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Capitanich vs la clase trabajadora

En la novela Segunda fundación, uno de los personajes de Isaac Asimov, al explicar el mecanismo del engaño, señala: “Solía decir que sólo una mentira que no estuviera avergonzada de sí misma podía tener éxito”. Tal vez el jefe de gabinete Jorge Milton Capitanich no se haya detenido en este requisito a la hora de pronunciar, en las últimas jornadas, unos brutales ataques a trabajadores empeñados en no perder sus puestos ni sus fuentes de trabajo. Para justificar las suspensiones de todo el personal en la fábrica Lear y las desvinculaciones de doscientos trabajadores -entre los que se cuentan los delegados de la comisión interna-, Capitanich había atribuido el viernes los hechos a la acción del Partido Obrero, al que definió como “el preferido por los capitalistas”.

“Esto tiene que ver con una acción del Partido Obrero, que no es el partido de los trabajadores. El único partido que defiende a los trabajadores es el Partido Justicialista”, había dicho el ex gobernador del Chaco (una de las provincias más pobres del país). Y había agregado: “Lo que hace el Partido Obrero es defender siempre los intereses de la patronal y hostigar el funcionamiento de la economía, El Partido Obrero no es un partido antisistema; es el partido del sistema, el preferido por los capitalistas y por los grandes empresarios“. La suma de incoherencias -una encadenación de mentiras que se avergonzarían de sí mismas- se incrementó el último martes, cuando en su habitual encuentro matutino con el periodismo, Capitanich continuó: “No nos vengan a correr por izquierda. La verdadera izquierda revolucionaria de este país siempre fue el peronismo”. Y en referencia al activismo de izquierda que gravita en el conflicto de Lear, agregó: “Observamos con mucha preocupación que no son solamente idiotas útiles sino que están actuando para destruir el empleo de los argentinos”. Las manifestaciones del jefe de Gabinete no sólo tuvieron el encanto del absurdo, sino que evitaron explicar el rol de una empresa multinacional estadounidense que había decidido vaciar su producción importándola desde plantas centroamericanas -pese a las restricciones a las importaciones que plantea el gobierno argentino- en función de deshacerse de su comisión interna combativa, en complicidad con el sindicato SMATA, dirigido por Ricardo Pignanelli. El citado sindicato acababa de publicar una solicitada en la que se manifestaban cansados del accionar de la izquierda y anunciaba que llamaría a una asamblea para destituir a los delegados combativos. Una vieja tradición de la burocracia sindical que, en el caso de SMATA, fue cómplice en la entrega de trabajadores izquierdistas a los militares para su desaparición durante la dictadura, como se comprobó en el caso de la fábrica Mercedes Benz.

Sin embargo, las declaraciones de Capitanich, por asombrosas que resulten, no logran ocultar el peso de unas acciones patronales hostiles contra sectores de la clase trabajadora que defiende sus derechos. No sólo es síntoma de esta acción empresarial el conflicto en Lear, sino también el de larga data en los talleres ferroviarios Emfer y Tatsa (de difusa propiedad del grupo Cirigliano, que también lo está vaciando) y, más recientemente, el de la gráfica de origen estadounidense Donelley, que el lunes anunció el cierre de su planta, ubicada también en el trazado de la ruta Panamericana. El modus operandi se había repetido tanto en Lear como en Donelley -cuya comisión interna está dirigida por miembros de la lista Bordó, que se referencia en el Partido de los Trabajadores Socialistas, miembro junto al PO e Izquierda Socialista del Frente de Izquierda-: los empresarios habían planteado recursos preventivos de crisis para imponer suspensiones y despidos, que fueron rechazados por los trabajadores y por el ministerio de Trabajo, aunque luego ejercitaron las desvinculaciones, en un caso, y el cierre de la fábrica, en el otro.

Con mucha demora, y cumpliendo varias resoluciones judiciales, el ministerio de Trabajo tuvo que garantizar el reingreso de la despedida comisión interna de Lear durante la mañana del último martes -a pesar de que el viernes mismo la empresa había suspendido a todo el personal-. “El ministerio vino a hacer cumplir la reinstalación y comprobó el lock out patronal con la evidencia de la empresa vacía y nadie trabajando -señaló a este cronista Silvio Fanti, secretario general de la comisión interna-. Cuando termine el periodo de suspensiones, la resolución indica que los delegados tenemos que estar”.

-Capitanich dijo que ustedes eran “idiotas útiles” al servicio de los grupos concentrados, ¿qué opina de esas declaraciones?

-No somos idiotas útiles, encabezamos la defensa de los puestos de trabajo y lo vamos a seguir haciendo. El SMATA debería movilizarse junto a nosotros y no lo hace, ellos sí, en claro servicio a este grupo concentrado. La empresa tiene un plan de expansión, necesita bajar los costos salariales y para eso necesita descabezar una comisión interna que defiende los derechos de los trabajadores. Yo he votado al kirchnerismo y le diría al jefe de Gabinete que si lo que dice es verdadero, que venga con nosotros a defender los puestos de trabajo.

Ante el cierre de la gráfica Donelley, los trabajadores decidieron tomar la empresa. “Los tres turnos de trabajo estamos desde esta mañana cumpliendo la conciliación obligatoria y estamos produciendo, terminando los trabajos que teníamos que terminar -explicó el martes por la mañana a este cronista Eduardo Ayala, delegado de la empresa-. La empresa no apareció y estamos tratando de preservar el trabajo para todos y lo estamos logrando. 

-¿Cuál es la actitud del sindicato?

-El sindicato nos está acompañando.

Donelley había anunciado la suspensión de trabajadores -no el cierre de la empresa- y había comenzado el vaciamiento empresarial tercerizando su producción hacia otras plantas. “En las plantas que dirigimos sindicalmente nos negamos a aceptar el trabajo derivado de Donelley -señala Pablo Viñas, secretario general de AGR-Clarín y miembro de la lista Naranja, ligada al PO-. Sin embargo, pequeños talleres cooperativos cuya dirección legal es la del sindicato estuvieron produciendo ese trabajo que la empresa decidió tercerizar. Ante el cierre de esta gran planta, creemos que es necesario que el sindicato llame al paro de todo el gremio para evitar esta situación”.

