Los cambios introducidos al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura distan de ser meramente cosméticos. Por un lado, los diputados le han “devuelto” a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cual concesión graciosa, facultades que no le podían ser arrebatadas sin vulnerar la independencia judicial. La oportuna intervención de la Corte logró reservar para sí atribuciones presupuestarias y de superintendencia que el proyecto original trasladaba a un Consejo de la Magistratura que dominará con  seguridad el oficialismo.

Pero se mantienen la ampliación del número de consejeros, su elección popular no proporcional, la pérdida de representatividad de jueces y abogados a quienes corresponde según la Constitución la elección de sus representantes, y la consiguiente politización de este órgano. El partido político que obtenga más votos, aun cuando sea la primera minoría, podrá así suspender a cualquier juez con la mitad más uno de los integrantes del Consejo.

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El proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo pretende reformar la estructura actual del Consejo de la Magistratura se inscribe dentro de la proclamada voluntad de democratización de la Justicia: el oficialismo invoca, en tal sentido, la soberanía popular como única fuente de legitimidad política que, se sostiene, debe extenderse al Poder Judicial habilitando una mayor participación y control ciudadano en dicho poder.

Puedo compartir, con algunos matices, esas premisas pero el mencionado proyecto está muy lejos de concretarlas; antes bien, reproduce el gesto autoritario, tantas veces visto en la historia, de oligarquías gobernantes que, al amparo de contingentes mayorías obtenidas electoralmente, pretenden perpetuarse en el poder. Insisto: este proyecto sólo contempla la participación y el control ciudadano en la letra; en su espíritu y sus efectos previsibles sólo se propone propiciar la conservación del poder por la elite política y económica que gobierna el país desde hace diez años, colonizando el Poder Judicial.

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El debate público de alternativas para mejorar el funcionamiento de las instituciones de la República es la esencia misma de dicho sistema. Como principio, va de suyo que estamos a favor de cualquier proceso que implique, bajo la noción de “democratización”, la adopción de medidas enderezadas a garantizar más equidad, más transparencia y más eficiencia en las prestaciones, no sólo del Poder Judicial sino, también, de los otros poderes del Estado.

Lo dicho viene a cuento de los anuncios efectuados por la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al inaugurar las sesiones legislativas de este año. Algunas de las ideas genéricamente mencionadas parecen ir en esa dirección; otras, generan legítimas reservas.

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El acuerdo con Irán es absolutamente claro en una cuestión: la vaguedad tanto de su contenido como de sus objetivos. Y la presencia del canciller argentino en el Congreso no logró despejar las dudas que su articulado genera.

No se discute la buena voluntad del gobierno argentino ni la política de diálogo con Irán. Al contrario. El mundo cambió. La doctrina del choque de civilizaciones, que inspiró la guerra contra el terrorismo, mostró sus limitaciones en el nuevo escenario geopolítico. Entre ellas, haber sido diseñada sobre la base de la imposición de un pensamiento maniqueo según el cual el mundo se divide en países buenos y países “ejes del mal”. El diálogo cedió lugar a la fuerza, direccionada a través de prejuicios. La violencia no engendró más que violencia en una espiral sin fin.

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