Garantías electorales para Venezuela

Venezuela dispone del más automatizado y confiable sistema de sufragio y conteo de votos en América. ¿Por qué entonces Ciudadanía Activa -una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos civiles y políticos- ha dirigido a la ONU, a la Unión Europea, a la OEA, a la Unasur y al Mercosur una Carta Pública solicitando su intervención y presencia a efectos de supervisar el cumplimiento de las garantías electorales que están establecidas en la Constitución y las Leyes? ¿Es acaso que el sistema no es tan confiable o son otros los problemas?

En asuntos electorales es usual distinguir la trampa -consecuencia del cambio en los resultados numéricos de la consulta electoral- del fraude, que se entiende más bien como actividades antes del acto de votación encaminadas a coaccionar, dirigir y cambiar la voluntad política del votante. Pero existe una tercera fuente de irregularidades de las que habitualmente no se habla y que suelen ser consideradas parte del fraude, pero que en la Ley están tipificadas como delitos electorales que, en algunos países -como Venezuela, por ejemplo-  están penados con prisión pues, como su nombre lo indica, quienes los cometen son considerados delincuentes, en especial si son funcionarios públicos, aunque se trate de militantes políticos. Continuar leyendo

Cumbre sin derechos humanos

Desde el año 2005 no se realizaba una Cumbre de las Américas políticamente tan importante como la reciente en Panamá, no sólo por el hecho ya muy señalado de la participación de Cuba, sino porque ha marcado el relanzamiento de la política norteamericana en coincidencia con el fin de una etapa y el surgimiento de un nuevo liderazgo en el continente.

De aquella IV Cumbre realizada en Mar del Plata liderada por Néstor Kirchner, Lula y Chávez -en la que Bush y el ALCA salieron con las tablas en la cabeza- a la recién finalizada, hay enormes diferencias.

De aquellos tres dirigentes hay dos fallecidos y a Lula, el no estar en el gobierno y los escándalos de corrupción que golpean a su partido y al gobierno de Dilma Rousseff, le han restado fuerza y presencia internacional. Esta última Cumbre fue liderizada por EEUU.
Si a lo señalado le agregamos la finalización de los períodos presidenciales de Obama, José Mujica y Cristina Fernández y el ineludible final biológico de los hermanos Castro, la aparición de nuevas caras y con ellas nuevas orientaciones en la política continental son inevitables. Continuar leyendo

Poncio Pilato invitado a la VII Cumbre en Panamá

“América no puede lavarse las manos como Pilato labólasdél”.

                                      Agudeza venezolana

 

En los últimos 50 años, uno de los continentes que más ha adelantado en materia de democracia y Derechos Humanos ha sido América Latina. En un proceso zigzagueante y paradójico, pero en general con una tendencia tan de avanzada que en varios aspectos ha llegado a ser ejemplo en otras partes del mundo, el continente ha realizado aportes invaluables.

Entre los muchos avances que se lograron en la materia, hay tres que merecen ser destacados: la construcción del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH) al que se incorporó la sociedad civil como elemento fundamental, la aceptación explícita por parte de los países de la región de la jurisdicción interamericana en materia de DDHH (con excepción de EEUU) -lo que significó para todos los países concesiones muy importantes en materia de soberanía- y la conceptualización de la democracia como un sistema que, más allá de los procesos electorales, se caracteriza por la promoción y protección de los derechos humanos”, tal y como expresamente se señala en la Carta Democrática. Continuar leyendo

El progresismo y los derechos humanos

Una bala en la cabeza de un opositor pasa rápido y suena hueco”

Como todo chiste, muy esclarecedor sobre el pensamiento de su autor, el Sr. Roy Chaderton, Embajador de Venezuela ante la OEA.

 

Los sucesos que en relación con Venezuela se han precipitado y han impactado la opinión pública internacional han abierto, nuevamente, la discusión sobre el posicionamiento de las fuerzas progresistas del continente con relación a la situación política y al estado de los Derechos Humanos en ese país.

A la situación de deterioro de los derechos a la alimentación y a la salud que se ha puesto de manifiesto especialmente por la escasez de bienes esenciales, se han sumado una vez más hechos inocultables de violencia política que sólo entre los meses de enero y febrero cobraron la vida de cinco estudiantes, entre ellos un estudiante de secundaria de 14 años brutalmente asesinado de un disparo en la cabeza por un policía bolivariano en la calle y ante decenas de testigos.

