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Cumbre sin derechos humanos

Desde el año 2005 no se realizaba una Cumbre de las Américas políticamente tan importante como la reciente en Panamá, no sólo por el hecho ya muy señalado de la participación de Cuba, sino porque ha marcado el relanzamiento de la política norteamericana en coincidencia con el fin de una etapa y el surgimiento de un nuevo liderazgo en el continente.

De aquella IV Cumbre realizada en Mar del Plata liderada por Néstor Kirchner, Lula y Chávez -en la que Bush y el ALCA salieron con las tablas en la cabeza- a la recién finalizada, hay enormes diferencias.

De aquellos tres dirigentes hay dos fallecidos y a Lula, el no estar en el gobierno y los escándalos de corrupción que golpean a su partido y al gobierno de Dilma Rousseff, le han restado fuerza y presencia internacional. Esta última Cumbre fue liderizada por EEUU.
Si a lo señalado le agregamos la finalización de los períodos presidenciales de Obama, José Mujica y Cristina Fernández y el ineludible final biológico de los hermanos Castro, la aparición de nuevas caras y con ellas nuevas orientaciones en la política continental son inevitables. Continuar leyendo →

El progresismo y los derechos humanos

“Una bala en la cabeza de un opositor pasa rápido y suena hueco”

Como todo chiste, muy esclarecedor sobre el pensamiento de su autor, el Sr. Roy Chaderton, Embajador de Venezuela ante la OEA.

 

Los sucesos que en relación con Venezuela se han precipitado y han impactado la opinión pública internacional han abierto, nuevamente, la discusión sobre el posicionamiento de las fuerzas progresistas del continente con relación a la situación política y al estado de los Derechos Humanos en ese país.

A la situación de deterioro de los derechos a la alimentación y a la salud que se ha puesto de manifiesto especialmente por la escasez de bienes esenciales, se han sumado una vez más hechos inocultables de violencia política que sólo entre los meses de enero y febrero cobraron la vida de cinco estudiantes, entre ellos un estudiante de secundaria de 14 años brutalmente asesinado de un disparo en la cabeza por un policía bolivariano en la calle y ante decenas de testigos.

Institucionalmente, la militarización cada vez mayor del gobierno y de la sociedad tuvo su -hasta ahora- punto culminante con la aprobación, el día  27 de enero, de la resolución Nº 008610 que no sólo autoriza a las fueras armadas a participar de la represión de manifestaciones civiles, sino que además las autoriza para utilizar armas de fuego. Este hecho, que fue denunciado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Contra la Tortura de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y un sin fin de otros organismos y organizaciones independientes, fue silenciado totalmente en algunos países políticamente muy cercanos al régimen chavista en los cuales, salvo contadas excepciones, ni los partidos de gobierno, ni las organizaciones defensoras de los DDHH ni personalidades, periodistas o intelectuales progresistas se pronunciaron al respecto.

Este estruendoso silencio en materia de DDHH, contrasta fuertemente con la inmediata reacción que esas silenciosas organizaciones y personalidades tuvieron frente a la orden ejecutiva firmada por el presidente Obama en la que declara “una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela”. Lo que resulta inmoral no es la condena al decreto de Obama, lo que hace de esas condenas un escándalo farisaico es aducir aquel peligro para silenciar la situación de los DHH en Venezuela.

Hasta Podemos, el nuevo partido político español -muy cercano al chavismo- ha tenido la fuerza y el valor de pronunciarse rechazando la existencia de presos políticos en Venezuela.

En Argentina -salvo el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)- no hemos conocido por parte del “progresismo” ninguna otra muestra de preocupación sobre lo que sucede, con la particularidad de que toda esta discusión tiene lugar casi simultáneamente con el unánime rechazo expresado por esas fuerzas políticas y sociales ante la decisión del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de autorizar el uso de pistolas eléctricas para el control de manifestaciones.

