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Agenda densa, campaña agitada

Formalmente se ha dado comienzo a la campaña por la presidencia de la República, aunque los hechos nos dicen que hace buen rato estamos en ese ajetreo. Los colombianos elegiremos 102 senadores y 166 representantes a la Cámara Baja. Así mismo, elegiremos presidente para el periodo 2014-2018.

Entre los temas más destacables y polémicos figuran, las conversaciones de paz, la seguridad, la pérdida de mar por el fallo del Tribunal de La Haya, las relaciones internacionales, el ordenamiento constitucional, las drogas ilícitas. Otros temas como la lucha contra la pobreza, la política educativa, la salud, aunque no dejan de ser muy importantes para la población, no generan distancias insalvables ni despiertan tanta urticaria entre los partidos y candidatos.

El asunto de mayor calado es, de lejos, el de las conversaciones entre el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC y el ELN. Descartado un acuerdo definitivo en este semestre por parte del presidente Santos, la discusión se orientará a demandar de los candidatos cuál es su propuesta al respecto: ¿Ruptura de negociaciones? ¿Continuidad? ¿Replanteamiento? Cualquier declaración será clave para los electores si tenemos en cuenta que, aunque incrédula, la gente desea la paz. Dicho deseo choca con reservas justificadas, no sólo sobre la sinceridad de las guerrillas, sino también sobre el castigo por delitos de lesa humanidad, la reparación de sus víctimas y la dejación y entrega de armas. Otros tópicos candentes se refieren a las concesiones que cada candidato va a ofrecer a esos grupos. Sí o no a la convocatoria de una constituyente y en caso afirmativo en qué condiciones y términos, cómo consultar a la población para refrendar o rechazar cualquier acuerdo bien de forma global o punto por punto. Sobre si se incluye o no en la mesa el tamaño de la Fuerza Pública y otros puntos sustanciales de la Agenda Nacional.

Hasta ahora está en zona de penumbra el comportamiento de las guerrillas a lo largo de esta coyuntura. Sin embargo, es predecible saber las consecuencias de su accionar, como por ejemplo, si es agresivo, con atentados en los que resulte lesionada la población civil o asesinato de candidatos, sacarán provecho aquellos que han sido críticos de las gabelas otorgadas por este gobierno a los comandantes guerrilleros a cambio de nada o de muy poco. Por el contrario, un bajo nivel de acción militar podría favorecer la política oficial y a los partidos de la Unidad Nacional.

En ningún caso es justificable que los medios les otorguen, gratuitamente, el rol de árbitros de la contienda, ya que constituye un abultamiento desproporcionado de la fuerza e influencia que tienen en la opinión pública.

En todo caso, cualquiera de las tres opciones, continuidad, ruptura o replanteamiento, tendrá que ser muy bien sustentada y explicitada. Nadie querrá, a estas alturas, echar por la borda o mantener una mesa sin argumentos convincentes. No la tienen fácil los representantes de cada una de ellas.

El discurso que nos divide entre amigos y enemigos de la paz, además de maniqueo y peligroso para los señalados, no es convincente. De igual forma, si los críticos del proceso se dejan matricular en el campo de los enemigos de la paz y en consecuencia no cambian la forma de presentar su posición, pueden perder respaldo entre los electores.

Las conversaciones de paz arrastran, de alguna manera, el tema de la seguridad en el que se observan cifras preocupantes de aumento de la criminalidad común, la extorsión y debilitamiento del control de territorios, auge de las bandas criminales y de grupos, incluidas las guerrillas, dedicadas al narcotráfico en sus dimensiones micro y macro.

También es muy candente la política exterior no obstante ser uno de los asuntos en que las encuestas revelan amplio respaldo al gobierno. Preocupa el acercamiento a los países del ALBA si se tiene en cuenta el silencio ante la dictadura cubana, frente a los atropellos a las libertades en los países bolivarianos, el fraude electoral en las presidenciales de Venezuela, la manipulación de la constitución por parte de los mandatarios para eternizarse en el poder. Todo esto es materia que abre brecha profunda entre los candidatos oficiales y quienes privilegian relaciones más críticas con esos gobiernos y por una mayor cercanía con Estados Unidos y compromiso de defensa de la democracia y las libertades en el seno de la OEA.

