Por: Diego Rojas
La jornada del miércoles 28 de agosto de 2013 será recordada como aquella en la que la progresía local bajó un escalón más en su imparable descenso moral hacia los subsuelos. En la ciudad de Neuquén la Legislatura debía votar la aprobación o no del decreto del gobernador Jorge Sapag que habilitaba el acuerdo entre YPF y la empresa estadounidense Chevron, anunciado e impulsado por la presidenta Cristina Fernández y su gobierno. Para resguardar la sesión parlamentaria de la movilización popular -planteada por la realización de un paro activo en la región-, el día anterior la ciudad amaneció vallada y dos barrios circundantes a la Legislatura fueron militarizados. El miércoles, día de la sesión, se realizó la movilización, que fue reprimida constantemente durante más de cinco horas. Hubo detenidos y contusos y hasta un manifestante herido por una bala disparada por un arma de fuego policial. Dentro del parlamento, kirchneristas y miembros del Movimiento Popular Neuquino (oficialista) aprobaron el acuerdo. En las tribunas parlamentarias se habían instalado unas barras favorables al acuerdo que llegaron a cantar: “¡Viva Chevon!” -textualmente-. Los diputados neuquinos no se pronunciaron sobre la represión. En el ámbito nacional, el kirchnerismo guardó silencio -y festejó en sus búnkeres de Puerto Madero-. La progresía, otra vez, calló.
El acuerdo allanado implica la asociación de la parcialmente nacionalizada YPF con la empresa estadounidense Chevron -hecho que implica una reprivatización de la compañía petrolera-. Chevron ha sido demandada por el gobierno ecuatoriano por el desastre ecológico que sus prácticas produjeron en la Amazonia, donde 500 mil hectáreas verdes fueron contaminadas. ”El desastre natural es cinco o seis veces superior al derrame del petróleo de British Petroleum en el Golfo de México, y 30 veces superior al derrame de Exxon Valdez en Alaska”, describió hace pocos días el presidente ecuatoriano Rafael Correa. La justicia ecuatoriana condenó a Chevron a pagar 19 mil millones de dólares como indemnización por sus crímenes ecológicos. La empresa se fugó y no se sometió a la justicia. Encontró refugio en la Argentina, donde su Corte Suprema no hizo lugar a un embargo sobre sus bienes como paso previo al acuerdo YPF-Chevron. Un dato notable para aquellos kirchneristas que se llenan la boca hablando de la “Patria Grande” y de la “unidad latinoamericana”.
La petrolera estadounidense llevará adelante la extracción no convencional de hidrocarburos en la zona conocida como Vaca Muerta. Éste es el nombre amable que tiene el método del fracking, prohibido en Francia, Bulgaria y varios estados de los Estados Unidos. La semana pasada se realizaron movilizaciones en Washington y Londres contra el fracking, una práctica altamente contaminante y destructiva. “El fracking es la búsqueda de hidrocarburos mediante la fractura de la roca madre, que se encuentra muy por debajo de la tierra, mediante la presión de agua y químicos. Este método permitiría encontrar los restos de hidrocarburos en la vieja roca que antes los proveía. Es como sacarle los últimos jugos a la tierra”. Así describe el método el abogado ambientalista Enrique Viale. La violencia de la presión del agua quebraría las resistencias de la roca subterránea, usando grandes cantidades de ese líquido vital. La destrucción ecológica es doble, ya que la actividad no sería contaminante del subsuelo neuquino, sino que agotaría los recursos acuíferos de la cuenca del río Limay.
No sólo eso.
El acuerdo entre YPF y Chevron contiene cláusulas secretas. La justicia ordenó a YPF que diera a conocer los términos del acuerdo, pero la empresa se negó a hacerlo aduciendo el carácter de “acuerdo entre privados” -negando la cualidad “estatal” de la compañía, tan cacareada por el gobierno- y que podría ocasionar perjuicios en su cotización en bolsa. Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero y candidato del Frente de Izquierda, aseguró que el secretismo se debía a la existencia de una cláusula según la cual YPF absorbería el pasivo ambiental de la asociación, es decir que, en caso de desastre ecológico, la parte argentina se haría cargo de las costas de una posible demanda. Los términos coloniales del acuerdo con la empresa estadounidense desmienten cualquier viso nacional del gobierno de la presidenta Cristina Fernández.