Ese doble rasero que permite que se proteste por la autorización de usar pistolas eléctricas y se haga silencio -por intereses partidistas- ante la autorización para que las fuerzas armadas utilicen armas de fuego en el control de manifestaciones en Venezuela, resulta no sólo insultante para el pueblo venezolano, además le hace un enorme daño a la causa de los DDHH.

En Unasur la discusión avanza por otros caminos y comienzan a verse actitudes que diferencian entre el tema estrictamente político y los DDHH. Uruguay, Chile y Brasil están tomando distancia del régimen militar y es por eso que en la última reunión de cancilleres se emitieron dos pronunciamientos claramente diferenciados en relación a Venezuela, uno en el que tratan el problema de la Orden Ejecutiva de Obama, y el otro en el cual se habla de “la importancia del mantenimiento del orden constitucional así como de la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos” en ese país.

A pesar de que todos dicen que los DDHH están por encima de cualquier otra consideración, en la práctica las denuncias sobre esta materia son tratadas como problemas políticos puntuales, evidenciando una profunda contradicción que lleva a la paradoja de que se están convirtiendo en causas partidarias que se utilizan en función de la lucha política contingente.

El que el progresismo abandone las banderas de los DDHH y de la lucha contra la corrupción no significa que estas van a ser recogidas por la derecha. El daño es mucho mayor porque la consecuencia que acarrea es que las degrada y convierte en mercancía política.

Si bien en el corto plazo el convertir banderas como los DDHH o la lucha contra la corrupción en mercancía causa un profundo daño a los partidos, organizaciones y personalidades que caen en semejante error pues los golpea en su credibilidad, el mayor perjuicio se lo causa  a la sociedad a la que esas organizaciones dicen defender.

La amenaza que revive a Maduro

No he encontrado a nadie cuya primera reacción no haya sido de risa e incredulidad.

La noticia de que el Presidente Obama había declarado “una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela” es tan ridícula que parece un chiste.

Pero no es un chiste. Es una peligrosa declaración a través de la cual el gobierno norteamericano amenaza -nuevamente- a un país latinoamericano y que merece la terminante condena de todos, como en efecto ha sucedido.

Lo único que se necesita es algo de memoria para que semejante barbaridad nos recuerde inmediatamente las invasiones a Guatemala, Cuba, Santo Domingo, Panamá y Granada, el sangriento golpe de Estado en Chile y la interminable lista de dictaduras que  tantas muertes y atraso han significado para nuestro continente, siempre aupadas y sostenidas por los EEUU con  el inaceptable argumento de defender sus intereses en peligro. Continuar leyendo →

Unasur visita Venezuela: ¿para ocultar a las víctimas?

        “… y mucho de lo que en la vida cotidiana nos parece injusto, doloroso y cruel se convierte en indispensable en el dominio superior de la política”

Miguel Bakunin, Confesión al zar Nicolás I

 

Si la polarización política es enemiga del juego democrático en cada país, a nivel internacional -ámbito en el cual los intereses privan por sobre los principios- es tan dañina que muchas veces conduce a la paradoja de que un país defienda en ese ámbito lo contrario a lo que hace internamente,  y esto es particularmente frecuente en materia de Derechos Humanos. Hay al menos dos aspectos que, aunque conocidos, me gustaría resaltar para analizar este problema.

Las organizaciones internacionales a las que nos referimos están integradas por Estados, sin representación de los particulares y con fines esencialmente políticos o económicos, como se expresa claramente en sus documentos fundacionales. En ese contexto, los DDHH -a pesar de su importancia teórica- son para ellas un tema secundario. Tan secundarios son que, de todas las organizaciones existentes en América Latina (OEA, Unasur, Mercosur, ALBA y Celac) y de la multitud de comisiones, direcciones y gerencias que cada una tiene, sólo la OEA ha creado mecanismos específicos para ocuparse del tema; construirlos ha llevado decenas de años y sólo ha sido posible gracias a la incansable lucha de distintas organizaciones de la sociedad civil, siempre enfrentadas a intereses coyunturales de los Estados miembros. Continuar leyendo →

Venezuela: cinismo, Derechos Humanos y Unasur

Lideradas por el movimiento estudiantil, hace un año se dieron en Venezuela una serie de protestas pacíficas que fueron brutalmente reprimidas por el gobierno dejando un saldo oficial de 43 muertos, 878 lesionados y 3.351 detenidos entre los meses de febrero y mayo de 2014.

