A Kluiberth Roa, a todos los muertos, presos, heridos y torturados,

y a todos los estudiantes y jóvenes del país

que continúan formándose para ser ciudadanos útiles.

18 de febrero,Dos estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) -Alejandro García, de 22 años de edad, y José Frías, de 20 años- fueron encontrados en Mérida maniatados y con varios tiros en la cabeza.

21 de febrero,Los cuerpos de Yamir Tovar -de 22 años- y Luis Arianyi -de 21- fueron hallados en Los Flores de Catia, un barrio popular en el oeste de Caracas, golpeados, amarrados y baleados.

24 de febrero, muere asesinado en una manifestación el niño Kluiberth Roa, de 14 años. Un miembro de la Policía Nacional Bolivariana ha sido filmado cuando lo sacó de debajo de un auto y le disparó.

Si la muerte cada vez que se presenta nos golpea, enterarse de la de un niño de 14 años en manos de un policía bolivariano es una situación tan al límite de lo humano que, abrumado por el dolor y sin saber qué hacer ni qué decir, comienza uno por callar.

Pero cuando uno escucha a alguien que se llama a sí mismo Presidente, intentando justificar lo injustificable, el dolor inevitablemente se transforma en indignación, y lo que hasta entonces ha sido una posibilidad rechazada de entrada comienza a tomar forma en la racionalidad política de un grupo de gente que ha demostrado no tener el menor escrúpulo para hacerse con el poder y conservarlo.

Por supuesto que no pretendo decir que Nicolás Maduro mandó a matar a ese niño, pero sí afirmo que la muerte de Kluiberth es consecuencia directa de las políticas de quienes están en el poder desde hace 15 años y de su incompetencia para gobernar.

De la responsabilidad legal que haya tenido el policía bolivariano -un joven de 23 años que fue quien apretó el gatillo- ya se ocuparán los tribunales. De juzgar a quienes formaron y dirigieron a ese muchacho debemos ocuparnos nosotros y la comunidad internacional.

Quince años tiene este gobierno atacando a las universidades y señalando a los estudiantes como desestabilizadores y agentes de gobiernos extranjeros. Quince años tiene el gobierno intentando ganar las elecciones en alguna universidad y no ha podido. Quince años tiene el gobierno financiando colectivos armados para que agredan a los estudiantes, quemen el rectorado y asalten y golpeen dirigentes para que ahora pretenda lavarse las manos.

Es doloroso saber que han asesinado a un niño de catorce años, pero resulta indignante constatar la cobardía de quienes durante 15 años han alentado este tipo de hechos y ahora pretenden ser inocentes criaturas que de pronto se encuentran frente a un hecho fortuito causado por un muchacho irresponsable, sin hacerse cargo de que ese muchacho que hoy tiene 23 años tenía ocho cuando ellos comenzaron a formarlo con ese discurso contra los estudiantes.

Porque hay un verdadero problema ideológico con las universidades y con los estudiantes, que es el concepto mismo de democracia. Mientras los militares sólo entienden por disciplina y respeto la obediencia al superior jerárquico, los estudiantes aprenden que la disciplina y el respeto son consecuencia de la discusión y la confrontación de ideas.

Por eso el gobierno ha pretendido desde siempre militarizar la sociedad venezolana. Y no estoy hablando sólo de la militarización de la administración -que es más que evidente- estoy hablando de la educación “pre militar” desde las guarderías hasta la universidad, del registro militar y la ley de conscripción, de la activación de la reserva y de la creación de las milicias.

Estoy pensando en la ley Sapo, ahora sistema popular para la protección de la paz SP3,que pretende hacer de nuestra gente delatores al servicio del régimen, de la creación de las milicias obreras para evitar la protesta de los sindicatos, de los Comandos Populares Antigolpe, en los que se mezcla efectivos de las FFAA con grupos de civiles armados y organizaciones populares.

Pero también estoy hablando de la represión, que tiene su última expresión en la Resolución 008610 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa -publicada en Gaceta el 27 de enero- que autoriza el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones y que es el antecedente directo de la tragedia que estamos viviendo.

En fin, estoy hablando de que el gobierno tiene 15 años intentando militarizar la sociedad mediante leyes y organizaciones militares y paramilitares con las que se busca que un cabo le dé órdenes a cualquier ciudadano y éste tenga que obedecerlas como cualquier soldado raso, so pena de ir a la cárcel por desobediencia a un superior, desacato o -incluso- por traición a la Patria.

¿A cual Patria?, ¿la que dicen representar unos militares y unos dirigentes políticos que ni siquiera son capaces de hacerse cargo de su responsabilidad? Los estudiantes ya han respondido esta pregunta tanto en las calles como en las elecciones universitarias.