La sesión parlamentaria neuquina fue escandalosa. En las tribunas barras cantando “¡Viva Chevron”, en los curules el impedimento de debate ya que sólo se podría votar por sí o por no. Esto no impidió que un grupo de ocho legisladores se retiraran de la sesión, sobre un total de 35 entre los que se cuentan los del Frente para la Victoria, el MPN, el Frente Grande y Nuevo Encuentro, que dieron rienda libre al acuerdo colonialista. Antes de retirarse, el diputado Raúl Godoy, del Frente de Izquierda, y la diputada Beatriz Kreitman, de la Coalición Cívica, desplegaron una bandera estadounidense que dejaron expuesta a los demás legisladores para recordarles en nombre de los intereses de qué país estarían trabajando.
Antes, toda la jornada había sido marcada por la represión a la movilización enmarcada en el paro activo decretado por la CTA regional y que contó con el acatamiento de trabajadores estatales, docentes, ceramistas, de la Federación Universitaria del Comahue y de numerosos estudiantes secundarios, además de las comunidades mapuche que exigen que no se implemente el fracking en sus tierras ancestrales. Había más de cuatro mil manifestantes, que equivalen a una manifestación de 60 mil personas en la Capital Federal. La represión fue constante. Las comunicaciones telefónicas que este cronista pudo establecer con manifestantes tenían como fondo el ruido de las balas policiales. Hubo numerosos detenidos y heridos por balas de goma y por las consecuencias de los gases lacrimógenos que acosaron a la manifestación sin descanso. Testigos señalaron que en cierto momento los policías empezaron a disparar con sus pistolas 9 milímetros. Rodrigo Barreiro, de oficio docente, fue internado en un hospital de la capital neuquina por una herida de bala de plomo. A ese punto llegó la represión para lograr la aprobación de un acuerdo infame.
Hubo silencio. Silencio en las guaridas de Hugo Yasky, secretario general de CTERA -gremio que agrupa a los docentes de todo el país-, frente a la represión que sufrieron sus compañeros en la Patagonia. Silencio en los organismos de derechos humanos que adhieren al kirchnerismo, transformados en meros cotos de celebración en actos oficiales de las medidas gubernamentales -triste destino que la coptación gubernamental logró en personas, por ejemplo, como Estela de Carloto-. Silencio en los “pibes por la liberación”, que se movilizaron a favor de la ley de medios pero que no emitieron ni un solo comunicado repudiando las balas policiales. Silencio entre los progres. Silencio.
Trataba de entender el fenómeno del derrumbe de la progresía local conversando con mi amigo Martín Quintana. “Están aprisionados por la potencia redentora del ‘pero’”, me decía Martín, que vive en Corrientes, escribe, es docente y tuitea bajo el nick @fragmentario. “Esa partícula les permite olvidar lo que viene detrás de ella: ‘Reprimen en Neuquén por un acuerdo colonialista pero impulsaron el matrimonio igualitario’. O: ‘Se asocian con el fascista Gildo Insfrán en Formosa pero están en contra de la corporación Clarín’. El ‘pero’ es muy potente. Produce que la parte anterior a la partícula confrontativa sea olvidada y se sientan bien entonces con sus conciencias”. Quintana tiene razón. Sin embargo, no es sólo un asunto lingüístico. Es peor. El sino de los progres es su adhesión a un pragmatismo vergonzante en nombre de un proyecto “nacional y popular” ficticio, que no ha realizado transformaciones estructurales y que mantiene los privilegios de los que nunca los perdieron a los que suma a una nueva burguesía emergente que obtiene nuevos beneficios de la mano del poder gubernamental. Es su enlodamiento en una política que se postula como popular, pero que cuenta con muertos por balas policiales de gobiernos kirchneristas en esta década ganada para imponer sus planes. Es la transformación de los biempensantes en aplaudidores sin escrúpulos de la entrega incesante de estos años. Es el derrumbe moral sin escalas hacia el fondo de los fondos.
El acuerdo con Chevron -descripto por el viceministro de Economía Axel Kicillof como “un carnaval”- ha sido aprobado a través de la represión policial y de las balas de plomo. Los progres que lo festejaban están a un paso del desbarranco total y definitivo. Sin embargo, tienen una última oportunidad. La de abandonar la farsa del relato kirchnerista en función de los principios que alguna vez sostuvieron. Si no es así, serán condenados -bajo admonición de ser sometidos al peso implacable de la verguenza ajena- a no hablar de política frente a sus hijos ni frente a los hijos de sus hijos durante las próximas décadas, cuando el relato kirchnerista sea caracterizado como lo que es: una farsa que engañó a la progresía y le hizo aplaudir la entrega.