La primera apreciación que hacemos sobre el extenso discurso de la presidente en la apertura del ciclo legislativo es que se trató de una exposición sobre la evolución de las estadísticas económicas y sociales de nuestro país durante la última década. Sin embargo, dichas estadísticas se encuentran gravemente afectadas, no sólo por la situación inflacionaria de Argentina, sino también por las cifras oficiales, que han sido tan cuestionadas tanto a nivel local como internacional. Estos números fantasiosos del Indec afectan gravemente la credibilidad y, por lo tanto, su utilización.

En un segundo enfoque, una perspectiva más amplia y madura requiere puntualizar luces y sombras de los aspectos reflexionados. Cuando todo es positivo y autorreferencial, se carece de la aptitud para ser aceptado y recibido por quienes no forman parte de la fracción política oficialista y denota, en el fondo, falta de autocrítica y objetividad por parte de quien realiza el análisis.

Esa confusión entre el discurso del Estado de la Nación y la arenga a los partidarios es un problema no sencillo de resolver, pero que en este caso alcanzó dimensiones incomparables.

Entre las omisiones más destacables se encuentra la propia tasa de inflación: el país se ha convertido en uno de los pocos casos de inflaciones de dos digititos en los cuales el primero de ellos no es la unidad. Ello refleja a escala mundial una descomposición de las finanzas públicas y de la organización monetaria.

Otro elemento faltante fue la consideración de la grave crisis energética. Ella se ha expresado en los innumerables cortes durante los días cálidos del verano; también se ha mostrado por medio de un enorme agujero en las cuentas externas y  una caída sin precedentes de las reservas de gas y petróleo. No hubo en el discurso una sola referencia a este problema ni propuestas para resolverlo. Peor aún, es extremadamente palpable la dificultad de obtener inversiones, aun pagando precios muy superiores al pasado y a los internacionales.

La tercera omisión tiene que ver con el problema de los jubilados, centenares de miles de juicios que no reciben una respuesta. Debe recordarse que hay fallos firmes de la Corte Suprema de Justicia sobre el fondo de la cuestión y se recurre sistemáticamente a todo tipo de artilugio para no cumplir con lo que ordenó la propia Justicia. No se trata del 82% móvil ni de ninguna de las propuestas que se han debatido en el escenario político, se trata simplemente de cumplir con la legalidad.

La cuarta omisión es la cuestión de la Defensa; destacados publicistas han mencionado en los diarios más importantes de Argentina que vamos rumbo a ser un protectorado brasileño-chileno. Nuestros barcos se hunden el puerto, nuestros aviones no despegan y nuestros blindados están derrumbados. No ha habido ni una sola mención sobre este tema ante episodios tan humillantes de escala internacional. Si se ha decidido a terminar con el instrumento militar debería adoptarse otra tesitura como ocurrió en países que han fusionado sus fuerzas de seguridad y con sus fuerzas armadas. Lo que no resulta posible es que en un país gigantesco como Argentina se siga corriendo el albur de la indefensión.

Para finalizar con el tema de las omisiones, la que resulta más significativa es la ausencia de un proyecto a futuro. Tomadas a valor oficial, las expresiones vertidas dan la sensación de que estamos cerca del paraíso. Resulta difícil desde ese microclima y esa perspectiva imaginar la inmensa tarea que hay que realizar en nuestro país para afianzar su soberanía, construir el desarrollo económico y social, y para asegurar la convivencia y la tranquilidad de los ciudadanos.

El escenario económico complica las aspiraciones del oficialismo.

El contexto económico que se dio en la elección legislativa del 2009 fue muy diferente a los comicios presidenciales efectuados en octubre del año pasado. En la primera convergieron una serie de circunstancias externas desfavorables.

Entre ellas debemos citar las caídas agudas de los precios de los commodities, tanto de origen agropecuario como aquellas provenientes de la minería y combustibles, la devaluación de los países vecinos, principalmente el fuerte ajuste brasileño, como así también un shock climático negativo sobre nuestra producción primaria.