La posibilidad de que grandes empresas realicen operativos de despidos y vaciamientos para evitar la acción del sindicalismo combativo fue esbozada por el periodista Ricardo Carpena en su columna sindical del lunes en el diario Clarín. En medio del agravamiento de la crisis económica y el crecimiento de la izquierda en los sindicatos, las graves declaraciones de Capitanich y las amenazas de Pignanelli corroborarían esta teoría. Jorge Altamira, líder del Frente de Izquierda y otro “idiota útil”, según las palabras del jefe de Gabinete, así opinó: “Es palabrerío sin contenido: sólo la izquierda está contribuyendo a desbaratar los planes para despedir trabajadores y cerrar plantas. Capitanich dice que se acuesta muy tarde. Le recomendaría que duerma el tiempo suficiente como para contestar apropiadamente las preguntas de los periodistas y no desvaríos. El que está a las cinco de la mañana defendiendo los puestos de trabajo es el Frente de Izquierda, acción que se replica en el plano legislativo, donde planteamos la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo sin mengua salarial. Estamos avanzando con la CTA de Micheli en la realización de una gran marcha contra los despidos y el impuesto al salario que realizaremos a fin de mes”. La semana que viene la CGT definirá si realiza un tercer paro general contra el gobierno de Cristina Fernández ante la crítica situación que se vive en el campo laboral.

Hace cierto tiempo el kirchnerismo consideraba que, a su izquierda, sólo se encontraba la pared. No sólo miembros del gobierno planteaban esta máxima abiertamente, sino que sus acólitos estaban convencidos de su justeza y de su verdad. Sin embargo, uno de los efectos de la construcción de un relato ajeno a la realidad es que, cuando tal realidad se torna ineludible por la fuerza de los hechos, sólo resta entonces la aceptación o la psicosis. Las indefinibles declaraciones del jefe de gabinete Jorge Milton Capitanich permiten señalarlas como manifestaciones de esta segunda posibilidad. Quizás se trate de una psicosis senil que, en tanto síntoma de un cuerpo político agotado, tan sólo sea una comprobación más del así llamado “fin de ciclo” kirchnerista.

Caza de brujas en el SMATA

Apenas habían pasado unas horas desde que la empresa Gestamp y los trabajadores que ocupaban sus instalaciones firmaran la conciliación obligatoria cuando un operativo conjunto del gobierno kirchnerista, el sindicato SMATA y los empresarios se lanzó para desconocer el acuerdo. La ministra de Industria criticó la conciliación por permitir que los despedidos -quienes habrían sido protagonistas de la “permanente extorsión de grupos minúsculos que defienden sus intereses en detrimento de la mayoría”- recuperen su trabajo; Ricardo Pignanelli desconoció la medida del ministerio de Trabajo bonaerense, culpó por la medida “a la complicidad de algunos partidos políticos y sus dirigentes, en particular del Partido Obrero” y convocó a un plenario de delegados de su sindicato -”si no se soluciona esto pongo 15 mil mecánicos en la Panamericana para resolverlo a nuestro modo”, había dicho y voceros de la empresa declararon a la agencia oficial Télam que no acatarían la conciliación. La amenaza de Pignanelli de resolver el asunto con sus propios métodos plantea una grave situación y constituye una “salida a la Pedraza” del conflicto. El sindicato ferroviario ejecutó un plan asesino, ideado por sus dirigentes, para resolver un conflicto sindical.

El antecedente directo que marcó la posibilidad de la “salida a la Pedraza” fue constituido por una solicitada publicada el viernes 30 en el diario Crónica en la que el sindicato mecánico acusaba por la “anarquía” a “quienes quieren imponer representatividad a través de la violencia”, además de acusar a “los legisladores del partido obrero y la izquierda en general” (sic) por incentivar tal ejercicio anárquico. Pedían la acción de la Justicia para solucionar el conflicto antes de amenazar con “ejercer nuestro derecho a la defensa”. La pieza responsabilizaba con gravedad a la izquierda, que en el último periodo ganó posiciones en comisiones internas, delegados y activistas en una clara cacería de brujas contemporánea. En el conflicto de Gestamp intervinieron activamente trabajadores que pertenecen al PTS y al MAS.

“Acá puede haber activistas más picantes o menos picantes, pero el problema real que tenemos nosotros es el Partido Obrero”. Estas fueron las palabras que pronunció hace quince días Ricardo Pignanelli, secretario general del Smata, en una reunión que contó con la participación de la Comisión Directiva del sindicato y delegados de la oficialista lista Verde, según uno de los asistentes que concurrió al encuentro y que por seguridad prefirió mantener en reserva su identidad. Pignanelli focaliza a la oposición, que cuenta con activistas de diversas tendencias, en “La Naranja Mecánica” que auspicia el PO, que actúa en varias fábricas del gremio y que ya fue objeto varias veces de ataques por parte de esa directiva. En el acto de traspaso de mando de “Paco” Manrique a Pignanelli, realizado en el Luna Park a fines de septiembre de 2011, el secretario general saliente dijo: “Que vengan esos de la Naranja Mecánica a ver si pueden sacarnos”. Miembros del Smata llegaron a revisar, en estos últimos días, la página de Facebook de la agrupación para increpar a sus “amigos” de la red social en las fábricas Mercedes Benz, Toyota y Ford. Los activistas opositores, que pertenecen al clasismo, actúan en secreto para evitar represalias de las empresas como del sindicato.

