Por: Carlos Mira
Luego del debate en la Facultad de Derecho, fueron numerosas las críticas por este primer ensayo que para muchos resultó insustancioso y hasta aburrido. En gran medida porque algunos de los temas planteados no tuvieron respuesta.
Sin embargo, en los días posteriores y respecto de uno de esos temas, Mauricio Macri tuvo un acierto destacable. Me refiero a la integración de la Corte Suprema de Justicia y al nombramiento de los jueces para los sillones vacantes.
El candidato de Cambiemos, luego de conversar el tema con su equipo de justicia liderado por Ernesto Sanz, en un reportaje propuso a dos constitucionalistas para esos lugares.
Macri explicó que la Corte es el último escalón de defensa de la Constitución, de los derechos civiles y de las garantías individuales de los ciudadanos. Allí debe haber especialistas en la materia, porque nadie mejor que ellos para cancelar la aplicación de leyes, decretos o resoluciones que violen su letra o su espíritu. Así se podrá anteponer la supremacía de la ley fundamental y del derecho individual por sobre las pretensiones del poder y del Estado.
En efecto, si uno se pone a pensar cómo está integrada actualmente la Corte (y en general cómo históricamente se integró), nota que los constitucionalistas son una minoría (o directamente una incomprensible ausencia).
Veamos lo de hoy, con los jueces que han quedado: Ricardo Lorenzetti, un civilista positivista, fruto de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen; Juan Carlos Maqueda, más que nada, un político peronista; Elena Highton de Nolasco, civilista y Carlos Fayt, un cientista político.
Ni hablar de los que fallecieron o se retiraron: Eugenio Zaffaroni, zafador de presos, Carmen Argibay, también penalista (aunque, hay que decirlo, una jueza que falló con la Constitución aun cuando a priori eso fuera contradictorio con sus convicciones) y Enrique Petracchi, un abogado especialista en derecho comparado por la Tulane University de New Orleans. Como se ve, de la especialización en la Constitución ni rastro. Parece mentira, pero así es.
Quien también se expidió sobre el punto fue Sergio Massa, pero claramente la elección del renovador pareció más dirigida a usufructuar un aprovechamiento político electoral que a constituir una corte que tenga en el centro de la escena a la defensa de la Constitución y a los derechos de los ciudadanos por sobre los intereses del poder. En ese sentido, el ex intendente de Tigre se despachó con el nombre de Margarita Stolbizer, que, claramente, es una buena persona y una muy honesta candidata, pero que obviamente no está a la altura de ser parte integrante de la Corte. Aunque es abogada, Margarita no es especialista en la Constitución y no tiene antecedentes de peso en el ejercicio del derecho que le aseguren al ciudadano que con ella allí el poder tendrá menos chances y no más de invadir la privacidad de la vida y la soberanía individual.
Está claro que quien hoy marcha tercero en las encuestas quiso arrimar a su molino a los votantes de Progresistas, el nombre de fantasía con que Stolbizer se presenta a las elecciones, en este tiempo de no partidos.
La Argentina tiene constitucionalistas de nota como Gregorio Badeni o Daniel Sabsay, por ejemplo, que se han cansado de marcar el alejamiento pertinaz que el orden jurídico del país viene teniendo con su Constitución. Mientras, su órgano-custodio número uno está presidido por un hombre cuya obra cumbre —la modificación del Código Civil y Comercial— es una muestra de un espíritu contrario al de 1853, consistente en confiar en el protagonismo del individuo y no del Estado, algo bien diferente a lo que surge del nuevo código de Lorenzetti.
Sería de la mayor importancia que las vacantes de la Corte las ocuparan especialistas en la Carta Magna. Y si alguien, en la seguridad de que allí habrá jueces apegados al espíritu constitucional, se animara a empezar a presentar demandas de inconstitucionalidad contra las toneladas de reglamentaciones que restringen las libertades de los argentinos, la mayor tarea de esos nuevos magistrados será, antes que nada, una tarea derogatoria. Una actividad que deshaga el enjambre legislativo de décadas y décadas de inconstitucionalidad, toleradas por un espíritu blando y explicable sólo por la presencia de una cultura permisiva con el poder y masoquista para con los derechos civiles y las libertades propias.
La Argentina debe volver a tener una Corte defensora de la constitucionalidad de las leyes. Este sistema hipócrita y contradictorio no puede sostenerse más. Las leyes no pueden ser constitucionales e inconstitucionales al mismo tiempo. Esta permisividad con lo que está mal debe acabar. Y es la Corte la que tiene la tarea de acabarlo. Pero para eso sus integrantes deben haberse formado en el espíritu original de la ley fundamental y no provenir de otras especialidades más proclives a darle prioridad a la positividad del derecho que a su naturaleza.