Por estos días el Congreso de la Nación debate diversos proyectos de ley para la creación de programas de primer empleo destinados a promover la inserción laboral de los jóvenes en todo el país.
Dichas iniciativas, que han sido presentadas por legisladores de todas las bancadas, e incluso por el propio Poder Ejecutivo, plantean la necesidad de generar empleo registrado y facilitar la transición de los jóvenes hacia el mundo del trabajo.
Seguramente motiva estos debates la preocupación por el alto nivel de informalidad que presenta el mercado laboral en nuestro país y la especial exclusión que viven las personas entre 18 y 29 años, con particular atención en algunas realidades regionales, donde el desempleo, el subempleo y el trabajo no registrado se expresan con mayor crudeza.
Sin embargo, esta preocupación, compartida y comprensible, oculta otro debate también urgente que ha recobrado impulso en los últimos meses a partir de la aprobación de leyes provinciales y ordenanzas municipales específicas: la inserción laboral del colectivo trans.
Si bien es cierto que en los últimos años el colectivo trans ha avanzado sustancialmente en materia de derechos formales —la aprobación de la ley de identidad de género en 2012 es prueba de ello—, las situaciones de discriminación, vulneración de derechos y exclusión siguen impactando de lleno en travestis, transexuales y transgéneros en toda la Argentina. Continuar leyendo