La pérdida de mar con Nicaragua también continuará ocupando la atención de los colombianos. El gobierno sabe que en este asunto lleva las de perder en razón de un manejo errático y de la ausencia de alternativas. Esta circunstancia será convertida en bandera por las fuerzas opositoras que abogan por el desconocimiento abierto del fallo y para asumir las consecuencias que de ello se deriven.

Los colombianos nos podremos ver inmersos en un debate inédito y sorpresivo sobre la pertinencia o no de convocar una constituyente con miras a conjurar los graves desajustes existentes entre los poderes públicos y, en particular, la grave crisis de la Justicia. ¿Quiénes, en qué número y bajo qué procedimientos deben ser electos sus miembros, serán los elementos de gran discrepancia.

Oiremos hablar del tamaño y las funciones del Estado colombiano, de impuestos, de empleo y pensiones, de la salud. La pelea es de alquilar balcón como decían las tías solteronas. Mientras la película empieza, es de esperar que el gobierno, que actúa en la trama con actor propio, brinde toda clase de garantías. Aunque ya le podemos anotar una falla: me refiero al llamado del gobierno al general Óscar Naranjo para asumir funciones de negociador en La Habana y acompañamiento en la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Ahí se configura el riesgo de que se confundan los papeles y se termine utilizando indebidamente el interés por ganar las elecciones con arreglos acomodaticios en La Habana.

Tres caminos hacia la paz

Al cabo de tanto sufrimiento y de tanta sangre derramada por causa de la violencia amparada en supuestos políticos, todos hemos terminado identificándonos en hablar sobre la importancia de la paz y del diálogo, en que el fin del conflicto sería muy beneficioso para la salud física y mental, para el desarrollo económico y para muchas otras cosas positivas.

Pero, cuando entramos en los detalles, que es donde se encuentra el diablo, caemos en cuenta que tras esa aspiración común nos distancian auténticos abismos. ¿Cuáles son las principales propuestas para alcanzar el tan elusivo fin de la paz? Para responder a esta inquietud y propiciar el debate propongo tres agrupamientos, Aclaremos antes, que a diferencia de la violencia liberal-conservadora en la violencia actual los colombianos no estamos divididos en dos bandos y que la inmensa mayoría queremos la paz.

La primera propuesta sobre paz es la que puso en marcha el gobierno de Juan Manuel Santos. Su punto de partida fue reconocer a las guerrillas en pie de igualdad con el Estado, ofrecer una amplia gama de garantías como el Marco Jurídico para la Paz, negociación en terreno amigo de las FARC, promesas de no penalización con cárcel por delitos de lesa humanidad a comandantes guerrilleros, una agenda de cinco puntos en la que, como hemos observado, la delegación guerrillera ha hecho caber infinidad de propuestas tan vasta como la Agenda Nacional. El gobierno reconoce que para llegar a la paz es indispensable realizar profundas reformas en todos los campos como paso previo para que esta sea una realidad, otorgándole a las FARC la razón histórica y moral de que su “levantamiento” tiene “causas objetivas”. El gobierno no exige ni la dejación ni la entrega de armas ni la desmovilización de la guerrillerada en el acuerdo previo. Ese acuerdo sería sólo el inicio del camino hacia la paz que está calculado en diez años. El gobierno tampoco exigió a las FARC el cese unilateral de las acciones bélicas ni el reconocimiento de que la vía de las armas está totalmente cerrada para sus pretensiones de tomarse el poder. A este camino lo llamaremos el del entreguismo en tanto élites ilusas, de visión corta y voluntaristas, medios impactados, políticos ligeros y dirigentes con conciencia de culpa, creerán en la buena fe de las guerrillas y están dispuestas a conceder toda clase de gabelas.

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Un científico barrabrava

Poco a poco, el discurso de personas cercanas al “sistema” o al “régimen” o que han anidado en sus ramas y se han beneficiado pródigamente de su pertenencia a las élites económicas e intelectuales, incorporan en sus planteamientos la fraseología insultante y panfletaria del izquierdismo sobre el ex presidente Uribe y el uribismo.

En días pasados, Gabriel Silva Luján, ex ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez, desplegó en una de sus columnas bocanadas de fuego que sobrepasan los límites de la afrenta y el insulto para caer en el barrizal de la difamación y la injuria al comparar a su ex jefe con el “patrón del mal”, Pablo Escobar. Con toda razón tendrá que responder en los estrados judiciales por ofensa al buen nombre.

