Por: Luis Novaresio
Ahora resulta que el Estado va a decidir cuántas copas de alcohol puedo yo tomar en un boliche. ¡Vamos bien! No descartemos que en las próximas horas se dedique a controlar la cantidad de achuras que ingiero en un tenedor libre (yo casi propongo que los prohíban en honor al colesterol bueno) o, por qué no, el número de horas de sueño que le dedico en días laborables. Y todo con la excusa de que los gobernantes se preocupan por nosotros. Demagogia “facha”. La nueva categoría que enmascara la intromisión del estado en la vida de los ciudadanos.
Los buenos y bien intencionados legisladores del PRO Cristian Ritondo y Roberto Quattromano propusieron que en la ciudad de Buenos Aires se legisle prohibiendo las fiestas de “canilla libre”. Lo cuenta en una nota de Infobae Leo Tagliabue explicando las fundamentos. De aprobarse la iniciativa habrá fuertes multas y clausuras a los dueños de locales porque “procuramos evitar que los jóvenes caigan en la trampa de los especuladores que aplican estrategias de promoción y captación de clientes con promociones que apuntan al consumo abusivo de alcohol”, dicen los diputados. Además, agregan que la modalidad de la “canilla libre” busca “darle forma de prácticas y valores positivos a la cultura del descontrol”. El descontrol, se aclara, es tomar mucho alcohol. No refiere a la ausencia de control de parte del Estado ineficiente al que se le escapa una tortuga como si fuera una liebre. Ejemplos de esto, abundan.
¿Hay alguna duda que existe un problema social ante la combinación de alcohol y manejo de automóviles? ¿Alguien pone en tela de juicio que la violencia entre nosotros se potencia con el consumo desmedido de alcohol y drogas legalizado de hecho ante la ausencia de controles? Claro que no. El problema se plantea cuando la solución a esta preocupación nace por entrometerse en la vida privada jugando al “papá Estado” y no en mejorar, aumentar y sofisticar los controles públicos sobre los excesos de algo que debería quedar en aquella esfera privada.
Al Estado no le incumbe saber si yo tomo demasiado alcohol o, todavía, si decido evadirme consumiendo drogas. Debe advertirme de modo eficiente y profuso de lo pernicioso y riesgoso para mi vida si hago eso. Pero si yo asumo esa actividad aún a costa de mi vida, los funcionarios no tienen derecho a regular mis decisiones tan íntimas. Salvo que como consecuencia de este accionar yo provoque perjuicios a terceros. Entonces sí el Estado debe aparecer. Si manejo borracho deberá impedirlo con controles de alcoholemia y, en lo posible, sancionarme de por vida ante un accidente grave. Si perturbo a terceros con alcohol o lo que sea, debe hacer cesar la molestia sobre mi congénere sofisticando los controles de inspección, prevención y finalmente represión de mi conducta pública. Pero meterse a decidir de antemano cuántas copas puedo tomar en un boliche es, aparte de ingenuo (por ser suaves), autoritario. ¿Creen en serio Ritondo y Quattromano que la gestión municipal que, por ejemplo, no puede evitar la superpoblación en boliches habilitados para 200 y saturadas por 2000, que no es capaz de no permitir que caigan obreros de construcciones indecentes, van a poder contar los vasos de champagne que cada uno toma en los boliches porteños? ¿Pretenden constituirse en policías de los barman, contadores de despacho de tragos? Suena, por ser benévolos, ridículo.
El Estado no está para hacernos “buenas personas con hábitos recatados” (ruego se resalte a la enésima potencia el uso de comillas). Al menos, los Estados democráticos. Todas las expresiones del autoritarismo en la historia de la humanidad comenzaron por invadir los derechos individuales bajo el pretexto de mejorar la calidad ciudadana en busca de hombres y mujeres probos que fueran “ejemplo” para la sociedad. Pura expresión del fascismo que se sabe cómo terminó. No creo que estos dos legisladores actúen así con deliberación. Quizá con desconocimiento grave del tema.
La ciudad de Buenos Aires (y vale para todos) debería ser competente para detectar que si un borracho se sube a un auto sea detenido ipso facto y sancionado de manera ejemplar. Debería poder controlar que los mismos bolicheros que son clausurados acá por repetidos incumplimientos de seguridad, salubridad y demás no abran más allá otros comercios tan irregulares hasta la próxima clausura. Debería dejarse de embromar con ideas retorcidas y empezar a hacer lo que tiene que hacer: cumplir con los controles existentes que, en muchos casos, brillan por su ausencia causando daños muchos veces irreparables.