Los cambios introducidos al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura distan de ser meramente cosméticos. Por un lado, los diputados le han “devuelto” a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cual concesión graciosa, facultades que no le podían ser arrebatadas sin vulnerar la independencia judicial. La oportuna intervención de la Corte logró reservar para sí atribuciones presupuestarias y de superintendencia que el proyecto original trasladaba a un Consejo de la Magistratura que dominará con seguridad el oficialismo.
Pero se mantienen la ampliación del número de consejeros, su elección popular no proporcional, la pérdida de representatividad de jueces y abogados a quienes corresponde según la Constitución la elección de sus representantes, y la consiguiente politización de este órgano. El partido político que obtenga más votos, aun cuando sea la primera minoría, podrá así suspender a cualquier juez con la mitad más uno de los integrantes del Consejo.
Pero el texto aprobado por Diputados es aún menos democrático que el que obtuvo media sanción en el Senado. Actualmente, para presentar candidatos a Presidente de la Nación y vice, los partidos deben ser reconocidos en al menos cinco distritos electorales. En su nueva versión, la iniciativa exige que los candidatos a consejeros sean presentados en partidos de idéntica denominación con presencia en 18 jurisdicciones. Y esto es exigido a apenas 40 días del vencimiento del plazo para la constitución de alianzas electorales.
Es fácil advertir que, hoy, sólo el Frente para la Victoria está en condiciones de participar de la elección; seguramente se le sumen el radicalismo y algún otro frente o alianza. En cualquier caso, se limitan sensiblemente los derechos políticos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, y se proscribe la participación de los partidos más chicos que, además, no podrán adherir a otras listas de candidatos al Consejo de la Magistratura.
Más consejeros para el partido gobernante (cualquiera sea éste), elegidos por quienes no están habilitados para ello, entre la menor cantidad de candidatos posible. Esa es la nueva fórmula de la “democratización de la Justicia”, que se confirma como un vano recurso retórico para esconder una práctica tendiente a obtener la suma del poder público.