El 16 de mayo en la puerta de Volskwagen, ante una volanteada para pedir la solidaridad con Gestamp, una patota de varias decenas de hombres que se identificaban vivando a la lista Verde había atacado a golpes a ocho trabajadores de la autopartista. Dos trabajadores de Volkswagen contaron a este cronista que la los delegados opositores no tienen permitida la entrada a las reuniones del plenario de delegados de la fábrica, acusados de ser “traidores a SMATA”. “Tienen temor del crecimiento de la oposición en la fábrica y por eso suspendieron las elecciones sindicales que se deberían haber hecho en abril”, afirmaron

El SMATA vive, por obra de su dirección burocrática, un estado de cacería de brujas, fruto del crecimiento de las tendencias clasistas en los lugares de trabajo. El acuerdo del gobierno nacional en la persecusión a los trabajadores que luchan los alinea en una peligrosa formación. Si la amenaza de Pignanelli de resolver la situación en Gestamp con sus propios métodos prospera, una etapa nefasta se repetiría en el sector laborioso metalmecánico. No se debe olvidar que la excusa para perpetrar el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra fue “la inacción de la Justicia” que habría obligado a los sindicalistas ferroviarios a actuar “a su manera”. Esa fue la justificación que brindaron los asesinos. La misma que hoy levanta Pignanelli en el SMATA.

Renovada centralidad de los trabajadores en el ocaso K

Diversos sectores laboriosos protagonizaron durante el último período acontecimientos que ganaron las tapas de la prensa y generaron una discusión social generalizada sobre ellos, no sólo porque estos sectores conforman la mayoría de la población, sino debido a que su salto hacia la acción directa implica el cuestionamiento de la legitimidad de ciertas bases sociales naturalizadas. Sólo basta repasar los hechos de los últimos días.

El paro docente por salario -de particular interés social, ya que afecta la cotidianidad familiar- cobra dimensiones dramáticas debido a la implacable decisión de sostenerlo por parte de los maestros para no permitir un brutal ataque a sus condiciones de vida. Las mínimas ofertas gubernamentales, en medio de la devaluación y de la inflación, implican de hecho una rebaja salarial. Contra esa perspectiva se desarrollan paros en todo el país y, a diferencia de otros años, las direcciones sindicales yaskistas de CTERA no pueden decidir levantamientos de paros o acuerdos con el gobierno a espaldas de sus bases. Esas direcciones -atravesadas por el hiperoficialismo de Hugo Yasky, ex jefe gremial docente y actual secretario general de la CTA (además de aplaudidor en cuanto acto de  la presidenta Cristina Fernández se lo invite)- no podrían hacerlo debido a los fuertes reclamos de los maestros, a la vez que debido a la irrupción de la izquierda en numerosas seccionales y provincias en las que se convirtió en una dirección radicalizada del conflicto.

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El ocaso derechista del kirchnerismo

La senectud, en los peores casos, tiende a transformar a quienes la ostentan en el triste recuerdo de quienes alguna vez fueron, o en el marasmo de lo que alguna vez quisieron ser. Esta última opción es la que corresponde al kirchnerismo que, en su ocaso, se ha lanzado a un vertiginoso avance hacia la derecha -tendencia política que, al menos en el discurso, alguna vez repudió-. El discurso de la presidenta Cristina Fernández en ocasión de la apertura de las sesiones legislativas lo demuestra. El oficialismo una vez – allá lejos, en sus orígenes, quizás- quiso ser, y así se mostró ante la sociedad, como “progresista”. Y desarrolló el discurso acerca de la no represión de los movimientos sociales -algo falso, ya que tal represión se efectivizó en muchísimas ocasiones y llegó a costar 18 vidas bajo los gobiernos kirchneristas, ya sea a través de la represión policial o de la paraestatal-. Sin embargo, dijeron ser “progres”. Ya no. La presidenta Fernández, este último sábado, lo desmintió. “Vamos a tener que sacar alguna normativa de respeto a la convivencia ciudadana, porque no puede ser -dijo-. No puede ser que diez personas te corten una calle, por más razones atendibles que tengan. No puede ser. Y que no pase nada”. La versión taquigráfica de la sesión indica “aplausos” luego de esta frase. No sólo aplaudía la claque habitual del Frente para la Victoria, sino que los diputados del derechista PRO hacían sonar sus palmas. El delirio llegó con la siguiente frase presidencial: “Creo que además todo el mundo tiene el derecho a protestar, pero no cortando las calles e impidiendo que la gente vaya a trabajar; y no complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana, donde todo el mundo proteste”. El éxtasis se había apoderado hasta de la derechista diputada Laura Alonso, del PRO, que se puso de pie y que, desde su curul, gritaba: “¡Bien, presidenta, así se habla!”. Repito: Laura Alonso, del derechista PRO aplaudía la postura represiva (“y no puede ser que no pase nada”) de la presidenta Fernández. El ocaso.

La alianza represiva del kirchnerismo y el PRO se dejó traslucir en un debate organizado en el programa Otro tema, conducido por Santo Biasati, que emite el canal TN. La mesa estaba integrada por los diputados Federico Sturzenegger (PRO), Victoria Donda (Libres del Sur), Miguel Bazze (UCR) y el dirigente Jorge Altamira (Partido Obrero-Frente de Izquierda). El principal defensor de la propuesta de limitar la protesta social presidencial fue Sturzenegger, que la apoyó con ahínco. El radical Bazze -que cada vez que fue gobierno reprimió, la última vez en 2001, cuando Fernando de la Rua se despidió dejando tras de sí un tendal de 35 muertos- dijo que había que permitir la protesta y ser razonable, pero la historia de su partido invalidaba cada uno de sus dichos. Victoria Donda se opuso al proyecto presidencial, pero Sturzenegger le recordó que UNEN, la alianza que ella integra, había presentado un proyecto en la legislatura porteña para limitar la protesta social. ¡Alcoyana, alcoyana! Altamira señaló que se revelaba el pacto K-PRO con estas ideas, defendió la posibilidad de la protesta como un derecho primigenio y llamó a movilizarse por las paritarias docentes. Hace poco más de una década, así había definido Altamira al piquete: “El piquete es una forma suprema de la solidaridad social, que va más allá de la camaradería y el apoyo recíproco entre los piqueteros, pues convoca a todos los explotados a tomar el destino en su propias manos”. 

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FIT: una política de futuro en las pantanosas aguas del atraso

En las agitadas aguas de la política nacional -atravesadas por la licencia presidencial y la asunción en su reemplazo del cuestionado Amado Boudou-, la noticia sobre la performance del Frente de Izquierda en Salta, representado por el Partido Obrero de esa provincia, confirma la existencia de una tendencia política profunda que anida en una parte importante de la población. Y es un dato que no debería pasar desapercibido en relación a las elecciones que se realizarán el 27 de marzo.

