En la mitología griega,  Hybris (la desmesura) era una falta que cualquier ser humano cometía contra los dioses cuando en su acción pretendía, tanto en los asuntos humanos como divinos, ejercer el poder que sólo le está reservado a las fuerzas de la divinidad. Lo que esos antiguos relatos nos enseñan reiteradamente es que el ser humano, aun cuando en ocasiones pudiera llegar a la perfección misma en el ejercicio de una capacidad, no debería tentarse con ello, pues es de dioses y no de humanos actuar sin límites, sobre todo allí en donde podríamos hacerlo.

A la desmesura se opone la phronesis, habitualmente traducida por la palabra prudencia, que Aristóteles concibiera como la virtud por excelencia. No debe confundirse la prudencia con la cobardía, la timidez o la simple falta de audacia. Muy por el contrario, la prudencia es una virtud porque requiere la mayor de las fuerzas: la de elegir el límite en cada circunstancia, encontrando el justo medio en un campo de posibilidades.

Provistos de esta oposición entre desmesura y prudencia, no es difícil ver cómo abunda la desmesura entre nosotros -los argentinos como sociedad-, y por el contrario, cuán difícil es encontrar ejemplos de prudencia. En su esencia, nuestra desmesura toma la forma de un comportamiento colectivo que no se ajusta a regla alguna, no respeta ni siquiera las normas propias.

Para volver a la comparación entre lo humano y lo divino, recordemos que para una importante corriente de la teología, Dios no dispone lo bueno porque esto lo sea, sino que algo es bueno porque lo dispone Dios. Ahora bien, lo que vale para Dios no vale para los simples mortales. Por ejemplo en la política argentina nos tratamos a nosotros mismos como si fuéramos dioses. El colmo de ello se expresa cuando, por caso, los partidarios de una expresión política avalan todas las determinaciones de su líder porque éste así lo ha determinado, más allá de lo bueno o malo que pudiera ser en sí mismo o en sus consecuencias. En otras palabras, se trata al líder como a un dios, he ahí la desmesura llevada a su máxima expresión. (Es interesante establecer esta misma comparación por “el lado del mal”. En efecto, si después de la modernidad puede resultar chocante aceptar algo como bueno porque Dios lo decreta así, nos es más fácil rechazar cualquier cosa que podamos atribuirle al diablo, considerándola mala por provenir de él, no atreviéndonos a juzgarla por su valor propio. De igual manera, suele ser fácil para la oposición rechazar todo lo que provenga del oficialismo por provenir de él, y al oficialismo desvalorizar a priori todo lo que proviene de la oposición, ¿no es esto tan desmedido como pueda serlo?)

Incluso a los argentinos nos cuesta discriminar cuál es la medida o límite que se impone en una situación dada. Frente a ello, masivamente se opta por la desmesura, se premia la desmesura y se castiga a todo aquel que no se suma. Los menos, entre los que habrá prudentes de verdad y otros simplemente cobardes, se esconden o permanecen indiferentes ante la turba desaforada.

La desmesura es nuestro ethos comunitario. Mientras lo sea estaremos condenados a repetir los ciclos históricos que nos llevan, cada 10 años, a comenzar de nuevo. En el medio, no sólo perdemos tiempo sino que sacrificamos a nuestros hijos, por duro que suene, pues se malogran las generaciones al quedar en medio del camino de su desarrollo o directamente al tener que empezar desde la adversidad.

Si realmente queremos cambiar la historia, comencemos por cultivar en nosotros mismos la prudencia, esto es, amar al límite por sí mismo y practicarlo. Premiar al prudente y condenar al desmedido; en fin, cambiar de héroes y de modelos para que nuestro gol preferido no sea el de la “mano de Dios” sino aquél en el que Maradona eludió a medio seleccionado inglés e hizo el gol con el pie, jugando con su genialidad, sí, pero con las reglas.

La causa AMIA es una herida abierta de toda la sociedad argentina, por lo que también debe alcanzar el estatus de una política de Estado con amplio consenso de los diversos sectores sociales, políticos y culturales de nuestra comunidad. Es por ello que frente al avance del acuerdo celebrado por el Poder Ejecutivo Nacional con la República Islámica de Irán, creemos oportuno condicionar su aprobación por el Congreso Nacional a garantizar por escrito en la ley lo que ha sido declarado en diversos foros e incluso en el plenario de comisiones del Senado de la Nación por el canciller Héctor Timerman, a saber: que la causa judicial argentina tendrá una oportunidad cierta y eficaz de avanzar con este acuerdo.

