El reciente episodio de agresividad sufrido por una joven, que le costó la vida, promovió nuevamente el debate acerca del bullying, la violencia y los jóvenes. La violencia evidencia un estadio de fragmentación de los vínculos y nos exige un replanteo político y social, no solo educativo. La acción semi-barbárica expresada en la golpiza de grupo a una persona por sus cualidades físicas (cualquier parecido con un linchamiento ante un “supuesto” ladrón que alguien vió y señaló al grito de “al ladrón, al ladrón”, no es coincidencia) nos coloca ante el resquebrajamiento de los lazos sociales e incluso civilizatorios.

Ante esto proliferan las voces que promueven leyes con la finalidad de regular el comportamiento de los individuos, como lo refleja la ley contra el bullying- aún no reglamentada- instalando un 0800 para denunciar supuestos casos de maltrato escolar y descargando así la responsabilidad en los miembros de la comunidad educativa (docentes, alumnos y padres). Nada dicen acerca de las políticas educativas, sociales y económicas que rigen la vida de todos los ciudadanos día tras día.

Junín es la Argentina toda

Desde el poder Ejecutivo local y la propia oposición se reconoce la “falta de inclusión social” y el “aumento de bocas de expendio de drogas”. Junín reúne todos los componentes dispersos de nuestra Argentina, porque allí se expresa la impunidad y la connivencia de las instituciones que deben actuar contra el delito que, muchas veces, están más abocadas a organizarlo que a enfrentarlo. Se expresa el aumento de los jóvenes “ni-ni”, como también la descalificación educativa y laboral.

Junín, bien mirado, no deja de evidenciar las características del régimen social y político que emerge pasados más de 10 años de la crisis de 2001. Lo que no se dice, acá tampoco, es que estamos ante la observación impoluta del fracaso de un mercado laboral y de la anulación de perspectivas de futuro que podría brindar la educación. Es decir, que nos encontramos ante un nuevo quiebre de las relaciones sociales. El fin de ciclo es la evidencia de un fracaso rotundo de determinadas políticas pero en una escala superior porque el resultado son jóvenes asesinados y devaluados en su vida cotidiana.

Una educación desvalorizada

Se impulsan planes de reformas educativas, enmarcadas en los acuerdos con la OEI, a lo largo y ancho del país que quitan especificidad y contenidos a los saberes por enseñar promoviendo enseñanzas generalistas y básicas. Es decir una educación acorde a las demandas de los nuevos tiempos del mercado laboral, que nos evidencia una descalificación creciente. De este modo podemos entender la significancia del plan Fines2 y PROGRESAR, que funcionan para alterar el índice de deserción promoviendo la desvalorización del docente y de la educación.

Descalifican la formación orientada y especifica pero pretenden enseñar a “convivir”. Lo que resulta en un sinsentido ya que el desafío es tomar en consideración al otro cuando uno ha asumido una posición divergente, que emerge al conocer, al interrogar y al disentir en base a apreciaciones específicas y orientadas. La posibilidad de abordar un concepto mediante diversas formas solo puede ser producto de una educación libre y de calidad. Sin embargo la escuela pública estaría destinada “a los que más la necesitan” (slogan del gobierno nacional), ya no se trataría de la educación pública como derecho sino como institución reservada para los que “menos tienen”. La escuela pública emerge como institución de contención para “los que no pueden acceder a otra cosa”.

La posibilidad y los límites de la escuela

La escuela puede intervenir ante hechos de violencia pero no puede sortear la crisis política y social. Los docentes en las escuelas y las escuelas, con los docentes, son los espacios donde se habilitan las expresiones y se evidencian las potencialidades de los jóvenes, a pesar del resquebrajamiento que se ha mantenido y se ha regenteado estos años. No es necesario nuevas legislaciones propensas a seguir penalizando el comportamiento porque solo promoverán mayores estallidos y episodios de violencia que seguirán costando la pérdida de ilusiones, deseos, fantasías y esperanzas. 

De lo que se trata es de una alternativa social para los jóvenes, donde ellos puedan organizarse y expresarse de modos fidedignos y expresando sus propias necesidades. El joven necesita capacitación, inserción educacional y laboral, en un marco que brinde las garantías necesarias de que su trabajo será justamente remunerado, que ofrecerá condiciones dignas y propias para el desarrollo del ciudadano.