“Una bala en la cabeza de un opositor pasa rápido y suena hueco”

Como todo chiste, muy esclarecedor sobre el pensamiento de su autor, el Sr. Roy Chaderton, Embajador de Venezuela ante la OEA.

 

Los sucesos que en relación con Venezuela se han precipitado y han impactado la opinión pública internacional han abierto, nuevamente, la discusión sobre el posicionamiento de las fuerzas progresistas del continente con relación a la situación política y al estado de los Derechos Humanos en ese país.

A la situación de deterioro de los derechos a la alimentación y a la salud que se ha puesto de manifiesto especialmente por la escasez de bienes esenciales, se han sumado una vez más hechos inocultables de violencia política que sólo entre los meses de enero y febrero cobraron la vida de cinco estudiantes, entre ellos un estudiante de secundaria de 14 años brutalmente asesinado de un disparo en la cabeza por un policía bolivariano en la calle y ante decenas de testigos.

Institucionalmente, la militarización cada vez mayor del gobierno y de la sociedad tuvo su -hasta ahora- punto culminante con la aprobación, el día  27 de enero, de la resolución Nº 008610 que no sólo autoriza a las fueras armadas a participar de la represión de manifestaciones civiles, sino que además las autoriza para utilizar armas de fuego. Este hecho, que fue denunciado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Contra la Tortura de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y un sin fin de otros organismos y organizaciones independientes, fue silenciado totalmente en algunos países políticamente muy cercanos al régimen chavista en los cuales, salvo contadas excepciones, ni los partidos de gobierno, ni las organizaciones defensoras de los DDHH ni personalidades, periodistas o intelectuales progresistas se pronunciaron al respecto.

Este estruendoso silencio en materia de DDHH, contrasta fuertemente con la inmediata reacción que esas silenciosas organizaciones y personalidades tuvieron frente a la orden ejecutiva firmada por el presidente Obama en la que declara “una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela”. Lo que resulta inmoral no es la condena al decreto de Obama, lo que hace de esas condenas un escándalo farisaico es aducir aquel peligro para silenciar la situación de los DHH en Venezuela.

Hasta Podemos, el nuevo partido político español -muy cercano al chavismo- ha tenido la fuerza y el valor de pronunciarse rechazando la existencia de presos políticos en Venezuela.

En Argentina -salvo el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)- no hemos conocido por parte del “progresismo” ninguna otra muestra de preocupación sobre lo que sucede, con la particularidad de que toda esta discusión tiene lugar casi simultáneamente con el unánime rechazo expresado por esas fuerzas políticas y sociales ante la decisión del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de autorizar el uso de pistolas eléctricas para el control de manifestaciones.

Ese doble rasero que permite que se proteste por la autorización de usar pistolas eléctricas y se haga silencio -por intereses partidistas- ante la autorización para que las fuerzas armadas utilicen armas de fuego en el control de manifestaciones en Venezuela, resulta no sólo insultante para el pueblo venezolano, además le hace un enorme daño a la causa de los DDHH.

En Unasur la discusión avanza por otros caminos y comienzan a verse actitudes que diferencian entre el tema estrictamente político y los DDHH. Uruguay, Chile y Brasil están tomando distancia del régimen militar y es por eso que en la última reunión de cancilleres se emitieron dos pronunciamientos claramente diferenciados en relación a Venezuela, uno en el que tratan el problema de la Orden Ejecutiva de Obama, y el otro en el cual se habla de “la importancia del mantenimiento del orden constitucional así como de la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos” en ese país.

A pesar de que todos dicen que los DDHH están por encima de cualquier otra consideración, en la práctica las denuncias sobre esta materia son tratadas como problemas políticos puntuales, evidenciando una profunda contradicción que lleva a la paradoja de que se están convirtiendo en causas partidarias que se utilizan en función de la lucha política contingente.

El que el progresismo abandone las banderas de los DDHH y de la lucha contra la corrupción no significa que estas van a ser recogidas por la derecha. El daño es mucho mayor porque la consecuencia que acarrea es que las degrada y convierte en mercancía política.

Si bien en el corto plazo el convertir banderas como los DDHH o la lucha contra la corrupción en mercancía causa un profundo daño a los partidos, organizaciones y personalidades que caen en semejante error pues los golpea en su credibilidad, el mayor perjuicio se lo causa  a la sociedad a la que esas organizaciones dicen defender.