Por: Leonardo Pizani
El 7 de octubre se cumplieron dos años de las últimas elecciones que ganó el Teniente Coronel Hugo Chávez en el año 2012. Luego pasaron cinco meses de no saber, hasta que el 5 de marzo de 2013 se decretó su fallecimiento y el 14 de abril de ese mismo año Nicolás Maduro ganó por la mínima unas muy discutibles elecciones y, para colmo de males, los precios del petróleo comenzaron a bajar.
De allí en adelante se desató un proceso que tenía muchos años incubándose y acerca del cual la oposición alertó infinidad de veces. La amenaza -hasta cierto punto contenida por la fuerza política de Chávez y el enorme ingreso petrolero- estalló en la cara del nuevo gobierno.
Violencia e inflación incontrolables, cuatro tipos de cambios oficiales simultáneos, desabastecimiento, represión, luchas y disputas internas por el poder, la Habana desesperada, en fin, una crisis que en lo político ha dejado más de 60 muertos, incontable cantidad de heridos, más de 3.000 detenidos de los cuales más de un centenar siguen presos. Juicios a estudiantes, a dirigentes sindicales, a periodistas, a dirigentes políticos. Cierre de medios escritos y el bloqueo de 1.019 sitios web en los últimos 12 meses.
Ninguna de estas situaciones se dan con esta gravedad en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador o Bolivia, que serían los principales socios políticos del chavismo en Sudamérica.
La crisis política del chavismo es de unas dimensiones que la hacen inocultable incluso para aquellos gobiernos que hasta ahora no la habían querido ver.
De acuerdo con la encuesta realizada por la empresa Varianzas cuyo resumen fue publicado el 27 de octubre, el perfil de agrado que tenía Chávez del 52% en septiembre del 2012 ha bajado al 30% cuando se refiere a Maduro. El Buen Camino del Gobierno cayó 27 puntos, del 48 al 21% y la Percepción positiva de la situación económica del país descendió 20 puntos, de 38 a 18%.
La oposición venezolana tiene la posibilidad real de ganar las próximas elecciones parlamentarias en el 2015 si se mantiene unida. Para el desarrollo de una política exterior responsable y útil a la defensa de los DDHH en Venezuela, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene la obligación y la necesidad de diferenciar entre las políticas de los gobiernos en esos países y las del gobierno chavista. Las diferencias y resultados están a la vista.
Así como sabemos que el triunfo de la oposición en Venezuela requiere de la unidad como condición sin la cual su triunfo no es posible, también sabemos que el reconocimiento internacional de ese triunfo es muy importante. Cualquier intento de algún grupo de disputarse la hegemonía de la Unidad por la vía de romperla pondría en seria duda las posibilidades de triunfo en las elecciones y haría tanto daño como el que causó en abril del 2002 el grupito que conspiró a espaldas de las grandes mayorías del país.
A pesar de los grandes avances que ha conseguido la MUD a nivel internacional con su decidida política en defensa de la democracia, el daño político que causó el intento de golpe de Estado aún se está pagando especialmente ante los foros internacionales.
La gobernabilidad de Venezuela está en juego no sólo ahora que las distintas facciones del chavismo se están disputando el poder a sangre y fuego e incluso con conspiraciones e intentos de golpes de Estado, también y quizás más aún lo estará si la oposición gana las próximas elecciones. Una sabia y profesional política exterior de la MUD debe construirse desde ahora y esto parecen haberlo visto con claridad Henrique Capriles y el grupo de partidos que encaran con más decisión las próximas elecciones parlamentarias del 2015.
A pesar de la informalidad que parece dominar en los estilos, Unasur no es un club de amigos. Por más que en la relación entre países las relaciones personales entre sus presidentes jueguen un papel, hay situaciones que pesan mucho en la historia de América Latina como para que se puedan dejar pasar.
Como se demostró en las reuniones de cancilleres de Unasur que tuvieron lugar sobre el “Caso Venezuela”, las flagrantes violaciones de los DDHH de la que está haciendo gala el gobierno de Maduro han dejado al descubierto su vocación militarista y represiva. La MUD no debe perder la oportunidad de acercarse a los gobiernos de Unasur para que acompañen y sean testigos presenciales y garantes de los procesos que se avecinan.