En efecto, el Memorándum de Entendimiento suscripto entre la República Argentina y la República Islámica de Irán podría constituir un paso importante en el avance de la causa AMIA, siempre y cuando éste permita a las autoridades judiciales argentinas, es decir al fiscal y juez de la causa, indagar a los imputados. Como de la redacción original del texto en inglés, que es la que en última instancia habrá de ser tenida en cuenta por ambas partes, no se desprende taxativamente que dichas autoridades podrán tomar indagatoria a los acusados, consideramos pertinente que el Congreso de la Nación formule una “cláusula interpretativa” a la hora de aprobar dicho tratado, para que el Poder Ejecutivo proceda a su ratificación.

Dicha cláusula consiste en la inclusión de un nuevo artículo en el texto del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a las Cámaras que fije el sentido según el cual la República Argentina entenderá el art. 5 del Memorándum de Entendimiento, es decir, aquel en el que se fijan las pautas para el interrogatorio. Según esta cláusula, a la hora de que el Poder Ejecutivo ratifique el tratado, la Argentina entenderá que por “autoridades judiciales argentinas”, el texto está haciendo referencia al juez y al fiscal de la causa y que, toda vez que el texto del tratado haga referencia a un interrogatorio (“questioning”, como dice la versión en inglés), comprenderemos que se procederá a realizar la indagatoria de los imputados, tal y como está contemplada por el Art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

El texto que proponemos desde ProBAfe recoge las afirmaciones que formuló el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, cuando expuso ante el plenario de comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales. Es una profundización y aclaración de la posición argentina respecto de las negociaciones con la República Islámica de Irán acerca del sangriento atentado que se llevó la vida de 85 argentinos.

Para fundamentar nuestra propuesta, nos amparamos en la Convención Internacional de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que rige tanto para los tratados bilaterales como multilaterales -puesto que define a los tratados como “un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”. Además, Comisiones de Derecho Internacional de la ONU, en años recientes, habilitan las declaraciones interpretativas para los tratados binacionales.

Consideramos que la modificación propuesta no vulnera en ningún sentido el espíritu del Memorándum, sino todo lo contrario: esclarece los términos del acuerdo, para que ambas partes puedan comprometerse a lo mismo. En otras palabras, la cláusula interpretativa es un freno a la polisemia y proliferación de lecturas que pueden emerger de un tratado, negociado entre dos partes, sobre todo cuando existen tantas diferencias de cultura institucional y jurídica entre ambas.

Todo lo hasta aquí dicho responde a lo que debe ser la principal estrategia de nuestro país: honrar el bíblico “justicia, justicia perseguirás”, para que la AMIA no se convierta en un gueto de dolor y olvido.

Si bien desde hace algunos años la dinámica electoral se ha instalado con una permanencia condicionante del desarrollo político en su conjunto, no cabe duda de que los años electorales, ahora en sentido literal, potencian esa dinámica de un modo masivo.

De este modo, la praxis política nacional ya se encuentra enteramente atravesada por lo que llamaremos reducción electoralista. Este reduccionismo se caracteriza por disolver las identidades ideológicas y aún partidarias en el ácido de una partición dicotómica de la representación política en términos de oficialismo y oposición, que corroe la densidad política de la representación, dejando a la sociedad sin orientación instituida.

A la metáfora química podemos agregar una física. En este sentido, diremos que hay un doble juego de fuerzas que atenazan a la política argentina: por un lado, las centrífugas, que expulsan las identidades políticas hacia sus expresiones mediáticas, en las que se mezclan como vanos juegos de superficie -o bien quedan capturadas en estructuras facciosas infiltradas en las burocracias locales, donde los grandes medios no tienen alcance-, por otro lado, las fuerzas centrípetas, que colocan en el centro la confrontación oficialismo/oposición, de manera tal de impedir toda construcción política auténtica y superadora.

Si la descripción esquemáticamente esbozada hasta aquí es correcta, no cabe esperar para este año grandes cambios. Nos dirigimos a una verdadera colisión masiva entre estos términos dicotómicos, en la que por un lado tendremos las expresiones políticas del gobierno y afines y por otro lado un esfuerzo aliancista que, aun subordinado al reduccionismo electoralista antes referido, ofrecerá opciones un poco más competitivas que en las elecciones pasadas -sobre todo en los grandes distritos, con excepción de Buenos Aires “La provincia”-.

En esa confrontación, “el partido de gobierno” tiene la ventaja de arriesgar menos -pone en juego su mala elección de 2009- sin tener que esforzarse por conquistar un cuerpo político que el poder por sí mismo garantiza. En cambio, la oposición tiene el desafío de al menos retener su ventaja de 2009 dando al menos la apariencia de cuerpo político.

