Por: Christian Joanidis
Hace unos días se frustró el debate sobre las policías municipales y por lo tanto esta ley todavía no ha progresado. Sin embargo esto no significa que el debate haya muerto y por lo tanto vale la pena dedicarle unas líneas a esta iniciativa.
Recientemente un docente que invité a una de mis clases recordó que Benjamin Franklin dijo que “quien está dispuesto a sacrificar libertad a cambio de seguridad no merece ni una ni la otra”. Y creo que esto se aplica especialmente al caso de las policías municipales.
Partamos de la base de que los municipios del conurbano son hoy feudos que están bajo el control y voluntad de sus intendentes. En este contexto, darles a los intendentes el control de la policía es un grosero error que pone en sus manos una fuerza que, como todo lo que tienen en su feudo, utilizan para su propio y exclusivo beneficio. No me parece difícil entonces imaginar que estas fuerzas comunales puedan ser una herramienta de extorsión y un engranaje dentro del aparato clientelista de los municipios. Lejos de proteger a sus comunidades, operarán para someterlas todavía más al poder político.
Personalmente, me aterra que incluso se puedan cometer violaciones de los derechos humanos y no habrá nadie que las controle. El control en las organizaciones de seguridad está dado por la existencia de distintas áreas que no tienen contacto entre sí y que se controlan las unas a las otras. Es lo que se conoce en administración como control cruzado. Ahora, este control cruzado pierde su eficacia si las personas que se controlan entre sí tienen una relación estrecha: y cuanto más pequeña es la organización, más estrecha es la relación entre las personas. Entonces, la camaradería, que suele abundar en todas las fuerzas de seguridad, puede transformarse en complicidad en una policía municipal: aquellos que deben controlar miran entonces para otro lado. Más si es el propio intendente el que pide que se omitan los controles, ya que éste tiene a la vez la potestad de remover a la cúpula de su policía municipal. Y esto no se subsana con el control de un concejo deliberante adicto que se fraguó desde el clientelismo político.
Los argentinos nos estamos obsesionando con la inseguridad. Hay delito, es cierto, pero el riesgo que tenemos al obsesionarnos es que terminamos por aceptar cosas que atentan contra nosotros mismos. Hoy hay muchas personas a favor de las policías comunales, porque se han hastiado tanto del delito que cualquier receta alquímica que pueda prometer una solución inmediata será bien recibida. Y de esto se aprovechan los jefes comunales, que han visto en este temor de la gente la rendija perfecta para hacerse de una policía comunal.
El delito debe ser atacado, pero las fuerzas de seguridad son sólo el último eslabón de toda una cadena que tiene que ponerse al servicio de este objetivo. Existe toda una serie de cuestiones de las que nadie habla, que no están en el centro del debate y que son la verdadera solución al problema del delito.
Es aquí donde entra la frase con la que abrí la columna: los argentinos estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad, nuestra seguridad jurídica, para combatir al delito. Y la verdad es que en otros momentos de la historia se ha privilegiado la seguridad física por sobre la libertad y la seguridad jurídica y las consecuencias han sido desastrosas. ¿Sucederá lo mismo con las policías comunales? Que esta obsesión por el delito no nos haga perder la razón: no se le puede entregar a los jefes comunales la policía, porque la usarán para sus propios intereses y en contra de todos nosotros.
Pidamos seguridad, pero no dejemos que las soluciones que nos ofrezcan atenten contra nuestra propia libertad, ni contra la seguridad de nuestros derechos. Merezcamos nuestra libertad, nunca estemos dispuestos a entregarla para obtener mayor seguridad. Porque, como dice el corolario de la frase inicial, no tendremos ni la una ni la otra.