Por: Natalia Gambaro
Nadie puede oponerse a una “democratización de la Justicia”. Creemos, no obstante, que la reforma del Poder Judicial es tan trascendente que requiere algo más que slogans. En este sentido, hay algunas cuestiones que la opinión pública debe conocer para no ser manipulada.
Sobre la elección popular de los consejeros, es necesario notar que los jueces, abogados y científicos tendrán que hacer campaña proselitista partidaria. No queda claro aún cómo se conformarán las listas, cómo se llevará a la práctica y quién financiará esas campañas. Asimismo, el presupuesto del Consejo de la Magistratura, en 2010, fue de $539.513.223, registrando un aumento del 96% con respecto al presupuesto de 2005. De aprobarse el proyecto, ¿cuál será el gasto para mantener en su estructura a los 19 miembros que se propone, 6 más de los que hay ahora?
La creación de cámaras de casación es una prueba más de lo que ya se hizo y no obtuvo los resultados esperados pues han aumentado la burocracia, los costos y las demoras al proceso. Veamos algunas cifras: la tasa promedio de demora del fuero contencioso administrativo (primera instancia) -donde litiga el Estado- es de 7 años y medio, según datos de 2011; la formación de una nueva cámara de casación agregaría al proceso de 6 meses a 1 año y habría que sumar el tiempo que requiere hacer cumplir la sentencia de un proceso especial. Es decir que para ser indemnizado por el Estado un ciudadano deberá esperar de 10 a 15 años.
Respecto de las medidas cautelares, advertimos que se propende a la irresponsabilidad del Estado, poniéndolo por encima de los particulares. La medida cautelar es una de las pocas herramientas de defensa del ciudadano ante un Estado que posee recursos y privilegios al momento de saldar sus deudas. Este proyecto limita a 6 meses el derecho de los ciudadanos. Además, quedan intactos ciertos privilegios del Estado para que dilate el eventual pago de daños y perjuicios que, con la sentencia definitiva, la persona deberá solicitar su previsión en el presupuesto y, en circunstancias ideales, podrá cobrar su acreencia como mínimo al año siguiente (conforme las leyes 23.982, 24.624, 25.565 y sus reglamentos).
Si tenemos en cuenta que la cautelar es un remedio procesal que reconoce su origen en la necesidad de proteger a los más débiles frente al abuso estatal, este proyecto parece buscar la impunidad de éste y la desprotección de los ciudadanos.
Suena muy bien la ley de “ingreso democrático al Poder Judicial”. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, como impulsor del proyecto, debería ser capaz de dar el ejemplo. En noviembre de 2011, autorizó el ingreso sin concurso de 5000 empleados a la planta permanente de la administración nacional, favoreciendo a sus militantes. Hay otros datos: desde 2009 la partida total para personal de la administración pública nacional pasó de $ 27.038 millones a $ 70.387 millones previstos en el presupuesto 2013. Es decir, creció 160%. La suba en la planta permanente fue de $ 24.642 millones a $ 63.358 millones (un incremento del 157%) y la de contratados, de $ 2396 millones a $ 6730 millones (un 181% más).
Finalmente, sobre la publicación de las causas judiciales, es importante señalar que la Corte Suprema de Justicia sube todas sus sentencias a www.csjn.gov.ar; las causas de todos los fueros y las actuaciones del juzgado se pueden consultar en www.pjn.gob.ar, salvo las que por su temática son sensibles a los intereses particulares como el fuero penal y de familia; se pueden ver las resoluciones de los juzgados y, en algunos casos, las sentencias. Lo único que falta es que sean publicadas todas las sentencias de cada causa de cada fuero pero allí entran las consideraciones sobre la información privada, protegida por el artículo 43 constitucional. La pregunta que surge, entonces, es quién sería responsable por la veracidad de la información.
Es lamentable que el Gobierno deje pasar una nueva oportunidad de realizar una profunda reforma al servicio de Justicia. Democratizar el Poder Judicial es darle mayor poder a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los casos donde se ponen en juego las normas fundamentales de nuestra convivencia pacífica y la credibilidad en las instituciones. Se puede trabajar y legislar para que la Justicia sea más ágil, transparente y moderna pero no por este camino. El camino para una verdadera reforma es el juicio por jurados, procesos orales de principio a fin, expediente digital, gestión de procesos, mayor acceso a la justicia para los más desprotegidos, mediación, arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos.
Está claro que bajo el discurso de una urgente democratización de la Justicia, el oficialismo oculta sus verdaderas intenciones: disciplinar al Poder Judicial, violando el principio republicano de la independencia de poderes.