En la capital salteña, las elecciones PASO -que preparan los comicios que renovarán los parlamentos y concejos provinciales- mostraron que los candidatos del PO fueron los que más votos obtuvieron. Claudio del Pla, precandidato a diputado provincial -y que espera renovar su banca- obtuvo 52.085 votos y el 20,71% del favor del electorado. Solamente la conjunción de cinco lemas del Partido Justicialista le permitió superar al PO con el 28,82% de los votos, expresados en 72.466 sufragios, aunque ningún candidato obtuvo más votos que el histórico dirigente trotskista salteño. En la votación a concejales por la ciudad de Salta, la lista encabezada por Arturo Borelli del PO logró 56.627 votos ubicándose en primer puesto, ni siquiera superado por los cinco lemas del PJ. De este modo, si la votación se repitiera en noviembre, obtendría 7 escaños en el Concejo Deliberante local que le permitiría disputar la presidencia del organismo. La precandidata a senadora provincial obtuvo una votación que le permitiría ingresar a la cámara alta salteña. En términos generales, el PJ ganó la elección mediante la suma de todos sus lemas, el PO se ubicó en segundo lugar y el partido Salta Somos Todos, del derechista Alfredo Olmedo (que representa al PRO), fue relegado al tercer lugar. Las cifras consolidan la perspectiva de Pablo López, que se postula como diputado nacional al congreso en las elecciones del 27 de octubre. Tales resultados le otorgan al Frente de Izquierda -a través del PO- la mayor votación que obtenida históricamente por los trotskistas en una elección local.

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Anatomía de una provocación

La encendida discusión sobre las tomas de colegios protagonizadas por estudiantes secundarios en la ciudad de Buenos Aires cobró un giro inesperado ante la noticia de un acto de vandalismo delictivo producido en la iglesia de San Ignacio de Loyola, lindante con el Colegio Nacional Buenos Aires -que se encuentra ocupado por sus alumnos-. Dentro de la iglesia, cuya construcción se realizó hace más de trescientos años, se encontraron pintadas ofensivas a la religión católica, destrozos y un banco sacerdotal que había ardido por el fuego. El panorama era tremendo. ¿Habían realizado los actos vandálicos los ocupantes del Buenos Aires, la institución educativa más prestigiosa de la nación? ¿Era un síntoma de su posición de lucha contra la reforma educativa impulsada por el gobierno kirchnerista a nivel nacional y por el macrista en la ciudad de Buenos Aires? Los actos producidos en la iglesia de San Ignacio, ¿demostraban la incapacidad de los jóvenes estudiantes de llevar adelante con seriedad y responsabilidad la toma mediante la que, supuestamente, defendían la educación?

Los hechos que se narran a continuación, corroborados por varios estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, demuestran que los hechos de vandalismo que se produjeron en la iglesia de San Ignacio fueron producto de una provocación en contra de la lucha estudiantil.

Todo comenzó a las cinco de la mañana del miércoles 25 de septiembre, mientras los estudiantes que ocupan las instalaciones del Colegio Nacional Buenos Aires dormían. Los miembros del grupo de seguridad de la toma -cuyo mandato era resguardar no sólo la seguridad de los estudiantes, sino las instalaciones del colegio- dieron comienzo a la provocación. (Debe hacerse notar que esas cinco personas pertenecen a las agrupaciones estudiantiles Mano Negra y Consciente Colectivo, sobre las que más adelante nos detendremos).  Los cinco miembros de la comisión de seguridad, cuya tarea era permanecer despiertos durante su turno garantizando la paz de la ocupación, se escabulleron clandestinamente, se dirigieron hacia los pasadizos subterráneos que unen el colegio con la iglesia y comenzaron la operación.

Los túneles son centenarios como la iglesia y el colegio. Pertenecen al campo de los monumentos arquitectónicos ocultos de esta ciudad. Y como tales, están protegidos. El grupo de cinco personas avanzó por ellos y destrozó cuatro puertas -las pericias indicarán cómo- para poder llegar a su objetivo: la entrada a la iglesia. Una vez adentro, quemaron el sillón sacerdotal y escribieron pintadas ofensivas. Luego huyeron. Pero su plan les salió mal.

Las alarmas de la iglesia habían comenzado a sonar y despertaron a unos padres de los alumnos del Buenos Aires que se encontraban en la toma. (Debe hacerse notar que una reunión de padres de los secundarios votó, por 119 votos a 1, apoyar la decisión de lucha de sus hijos -la notoria repercusión que tuvo el hiperderrotado padre en los medios debería ser objeto de un análisis del rol de los medios contra las tomas-). Esos padres al ver llegar de los pasadizos a aquellas cinco personas despertaron a los alumnos. La provocación había fracasado.

Los cinco miembros de la comisión de seguridad, que se habían ofrecido voluntariamente a ocupar ese rol, son dirigentes de las agrupaciones Mano Negra y Consciente Colectivo. Ambas agrupaciones se habían opuesto a la toma desde los primeros momentos del plan de lucha. Su política representa la de un filokirchnerismo que se manifiesta más o menos abiertamente según la circunstancia. El razonamiento que rige su política ante las tomas estudiantiles actuales podría plantearse de esta manera: “La ley de educación del gobierno kirchnerista es positiva, pero el gobierno de Macri la aplica mal”. Sin embargo, las asambleas del Colegio Nacional Buenos Aires plantean la oposición tanto a los designios kirchneristas sobre esta ley, como su aplicación macrista en la ciudad.

Los cinco miembros que montaron la provocación, dirigentes todos de las agrupaciones mencionadas, votaron en contra de la toma una y otra vez. En las asambleas, según el relato de varios estudiantes, propiciaban el vaciamiento de la medida de lucha, planteaban que las resoluciones votadas no funcionaban, apuntaban a la desmoralización. Las cinco personas que montaron la provocación se ofrecieron para ocuparse de la seguridad de la toma durante la madrugada del miércoles 25. Luego sobrevinieron los acontecimientos.

