Narcotráfico: el país sin controles

Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) documentó lo que veníamos advirtiendo desde el denarvaísmo: nuestro país no está preparado para detectar el tráfico de estupefacientes.

La AGN demostró que los escáneres de los puertos de Buenos Aires, Campana y San Lorenzo no poseen el software necesario para controlar el narcotráfico. Como era de esperar, el gobierno nacional cuestionó dicho informe y, una vez más, miró para otro lado.

Hace unas semanas, la oficina antidrogas de las Naciones Unidas difundió un documento que ubica a nuestro país como el tercer punto de partida de cocaína hacia el mundo, detrás de Brasil y Colombia. Asimismo, alertó que  en Argentina se consume el 25% de la cocaína de Latinoamérica, lo que pone de manifiesto que hemos dejado de ser un país de paso para convertirnos en un país con un mercado importante y con una fuerte presencia de grandes narcotraficantes.

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No más casos Píparo

Tras el ejemplar fallo en el caso Píparo, que determinó la prisión perpetua para cinco de los acusados sentando jurisprudencia en nuestro país, surgen algunas reflexiones. La primera: hubo que esperar a la salidera bancaria que sufrió Carolina Piparo para que el oficialismo prestara obligadamente atención a un tema que estaba entonces al tope de las demandas ciudadanas pero que no figuraba entre sus preocupaciones.

Hasta este caso, las medidas de seguridad del Banco Central eran inexistentes. Si bien tras el episodio que conmovió a la opinión pública se presentaron proyectos de todo tipo que produjeron debates intensos y enriquecedores, el balance a tres años de aquel terrible hecho es pobre y poco alentador.

La ley 26.637 de Seguridad Bancaria fue la única iniciativa aprobada. Sancionada e implementada con cierto retraso e insuficiencia, la normativa contempló básicamente la instalación de mamparas, que se hizo efectiva lentamente en las diferentes sucursales bancarias y la instalación de inhibidores de señal telefónica, medida que no fue implementada y que fue reemplazada por un control un poco más férreo del que se venía llevando por parte del personal designado a la seguridad de las sucursales.

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“Democratizar la Justicia” olvidándose de los ciudadanos

Nadie puede oponerse a una “democratización de la Justicia”. Creemos, no obstante, que la reforma del Poder Judicial es tan trascendente que requiere algo más que slogans. En este sentido, hay algunas cuestiones que la opinión pública debe conocer para no ser manipulada.

Sobre la elección popular de los consejeros, es necesario notar que los jueces, abogados y científicos tendrán que hacer campaña proselitista partidaria. No queda claro aún cómo se conformarán las listas, cómo se llevará a la práctica y quién financiará esas campañas. Asimismo, el presupuesto del Consejo de la Magistratura, en 2010, fue de $539.513.223, registrando un aumento del 96% con respecto al presupuesto de 2005. De aprobarse el proyecto, ¿cuál será el gasto para mantener en su estructura a los 19 miembros que se propone, 6 más de los que hay ahora?

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