Por: Natalia Gambaro
Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) documentó lo que veníamos advirtiendo desde el denarvaísmo: nuestro país no está preparado para detectar el tráfico de estupefacientes.
La AGN demostró que los escáneres de los puertos de Buenos Aires, Campana y San Lorenzo no poseen el software necesario para controlar el narcotráfico. Como era de esperar, el gobierno nacional cuestionó dicho informe y, una vez más, miró para otro lado.
Hace unas semanas, la oficina antidrogas de las Naciones Unidas difundió un documento que ubica a nuestro país como el tercer punto de partida de cocaína hacia el mundo, detrás de Brasil y Colombia. Asimismo, alertó que en Argentina se consume el 25% de la cocaína de Latinoamérica, lo que pone de manifiesto que hemos dejado de ser un país de paso para convertirnos en un país con un mercado importante y con una fuerte presencia de grandes narcotraficantes.
Es importante destacar que sólo el 8% de nuestro espacio aéreo está radarizado, es decir que sólo una ínfima parte de nuestro territorio está equipada para detectar vuelos irregulares que pueden ingresar al país con estupefacientes. El decreto 1407 de 2004 establecía un plan de radarización que, como con otras tantas cosas, nunca se llevó a cabo.
Conscientes de la ausencia de políticas públicas serias, con nuestro bloque hemos presentado diversos proyectos legislativos respecto de este problema. Entre ellos el de control de contenedores, que crea una división especial en Aduana encargada de scanners en todos los puertos con comercio internacional. La ley de defensa nacional contra amenazas aéreas -basada en una ley similar en vigencia en Brasil desde 2004 y de uso común en gran parte del mundo- que permite detectar y neutralizar aviones considerados ilegales, luego de agotar siete medidas previas de disuasión.
También hemos pedido por una ley de control integral del espacio aéreo en la que solicitamos la compra de dieciocho radares nuevos de tierra, tres aerotransportados y sesenta nuevos aviones interceptores para la Fuerza Aérea. Tal ley crearía, además, un sistema de radares, zonas aéreas e incorporación de aviones para detectar vuelos ilegales en todo el territorio nacional.
Finalmente, propusimos un proyecto de ley para el seguimiento de las adicciones que haría que el Estado se convirtiera en garante del acceso al servicio de salud ante cada caso de consumo de estupefacientes. Asimismo, la normativa crearía un Registro de Seguimiento de las Adicciones que permitirá tanto una asistencia integral del adicto como la elaboración de políticas preventivas.
El informe que dio a conocer la AGN recientemente pone en evidencia la gravedad de la situación. Sin embargo, el gobierno hace oídos sordos a las múltiples advertencias de los organismos nacionales e internacionales que le recuerdan que, en esta materia, los únicos que han ganado la década son los narcotraficantes.