Traspaso policial: autonomía porteña y fortalecimiento federal

El traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires comienza a resolver una de las deudas más significativas ante la incompleta autonomía porteña. Autonomía que nada tiene que ver con un partido o una parcialidad política, sino que refiere a la creación y consolidación del Estado de la Ciudad, que nos involucra y comprende a todos los porteños.

En 1994, la reforma de la Constitución Nacional confirió autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, y el traspaso de la Policía Federal se enmarca en la necesidad de completar ese proceso que manda el artículo 129 de la Carta Magna: «la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción».

Esta decisión es de vital importancia para la vida de los porteños, porque es definitorio para un Estado el manejo de la fuerza pública a través de la policía y la resolución de conflictos a través de la administración de justicia. En este sentido, el traspaso de la Policía coloca las decisiones sobre la seguridad ciudadana bajo la órbita de la representación política autónoma de la Ciudad.

Avanzamos en un proceso de autonomía que progresa también en la cercanía con el vecino y fomenta la participación ciudadana, gracias a una dinámica descentralización de funciones del Gobierno y a la generación de ámbitos de representación política en los barrios y las Comunas.

Tanto el Presidente de la República como el Jefe de Gobierno han planteado históricamente esta necesidad de autonomía, por lo que más que la consecución de una promesa de campaña, hoy sobresale la decisión política, que permitirá inexorablemente una mejor coordinación de esfuerzos en pos de una estrategia de seguridad integral. La eficiencia en conseguir mayores márgenes de seguridad requiere de un liderazgo político enérgico y responsable.

Más de 20 mil hombres, 54 comisarías y dependencias de la Policía Federal responderán ahora al Gobierno de la Ciudad, que se compromete a respetar antigüedad, obra social, retribución y jerarquía de sus agentes, así como sus valores y su sentido de pertenencia. El traspaso “con recursos” es también una muestra de esfuerzo y responsabilidad: comenzamos a dejar atrás aquel federalismo “torcido” que concentraba recursos en la caja nacional, mientras se deshacía en la responsabilidad de cumplir con el vecino.

Fortalecer la autonomía de la Ciudad es, en definitiva, fortalecer el sistema federal.

El verdadero miedo es perder la red de la impunidad

En psicoanálisis básico, se define a la proyección como un mecanismo de defensa por el que el sujeto atribuye a otras personas los propios motivos, deseos o emociones. Este parece ser el recurso que está brotando en el Gobierno de salida, por el temor de no contar con los resortes que garantizan su impunidad.

Así, el verdadero miedo no sería una supuesta vuelta a la década de los noventa, una ola privatizadora o la pérdida de derechos, lo que intenta diseminar absurdamente el kirchnerismo. La amenaza real para quienes dejen de ocupar posiciones privilegiadas en el Estado es que, finalmente, aterrice una Justicia independiente, profesional e imparcial. Una república. Para todos.

El cambio que se viene, por el que apostó más del 60% de los argentinos, es un país en el que los funcionarios ya no cuenten con la protección de jueces o fiscales, en donde se termine la designación a dedo de los responsables de investigar causas sensibles. En el que se instituya un Consejo de la Magistratura fuerte e independiente, en el que los magistrados no puedan ser presionados con denuncias infundadas, ni queden impunes cuando no desempeñen bien su función. Un país en el que se acaben los nombramientos, los ascensos o las remociones motivados exclusivamente por la simpatía política, a través de un nuevo sistema de subrogancias. Continuar leyendo →

La molesta Justicia

Justicia para todos. Algo que pareciera no existir dentro de los planes y las políticas de este Gobierno nacional.

Hace años que vemos cómo a la Justicia se le intenta recortar su independencia. Es una molestia para muchos funcionarios nacionales, que buscan nuevas formas de atacar a uno de los tres poderes del Estado, según nuestra Constitución Nacional.

Cuando a la Presidente y a aquellos que están en el poder junto a ella les excede el control que pueden tener sobre las investigaciones judiciales, van por quienes se interponen en sus caminos. Ejemplos lamentablemente sobran: desde el apartamiento de Claudio Bonadio por querer investigar a Máximo, el hijo presidencial y ahora candidato, hasta el caso del fiscal José María Campagnoli, que resonó en las calles de todo el país, uniendo a los argentinos en un reclamo por una Justicia independiente.