Institucionalmente, la militarización cada vez mayor del gobierno y de la sociedad tuvo su -hasta ahora- punto culminante con la aprobación, el día  27 de enero, de la resolución Nº 008610 que no sólo autoriza a las fueras armadas a participar de la represión de manifestaciones civiles, sino que además las autoriza para utilizar armas de fuego. Este hecho, que fue denunciado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Contra la Tortura de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y un sin fin de otros organismos y organizaciones independientes, fue silenciado totalmente en algunos países políticamente muy cercanos al régimen chavista en los cuales, salvo contadas excepciones, ni los partidos de gobierno, ni las organizaciones defensoras de los DDHH ni personalidades, periodistas o intelectuales progresistas se pronunciaron al respecto.

Este estruendoso silencio en materia de DDHH, contrasta fuertemente con la inmediata reacción que esas silenciosas organizaciones y personalidades tuvieron frente a la orden ejecutiva firmada por el presidente Obama en la que declara “una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela”. Lo que resulta inmoral no es la condena al decreto de Obama, lo que hace de esas condenas un escándalo farisaico es aducir aquel peligro para silenciar la situación de los DHH en Venezuela.

Hasta Podemos, el nuevo partido político español -muy cercano al chavismo- ha tenido la fuerza y el valor de pronunciarse rechazando la existencia de presos políticos en Venezuela.

En Argentina -salvo el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)- no hemos conocido por parte del “progresismo” ninguna otra muestra de preocupación sobre lo que sucede, con la particularidad de que toda esta discusión tiene lugar casi simultáneamente con el unánime rechazo expresado por esas fuerzas políticas y sociales ante la decisión del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de autorizar el uso de pistolas eléctricas para el control de manifestaciones.

Ese doble rasero que permite que se proteste por la autorización de usar pistolas eléctricas y se haga silencio -por intereses partidistas- ante la autorización para que las fuerzas armadas utilicen armas de fuego en el control de manifestaciones en Venezuela, resulta no sólo insultante para el pueblo venezolano, además le hace un enorme daño a la causa de los DDHH.

En Unasur la discusión avanza por otros caminos y comienzan a verse actitudes que diferencian entre el tema estrictamente político y los DDHH. Uruguay, Chile y Brasil están tomando distancia del régimen militar y es por eso que en la última reunión de cancilleres se emitieron dos pronunciamientos claramente diferenciados en relación a Venezuela, uno en el que tratan el problema de la Orden Ejecutiva de Obama, y el otro en el cual se habla de “la importancia del mantenimiento del orden constitucional así como de la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos” en ese país.

A pesar de que todos dicen que los DDHH están por encima de cualquier otra consideración, en la práctica las denuncias sobre esta materia son tratadas como problemas políticos puntuales, evidenciando una profunda contradicción que lleva a la paradoja de que se están convirtiendo en causas partidarias que se utilizan en función de la lucha política contingente.

El que el progresismo abandone las banderas de los DDHH y de la lucha contra la corrupción no significa que estas van a ser recogidas por la derecha. El daño es mucho mayor porque la consecuencia que acarrea es que las degrada y convierte en mercancía política.

Si bien en el corto plazo el convertir banderas como los DDHH o la lucha contra la corrupción en mercancía causa un profundo daño a los partidos, organizaciones y personalidades que caen en semejante error pues los golpea en su credibilidad, el mayor perjuicio se lo causa  a la sociedad a la que esas organizaciones dicen defender.

La amenaza que revive a Maduro

No he encontrado a nadie cuya primera reacción no haya sido de risa e incredulidad.

La noticia de que el Presidente Obama había declarado “una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela” es tan ridícula que parece un chiste.

Pero no es un chiste. Es una peligrosa declaración a través de la cual el gobierno norteamericano amenaza -nuevamente- a un país latinoamericano y que merece la terminante condena de todos, como en efecto ha sucedido.

Lo único que se necesita es algo de memoria para que semejante barbaridad nos recuerde inmediatamente las invasiones a Guatemala, Cuba, Santo Domingo, Panamá y Granada, el sangriento golpe de Estado en Chile y la interminable lista de dictaduras que  tantas muertes y atraso han significado para nuestro continente, siempre aupadas y sostenidas por los EEUU con  el inaceptable argumento de defender sus intereses en peligro. Continuar leyendo

Unasur visita Venezuela: ¿para ocultar a las víctimas?

