Por: Esteban Paulón
Por estos días el Congreso de la Nación debate diversos proyectos de ley para la creación de programas de primer empleo destinados a promover la inserción laboral de los jóvenes en todo el país.
Dichas iniciativas, que han sido presentadas por legisladores de todas las bancadas, e incluso por el propio Poder Ejecutivo, plantean la necesidad de generar empleo registrado y facilitar la transición de los jóvenes hacia el mundo del trabajo.
Seguramente motiva estos debates la preocupación por el alto nivel de informalidad que presenta el mercado laboral en nuestro país y la especial exclusión que viven las personas entre 18 y 29 años, con particular atención en algunas realidades regionales, donde el desempleo, el subempleo y el trabajo no registrado se expresan con mayor crudeza.
Sin embargo, esta preocupación, compartida y comprensible, oculta otro debate también urgente que ha recobrado impulso en los últimos meses a partir de la aprobación de leyes provinciales y ordenanzas municipales específicas: la inserción laboral del colectivo trans.
Si bien es cierto que en los últimos años el colectivo trans ha avanzado sustancialmente en materia de derechos formales —la aprobación de la ley de identidad de género en 2012 es prueba de ello—, las situaciones de discriminación, vulneración de derechos y exclusión siguen impactando de lleno en travestis, transexuales y transgéneros en toda la Argentina.
Tanto impactan estas formas de la violencia que en la actualidad el colectivo trans, como ningún otro colectivo social, presenta una expectativa de vida de tan sólo 42 años. Y gran parte de las 12 mil personas trans que se estima que viven en nuestro país están en situación de pobreza y pobreza extrema.
Asimismo, la tardía reglamentación del acceso a la salud integral del colectivo trans, que se produjo en mayo de 2015, ha demorado la implementación de los servicios necesarios para mejorar la calidad de vida de travestis, transexuales y transgéneros en nuestro país.
Salvo contadas excepciones, entre las que se encuentra la provincia de Santa Fe, que por impulso de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (Attta) cuenta con servicios hormonales y quirúrgicos desde 2007, el acceso a un proceso saludable de construcción de la identidad de género es una realidad lejana para la mayor parte del colectivo trans.
En relación con el mundo del trabajo, diversos estudios realizados por entes públicos y organizaciones sociales han determinado que alrededor del 90% de la población trans no accede al mercado formal de empleo. Y dentro del segmento de las mujeres trans, una proporción similar ha encontrado en el trabajo sexual la única vía de subsistencia.
Claramente, la discriminación social hacia las personas trans sigue expresándose en la negativa de los empleadores a tomar empleados de este colectivo, negativa basada en prejuicios discriminatorios muy arraigados que aún no hemos revertido. Es por ello que se deben tomar urgentes medidas afirmativas que nos permitan superar las barreras que aún hoy existen para la inclusión real.
En este sentido, la aprobación de la ley de cupo trans en provincia de Buenos Aires, en 2015 (pendiente aún de implementación), la de una ordenanza similar en la ciudad de Rosario (la semana pasada) y la media sanción que obtuvo esta iniciativa en la provincia de Salta (el pasado 17 de mayo), han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en esta materia.
Pero el cupo trans por sí solo no resuelve el problema de la discriminación hacia este colectivo. El cupo debe ser una herramienta más en la cual el Estado demuestra claramente su voluntad de avanzar hacia la inserción laboral plena de travestis, transexuales y transgéneros, y debe servir como incentivo para que el sector privado también asuma un claro compromiso y haga su parte. Sólo de ese modo podremos garantizar que todas las personas desarrollen su propio proyecto de vida autónoma en condiciones de igualdad.
La inserción social y laboral del colectivo trans es una tarea de todos. El empleo en el Estado (a través del cupo), en el sector privado (a través de los programas de responsabilidad social empresaria e incentivos) y la posibilidad del autoempleo deben estar disponibles para todas las personas, pero especialmente para aquellos sectores de mayor exclusión, entre los cuales, sin dudas, el de las personas trans se están llevando la peor parte.