Convertido el Congreso en una escribanía, ahora van por la Justicia. Sancionaron varias leyes que apuntan a reformar el sistema judicial, pero no se pueden sacar el sabor amargo de la declaración de inconstitucionalidad de varias de ellas.

El kirchnerismo continúa planteando excusas y supuestos tecnicismos sin fundamento, pero lo que los argentinos queremos es la verdad. Continuar leyendo →

Una exigencia de toda la sociedad

Cada 31 horas en nuestro país se suman nuevos nombres de mujeres sometidas, humilladas, maltratadas y muertas.

#NiUnaMenos es un grito de indignación frente a las violencias de género y las políticas para su prevención, sanción y erradicación. Es un llamado de alarma a una sociedad que parece haberse acostumbrado al femicidio: cientos de mujeres desechadas en bolsas de basura, incineradas y hasta enterradas vivas en un descampado. 

En el día de hoy marcharé junto a la “Red de Hombres por la Igualdad” porque estoy convencido de que, como varones, debemos alzar la voz para cuestionar nuestras conductas diarias. Es nuestro compromiso contribuir a una toma de conciencia que deje de culpar a las víctimas, que rechace y repudie cualquier tipo de violación a los derechos de las mujeres.

Las violencias son las expresiones más contundentes de desigualdad. En este sentido, es necesario comprender que resultan de contextos sociales injustos y no de una batalla donde hay buenos y malos. Juntos debemos revisar nuestros juicios y reinterpretar nuestras actitudes.

Periodistas, artistas, escritores y políticos, entre otros, estaremos unidos demandando al Estado políticas articuladas e integrales para detectar y eliminar este flagelo. Por un lado, se requieren estadísticas oficiales que se constituyan en indicadores concretos, y por otro, recursos para diseñarlas, implementarlas y monitorearlas.

Se trata de un asunto público que nos involucra a todos como sociedad. En busca del trato igualitario para las mujeres, la deslegitimación de la violencia contra ellas, la remoción de patrones culturales y el acceso a la justicia, es que miles de personas se concentrarán frente al Congreso.

#NiUnaMenos tiene una sola bandera: desterrar la impunidad, el silencio y la indiferencia con los que la sociedad y el sistema judicial enfrentan los crímenes de mujeres.

La definitiva devaluación de la palabra oficial

El recurso comunicacional de la era kirchnerista fue tapar con palabras que sonaban a republicanismo y democracia los desastres que catalizaron con leyes y acciones. Desarmaron las instituciones, resquebrajaron el republicanismo y defendieron una democracia sin oposición.

Ejemplos sobran. Con la Ley de Medios presentaron como objetivo ampliar la difusión de ideas, pero ver al Jefe de Gabinete en una conferencia de prensa romper un artículo de un diario o mirar 678 en la Televisión Pública, financiado con el dinero de todos, hace ruido. Continuar leyendo →

Acoso escolar: síntomas de la violencia social

La sucesión de casos de violencia en el ámbito escolar conocidos recientemente nos lleva a repensar las formas que adopta este fenómeno. Comprenderlo implica un análisis que trascienda la conducta individual y que busque sus respuestas en los comportamientos que tenemos como sociedad.

El líder, la gorda, el feo, el ganador y la cheta son algunas de las etiquetas que se convirtieron en determinantes del éxito o fracaso en los diferentes niveles de socialización de nuestra cultura. En este marco, la complejidad de la violencia escolar supera los límites de la escuela y requiere deconstruir los roles naturalizados del dominador como del dominado y desactivar las relaciones invisibles de subordinación que acompañan las interacciones diarias.

Conocidas son las teorías y estudios que analizan las causas múltiples y variadas de esta realidad; no obstante el origen de las conductas violentas va más allá de una forma agresiva de solucionar un conflicto o de la imposibilidad de apelar al diálogo para su resolución. Vivimos tiempos caracterizados por la disolución de las formas más elementales de coexistencia social y que nos exigen una nueva forma de entender la paz.

