Por: Natalia Gambaro
Tras el ejemplar fallo en el caso Píparo, que determinó la prisión perpetua para cinco de los acusados sentando jurisprudencia en nuestro país, surgen algunas reflexiones. La primera: hubo que esperar a la salidera bancaria que sufrió Carolina Piparo para que el oficialismo prestara obligadamente atención a un tema que estaba entonces al tope de las demandas ciudadanas pero que no figuraba entre sus preocupaciones.
Hasta este caso, las medidas de seguridad del Banco Central eran inexistentes. Si bien tras el episodio que conmovió a la opinión pública se presentaron proyectos de todo tipo que produjeron debates intensos y enriquecedores, el balance a tres años de aquel terrible hecho es pobre y poco alentador.
La ley 26.637 de Seguridad Bancaria fue la única iniciativa aprobada. Sancionada e implementada con cierto retraso e insuficiencia, la normativa contempló básicamente la instalación de mamparas, que se hizo efectiva lentamente en las diferentes sucursales bancarias y la instalación de inhibidores de señal telefónica, medida que no fue implementada y que fue reemplazada por un control un poco más férreo del que se venía llevando por parte del personal designado a la seguridad de las sucursales.
El Ejecutivo decidió sacar a la calle a los efectivos policiales designados a la custodia de bancos, medida que llegó, una vez más, con cierto retraso, con una ineficiente coordinación con la seguridad privada y que resultó marginal en un contexto que reclamaba una iniciativa mucho más contundente. Tampoco se facilitó la bancarización ni las transferencias electrónicas porque no se han reducido aún sus costos.
Desde el denarvaísmo presentamos un proyecto vinculado a la prevención de delitos llevados a cabo por motochorros. Con esta iniciativa, pretendemos obligar a los motociclistas a utilizar chalecos refractivos donde conste el número de identificación del vehículo. Lamentablemente, fue desestimado por el oficialismo en repetidas oportunidades.
Los delitos vinculados a salideras bancarias siguen en plena vigencia. Las medidas implementadas han resultado insuficientes y parciales. Pues no se ha abordado el tema con una visión integral que involucre a todos los actores que intervienen en dicho contexto y no se han debatido los proyectos presentados en el Congreso.
Como en muchas ocasiones en la que los casos se mediatizan, las reacciones espasmódicas e improvisadas del Gobierno están a la orden del día. Ojalá que antes de que ocurra un nuevo caso Píparo el oficialismo comprenda la importancia sustancial de legislar sobre la problemática de la seguridad y recuerde que aún no le ha dado respuesta a la demanda ciudadana que reclama acciones concretas frente a la inseguridad.