En todos los casos afectaban el cuello de botella clásico de la economía argentina, que es el sector externo, crucial para nuestra perfomance.

En gran medida el desempeño favorable de la economía en la pasada década ha estado muy influido por la aptitud de ganar divisas, debido a la mayor producción minera y sus increíbles precios, la multiplicación de los precios y la capacidad productiva del agro, asociado a cambios en el paradigma productivo, tanto en las practicas culturales como genéticas, así como el espectacular crecimiento en dólares del PBI de nuestros vecinos, que es como un enorme cambio en los términos de intercambio, tanto en servicios como en el sector manufacturero.

Muy por el contrario, en el caso de la elección del 2011 disfrutamos de circunstancias muy favorables, tanto en materia climática como en los precios de nuestra producción, con un mundo en pleno y raudo crecimiento y con tasas de intereses extremadamente bajas, sumado a que nuestros vecinos revaluaron, por ese entonces, muy significativamente su moneda (el PBI de Brasil creció en dólares 35% en 2010 y 15% 2011).

El contexto que vamos a enfrentar en el año 2013 no es asimilable a ninguna de estas dos experiencias del pasado.

En primer término, los países vecinos y, sobre todo Brasil, van a mejorar de manera ligera su crecimiento, pero no se perciben circunstancias que concluyan en una revaluación significativa de sus monedas, que tan importantes han sido en el pasado para nuestro país. El impacto sin ser despreciable, va a ser de orden menor.

Un desempeño similar es previsible para la producción minera, que sigue a precios muy altos pero que no implican un cambio drástico sobre la situación actual.

Por otro lado, el clima y las cosechas se ubicarán, en lo que podríamos señalar como un año de parámetros normales, ni pésimo como en el 2009 ni excepcional como en el 2011.

La diferencia con los dos períodos electorales anteriores se produce básicamente por tres cuestiones, que han acumulado un deterioro creciente, cuyo efecto negativo se vuelve mas insidioso cada mes que pasa:

1. La alta inflación y su sesgo creciente, asociado a un desequilibrio fiscal, que ha revertido fuertemente desde los superávit primarios alcanzados hasta 2008.

Ello debilita y me animaría a decir anula la posibilidad de una política fuertemente procíclica como la de 2010 y 2011, vitales para el resultado electoral. Si en 2012 se emitió al 40% anual, a cuánto alcanzaría la expansión si quisiéramos cebar la bomba, cuál seria la consecuencia inflacionaria de ese instrumento. En la pregunta está la respuesta.

2. Asociado a lo anterior, la acumulación de un atraso cambiario, que ha producido un efecto destructivo, tanto en la competitividad de la economía como en el empleo de las industrias manufactureras, en la actividad de las economías regionales, en el desempeño del turismo receptivo y en la venta y construcción de propiedades en la Argentina.

3. El tercer factor tiene que ver con la crisis energética, que consume crecientes recursos provenientes de otras áreas para cubrir sus desequilibrios, a pesar de las medidas recientes que siguen un sendero exactamente contrario al de los últimos diez años, pero que requerirán mucho tiempo en dar resultado.

Dicho en otros términos, ya no alcanza con los elevados precios de la soja y de la producción minera para hacerse cargo de los costos de la perdida de competitividad en la moneda, en la industria, en las economías regionales y la estructural y profunda crisis energética.

Este panorama es lo que esta detrás de las dificultades que la economía le creará a la política para encarar el 2013. Por esta razón pensamos que el crecimiento no será elevado y no influirá decisivamente y positivamente para el oficialismo, en el marco electoral.

Un elemento fundamental, ya mencionado pero que debe ser subrayado, es el creciente peso de la inflación en el funcionamiento de la economía argentina.

La idea de aumentar la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento de aventuras políticas tiene un costo creciente, ya que podría desatar una aceleración de la velocidad de circulación del dinero con una consecuencia muy gravosa en términos inflacionarios.

Ese factor inflacionario desestructura y desmoraliza, con el conjunto de los ciudadanos tratando de eludir este impuesto recurriendo a los procedimientos que ya utilizó en el pasado. Ese riesgo es tanto más notorio cuando se cruza la barrera del 30% de inflación anual.