Lo primero que llama la atención en este balance presentado por la Fiscalía General son dos omisiones importantes.  No menciona ni los más de 10 muertos que hubo entre los propios partidarios del gobierno -en un extraño proceso interno de ajuste de cuentas del que públicamente participó el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)-, ni los 242 casos de torturas que fueron denunciados ante el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre de 2014.

En segundo lugar, salta a la vista la impúdica connivencia que se ha generado entre los cuerpos represivos, la Fiscalía, los tribunales y la Defensoría del Pueblo quienes -aupados por el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional- han colaborado para ocultar las denuncias y retardar los procesos, causando un daño adicional a las víctimas y a sus familiares.

Por todos los desmanes hay sólo cinco acusados que ni siquiera han sido llamados a declarar a pesar de estar plenamente identificados. En el caso de los manifestantes detenidos, se posponen las audiencias y un año después 80 de ellos continúan presos sin sentencia; cerca de 2.000 están en libertad condicionada por medidas cautelares y en 20 causas que afectan a unas 700 personas -en las cuales la propia Fiscalía solicitó el sobreseimiento- los tribunales no emiten las resoluciones correspondientes.

En los meses de abril y mayo del año pasado, bajo la presión nacional e internacional que generó la represión, el gobierno solicitó la presencia de Unasur, que designó una Comisión de cancilleres para que propiciara el entendimiento en el país. Tan pronto la presencia de Unasur logró calmar los ánimos, el gobierno saboteó el diálogo incumpliendo todos los acuerdos a los que se había llegado, al tiempo que aumentaba la represión de manera más selectiva y, con ella, el sentimiento de indefensión y de terror generado por el gobierno militar.

Pero Unasur parece estar despertando. Después de más de 10 años en los que el gobierno venezolano ha venido utilizando el nombre de Bolívar, un discurso de reivindicación de los pobres, su potente chequera y el intento de golpe de Estado del 2002 como herramientas para justificar internacionalmente sus desmanes, algunos países comienzan a ver más allá del discurso.

Venezuela vive una de las situaciones más difíciles de su historia en medio de una terrible inseguridad personal, inflación, escasez de alimentos y medicinas que colocan al país al borde de una crisis humanitaria, con un fuerte incremento de la pobreza que -según cifras de Cepal en su último informe- alcanza el 48% de la población, es decir, un porcentaje aun mayor al que padecía el país en 1998.

Cuando por simple lógica se espera un incremento sustancial de la protesta social, en momentos en los que el país se prepara para un proceso electoral que debe renovar la totalidad de la Asamblea Nacional y en el que se vaticina un rotundo triunfo de la oposición, justo ahora, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emite la Resolución Nº 008610, que contiene elementos ya conocidos en la historia de todos nuestros países y que han sido denunciados por todos los organismos nacionales e internacionales vinculados a la lucha por la defensa de los Derechos Humanos.

La mencionada resolución da participación a las fuerzas armadas en el control de manifestaciones y protestas de orden civil, contraviniendo todas las normas y acuerdos internacionales y lo establecido expresamente en la Constitución y, en su artículo 22 ordinal 7, autoriza el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal… como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.

Parece que el cinismo y los desplantes del gobierno en el terreno internacional comienza a encontrar sus límites aun entre los países más allegados. No se trata ya de si es socialismo o no. Se trata de que ha sido un mal gobierno, un pésimo gobierno que a tenido todo, que creó una enorme expectativa a nivel nacional e internacional y que lanzó todo ese capital político y económico por la borda. Como es lógico, primero decepcionó internamente, ahora llegó la hora de la decepción de los países amigos.