        “… y mucho de lo que en la vida cotidiana nos parece injusto, doloroso y cruel se convierte en indispensable en el dominio superior de la política”

Miguel Bakunin, Confesión al zar Nicolás I

 

Si la polarización política es enemiga del juego democrático en cada país, a nivel internacional -ámbito en el cual los intereses privan por sobre los principios- es tan dañina que muchas veces conduce a la paradoja de que un país defienda en ese ámbito lo contrario a lo que hace internamente,  y esto es particularmente frecuente en materia de Derechos Humanos. Hay al menos dos aspectos que, aunque conocidos, me gustaría resaltar para analizar este problema.

Las organizaciones internacionales a las que nos referimos están integradas por Estados, sin representación de los particulares y con fines esencialmente políticos o económicos, como se expresa claramente en sus documentos fundacionales. En ese contexto, los DDHH -a pesar de su importancia teórica- son para ellas un tema secundario. Tan secundarios son que, de todas las organizaciones existentes en América Latina (OEA, Unasur, Mercosur, ALBA y Celac) y de la multitud de comisiones, direcciones y gerencias que cada una tiene, sólo la OEA ha creado mecanismos específicos para ocuparse del tema; construirlos ha llevado decenas de años y sólo ha sido posible gracias a la incansable lucha de distintas organizaciones de la sociedad civil, siempre enfrentadas a intereses coyunturales de los Estados miembros. Continuar leyendo

Cinco estudiantes asesinados en Venezuela

A Kluiberth Roa, a todos los muertos, presos, heridos y torturados,

y a todos los estudiantes y jóvenes del país

que continúan formándose para ser ciudadanos útiles.

18 de febrero,Dos estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) -Alejandro García, de 22 años de edad, y José Frías, de 20 años- fueron encontrados en Mérida maniatados y con varios tiros en la cabeza.

21 de febrero,Los cuerpos de Yamir Tovar -de 22 años- y Luis Arianyi -de 21- fueron hallados en Los Flores de Catia, un barrio popular en el oeste de Caracas, golpeados, amarrados y baleados.

24 de febrero, muere asesinado en una manifestación el niño Kluiberth Roa, de 14 años. Un miembro de la Policía Nacional Bolivariana ha sido filmado cuando lo sacó de debajo de un auto y le disparó.

Si la muerte cada vez que se presenta nos golpea, enterarse de la de un niño de 14 años en manos de un policía bolivariano es una situación tan al límite de lo humano que, abrumado por el dolor y sin saber qué hacer ni qué decir, comienza uno por callar.

Pero cuando uno escucha a alguien que se llama a sí mismo Presidente, intentando justificar lo injustificable, el dolor inevitablemente se transforma en indignación, y lo que hasta entonces ha sido una posibilidad rechazada de entrada comienza a tomar forma en la racionalidad política de un grupo de gente que ha demostrado no tener el menor escrúpulo para hacerse con el poder y conservarlo. Continuar leyendo

Venezuela: cinismo, Derechos Humanos y Unasur

Lideradas por el movimiento estudiantil, hace un año se dieron en Venezuela una serie de protestas pacíficas que fueron brutalmente reprimidas por el gobierno dejando un saldo oficial de 43 muertos, 878 lesionados y 3.351 detenidos entre los meses de febrero y mayo de 2014.

Lo primero que llama la atención en este balance presentado por la Fiscalía General son dos omisiones importantes.  No menciona ni los más de 10 muertos que hubo entre los propios partidarios del gobierno -en un extraño proceso interno de ajuste de cuentas del que públicamente participó el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)-, ni los 242 casos de torturas que fueron denunciados ante el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre de 2014.

En segundo lugar, salta a la vista la impúdica connivencia que se ha generado entre los cuerpos represivos, la Fiscalía, los tribunales y la Defensoría del Pueblo quienes -aupados por el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional- han colaborado para ocultar las denuncias y retardar los procesos, causando un daño adicional a las víctimas y a sus familiares.