Se especula que los provocadores apuntaban a una crisis en la toma del Colegio Nacional Buenos Aires. Que un acto anónimo de estas características produciría una escisión en la asamblea que les permitiría levantar la toma, a la vez que ganar, en los hechos, la dirección estudiantil.

A pesar de haber sido descubiertos por los padres que apoyaban la toma durante su regreso de los pasillos subterráneos, los cinco provocadores negaron haber realizado cualquier acción en la iglesia de San Ignacio. Incluso señalaban que era un invento de la conducción del centro de estudiantes del CNBA (dirigida por militantes del Partido Obrero e independientes) para desprestigiarlos. Sólo a mediodía los cinco provocadores reconocieron los hechos que habían realizado. Desde ese momento no se supo nada de ellos en el ámbito del colegio.

Se realizaron asambleas que repudiaron los acontecimientos -los cinco provocadores no asistieron a esas asambleas, a pesar de ser los máximos dirigentes de sus agrupaciones- producidos en la iglesia de San Ignacio. Se decidió que una delegación de estudiantes se solidarizara con el párroco de esa iglesia y le ofreciera manos para restaurar el orden y la limpieza de las instalaciones, a la vez que hacer una colecta para solventar cualquier daño que pudiera haber ocurrido.

Hubo intervenciones de militantes de Mano Negra y de Consciente Colectivo que, al enterarse de que sus dirigentes habían cometido los actos vandálicos, renunciaron a esas agrupaciones. Tal reacción demuestra que las acciones fueron cometidas incluso a espaldas de las bases de esas agrupaciones.

El episodio de la iglesia de San Ignacio es una muestra de todas las posibilidades de ir contra un método de lucha impulsado por los estudiantes que se oponen a la ley de educación kirchnerista que intenta aplicarse en Buenos Aires bajo la alianza con el macrismo. Las tomas fueron decididas en asambleas democráticas por el colectivo estudiantil de cada colegio ocupado. La acción vandálica en la iglesia de San Ignacio no sólo fue un hecho de características desestabilizadoras, sino que se produjo a espaldas de la masa estudiantil y de las propias bases de los dirigentes que realizaron la provocación.

Ninguno de los acontecimientos producidos durante las últimas horas desmiente la justeza de los reclamos estudiantiles. Las próximas horas demostrarán si los actos vandálicos cumplirán su propósito de amedrentar las tomas de los jóvenes secundarios.

Triunfo de la izquierda en las facultades: perspectivas hacia octubre

La izquierda a veces tiene costumbres raras. Por ejemplo, este sábado por la mañana alrededor de las ocho -y mientras aún se desarrollaba la imparable lluvia de la tormenta de Santa Rosa-, centenares de jóvenes que se proclaman de la izquierda socialista y revolucionaria celebraban cantando, agitando banderas, mojando sus zapatillas en los charcos interminables, festejando que los resultados electorales en las distintas facultades indicaban que había regresado su predominio en las conducciones estudiantiles. La izquierda había ganado 7 elecciones sobre las 13 que se disputaban en distintas facultades; le había arrebatado 4 centros de estudiantes a una izquierda oscilante entre el binnerismo, la fraseología bolivariana y el kirchnerismo vergonzante; y su celebración parecía no querer terminarse.

(Una digresión personal. La noche del viernes había ido a una cena de Rosh Hashaná en la casa de un amigo. Mientras partía del convite, recibí la llamada de mi amigo Pablo Rabey, que sugería que fuera a ver cómo finalizaban las elecciones estudiantiles universitarias, un evento político que nunca había presenciado. No tenía mejor plan, así que me dirigí hacia la Facultad de Filosofía y Letras -donde había cursado hacía un tiempo largo- y donde Pablo era miembro de la lista de izquierda que representaba a los graduados. Lo acompañé un rato y a algunos de sus compañeros hasta que ingresaron alrededor de la una de la mañana al escrutinio. “Andá a Medicina, así ves cómo los estudiantes bancan el escrutinio”. No tenía plan alguno, así que hacia allí me dirigí. Era cierto. Un nutrido grupo de militantes no dejaba de cantar para hacer saber a sus delegados, que abrían las urnas y contaban los votos en aulas cerradas, que los apoyaban -finalmente en Medicina la izquierda perdió el centro de estudiantes frente a una alianza de radicales y peronistas que los aventajó por menos de dos centenares de votos solamente-. De allí me dirigí a la Facultad de Ciencias Sociales donde, ya cerca de las tres de la mañana, los cántitos no cesaban y se disputaba una reñida y tensa elección. El centro pertenecía a La Mella, una agrupación que se dice chavista y que es protokirchnerista y cuya expresión política es Marea Popular, que acompañó a Claudio Lozano, protobinnerista, en las últimas elecciones. Centenares de jóvenes de las distintas agrupaciones que habían formado La izquierda al Frente (cuyo núcleo central es el mismo que corporiza al Frente de Izquierda en el campo político) aguardaban expectantes los resultados de cada facultad. “Estamos ganando en Puán”, se paraba una estudiante en un banco y luego de dar la noticia recibía aplausos masivos. “Estamos adelante en Exactas”, informaba otro y otra vez festejos. Pero primaba la tensión. Cerca de las siete empezaron a pasarse informaciones por lo bajo. (Yo ya había decidido quedarme hasta el final para desentrañar el misterio de esas elecciones). “Parece que los triunfos son irreversibles y, salvo en Medicina, donde se pierde por poco, estamos ganando en todos lados”. Cuando ya había salido el sol, y en una pausa de la lluvia de Santa Rosa, anunciaron que habían ganado en Filosofía y Letras, en Sociales, que metían un consejero directivo en Económicas, el triunfo en Veterinaria, la victoria en Arquitectura, la retención del centro en Farmacia, la recuperación de Psicología. Mientras los festejos no cesaban, los dirigentes de la juventud del Partido Obrero -miembro del Frente de Izquierda y principal fuerza estudiantil en la FUBA luego de estos resultados- proponían ir a Exactas, que queda en la lejana Ciudad Universitaria, para “hacer el aguante” a sus compañeros. Luego de felicitarlos, yo decídí partir porque, pese a no haber dormido, tenía otros compromisos. Finalmente la izquierda también ganó en Exactas).

