Desde la impactante detención de Lázaro Báez hasta el acto de Cristina Fernández de Kichner en Comodoro Py se produjo un debate entre analistas y politólogos respecto a la conveniencia y la viabilidad de un mani pulite en la Argentina. Después de 12 años de pensamiento único y temores de muchos a opinar públicamente, es bienvenido este intercambio de ideas, más allá de algunas trampas o picardías que se perciben.
El puntapié inicial lo dio el presidente del bloque de senadores, Miguel Ángel Pichetto, como vocero del establishment peronista, que siente pánico ante cualquier atisbo de avance contra la corrupción. Tiene razón Marcos Novaro cuando sostiene que con esta postura conservadora “no podremos cambiar nada, nos tenemos que resignar a la mediocridad de nuestro Estado y de nuestro sistema político”. Por eso, cuando Andrés Malamud dice: “Hay que combatir la corrupción con cuidado”, no hace otra cosa, más allá de su honestidad intelectual, que ser funcional a la continuidad de la impunidad que se vive en la Argentina desde diciembre de 1983.
El proceso democrático que se inició luego de la derrota de Malvinas decidió juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, pero optó por no avanzar en la investigación de los muchos hechos de corrupción que fueron casi una política de Estado desde el 24 de marzo de 1976. Sólo hubo un amague con la comisión parlamentaria del negociado de la Italo, pero no fueron juzgados los ex funcionarios que se enriquecieron con el mundial de fútbol de 1978 o el descontrol en las empresas públicas. No sólo Emilio Massera no podía justificar su patrimonio en ese entonces. Continuar leyendo