Frente a la situación planteada -y por razones estrictamente políticas- es evidente que Unasur tiene más posibilidades de actuar que la Organización de Estados Americanos.

Recordemos que así como la OEA tiene la Carta Democrática, Unasur cuenta con el Protocolo Sobre La Democracia, que es su equivalente y que conceptualmente ya fue utilizado con Paraguay. ¿Se lo recordará Unasur a Venezuela? ¿Hasta donde llega compromiso de Unasur con los Derechos Humanos?

El Protocolo “Compromiso con la Democracia” de UNASUR

Firmado como un complemento del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Protocolo Adicional sobre el Compromiso con la Democracia entró en vigencia en Quito el 19 de marzo de 2014.

Este Protocolo -de tal importancia que se considera parte del Tratado Constitutivo- es el equivalente a la Carta Democrática de la OEA y, como ella, “se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.

El 13 de enero, el diario El Mercurio de Chile publicó una entrevista que le había realizado a Leopoldo López en la celda en la que se encuentra detenido desde hace casi un año en Venezuela. En América Latina, el sólo hecho de hablar de presos políticos es una aberración, en particular en Chile es un tema especialmente sensible. La respuesta a la entrevista fue inmediata y los legisladores de todo el arco político se manifestaron solicitando a la Presidenta Bachelet su intervención.

Desde hace mucho tiempo, Chile ha estado estrechamente vinculado al acontecer venezolano.

Cuando -en la década de los 50 del siglo pasado- Venezuela sufrió la dictadura de Pérez Jiménez, fueron muchos los venezolanos que buscaron refugio en la entonces estable democracia chilena y, a la inversa, cuando la democracia chilena sufrió el ataque de los militares, fueron muchos los militantes y dirigentes políticos chilenos que hallaron refugio en la Venezuela democrática.

En febrero del año pasado el Gobierno de Venezuela -asediado por marchas y protestas estudiantiles, con centenares de denuncias por violaciones a las libertades públicas y tras lanzar una fuerte represión que causó más de 50 muertos y decenas de presos, heridos y torturados- solicitó una reunión de urgencia de UNASUR que tuvo lugar en Chile simultáneamente con la asunción de la Presidenta Bachelet.

Fue en esa reunión en la que, el 12 de marzo, UNASUR resolvió enviar a sus cancilleres “para que en su nombre acompañen y asesoren, en un diálogo político, amplio y constructivo, orientado a recuperar la convivencia pacífica en Venezuela”. Pocos días después entraba en vigencia el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR, al que venimos haciendo referencia.

Es en este contexto que el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, muy prudentemente y en una distendida conversación con la prensa el 13 de enero dice: “Seguimos interesados en promover el diálogo en Venezuela”, lo que bastó para que la cancillería venezolana respondiera con un rotundo “Venezuela es un país libre, soberano e independiente, y por tanto no tutoriado ni monitoreado por país u organismo internacional alguno” (sic) y pidió explicaciones al Embajador de Chile en Caracas.

Sorprendido por tan inesperada como desproporcionada agresión (el Capitán Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela le dijo: “No sea entrépito”, sic), el Canciller Muñoz reiteró y enmarcó su disposición -ahora sí, además de lo ya mencionado con relación a las decisiones de UNASUR- en el Protocolo Sobre La Democracia.

Aunque no llegó a invocar formalmente el artículo 2 de dicho documento, el Canciller lo mencionó, y este hecho resulta sumamente significativo ya que este artículo abre la posibilidad de recurrir al artículo 4 del Protocolo, que es el que habla de las medidas que podrían aplicarse al país miembro en el que se den los supuestos de ruptura constitucional.

El Protocolo fue elaborado en defensa de la institucionalidad democrática y los derechos de los pueblos, y no en defensa de los gobiernos cuando son estos los que atentan contra la constitución.