La celebración de los militantes de la izquierda estaba bien fundada. Ahora, ¿es posible que estos resultados marquen algún tipo de tendencia que pueda ser significativa para las elecciones de octubre? Quizás sí. La izquierda que se presentó en las elecciones forma parte del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), ya sea como una alianza estudiantil de las fuerzas que lo componen o como expresión estudiantil del Partido Obrero. “Durante las elecciones de agosto no pudimos militar la campaña en las facultades porque justo estaba el periodo de vacaciones -señala Julián Asiner, presidente de la FUBA y militante del Partido Obrero-. Ahora y hasta octubre podremos plantear que los votos vertidos a la izquierda en las universidades deben unificarse para repetir resultados y meter diputados en el Parlamento”.

Es posible que el impulso del triunfo en las agrupaciones estudiantiles que integran el FIT aporte votos de extracción estudiantil a una elección que, si bien cuenta con menor fragmentación de la izquierda, se disputará entre el FIT, la agrupación de Luis Zamora y Camino Popular, que es en realidad un híbrido de carácter izquierdizante. Marea Popular, que integra al frente Camino Popular que dirige Claudio Lozano y cuyo lema es “caminá distinto”, perdió los cuatro centros de estudiantes que dirigía y que constituían los únicos baluartes que podían exhibir. Quizás por eso su dirigente Martín Ogando haya señalado en su muro de Facebook que la derrota en las facultades constituía “el momento más difícil de nuestra organización”. Itaí Hagman, candidato a diputado del frente de Lozano, deberá enfrentar una campaña luego de un duro golpe a su militancia.

El grupo de Zamora no interviene en las facultades -ni en casi ningún ámbito de masas-. La única fracción que podría intentar aprovechar un eco de sus triunfos es el FIT, que postula a Jorge Altamira en la ciudad de Buenos Aires. Pero no se trata solamente de interesantes resultados en facultades hiperpolitizadas como Sociales o Filosofía y Letras. En Derecho, una facultad compuesta por un estudiantado masivo y que está exenta de la discusión política cotidiana como en esos otros centros estudiantiles, la izquierda sacó un ocho por ciento de los votos. Podría sonar un guarismo disminuido en relación a los otros triunfos estudiantiles, pero sin embargo esa cifra marca un dato de la realidad social: desde hace varios años, los porcentajes que la izquierda obtiene en la Facultad de Derecho se repiten con leves variantes en las elecciones políticas generales. Si este comportamiento social se repitiera nuevamente, Jorge Altamira se convertiría en uno de los diputados nacionales que obtendrá el Frente de Izquierda en octubre. Una elección que los militantes del Frente de Izquieda -que este sábado por la mañana se mojaban las zapatillas sin dejar de cantar para expresar su celebración por los resultados en las facultades- aguardan con ansias y cautela, pero también con optimismo.

Neuquén: la debacle moral de los progres K

La jornada del miércoles 28 de agosto de 2013 será recordada como aquella en la que la progresía local bajó un escalón más en su imparable descenso moral hacia los subsuelos. En la ciudad de Neuquén la Legislatura debía votar la aprobación o no del decreto del gobernador Jorge Sapag que habilitaba el acuerdo entre YPF y la empresa estadounidense Chevron, anunciado e impulsado por la presidenta Cristina Fernández y su gobierno. Para resguardar la sesión parlamentaria de la movilización popular -planteada por la realización de un paro activo en la región-, el día anterior la ciudad amaneció vallada y dos barrios circundantes a la Legislatura fueron militarizados. El miércoles, día de la sesión, se realizó la movilización, que fue reprimida constantemente durante más de cinco horas. Hubo detenidos y contusos y hasta un manifestante herido por una bala disparada por un arma de fuego policial. Dentro del parlamento, kirchneristas y miembros del Movimiento Popular Neuquino (oficialista) aprobaron el acuerdo. En las tribunas parlamentarias se habían instalado unas barras favorables al acuerdo que llegaron a cantar: “¡Viva Chevon!” -textualmente-. Los diputados neuquinos no se pronunciaron sobre la represión. En el ámbito nacional, el kirchnerismo guardó silencio -y festejó en sus búnkeres de Puerto Madero-. La progresía, otra vez, calló.

El acuerdo allanado implica la asociación de la parcialmente nacionalizada YPF con la empresa estadounidense Chevron -hecho que implica una reprivatización de la compañía petrolera-. Chevron ha sido demandada por el gobierno ecuatoriano por el desastre ecológico que sus prácticas produjeron en la Amazonia, donde 500 mil hectáreas verdes fueron contaminadas. ”El desastre natural es cinco o seis veces superior al derrame del petróleo de British Petroleum en el Golfo de México, y 30 veces superior al derrame de Exxon Valdez en Alaska”, describió hace pocos días el presidente ecuatoriano Rafael Correa. La justicia ecuatoriana condenó a Chevron a pagar 19 mil millones de dólares como indemnización por sus crímenes ecológicos. La empresa se fugó y no se sometió a la justicia. Encontró refugio en la Argentina, donde su Corte Suprema no hizo lugar a un embargo sobre sus bienes como paso previo al acuerdo YPF-Chevron. Un dato notable para aquellos kirchneristas que se llenan la boca hablando de la “Patria Grande” y de la “unidad latinoamericana”.

La petrolera estadounidense llevará adelante la extracción no convencional de hidrocarburos en la zona conocida como Vaca Muerta. Éste es el nombre amable que tiene el método del fracking, prohibido en Francia, Bulgaria y varios estados de los Estados Unidos. La semana pasada se realizaron movilizaciones en Washington y Londres contra el fracking, una práctica altamente contaminante y destructiva. “El fracking es la búsqueda de hidrocarburos mediante la fractura de la roca madre, que se encuentra muy por debajo de la tierra, mediante la presión de agua y químicos. Este método permitiría encontrar los restos de hidrocarburos en la vieja roca que antes los proveía. Es como sacarle los últimos jugos a la tierra”. Así describe el método el abogado ambientalista Enrique Viale. La violencia de la presión del agua quebraría las resistencias de la roca subterránea, usando grandes cantidades de ese líquido vital. La destrucción ecológica es doble, ya que la actividad no sería contaminante del subsuelo neuquino, sino que agotaría los recursos acuíferos de la cuenca del río Limay.