Resulta incuestionable que los medios de comunicación constituyen potentes instrumentos de creación y recreación de nuestras identidades convirtiéndose así en modelos de referencia para la sociedad. Las pantallas de cine, la televisión, internet o los videojuegos nos invaden con todo tipo de imágenes violentas favoreciendo, reforzando y perpetuando la conducta agresiva.

En la actualidad, los medios de comunicación nos alertan cada día con mayor intensidad sobre los casos de acoso escolar. Sin embargo, su tratamiento resulta inadecuado al generar una percepción distorsionada y trivial del problema. Asimismo, hoy la tendencia radica en acompañar estas noticias con testimonios de videos realizados por los mismos productores de violencia gestando así una doble victimización.

Visibilizar las situaciones de acoso escolar nos obliga a abordarlas de manera multidisciplinar y a crear estrategias de intervención que contribuyan a una convivencia más armónica y solidaria.

En nuestro país existe la Ley 26.892 de “Promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas”, que aún no fue reglamentada. En ese sentido y forzada por la opinión pública se lanzó la Guía Federal de Convivencia Democrática con intenciones de orientar a las instituciones educativas y a los docentes ante esta problemática.

Debemos ser conscientes de la importancia de propagar la tolerancia hacia lo distinto instaurando un cambio de actitud que adopte la diferencia y la diversidad como un valor en una escuela que se proclame como constructora de una sociedad más justa, menos violenta y más participativa.

La mala conducta de los funcionarios

Las acciones de los funcionarios públicos importan. No solamente como un dato de color sobre sus últimas vacaciones, dónde viven, sus amistades, sino porque son el motor del Estado y quienes administran los recursos de todos. Sus conductas, intereses y las influencias personales que pueden recibir y ejercer desde su trabajo determinan también la calidad institucional.

En estos tiempos y con mayor frecuencia, la realidad nos abre los ojos sobre el impacto de la corrupción en la vida cotidiana: el déficit energético y la crisis del sistema de transporte por la falta de control son algunos ejemplos. Pero, también ver parte del entramado de negocios con dinero que debería destinarse a servicios públicos para mejorar la calidad de vida de la gente, hacen que siga subiendo la temperatura social y bajando la confianza en el país.

Esta realidad, lamentablemente, nos recuerda al final de la época menemista y el kirchnerismo logró reeditar ese escenario, pero con un ingrediente adicional: se habían podido crear mecanismos de control para prevenir, investigar y sancionar hechos de corrupción, que este gobierno se encargó de desmantelar. Lentamente el kirchnerismo fue tomando los distintos organismos de control, modificando las normas y aprovechando los baches preexistentes para armar una suerte de red de salvataje personal. Lograron no ser iguales ante la ley y tener privilegios especiales para no responder por sus acciones.

De esta forma, los funcionarios tienen influencia directa o indirecta sobre los organismos que deben controlarlos, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas vacante hace cinco años; el Consejo de la Magistratura ocupado en disciplinar a los jueces y la Procuración General que hace lo propio con los fiscales “díscolos”, como Campagnoli y su equipo, por citar algunos casos.

Este esquema se repite a nivel normativo, pues sigue sin sancionarse una Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Ética Pública se convirtió en un compendio de buenas intenciones, al modificarse los requisitos de las declaraciones juradas y quitarse a la autoridad encargada de recibir denuncias, prevenir y controlar conductas antiéticas, nunca conformada por problemas políticos, pero que podría haberse mejorado y no amputado. Entonces, tenemos sospechas, podemos hacer denuncias, pero no hay ente que investigue y sancione. No hay canales institucionales que den garantía de control real.

Esto sucede a contramano de lo que ocurre a nivel internacional pues mientras que la Argentina sigue en los peores puestos del Índice de Percepción de la Corrupción ocupando el peldaño 106 de un total de 177 países, Uruguay se queda con el lugar 19. Pero también el Gobierno Nacional queda mal parado en la comparación respecto del nivel subnacional, que tiene un catálogo de provincias con leyes de acceso a la información pública y de ética pública, como por ejemplo, la Ley N°4895, promulgada recientemente por el Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.