El resultado de esta confrontación dependerá tanto de la marcha de la economía -no se avizoran grandes problemas hasta ahora- como del modo en que se tramiten los conflictos políticos y sociales -aquí sí se encuentran extremos desestabilizadores que pueden jugar un papel distorsionador-.

Nuestro deseo como espacio político de la Ciudad de Buenos Aires, comprometido con una proyección nacional que logre finalmente liberar a la política del reduccionismo mencionado, reconciliándola con la sociedad,  es precisamente que podamos conformar auténticos frentes cuya integración responda a orientaciones ideológicas vivas en el pueblo con el que hay que renovar el contrato de representación.

En la medida que esos acuerdos sean posibles para nosotros, esperamos seguir contribuyendo a esa tarea, en el lugar en el que la voluntad popular determine. Pero más allá de las situaciones específicas, nuestra expectativa se articula en dos aspectos solidarios entre sí: que la confrontación propia del juego democrático no rompa el juego y, finalmente, que sus expresiones más críticas no generen como consecuencia una frustración más para el conjunto de los argentinos, pues sabemos que cuando los conflictos asumen la dinámica de la autodestrucción, son los sectores más débiles de la sociedad quienes más caro pagan la fiesta de unos pocos.

En las grandes urbes de las complejas sociedades modernas como lo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la que represento como senador de la Nación, el desarrollo y la integración del ser social encuentra condiciones difíciles y particulares de realización, entre las que se destacan, a nivel microestructural, las originadas en los consorcios de propiedad horizontal, propios de los grandes y numerosos edificios que pueblan crecientemente nuestra ciudad.

Esta vida en edificios y torres necesitó, al igual que la sociedad toda, que se establezcan pautas de convivencia, y así como en nuestro sistema de gobierno se encuentra establecida la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), cuya función es la de controlarse mutuamente, del mismo modo en la llamada propiedad horizontal hay tres órganos fundamentales con idéntica función de contralor mutua. La asamblea de propietarios haría las veces de Poder Legislativo, atento que es la instancia deliberativa por excelencia, con la autoridad suficiente para realizar modificaciones al reglamento y tomar todo tipo de decisiones.

En este sentido, todos sabemos lo importante que es asistir a la asamblea de propietarios de la comunidad consorcial de la que formamos parte, pero, con sinceridad, ¿quién quiere ir? Este punto es uno de los fundamentales que debemos reforzar: incentivar la mayor participación posible en todos los ámbitos de esa pequeña comunidad, de la que la asamblea es protagonista.

Por ello, este momento histórico que afortunadamente nos toca vivir, en el cual asistimos a la posible modificación del Código Civil, es la oportunidad para sugerir algunos cambios concernientes a la propiedad horizontal.

Es muy importante promover mayor participación de los propietarios en las asambleas, estableciendo para las votaciones mayorías plausibles de ser logradas, y no seguir sometidos a mayorías imposibles de alcanzar, lo que causa mucha frustración y desgano. Incluso establecer horarios de comienzo y finalización de las asambleas, requisito fundamentado en una elemental razón de respeto por el tiempo de los asistentes, que muchas veces se ven impedidos de concurrir por la incertidumbre de su duración.

Para ir a otros ejemplos concretos: sería fundamental  superar la confusión entre expensa ordinaria y extraordinaria. Se consideran expensas ordinarias los gastos habituales concernientes a la administración del consorcio y mantenimiento del edificio, y extraordinarias, los gastos eventuales y toda erogación no habitual, dispuestas por resolución de la asamblea, incluso la formación de fondos de reserva.

Sugerimos también que los llamados Consejos de Administración, que en la práctica crean algunos Reglamentos o Asambleas y que el proyecto de modificación del Código Civil llama Consejo de propietarios, tengan  el carácter de colegiado y el requisito de que estén integrados por un número impar de propietarios para facilitar la transparencia de su gestión, y evitar así que el consejo de administración termine siendo ejercido por un uno o dos copropietarios. La función principal del consejo de propietarios es la de acompañar al administrador -incluso con capacidad de contralor sobre su desempeño-, quien ejerce una función ejecutiva, al que no habría que  otorgarle mandatos excesivos, por el hecho de ser, por lo general, un extraño al consorcio.

En fin, estas son algunas de las propuestas presentadas por el Bloque Proyecto Buenos Aires Federal en la Comisión Bicameral de Reforma del Código Civil y Comercial, con el objetivo de apuntalar que favorezca la tarea mancomunada y complementaria de los tres órganos de la propiedad horizontal, para que tantos de nosotros, porteñas y porteños, podamos disfrutar una mejor convivencia en los pasillos de nuestro querido edificio, compartiendo la vida con nuestros vecinos en aceptable armonía.