No sólo eso.

El acuerdo entre YPF y Chevron contiene cláusulas secretas. La justicia ordenó a YPF que diera a conocer los términos del acuerdo, pero la empresa se negó a hacerlo aduciendo el carácter de “acuerdo entre privados” -negando la cualidad “estatal” de la compañía, tan cacareada por el gobierno- y que podría ocasionar perjuicios en su cotización en bolsa. Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero y candidato del Frente de Izquierda, aseguró que el secretismo se debía a la existencia de una cláusula según la cual YPF absorbería el pasivo ambiental de la asociación, es decir que, en caso de desastre ecológico, la parte argentina se haría cargo de las costas de una posible demanda. Los términos coloniales del acuerdo con la empresa estadounidense desmienten cualquier viso nacional del gobierno de la presidenta Cristina Fernández.

La sesión parlamentaria neuquina fue escandalosa. En las tribunas barras cantando “¡Viva Chevron”, en los curules el impedimento de debate ya que sólo se podría votar por sí o por no. Esto no impidió que un grupo de ocho legisladores se retiraran de la sesión, sobre un total de 35 entre los que se cuentan los del Frente para la Victoria, el MPN, el Frente Grande y Nuevo Encuentro, que dieron rienda libre al acuerdo colonialista. Antes de retirarse, el diputado Raúl Godoy, del Frente de Izquierda, y la diputada Beatriz Kreitman, de la Coalición Cívica, desplegaron una bandera estadounidense que dejaron expuesta a los demás legisladores para recordarles en nombre de los intereses de qué país estarían trabajando.

Antes, toda la jornada había sido marcada por la represión a la movilización enmarcada en el paro activo decretado por la CTA regional y que contó con el acatamiento de trabajadores estatales, docentes, ceramistas, de la Federación Universitaria del Comahue y de numerosos estudiantes secundarios, además de las comunidades mapuche que exigen que no se implemente el fracking en sus tierras ancestrales. Había más de cuatro mil manifestantes, que equivalen a una manifestación de 60 mil personas en la Capital Federal. La represión fue constante. Las comunicaciones telefónicas que este cronista pudo establecer con manifestantes tenían como fondo el ruido de las balas policiales. Hubo numerosos detenidos y heridos por balas de goma y por las consecuencias de los gases lacrimógenos que acosaron a la manifestación sin descanso. Testigos señalaron que en cierto momento los policías empezaron a disparar con sus pistolas 9 milímetros. Rodrigo Barreiro, de oficio docente, fue internado en un hospital de la capital neuquina por una herida de bala de plomo. A ese punto llegó la represión para lograr la aprobación de un acuerdo infame.

Hubo silencio. Silencio en las guaridas de Hugo Yasky, secretario general de CTERA -gremio que agrupa a los docentes de todo el país-, frente a la represión que sufrieron sus compañeros en la Patagonia. Silencio en los organismos de derechos humanos que adhieren al kirchnerismo, transformados en meros cotos de celebración en actos oficiales de las medidas gubernamentales -triste destino que la coptación gubernamental logró en personas, por ejemplo, como Estela de Carloto-. Silencio en los “pibes por la liberación”, que se movilizaron a favor de la ley de medios pero que no emitieron ni un solo comunicado repudiando las balas policiales. Silencio entre los progres. Silencio.

Trataba de entender el fenómeno del derrumbe de la progresía local conversando con mi amigo Martín Quintana. “Están aprisionados por la potencia redentora del ‘pero’”, me decía Martín, que vive en Corrientes, escribe, es docente y tuitea bajo el nick @fragmentario. “Esa partícula les permite olvidar lo que viene detrás de ella: ‘Reprimen en Neuquén por un acuerdo colonialista pero impulsaron el matrimonio igualitario’. O: ‘Se asocian con el fascista Gildo Insfrán en Formosa pero están en contra de la corporación Clarín’. El ‘pero’ es muy potente. Produce que la parte anterior a la partícula confrontativa sea olvidada y se sientan bien entonces con sus conciencias”. Quintana tiene razón. Sin embargo, no es sólo un asunto lingüístico. Es peor. El sino de los progres es su adhesión a un pragmatismo vergonzante en nombre de un proyecto “nacional y popular” ficticio, que no ha realizado transformaciones estructurales y que mantiene los privilegios de los que nunca los perdieron a los que suma a una nueva burguesía emergente que obtiene nuevos beneficios de la mano del poder gubernamental. Es su enlodamiento en una política que se postula como popular, pero que cuenta con muertos por balas policiales de gobiernos kirchneristas en esta década ganada para imponer sus planes. Es la transformación de los biempensantes en aplaudidores sin escrúpulos de la entrega incesante de estos años. Es el derrumbe moral sin escalas hacia el fondo de los fondos.

El acuerdo con Chevron -descripto por el viceministro de Economía Axel Kicillof como “un carnaval”- ha sido aprobado a través de la represión policial y de las balas de plomo. Los progres que lo festejaban están a un paso del desbarranco total y definitivo. Sin embargo, tienen una última oportunidad. La de abandonar la farsa del relato kirchnerista en función de los principios que alguna vez sostuvieron. Si no es así, serán condenados -bajo admonición de ser sometidos al peso implacable de la verguenza ajena- a no hablar de política frente a sus hijos ni frente a los hijos de sus hijos durante las próximas décadas, cuando el relato kirchnerista sea caracterizado como lo que es: una farsa que engañó a la progresía y le hizo aplaudir la entrega.

“Gracias, Gildo”

Las formas de reaccionar ante las derrotas suelen mostrar ciertos aspectos del alma humana que, de otra manera, se mantendrían ocultos en lo recóndito. Es posible apreciarlo en los momentos más cotidianos de la existencia, desde el momento en que se pierde un partido de fúbol hasta cuando el equipo de preferencia de un hincha se va a “la B”. Cuando un niño sufre no haber ganado el juego que realizaba. Cuando una presidenta pierde una elección.