Por supuesto, la virulencia de la respuesta de la cancillería venezolana no se hizo esperar y -ante el silencio ulterior- suponemos que esas discusiones deben de haber continuado por los canales diplomáticos, pero, seguramente tomando en consideración las denuncias que ha hecho la oposición venezolana con relación al golpe de estado de diciembre, algo que el Canciller de Chile no mencionó pero que, como él, todos los cancilleres de la región conocen.

¿Llegará en este momento la UNASUR y su Presidente Pro Tempore -José Mujica- a invocar el Protocolo Sobre la Democracia? No parece que sea el momento y da la impresión de que todavía quedan otras instancias para moderar la situación, pero de que está sobre la mesa, sin duda.

En un año de elecciones en las que Venezuela elegirá una nueva Asamblea -con la presencia de UNASUR y del Vaticano en su condición de “Testigos de Buena Fe”, como los designara Maduro-, la existencia del Protocolo cobra una enorme importancia.

Una bofetada a la Unasur

A Zapata, Laureano, Rayma, Ana y demás humoristas del mundo

El presidente del Uruguay, José Pepe Mujica, fue preso de Juan María Bordaberry, quien es conocido en la historia por el golpe de Estado que dio en 1973 después de haber sido electo democráticamente en 1972.

Seguramente Mujica ha meditado mucho sobre si lo que hizo Bordaberry fue un golpe, un auto golpe, un golpe blando o si lo que sucedió fue un golpe militar y Bordaberry no fue más que un Presidente títere de quienes realmente ejercían el poder; pero más allá de las clasificaciones, lo importante es que, si alguno entre los presidentes latinoamericanos sabe lo que es un golpe de Estado realizado desde el poder, ese es Mujica. Por esas vueltas de la historia, hoy es a él a quien corresponde -en su condición de Presidente Pro Tempore de la UNASUR- tomar decisiones y adelantar iniciativas (o no) con relación al golpe de Estado que tuvo lugar el mes de diciembre pasado en Venezuela y del que Unasur ha sido testigo de excepción y la gran burlada.

Cinco poderes: una explicación necesaria

En casi todas las democracias del mundo el poder del Estado se divide en tres; en Venezuela se divide en cinco poderes. Además de los tradicionales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Constitución de 1999 creó el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, integrado este último por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. El Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el voto popular universal y secreto, y los otros Poderes -después de un proceso con amplia participación ciudadana para la selección de los candidatos- deben ser designados por la Asamblea Nacional con el voto favorable de los dos tercios de sus integrantes.

Para Unasur -que desde hace meses intentaba promover el diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela- evidentemente el que los Poderes Electoral, Judicial y Ciudadano tuvieran los períodos vencidos representó una gran oportunidad. Que ninguna de las partes tuviera la mayoría de dos tercios necesaria para la designación de los poderes mencionados, de alguna manera garantizaba que las partes tuvieran que sentarse y buscar un acuerdo, de manera que presionó al gobierno y logró que éste aceptara comenzar el proceso al que durante muchos meses se había negado.

En diciembre del año pasado, cuando todos esperaban conversaciones y acuerdos sobre las nuevas designaciones, el Teniente (r) Diosdado Cabello -Presidente de la Asamblea Nacional- se dirigió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia informando de la imposibilidad de llegar a un acuerdo y solicitando una Interpretación de la Constitución. La Sala en cuestión rápidamente se expidió (en un fin de semana) y sin ni siquiera por decoro haber escuchado a la oposición, dio como solución al supuesto impasse, el que la Asamblea designara a los miembros de los poderes (incluyendo a 12 de sus propios magistrados) por mayoría simple. Tal fue el descaro, que el dictamen estableció que no era necesaria la mayoría simple de los miembros de la Asamblea, que bastaba con la mayoría simple de los asistentes a la sesión en la que se hicieran las designaciones.

