzo de 2014, el juez federal Sebastián Casanello envió a Ciro James a juicio oral junto con Jorge “Fino” Palacios y otros funcionarios por haber realizado escuchas ilegales. La causa se inició a partir de una denuncia de Sergio Burstein, del grupo de familiares de víctimas del atentado a la AMIA. Hubo otros damnificados, como el propio cuñado de Macri, dirigentes docentes, legisladores, etc.

Las escuchas eran realizadas en la SIDE y James retiraba de allí las cintas de las grabaciones. Palacios y James montaron una verdadera agencia paraestatal de espionaje para Macri quien, como cualquier político capitalista que se precie de tal, quiere un servicio de inteligencia para sí y contrató a estos agentes de la Federal para hacerlo.

Palacios

El primer jefe de la policía Metropolitana fue Jorge Alberto Palacios, Comisario Mayor (retirado) de la Policía Federal. Sus antecedentes son funestos. Siempre involucrado en causas graves, como el secuestro de Axel Blumberg o la represión de diciembre de 2001, es uno de de los imputados por el encubrimiento del atentado de la AMIA. Laura Ginsberg, dirigente de APEMIA, declaró crudamente: “Es una verdadera provocación a la memoria de nuestros muertos”. Por los enormes cuestionamientos, el protegido de Macri tuvo que renunciar.

El oportunismo de la oposición

Por eso cuando Macri habla, más que escucharlo tenemos que recordar sus acciones y sus compañías. Nada puede esperar de él el pueblo trabajador, sólo confiar en su propia movilización para terminar con la mafia de los agentes secretos, siempre al servicio de algún político capitalista.

Exigimos que Macri haga pública la nómina completa de quienes conforman la policía Metropolitana, indicando en cada caso si ese agente tiene antecedentes de haber reportado en otra fuerza Armada o de Seguridad.

Gobierno nacional, PRO, UCR y Frente Renovador: todos se oponen a la apertura y desclasificación de todos los archivos de la SIDE que exigimos desde el PTS en el Frente de Izquierda, y se niegan a poner en pie una comisión investigadora independiente con plenos poderes compuesta por los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y organizaciones de derechos humanos, única manera de alcanzar la verdad.