En una de sus últimas caricaturas a las que llama “Suma”, Bacteria coloca una foto de Pablo Escobar con sombrero montañero y poncho como un paisa, le suma la frase “20 años después” y el resultado es la foto de Álvaro Uribe trajeado como paisa. Bacteria interpretó gráficamente lo que dijo el señor Silva.

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Es sofista el dilema de paz o guerra

¿Qué es lo que lleva a un círculo de las élites dominantes a justificar conversaciones con las FARC en términos tan humillantes para la población y para el estado? No podemos darnos por satisfechos con la respuesta simple de que, de pronto, en un arranque de lucidez, se dieron cuenta que la máxima de los hippies sigue vigente, o que se tragaron el cuento de que, esta vez, sí, las FARC quieren la paz. Intentemos, entonces, algunas hipótesis.

En el pensamiento de exponentes de esas élites se detecta una especie de sentimiento de culpa respecto de lo que dejaron de hacer en el pasado. Hablan de una deuda histórica, en particular con las comunidades campesinas. Ceden a la tesis política de la reforma agraria a la usanza de buena parte del siglo XX sintetizada en la consigna “la tierra para el que la trabaja”, como si en una economía globalizada, altamente competitiva e industrializada extendida a la producción agrícola, pecuaria y alimentaria, la pequeña explotación de campesinos individuales tuviese perspectivas de éxito. El cerebro de las negociaciones de paz, Sergio Jaramillo, considera que los procesos anteriores de han fracasado en erradicar la violencia porque el Estado no impulsó políticas de desarrollo territorial autónomo. En tal sentido se da validez a la tesis de las “causas objetivas” de la violencia. Se evidencia en ese discurso un tufillo moralista, que pasa por alto que un católico pecador no se confiesa con el diablo.

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Por la paz, ¿todo se vale?

La campaña electoral, entrecruzada con las conversaciones de paz, está atravesada por el miedo. No es un sentimiento extraño en la acción política, pero casi nunca nos percatamos de su presencia. El temor al “otro”, que en ocasiones es comprensible y controlable, puede opacar el conveniente y saludable análisis racional.

Desde el pensamiento lógico nos hemos hecho la pregunta sobre las razones por las que sectores de la intelectualidad, que tienen a su alcance herramientas heurísticas, datos, información y capacidad de reflexión, sostienen un discurso que les da fundamento sociológico a las guerrillas. A título de ensayo lanzo la siguiente hipótesis: en el marco de las denuncias y luchas contra la democracia restringida del Frente Nacional, contra la apelación sistemática al estado de sitio y contra violaciones de los derechos humanos en el contexto de la “Guerra Fría”, se gestó una comunidad crítica de inspiración marxista que ha extendido al presente sus juicios negativos sobre el sistema político colombiano, de tal suerte que se niega la voluntad de este para reformarse. La causa primigenia de todos los males de la nación reside, según ellos, en factores estructurales y la responsabilidad del alzamiento y de todo lo que ha sucedido es achacable al estado.

Prevalece una actitud negacionista sobre el reformismo, la crítica a la democracia colombiana es despiadada y para completar, asemejan el régimen político con las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado. Impera en su producción discursiva una bajísima (por no decir nula) autoestima frente a la institucionalidad vigente. Se avala la participación en las elecciones pero, no se confía en ellas, la desconfianza se extiende al sistema judicial. El país, dicen, hay que reconstruirlo o refundarlo.

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Las FARC, jugadas por la reelección de Santos

Por todos los antecedentes que había en juego, el Acuerdo sobre Participación Política firmado en La Habana significa, en primera instancia, el lanzamiento de la candidatura de Juan Manuel Santos a la reelección presidencial. Como lo hemos sostenido algunos columnistas, desde hace rato la manija de los diálogos está en manos de las FARC y Santos, para reelegirse con algún margen de éxito, dependía de que le firmaran algún documento.

El texto adornado en una retórica grandilocuente reafirma, en buena medida, lo que ya figura en la constitución política de 1991. Pero, a los ojos de observadores extranjeros transmite una idea bastante equivocada sobre Colombia. En efecto, cualquier francés o norteamericano o japonés, medianamente informado, pensará con toda razón que en nuestro país no hay democracia ni libertades ni garantías para la oposición. Que las FARC son una guerrilla que lucha por esos ideales, que no nació como producto de un proyecto comunista, que no es terrorista, que representa los anhelos de justicia social y que no ha tenido espacios ni facilidades para hacer actividad política en la legalidad.

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