Por todos los desmanes hay sólo cinco acusados que ni siquiera han sido llamados a declarar a pesar de estar plenamente identificados. En el caso de los manifestantes detenidos, se posponen las audiencias y un año después 80 de ellos continúan presos sin sentencia; cerca de 2.000 están en libertad condicionada por medidas cautelares y en 20 causas que afectan a unas 700 personas -en las cuales la propia Fiscalía solicitó el sobreseimiento- los tribunales no emiten las resoluciones correspondientes.

En los meses de abril y mayo del año pasado, bajo la presión nacional e internacional que generó la represión, el gobierno solicitó la presencia de Unasur, que designó una Comisión de cancilleres para que propiciara el entendimiento en el país. Tan pronto la presencia de Unasur logró calmar los ánimos, el gobierno saboteó el diálogo incumpliendo todos los acuerdos a los que se había llegado, al tiempo que aumentaba la represión de manera más selectiva y, con ella, el sentimiento de indefensión y de terror generado por el gobierno militar.

Pero Unasur parece estar despertando. Después de más de 10 años en los que el gobierno venezolano ha venido utilizando el nombre de Bolívar, un discurso de reivindicación de los pobres, su potente chequera y el intento de golpe de Estado del 2002 como herramientas para justificar internacionalmente sus desmanes, algunos países comienzan a ver más allá del discurso.

Venezuela vive una de las situaciones más difíciles de su historia en medio de una terrible inseguridad personal, inflación, escasez de alimentos y medicinas que colocan al país al borde de una crisis humanitaria, con un fuerte incremento de la pobreza que -según cifras de Cepal en su último informe- alcanza el 48% de la población, es decir, un porcentaje aun mayor al que padecía el país en 1998.

Cuando por simple lógica se espera un incremento sustancial de la protesta social, en momentos en los que el país se prepara para un proceso electoral que debe renovar la totalidad de la Asamblea Nacional y en el que se vaticina un rotundo triunfo de la oposición, justo ahora, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emite la Resolución Nº 008610, que contiene elementos ya conocidos en la historia de todos nuestros países y que han sido denunciados por todos los organismos nacionales e internacionales vinculados a la lucha por la defensa de los Derechos Humanos.

La mencionada resolución da participación a las fuerzas armadas en el control de manifestaciones y protestas de orden civil, contraviniendo todas las normas y acuerdos internacionales y lo establecido expresamente en la Constitución y, en su artículo 22 ordinal 7, autoriza el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal… como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.

Parece que el cinismo y los desplantes del gobierno en el terreno internacional comienza a encontrar sus límites aun entre los países más allegados. No se trata ya de si es socialismo o no. Se trata de que ha sido un mal gobierno, un pésimo gobierno que a tenido todo, que creó una enorme expectativa a nivel nacional e internacional y que lanzó todo ese capital político y económico por la borda. Como es lógico, primero decepcionó internamente, ahora llegó la hora de la decepción de los países amigos.

Frente a la situación planteada -y por razones estrictamente políticas- es evidente que Unasur tiene más posibilidades de actuar que la Organización de Estados Americanos.

Recordemos que así como la OEA tiene la Carta Democrática, Unasur cuenta con el Protocolo Sobre La Democracia, que es su equivalente y que conceptualmente ya fue utilizado con Paraguay. ¿Se lo recordará Unasur a Venezuela? ¿Hasta donde llega compromiso de Unasur con los Derechos Humanos?

Parecidos y diferentes

Venezuela es un país muy inestable, condición que no proviene sólo de la crisis del gobierno ni, como se pretende, de su imaginaria guerra económica contra el imperialismo. Es una inestabilidad profunda, cuyas principales causas competen al gobierno, pero no todas son de su exclusiva responsabilidad.

Es cierto que todo parece indicar que al chavismo se le termina un ciclo. Durante catorce años tuvieron un capital político envidiable: un líder con mucho carisma, les sobró dinero y tuvieron una popularidad que durante muchos años rondó el 60% en un contexto internacional muy favorable. Pero han sido muy malos gobernantes.

La muerte de su líder, la corrupción generalizada, las inconsistencias teóricas, el pensamiento militar y los militares gobernando, las luchas internas por el poder, la represión, la constante violación de los Derechos Humanos, la inseguridad, la ineficiencia e incapacidad para administrar y la crisis económica marcada especialmente por la caída de los precios del petróleo, la escasez y la inflación, parecen poner fin a esta etapa del chavismo en el poder, pero les deja un saldo muy importante: el haber sido quienes colocaron lo social como prioridad en la agenda política. Continuar leyendo

El Protocolo “Compromiso con la Democracia” de UNASUR

Firmado como un complemento del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Protocolo Adicional sobre el Compromiso con la Democracia entró en vigencia en Quito el 19 de marzo de 2014.