Como una nota de color digna de mencionar y que seguramente los presidentes de los países miembros de Unasur sabrán interpretar, cuando la Sala Constitucional responde a la consulta del Teniente retirado, lo asciende y se dirige a él como “ciudadano General de División Diosdado Cabello Rondón, en su condición de Presidente de la Asamblea Nacional”.

La respuesta está a la vista y Unasur lo sabe: el gobierno no intentó buscar el acuerdo y, con evidente desprecio a la recomendación de los presidentes de los países miembros, da un golpe de Estado en toda regla contra tres de los cinco poderes que constituyen el Poder Púbico en Venezuela.

¿Qué hará Unasur? ¿Qué va a hacer el Presidente Mujica? Se acaban de burlar de ellos, pero lo más grave es que, con ese engaño, el gobierno militar pone en evidencia su estrategia de continuar en la dirección de la confrontación que, sin duda, puede llevar a un baño de sangre.

Dada la corta historia de Unasur, la organización no cuenta con herramientas orgánicas apropiadas para lidiar con un problema de esta índole. Sólo dispone del prestigio y poder de presión y persuasión de los presidentes de los países que la integran. ¿Lo utilizarán? ¿Harán algún tipo de manifestación pública?

Que Maduro y el Tte. Cabello avancen contra las instituciones democráticas era algo esperado y viene siendo denunciado desde hace ya un año, cuando la brutal represión desatada contra la oposición dejó decenas de muertos, presos políticos y torturados incluso entre militantes disidentes del propio régimen.

La oposición y el pueblo venezolano saben que deben resolver solos sus problemas, pero evidentemente un pronunciamiento de Mujica y de los otros presidentes puede contribuir a evitar males mayores a los que ya se están viviendo.

De la autocrítica de Obama a las confesiones de Castro

El grito de lo innombrable

“Al reconocer que tenemos profundas diferencias, fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior, reafirmo mi voluntad de dialogar sobre todos esos temas”. Raúl Castro

 

El Tea Party y la segunda muerte del Che

Una autocrítica no es otra cosa que la confesión de un error acompañada de una reflexión y, en el caso de la que hizo el Presidente de los EEUU es, además, una autocrítica dirigida a la derecha norteamericana, en especial a la que integra el Tea Party, que venía eufórica después de su triunfo en las elecciones parlamentarias y Obama ha logrado colocar a la defensiva.

En apenas unas pocas semanas el Tea Party ha recibido tantas ofensas que, enceguecido por la rabia, sólo piensa en la venganza del “impeachment” para sacar “a ese negro insolente de la presidencia”. Continuar leyendo →

Venezuela, la tortura y el cono sur

¿Hasta cuándo seguirán llamándose “apremios” a las torturas practicadas en diversos lugares del planeta?

Eduardo Galeano

Después de 10 años, el pasado 6 de noviembre Venezuela compareció ante el Comité Contra la Tortura de la ONU que escuchó la presentación de las diferentes ONGs nacionales e internacionales que se ocupan de estos temas y las explicaciones que tuvo a bien brindar el gobierno. Sólo voy a mencionar un dato que es suficientemente revelador de la gravedad de la situación y de la impunidad con la que actúan los cuerpos represivos: en 10 años hubo 9.000 denuncias de torturas y sólo 12 acusados de perpetrarlas.

En esos 10 años, además de la impunidad evidenciada en las cifras mencionadas, Venezuela se ha negado sistemáticamente a recibir la visita del Relator contra la Tortura, a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y se retiró del sistema Interamericano de Derechos Humanos dependiente de la OEA. No hay que ser mal pensado para ver en este conjunto de hechos una actitud premeditada dirigida a evitar el control y la condena de los organismos internacionales a costa de la indefensión de las víctimas y la impunidad de los represores.

Ta barato, dame dos.

Durante ese mismo lapso Venezuela disfrutó de los ingresos petroleros más altos de toda su historia, circunstancia que el Tte. Cnel. Chávez supo aprovechar.

