Con la doble indemnización, divorciarse es barato

Además de aumentar los costos laborales y reducir, por tanto, la demanda de trabajo, el proyecto de la doble indemnización es ridículo. Es ridículo porque lleva a extremos insostenibles.

Si se aprobara el proyecto por el cual las empresas deberán duplicar los montos indemnizatorios en caso de despidos durante los 180 días después de la sanción, nuestro país llegará al ridículo de que diez divorcios consecutivos sean más baratos que pagar las indemnizaciones.

Hagamos un supuesto doble. Por un lado, supongamos una empresa que inicia actividades con un capital de cien mil dólares (dólares, para hablar de una moneda fuerte) y capitaliza en forma acumulativa al 5% anual durante los primeros diez años de vida. Alcanzará el valor total, al cabo de diez años, de 162.889 dólares.

Supongamos que dicha empresa contrata el primer día a diez empleados, a los cuales les paga mil dólares (aproximadamente un salario industrial de 15 mil pesos). Supongamos que, al año diez, dicha empresa decide cerrar y pagar las indemnizaciones conforme al actual engendro que están proponiendo diputados y senadores de la oposición. Cada empleado de nuestro ejemplo debería recibir un sueldo por año, más los dos sueldos de preaviso. Doce sueldos. Multiplicado por dos, veinticuatro sueldos. Más uno de vacaciones y medio sueldo por aguinaldo ((10 + 2) * 2= 24 + 1 + 0,5= 25,5). Continuar leyendo

Los fabricantes de desempleo

Legisladores de la oposición y muchos comunicadores están proponiendo la prohibición de los despidos y la duplicación de las indemnizaciones en caso que las mismas sean convalidadas. A través de un proyecto de ley presentada por diputados kirchneristas se propone además la multiplicación de la industria del juicio y la burocratización en caso de despidos con causa o fuerza mayor. Las sanciones al empleador que intentara un despido multiplican los costos indemnizatorios y administrativos. En tren de demagogia irreal hay dos proyectos en el Congreso. Uno en el Senado que sólo prohíbe despidos por 180 días y otro en Diputados que prohíbe despidos, impone la doble indemnización hasta el 31 de diciembre de 2017.

Estas iniciativas lejos de beneficiar al trabajador lo perjudican. A quienes no están trabajando directamente las condenan a la pobreza más rígida e inmodificable. Los legisladores culposos por su falta de ideas para solucionar la pobreza y crear empleo no tienen mejor idea que convalidar el desempleo por generaciones.

Toda ley, todo reglamento que aumente los costos de contratación y desvinculación no hace otra cosa que disminuir la demanda de trabajo y favorecer la sustitución de trabajo por capital. Aumentar los costos laborales (gracias a estas medidas demagógicas) implica reducir la demanda de trabajo, excluir a los menos capacitados. Una medida cruel y despiadada disfrazada de falsa solidaridad.

Cuanto más costoso sea el contrato laboral mayor deberá ser la productividad del trabajador para ser contratado. Si el trabajador no es calificado inexorablemente perderá el empleo. El intento de proteger devino en fábrica de desempleo y exclusión.

Es necesario comprender que el concepto de costo laboral es bien diferente al concepto de salario. El llamado “costo laboral” incluye todos los impuestos y sobre costos derivados de la burocratización del contrato, la judicialización, y los riesgos derivados de la legislación. Esas supuestas protecciones incrementan los costos y por consiguiente reducen la demanda de empleo. Con ello reducen las posibilidades laborales de los pobres. Cuanto más regulación, menos trabajo. No más, menos. Es imprescindible comprender, también, que los costos laborales pueden bajar y al mismo tiempo ¡los salarios pueden subir!

El impuesto sobre el salario ronda entre el 40 y el 50% dependiendo de la actividad. Si consideramos costos de judicialización y conflictividad dicho “impuesto” puede llegar al 60%. Quiere decir que un salario promedio industrial del orden de $15.000 pesos brutos redunda en un salario en mano de $ 12.300 en tanto que el costo laboral que abona el empleador alcance los $22.725. Traduciendo el empleador paga $ 22.725 y el trabajador recibe $ 12.300. En el medio, impuestos, regulaciones, “salarios diferidos” (artilugio para denominar los supuestos beneficios jubilatorios y sociales), costos indenmizatorios, y supuestas protecciones.

No es casual que quienes proponen estas medidas jamás hayan pagado una quincena. Demuestra un desconocimiento total del mercado de trabajo su funcionamiento y los incentivos. En los últimos días muchos despidos se han acelerado sólo por los rumores de estas inútiles leyes curiosamente propuestas por quienes no generaron empleo privado desde 2011 hasta 2015.

Desde el nacimiento de la legislación laboral, políticos y sindicalistas se empecinaron en aumentar los costos laborales creando desempleo y marginación. Es el estado, en su intento pseudoprotector el que excluye.