El domingo 11, luego de que se constatara que el Frente para la Victoria había perdido casi cinco millones de votos en las internas PASO desde la última elección, la presidenta Cristina Fernández brindó un deslucido discurso que se caracterizó por la confusión y la no admisión de la derrota. Se debe remarcar que tal resultado debía ser endilgado a la jefa del Poder Ejecutivo ya que ella misma se había puesto al frente de la campaña, en un intento de nacionalizar la elección. El miércoles por la tarde, ciertas cosas cambiaron. No todo cambio implica que se cambie para mejor.

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Los socios políticos del padre de una víctima del poder

“Yo quiero que me saquen muchas fotos, que me filmen y que lo pongan en todos los medios y que la senadora Rojkés salga a decir que estoy con mis socios políticos. ¡Sí, señora! Estoy con mis socios políticos, porque mis socios políticos son gente de verdad, gente honesta, gente de bien, no como los socios que tienen ellos: narcotraficantes, homicidas, ladrones, corruptos… Orgullo me da tenerlos a ustedes, que son mis hermanos de lucha, que desde el 26 de febrero de 2006 vienen caminando las calles con la foto de Paulina”. Con estas palabras intervenía el martes 6 de agosto Alberto Lebbos en el acto de cierre del Frente de Izquierda de Tucumán. Lebbos es un hombre que busca justicia por el asesinato de su hija Paulina, ocurrido en 2006.

El domingo en su programa Periodismo para Todos, el periodista Jorge Lanata recorrió el caso de Paulina, una mujer de 23 años cuyo cadáver fue hallado trece días después de su desaparición ocurrida el 26 de febrero de 2006. Aquella tarde comenzaba una trama siniestra -que hoy continúa- de ocultamiento y protección de los homicidas, que se sospecha forman parte de esa casta conocida como “los hijos del poder” tucumano. De los “hijos del poder” de la provincia que gobierna como si fuera un feudo, José Alperovich, quien es conocido por el mote de “El Zar”. Su mujer es la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Rojkés de Alperovich, tercera en la sucesión presidencial y presidenta del Partido Justicialista tucumano. Luego del programa de Lanata, Rojkés salió a denunciar a Alberto Lebbos por haber armado “una operación política” que beneficiaria a sus socios. El último martes Lebbos los presentó: se trata de aquellos que lo acompañaron desde la primera movilización que demandaba que se esclareciera el crimen de su hija.

Los hechos son los siguientes. Paulina Lebbos fue a bailar con unos amigos al boliche “Gitana”, en la capital tucumana. Luego de separarse aquella madrugada de febrero de 2006, no se la volvió a ver con vida. El 11 de marzo dos hermanos que iban a su trabajo rural montados en sus caballos descubrieron el cadáver entre las malezas al costado de una ruta. Lo denunciaron a la policía, que los obligó a mentir para ocultar su propia no sólo ineficacia, sino deliberada acción para demorar el hallazgo de ese cuerpo. Debido al dudoso accionar policial, existe una causa judicial que investiga a los oficiales a cargo del operativo. Todos ellos fueron ascendidos por el gobierno de Alperovich.

Los fiscales a cargo de la investigación de la muerte de Paulina sólo entorpecieron la causa. El primer fiscal Carlos Noguera tuvo que renunciar al expediente luego de que la prensa lo fotografiara saliendo del domicilio particular de José Alperovich. Su reemplazante Carlos Ramón Albaca sólo puso piedras en el camino de la justicia. Es decir: no permitió que el querellante Alberto Lebbos tuviera acceso al expediente durante siete años, durante siete años no envió las muestras de ADN encontradas en el cadáver de Paulina para que sean analizadas, en siete años no realizó ningún careo ni llamó a testificar a personas que se acercaron a la fiscalía a aportar pruebas y no profundizó -según consta en el informe realizado por el delegado del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (PRONALCI), Bernardo Lobo Bugeau- ninguna de las hipótesis del homicidio. Finalmente, Albaca también fue separado de la investigación. ¿Qué buscaban proteger?

Varias de las hipótesis apuntan a los “hijos del poder” tucumano y una de ellas involucra directamente a “un hijo de Alperovich y otro hijo de Kaleñuk”, según relató un testigo. Se refería a uno de los hijos del gobernador y al hijo de Alberto Kaleñuk, secretario privado de Alperovich. Según esta hipótesis, Paulina habría muerto en una fiesta, escondido su cadáver en un freezer y tirado luego de días su cadáver al costado de la ruta. La casa de fin de semana donde se habría llevado a cabo la fiesta fatal fue desmantelada ladrillo por ladrillo a fines de 2006. Hoy sólo quedan los cimientos. Una obra maestra de la demolición de cualquier posibilidad de encontrar los rastros del crimen.

¿Son esos “hijos del poder” tucumano los culpables del asesinato de Paulina Lebbos? Lo deberá investigar el fiscal Diego López Ávila, recientemente designado al frente de la causa judicial. Deberá enfrentar lo que el delegado del PRONALCI describió así: “Estamos en presencia de otras fuerzas y de otros poderes, muy distintos de los que confluyen azarosamente en un hecho, tornándolo a este confuso e impenetrable; y es claro que la acción de la justicia ha sido reprimida y censurada, una vez más, en orden a otros intereses y otros valores que esgrimen y hacen valer quienes tienen poder real”.

Durante estos siete años sólo la izquierda acompañó movilización tras movilización a Alberto Lebbos. La senadora Rojkés denunció a los “socios políticos” del padre de Paulina tratando de que se los identifique, quizás, con Lanata, con Magnetto, con aquella oposición destituyente a la que acusa ante cada agachada el oficialismo. Sin embargo, sólo la izquierda acompañó a Lebbos en su lucha contra la impunidad todos estos largos años.

“Es un orgullo enorme que me inviten al acto del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, porque es un acto de la gente, de la juventud que lucha por la verdad, por justicia, que no claudican jamás”, dijo Lebbos en el acto del martes. Esta columna cumple con el deseo de Lebbos -expresado en el primer párrafo- de difundir la identidad de sus verdaderos socios políticos en la lucha contra la impunidad.