Con un estilo simpático, dicharachero y campechano -muy venezolano, hay que decirlo- y seguramente con una interesada asesoría de la Habana, manejando con gran habilidad sus condiciones de caudillo en un país con débiles instituciones democráticas, el Tte. Cnel. desplegó una agresiva política internacional con el tradicional discurso integracionista y antiimperialista típico de nuestros gobiernos, pero respaldado por una abultada chequera.

En esos 10 años Venezuela promovió su incorporación a Mercosur y apoyó con decisión la creación de Unasur y de otros organismos subregionales como el Alba, más dócil a sus propias políticas. El problema está en que estos organismos –que entre sus principios constitutivos tienen la defensa de la democracia y de los DDHH- no cuentan con mecanismos independientes de supervisión y control en estas materias.

No es ninguna novedad el decir que en política internacional no hay ideologías sino intereses, pero cuando esos intereses cuentan además con una ideología y un discurso político común, realmente se tejen unas alianzas muy difíciles de derrotar, de otra manera no se explicaría cómo es que en todos estos años las grandes potencias del mundo no han logrado poner coto a los paraísos fiscales, al lavado de dinero y al tráfico de estupefacientes, o cómo es que Suiza -adalid mundial en materia de DDHH- se ha resistido tanto a terminar con el secreto bancario y a devolver a los judíos los depósitos de sus bienes robados que el nazismo hizo en sus bancos.

En nuestro caso, la alianza que Chávez logró forjar explica, aunque de ninguna manera justifica, el estruendoso silencio de sus socios regionales ante las terribles violaciones que su régimen ha hecho de los principios democráticos y de los DDHH en Venezuela.

Algo habrán hecho

Lo que resulta mucho más difícil de explicar, especialmente en el cono sur, es el mecanismo mediante el cual esas alianzas de intereses y poder bajan hasta ser aceptadas por las poblaciones de esos países y, más difícil aún, comprender cómo es que llegan a constituirse en verdaderos procesos de autocensura, e incluso complicidad, entre los comunicadores e intelectuales -defensores de los DDHH- que optan por callar antes que denunciar a un gobierno que consideran aliado de aquel al cual respaldan.

Salvo la notables excepciónes de la hija de Allende, la Senadora María Isabel Allende y de Fernando Mires quienes han fijado una clara posición de “tolerancia cero” frente a las violaciones de los principios democráticos y de los DDHH en Venezuela, hasta ahora no hemos visto dirigentes del Frente Para la Victoria en Argentina ni del Frente Amplio en Uruguay con posiciones claras al respecto.

Con relación a los medios de comunicación, comunicadores e intelectuales de los países del cono sur el panorama es aún más grave. Su silencio, muy parecido al famoso “algo habrán hecho” que imperó durante la dictadura de Videla y que llevó a mucha gente progresista a callar frente a las barbaridades del régimen, resulta incomprensible frente a hechos que han sido del dominio público durante años.

Parafraseando a Galeano, uno podría decir: ¿hasta cuando seguirá llamándose “no hacer el juego al imperio” el silencio de políticos, intelectuales y comunicadores ante gobiernos -que se proclaman anti-imperialistas y progresistas- pero violan sistemáticamente los principios democráticos y los DDHH ?

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La inocultable crisis política del chavismo

El 7 de octubre se cumplieron dos años de las últimas elecciones que ganó el Teniente Coronel Hugo Chávez en el año 2012. Luego pasaron cinco meses de no saber, hasta que el 5 de marzo de 2013 se decretó su fallecimiento y el 14 de abril de ese mismo año Nicolás Maduro ganó por la mínima unas muy discutibles elecciones y, para colmo de males, los precios del petróleo comenzaron a bajar.

De allí en adelante se desató un proceso que tenía muchos años incubándose y acerca del cual la oposición alertó infinidad de veces. La amenaza -hasta cierto punto contenida por la fuerza política de Chávez y el enorme ingreso petrolero- estalló en la cara del nuevo gobierno. Continuar leyendo →