Los salarios reales sólo pueden crecer si el trabajo es asistido con bienes de capital. Son las máquinas las que fortalecen la productividad del trabajador. Sin máquinas los salarios son necesariamente bajos. No hay grito sindical, huelga, legislación chamuyera, ni bravuconada política que pueda aumentar los salarios por obra de un decreto.

Si queremos disminuir los despidos, bajar el desempleo, aumentar los salarios reales y proteger de esa manera a los trabajadores nuestros diputados deberían pensar en generar incentivos a la inversión. Incentivos que no son subsidios ni protecciones sino un ambiente de negocios estable, impuestos bajos, y una razonable administración de justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Los trabajadores que se sientan “protegidos” por los anuncios de los legisladores del kirchnerismo deberían saber que “hay amores que matan”. El chamuyo mata y la demagogia excluye. Doce años espantando inversiones tienen como corolario la tremenda incertidumbre que estamos viviendo.

El artículo fue publicado originalmente en la web del Insituto Cato.

Macri y Arruabarrena en la misma trampa

En estos tiempos las similitudes entre Boca y la Argentina son llamativas. Okey, hay distancias, pero análogamente están en situaciones parecidas. Y sus gestores están cometiendo el mismo error. En el caso de Rodolfo Arruabarrena, el director técnico de Boca Juniors, está gestionando una crisis futbolística pensando en la gente, en los dirigentes, en los jugadores y posiblemente en los representantes. No está pensando en cómo tomar las posibles decisiones impopulares que sean necesarias. ¿Colgar a Agustín Orión?, ¿al Cata Díaz?, ¿a Fernando Gago?, ¿bajarle los humitos a Carlos Tévez mandándolo a banco para que vea que también es mortal? U otras decisiones fuertes.

Arruabarrena está respetando a esa vaca sagrada llamada hincha que paga su entrada, que sufre el trabajo de la semana, que necesita descargar sus frustraciones y otros credos religiosos que nos impusieron durante años. Humo en estado puro y de la más alta toxicidad.

En rigor, el hincha no es más que un asistente (muchas veces ignorante) sin derecho a formar o parar un equipo. No tiene tal derecho. No es cierto que su opinión es sagrada. Debe ser respetada, como todo, por supuesto, pero no tiene derecho a que su injuria sea una verdad religiosa ni su escupitajo un decreto. Es más, el gestor ni debería escuchar el aplauso o la reprimenda. Es nada más que un espectador. Si le gusta, que pague la entrada y si no, que mire en televisión programas de cocina los domingos a la tarde. Pagar la entrada, comprar el abono a un palco o una platea no dan títulos de nobleza. No convierten la pasión en razón, ni dan derecho a veto a nada. Continuar leyendo

El Gobierno alienta y naturaliza una inflación alta

Según todos los manuales de economía cuando la tasa de inflación anual supera el diez por ciento se considera “inflación alta”.

Diez por ciento es una tasa de inflación que durante toda la historia preocupó a todo el mundo. Independientemente que a los argentinos (especialmente) a sus gobiernos les guste y la disfruten, la inflación alta es siempre un problema.

La inflación licúa salarios, pulveriza esfuerzos y constituye un impuesto regresivo sobre las personas de menores ingresos. Los pobres no pueden defenderse del impuesto inflacionario. Lo pagan plenamente mucho más que los ricos. Además la inflación altera el sistema de precios, distorsiona inversiones y reduce la capacidad de ahorro. Necesariamente un país inflacionario se empobrece “pari pasu” la inversión deviene menor y menos eficiente.

El Estado es el único que se beneficia de la inflación y por eso la genera. Con inflación, el Estado recauda, sin legislar, un impuesto sobre los más pobres. Incluso, los gobernantes suelen culpar de la inflación a todos menos a ellos.

Lo cierto es que la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. El Estado crea inflación para recaudar sin que la gente se percate de ello. La causa de la inflación no hay que buscarla ni en los “comerciantes” ni en “los grupos concentrados” ni en los “especuladores”. La inflación es generada por la política expansiva del Banco Central que recibe órdenes del gobernante de turno.

La historia económica argentina del último siglo es la historia del fracaso económico debido a la inflación.

Un argentino que hoy tuviera 100 años, nacido en 1915, habrá pasado el 61% de su vida con inflación alta. Pero de esos 61 años con inflación superior al 10% en la Argentina habrá sufrido 17 años con inflación superior al 100% y 44 con inflación superior al 20%.

Sólo durante 39 años habrá tenido una tasa de inflación que le permitió ahorrar e invertir. Lamentablemente para nuestro anciano amigo 13 de esos 39 años sucedieron cuando tenía menos de 15 años y otros 8 cuando, en los noventa, cuando ya estaba jubilado.

Quiere decir que una persona que hoy tuviera 100 años pudo vivir en un país estable sólo en 16 años de su vida económicamente activa.