Este Protocolo -de tal importancia que se considera parte del Tratado Constitutivo- es el equivalente a la Carta Democrática de la OEA y, como ella, “se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.

El 13 de enero, el diario El Mercurio de Chile publicó una entrevista que le había realizado a Leopoldo López en la celda en la que se encuentra detenido desde hace casi un año en Venezuela. En América Latina, el sólo hecho de hablar de presos políticos es una aberración, en particular en Chile es un tema especialmente sensible. La respuesta a la entrevista fue inmediata y los legisladores de todo el arco político se manifestaron solicitando a la Presidenta Bachelet su intervención.

Desde hace mucho tiempo, Chile ha estado estrechamente vinculado al acontecer venezolano.

Cuando -en la década de los 50 del siglo pasado- Venezuela sufrió la dictadura de Pérez Jiménez, fueron muchos los venezolanos que buscaron refugio en la entonces estable democracia chilena y, a la inversa, cuando la democracia chilena sufrió el ataque de los militares, fueron muchos los militantes y dirigentes políticos chilenos que hallaron refugio en la Venezuela democrática.

En febrero del año pasado el Gobierno de Venezuela -asediado por marchas y protestas estudiantiles, con centenares de denuncias por violaciones a las libertades públicas y tras lanzar una fuerte represión que causó más de 50 muertos y decenas de presos, heridos y torturados- solicitó una reunión de urgencia de UNASUR que tuvo lugar en Chile simultáneamente con la asunción de la Presidenta Bachelet.

Fue en esa reunión en la que, el 12 de marzo, UNASUR resolvió enviar a sus cancilleres “para que en su nombre acompañen y asesoren, en un diálogo político, amplio y constructivo, orientado a recuperar la convivencia pacífica en Venezuela”. Pocos días después entraba en vigencia el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR, al que venimos haciendo referencia.

Es en este contexto que el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, muy prudentemente y en una distendida conversación con la prensa el 13 de enero dice: “Seguimos interesados en promover el diálogo en Venezuela”, lo que bastó para que la cancillería venezolana respondiera con un rotundo “Venezuela es un país libre, soberano e independiente, y por tanto no tutoriado ni monitoreado por país u organismo internacional alguno” (sic) y pidió explicaciones al Embajador de Chile en Caracas.

Sorprendido por tan inesperada como desproporcionada agresión (el Capitán Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela le dijo: “No sea entrépito”, sic), el Canciller Muñoz reiteró y enmarcó su disposición -ahora sí, además de lo ya mencionado con relación a las decisiones de UNASUR- en el Protocolo Sobre La Democracia.

Aunque no llegó a invocar formalmente el artículo 2 de dicho documento, el Canciller lo mencionó, y este hecho resulta sumamente significativo ya que este artículo abre la posibilidad de recurrir al artículo 4 del Protocolo, que es el que habla de las medidas que podrían aplicarse al país miembro en el que se den los supuestos de ruptura constitucional.

El Protocolo fue elaborado en defensa de la institucionalidad democrática y los derechos de los pueblos, y no en defensa de los gobiernos cuando son estos los que atentan contra la constitución.

Por supuesto, la virulencia de la respuesta de la cancillería venezolana no se hizo esperar y -ante el silencio ulterior- suponemos que esas discusiones deben de haber continuado por los canales diplomáticos, pero, seguramente tomando en consideración las denuncias que ha hecho la oposición venezolana con relación al golpe de estado de diciembre, algo que el Canciller de Chile no mencionó pero que, como él, todos los cancilleres de la región conocen.

¿Llegará en este momento la UNASUR y su Presidente Pro Tempore -José Mujica- a invocar el Protocolo Sobre la Democracia? No parece que sea el momento y da la impresión de que todavía quedan otras instancias para moderar la situación, pero de que está sobre la mesa, sin duda.

En un año de elecciones en las que Venezuela elegirá una nueva Asamblea -con la presencia de UNASUR y del Vaticano en su condición de “Testigos de Buena Fe”, como los designara Maduro-, la existencia del Protocolo cobra una enorme importancia.