En conclusión, aunque el debate público no lo refleje aún, la agenda ha cambiado drásticamente.

En cualquier caso el entorno de dificultades se va acrecentando y con ello se presenta, tanto para el oficialismo como para la oposición, un gran desafío, de encontrar una salida al modelo organizativo de los últimos años, del modo menos traumático posible.

La ausencia del debate de estas cuestiones no es un buen augurio, pero esperemos que surja con los idus de marzo.

Hoy se observa en la situación económica de nuestro país un desequilibrio cambiario que se trasluce en la brecha que hay entre el valor existente en el mercado informal y aquel aplicable a las operaciones comerciales.

Esta cuestión en realidad es solo un síntoma de una enfermedad más profunda: la inflación y la reevaluación creciente del tipo de cambio.

Corregir este desequilibrio supone y requiere la conformación de un programa integral que, inicialmente, abarque  un plan financiero consistente en sus aspectos fiscales, un plan monetario y un programa de políticas de ingresos y del sector externo, reconociendo los desequilibrios existentes y las medidas para atenderlos.

Todas estas cuestiones acompañadas de un marco de reglas institucionales, previsibles y estables. Sin esas referencias no puede funcionar normalmente una economía descentralizada en las decisiones o lo hace de un modo muy ineficaz.

Es lógico, por su propia naturaleza, que ello obligaría a reformular todo el programa de gobierno; es para ello importante que los funcionarios del Poder Ejecutivo entiendan que cambiar las prácticas y las políticas que funcionan  mal o resultan inconsistentes no es un signo de debilidad sino de progreso y maduración.

Un paso anterior, pero imprescindible, es que el Poder Ejecutivo explicite cuáles son sus expectativas y decisiones normativas, tanto en materia fiscal como en política de ingreso y cuál va a ser el programa monetario de carácter cuantitativo (al 40% de emisión, ello es muy relevante) y las reglas que, por ejemplo, se van aplicar para el impuesto a los ingresos.

Si ninguno de estos aspectos se llevase a cabo, resulta claro que la incertidumbre creada se canaliza de alguna manera, y en particular los agentes económicos buscaran protección contra eventos muy adversos. Es por ello que despejar incertidumbres colabora enormemente para generar un clima de confiabilidad y estabilidad.

Resulta natural que si los anuncios del gobierno son contradictorios en relación a lo que en la realidad sucede, difícilmente podamos llegar a una solución de los desequilibrios mencionados.

En este sentido, en cualquier terapia practicable,  lo primero en lo que se debe trabajar es en reconocer la existencia del problema. Si este se ignora o, peor aún, se elaboran explicaciones fantasiosas o alquimistas, las consecuencias no pueden ser otras de las que podemos observar en la actualidad.

Volviendo a las precisiones requeridas en materia de política fiscal y de ingreso, por ejemplo, todo se clarifica de un modo muy sencillo si el gobierno anuncia, de manera precisa, cuál va a ser la regla que se va a establecer para determinar el impuesto a los ingresos (mal llamado impuesto a las ganancias), cuestión decisiva par la negociación de las políticas salariales. Los temores esbozados sobre un potencial Rodrigazo desaparecerían rápidamente.

Aunque parezca increíble, hoy por hoy se está llevando a cabo la negociación salarial sin siquiera saber cuál va a ser la presión tributaria relevante en este aspecto.

Otro caso que resulta necesario mencionar es que  las provincias discutirán la paritaria docente sin señales precisas del gobierno Nacional sobre qué parámetros se han de aplicar, a prácticamente un mes de iniciar las clases. La mejor indicación sobre política fiscal es esa definición.

Dada esta oscuridad descripta, y además ejemplificada en un caso muy sencillo como es el del mínimo no imponible y el de las escalas tributarias, dejamos a la interpretación del lector lo brumoso y opaco que es conseguir el resto de la información necesaria para alcanzar los cometidos anteriormente detallados.