El proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo pretende reformar la estructura actual del Consejo de la Magistratura se inscribe dentro de la proclamada voluntad de democratización de la Justicia: el oficialismo invoca, en tal sentido, la soberanía popular como única fuente de legitimidad política que, se sostiene, debe extenderse al Poder Judicial habilitando una mayor participación y control ciudadano en dicho poder.
Puedo compartir, con algunos matices, esas premisas pero el mencionado proyecto está muy lejos de concretarlas; antes bien, reproduce el gesto autoritario, tantas veces visto en la historia, de oligarquías gobernantes que, al amparo de contingentes mayorías obtenidas electoralmente, pretenden perpetuarse en el poder. Insisto: este proyecto sólo contempla la participación y el control ciudadano en la letra; en su espíritu y sus efectos previsibles sólo se propone propiciar la conservación del poder por la elite política y económica que gobierna el país desde hace diez años, colonizando el Poder Judicial.
¿Cuál es el mecanismo que el proyecto plantea para alcanzar ese objetivo?
En primer lugar, establece que los jueces, abogados y académicos que se postulen para el cargo de consejeros deben que hacerlo como parte de la propuesta electoral que los diferentes partidos políticos presenten para las elecciones presidenciales: en el caso de los jueces, ello implica romper con la tradición republicana –reflejada en diferentes normas legales nacionales y provinciales- que impide la participación de jueces en toda actividad política, pues ello pondría en cuestión su imparcialidad; y todos (jueces, abogados, académicos) quedarían así, obviamente, disciplinados al partido que los postularía.
La lista de candidatos al cargo de consejeros que obtenga más votos se quedará con la mayoría de los cargos y la primera minoría con el resto, lo que en los hechos supone una suerte de revival del espíritu del Pacto de Olivos que, más que previsiblemente, otorgará al Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical el monopolio de la representación en el Consejo.
Me pregunto: si se pretende, realmente, democratizar la justicia, ¿por qué no se utiliza, para la elección de consejeros el sistema D´Hondt, demostrando la vocación pluralista de permitir la incorporación de otras fuerzas políticas que representan a porciones sustanciales del electorado, aun sin ser mayoría y primera minoría?
Pero incluso para la primera minoría la representación en el Consejo será punto menos que testimonial porque -y en esto radica el ataque a la vez más grave y burdo a la independencia del poder judicial-, el proyecto modifica el régimen actual que exige, para la selección o remoción de magistrados, una mayoría de dos tercios de los votos computables, reemplazándolo por la exigencia de una simple mayoría absoluta.
Si actualmente la oposición podía vetar, con el peso numérico de su representación, los nombramientos de candidatos o la remoción de jueces, a futuro, de prosperar el proyecto, bastará el voto de los miembros del Consejo integrantes de una misma fuerza política (que podría ser la que, al mismo tiempo, ocupe el Poder Ejecutivo, la que tenga la mayoría en el Poder Legislativo y la que tenga mayoría, también, en el Consejo de la Magistratura) para seleccionar a un magistrado o sentenciar esa destitución. Que es lo mismo que decir que el oficialismo podrá integrar a voluntad cualquier vacante en un tribunal y, también a voluntad, remover a cualquier magistrado, por buenas o malas razones.
En esas condiciones: ¿qué quedará de la independencia del Poder Judicial? Poco y nada y más nada que poco. ¿Qué duda puede caber? Jueces adictos al poder político o temerosos del mismo nunca podrán constituir un Poder Judicial auténticamente democrático.