En los próximos días viajaré a Nueva York para asistir a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas. Viajo con la intención de manifestar mi posición, de público conocimiento: que en la lucha contra el narcotráfico no se debe penalizar a los consumidores.
De hecho, desde hace varios años venimos trabajando desde la Cámara de Diputados sobre esta temática. En esa dirección, realizamos numerosas audiencias públicas en las que participaron todos los bloques políticos y se convocó a especialistas y eminencias de distintos sectores, como el judicial, el académico y organizaciones de la sociedad civil. En esas reuniones acordamos que la problemática de las adicciones debe ser abordada desde la perspectiva de la salud pública y no desde el Código Penal.
Nos basamos en el fallo del año 2009 de la Corte Suprema de Justicia, conocido como fallo Arriola, donde el Supremo Tribunal declaraba inconstitucional el segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23737, que reprime la tenencia de drogas para uso personal. Los magistrados fundamentaron su decisión en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, donde se expresa que las acciones privadas de las personas que no perjudiquen a terceros no son punibles. Continuar leyendo