Un adulto de cincuenta años vivió con inflación alta (superior al 10% anual) el 78% de su vida. Le tocó sufrir la hiperinflación de 1989 justo a la mitad de su vida y sólo gozó de inflación baja durante 11 años (menos de tres mundiales).

Un niño que hoy tiene diez años ha soportado inflación elevada durante el 90% de su vida.

En cambio en Alemania, país pobre según el discurso oficial, un anciano de 100 años sólo sufrió inflación alta el 10% de su vida. Cuando de niño sufrió la peor hiperinflación del siglo XX.

Luego en los años 1946 y 1948 (post guerra) la tasa de inflación alcanzó 11 y 14% respectivamente.

Desde allí, la tasa de inflación alemana nunca superó el 5%. En los últimos 20 años no superó el 2% anual.

Alemania tuvo en los cien años de nuestro ejemplo muchos otros problemas. Y con sangre, sudor y muchas lágrimas los ha superado.

Nuestro país también sufrió problemas, pero lamentablemente parece que no hemos superamos ninguno. En especial, la soberbia de nuestros gobernantes

Los pobres deben pasarla bien

Aún sin considerar eventuales oscuras intenciones ligadas a la corrupción monetaria y al deseo del eterno mantenimiento en el poder podemos pensar que la intención del populismo en todas sus formas es que “los pobres deben pasarla bien”.

Para ello diseñan políticas públicas por las cuales transfieren recursos hacia el gasto destinado a hacer más placentera la vida de los sectores más desposeídos. 

Dichos programas se observan en todas las administraciones y son propuestos por todos los candidatos sin excepción.  Continuar leyendo

Ley de Abastecimiento: un proyecto subjetivo y soberbio

El proyecto de ley de abastecimiento llamado “Nueva Regulación de las relaciones de producción y consumo” es una muestra más de la petulancia de los gobernantes. 

Según el proyecto el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comercio, podrá:

Regir la  compraventa, permuta, locación de cosas muebles, obras, y servicios  – materias primas directas o indirectas y sus insumos – que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento así como otro bien o servicio que satisfaga necesidades  básicas orientadas al bienestar de la población. (art 1) Continuar leyendo

La pobreza como negocio político

Cabe preguntarnos, con tanto discurso progresista en favor de políticas “inclusivas”, “sociales”, “solidarias”, ¿cómo puede explicarse que todavía subsista la pobreza?

Eso tiene una única razón: la pobreza es un negocio político y patrimonial. El populismo es inimaginable sin pobreza. Los movimientos políticos populistas pierden mercado si no hubiera pobres a los cuales subsidiar y “enamorar”. No es casual que los populismos latinoamericanos hayan generado los tres factores determinantes en el crecimiento de la pobreza: inflación, pérdida de inversiones y pésima calidad educativa.

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CEDIN: ¿promesa, riesgo o trampa?

El Gobierno Argentino anunció el lanzamiento de dos instrumentos financieros tendientes a agilizar operaciones en el sector inmobiliario y a financiar inversiones en el área energética. El primero se llamará CEDIN (Certificado de Depósito Inmobiliario) y el segundo BADE (Bono Argentino para el Desarrollo Económico).

Ambos se financiarán mediante un amplio y generoso blanqueo impositivo. De esta manera, quienes adquieran el BADE (que será a dos años con una tasa del 4% anual) y/o suscriban el CEDIN deberán desempolvar dólares fugados en el exterior, colchón o caja de seguridad.

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Los controles de precios fueron y serán siempre un fracaso

El 25 de enero de 2013 en un discurso pronunciado en la Casa Rosada, la presidenta de la Nación dijo: “Está demostrado por el paso de la historia que obligar, acordar, esas cosas no sirven, es el propio usuario y consumidor el que tiene que hacer valer sus derechos“. Sin embargo el 4 de febrero, diez días después, el secretario Guillermo Moreno acordó un congelamiento de precios con las principales cadenas de supermercados.

Más allá de la abierta contradicción entre los dichos de la presidenta y el nuevo intento de “congelamiento” es necesario analizar tres cuestiones.

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Simpatía por la inflación

La inflación en sus comienzos es irrestiblemente atractiva. Los beneficios están bien localizados en un Estado que recauda impuesto inflacionario, en empresarios que esconden sus ineficiencias actualizando listas de precios y en políticos que muestras cifras nominales que inexorablemente siempre serán récords.

Por otro lado los costos están diseminados en actores que no se oyen. Los costos de transacción de jubilados, asalariados, desocupados, rentistas, son demasiado elevados para juntarse y ponerse de acuerdo. En las democracias, cada dos años, el descontento se puede expresar en votos.

Además la propaganda gubernamental, la mala teoría económica y los discursos públicos interesados esconden las verdaderas causas de la inflación y engañan a los perjudicados por ella.

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