Este escenario es el indicio de que la etapa kirchnerista está llegando a su fin y que se abre la oportunidad de buscar alternativas nuevas, alejadas de las tradicionales que siguen haciendo mella en la confianza y en los recursos de los argentinos, tirando por la borda nuestra potencialidad. Es hora de animarnos a apostar por un nuevo modelo de país.

Actualizando el subte

El subte, su funcionamiento y su tarifa son temas cotidianos de miles de personas que viajan todos los días por la Ciudad. A fines de 2012, decidimos hacernos cargo del subte, después de una deplorable gestión del gobierno nacional que dejó en un grave estado de abandono a este medio de transporte. La política de transporte del kirchnerismo fracasó estrepitosamente. Fue esa política la que llevó a la Legislatura porteña a aprobar una ley declarando al subte en estado de emergencia, debiendo realizarse una serie de obras imprescindibles que ya se están haciendo y se prevén a futuro.

Hoy se busca cumplir con la responsabilidad que asumimos desde la Ciudad para proveer un mejor servicio y una red funcional de transporte a la gente. Para ello es necesario revertir la política nacional de desinversión en materia de transporte y generar más recursos para invertir en las mejoras de este servicio, en beneficio de todos. A partir de este mes los usuarios de subte contarán con un sistema de tarifa escalonada, con descuentos de hasta el 40%. Este tipo de tarifa, a diferencia de la actual, beneficia a quienes más usan el subte: los trabajadores y los estudiantes. Es decir, si viajás más, pagás menos.

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Estallidos y turbulencias

Este fin de año la temperatura social en la Argentina alcanzó picos extremos, no por el cambio climático, sino producto del corrimiento del velo que deja ver que la “década ganada” es beneficio exclusivo para las primeras figuras del kirchnerismo y una “década desvastada” para el país. Por el dolor de ver que el bienestar del que disfrutan unos pocos está apoyado sobre el creciente sufrimiento de la gente.

Diciembre 2013 fue atípico, pero sintomático. Desde 2001 que no ocurría con tanta intensidad que frente a cada conflicto la respuesta fuera salir a la calle como consecuencia de la falta de credibilidad institucional, de explicaciones y soluciones reales.

En los primeros días el protagonismo fue de las protestas de efectivos policiales en 21 distritos del país -quedaron al margen Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y Santiago del Estero- que trajeron como consecuencia saqueos, cacerolazos, represión policial y más de una decena de muertos. El segundo turno se los llevaron los largos y extendidos cortes de luz que produjeron problemas de suministro de agua y al menos 13 muertos. La respuesta social se hizo escuchar con más de 250 cortes de calle sólo en Capital Federal.

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Por una Justicia al servicio de la gente

Al pensar en el Poder Judicial, se vienen a la mente imágenes de edificios laberínticos, oficinas colapsadas, papelerío, la necesidad de un traductor para entender qué hacer y disponer de plata y mucho tiempo -años tal vez-, para tener una respuesta. En pocas palabras, surge la idea de que la Justicia no es para todos. Esta percepción se confirma cuando vemos los resultados de la encuesta de Latinobarómetro de 2011: el 95,6% de los argentinos tiene algo, poca o ninguna confianza en la Justicia, siendo en este punto, el poder público menos exitoso. Entonces, las preguntas que naturalmente surgen son: si la Justicia está para garantizar los derechos constitucionales, actuar como contralor del Congreso y Ejecutivo, ayudar a resolver los problemas cotidianos, y todo esto para mejorar la vida de la gente, que es el fundamento de su existencia, ¿En qué está fallando? ¿Para quién es la Justicia?

Estoy convencido de que la Justicia es y tiene que ser no sólo un garante de la república haciendo equilibrio con los demás poderes, sino también un servicio para todos. Y es esta última tarea la que está incumpliendo. Nuestra Justicia, a nivel nacional, parece la del 1800, es arcaica. Es, en otras palabras, el único poder público que no se reformó a lo largo de los años –y eso que tuvo oportunidades- en ninguno de los dos planos claves: en la organización interna y en la gestión de los procesos. Esto, en la era de la tecnología de la información y la comunicación, parece impensado.

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