Firmado como un complemento del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Protocolo Adicional sobre el Compromiso con la Democracia entró en vigencia en Quito el 19 de marzo de 2014.

Este Protocolo -de tal importancia que se considera parte del Tratado Constitutivo- es el equivalente a la Carta Democrática de la OEA y, como ella, “se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.

El 13 de enero, el diario El Mercurio de Chile publicó una entrevista que le había realizado a Leopoldo López en la celda en la que se encuentra detenido desde hace casi un año en Venezuela. En América Latina, el sólo hecho de hablar de presos políticos es una aberración, en particular en Chile es un tema especialmente sensible. La respuesta a la entrevista fue inmediata y los legisladores de todo el arco político se manifestaron solicitando a la Presidenta Bachelet su intervención.

Desde hace mucho tiempo, Chile ha estado estrechamente vinculado al acontecer venezolano.

Cuando -en la década de los 50 del siglo pasado- Venezuela sufrió la dictadura de Pérez Jiménez, fueron muchos los venezolanos que buscaron refugio en la entonces estable democracia chilena y, a la inversa, cuando la democracia chilena sufrió el ataque de los militares, fueron muchos los militantes y dirigentes políticos chilenos que hallaron refugio en la Venezuela democrática.

En febrero del año pasado el Gobierno de Venezuela -asediado por marchas y protestas estudiantiles, con centenares de denuncias por violaciones a las libertades públicas y tras lanzar una fuerte represión que causó más de 50 muertos y decenas de presos, heridos y torturados- solicitó una reunión de urgencia de UNASUR que tuvo lugar en Chile simultáneamente con la asunción de la Presidenta Bachelet.

Fue en esa reunión en la que, el 12 de marzo, UNASUR resolvió enviar a sus cancilleres “para que en su nombre acompañen y asesoren, en un diálogo político, amplio y constructivo, orientado a recuperar la convivencia pacífica en Venezuela”. Pocos días después entraba en vigencia el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR, al que venimos haciendo referencia.

Es en este contexto que el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, muy prudentemente y en una distendida conversación con la prensa el 13 de enero dice: “Seguimos interesados en promover el diálogo en Venezuela”, lo que bastó para que la cancillería venezolana respondiera con un rotundo “Venezuela es un país libre, soberano e independiente, y por tanto no tutoriado ni monitoreado por país u organismo internacional alguno” (sic) y pidió explicaciones al Embajador de Chile en Caracas.

Sorprendido por tan inesperada como desproporcionada agresión (el Capitán Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela le dijo: “No sea entrépito”, sic), el Canciller Muñoz reiteró y enmarcó su disposición -ahora sí, además de lo ya mencionado con relación a las decisiones de UNASUR- en el Protocolo Sobre La Democracia.

Aunque no llegó a invocar formalmente el artículo 2 de dicho documento, el Canciller lo mencionó, y este hecho resulta sumamente significativo ya que este artículo abre la posibilidad de recurrir al artículo 4 del Protocolo, que es el que habla de las medidas que podrían aplicarse al país miembro en el que se den los supuestos de ruptura constitucional.

El Protocolo fue elaborado en defensa de la institucionalidad democrática y los derechos de los pueblos, y no en defensa de los gobiernos cuando son estos los que atentan contra la constitución.

Por supuesto, la virulencia de la respuesta de la cancillería venezolana no se hizo esperar y -ante el silencio ulterior- suponemos que esas discusiones deben de haber continuado por los canales diplomáticos, pero, seguramente tomando en consideración las denuncias que ha hecho la oposición venezolana con relación al golpe de estado de diciembre, algo que el Canciller de Chile no mencionó pero que, como él, todos los cancilleres de la región conocen.

¿Llegará en este momento la UNASUR y su Presidente Pro Tempore -José Mujica- a invocar el Protocolo Sobre la Democracia? No parece que sea el momento y da la impresión de que todavía quedan otras instancias para moderar la situación, pero de que está sobre la mesa, sin duda.

En un año de elecciones en las que Venezuela elegirá una nueva Asamblea -con la presencia de UNASUR y del Vaticano en su condición de “Testigos de Buena Fe”, como los designara Maduro-, la existencia del Protocolo cobra una enorme importancia.