Un plan de estabilidad sin ajuste

Después de un primer cuatrimestre convulsionado, se empiezan a observar los resultados de un programa económico consistente. Las tribulaciones de inicios del corriente año se debieron a una multiplicidad de factores, entre las cuales se destaca la acuciante disminución de reservas, provocada por un deterioro del resultado comercial. A su vez, este déficit fue básicamente causado por las estrategias especulativas de ciertos actores económicos con poder de mercado, como los acopiadores que presionaron para fogonear la devaluación y las automotrices transnacionales, que tomaron ganancias provenientes de un 2013 con récord de ventas.

El viernes, con el quinto dato conocido del nuevo índice IPCNu (+1,4 para el mes de marzo), se comprobó la marcada tendencia a la baja de la evolución inflacionaria, la cual redujo su tasa de crecimiento a menos de la mitad, desde el primer dato de enero. Después del último corrimiento cambiario, y el desmesurado e inmediato traspaso a precios, la corrección gruesa en la cotización del dólar se encuentra saldada. Su valor de convergencia por los próximos meses va a gravitar gradualmente entre $8 y $8,5, configurando un freno para la escala del costo de los productos transables con el exterior.

Los detalles de la actualización del IPCNu son harto conocidos, sólo cabe destacar dos cuestiones primordiales. La primera: la “inflación de supermercado”, entendida como aquella que el consumidor urbano nota en la habitualidad de sus compras, frenó su aceleración en mayor medida que el nivel general, ya que el capítulo de alimentos y bebidas mostró un 0,7% de aumento. Se espera que este resultado en materia de precios se repita, esto es, que sistemáticamente este rubro sensible para sectores vulnerables muestre un incremento menor a los demás ítems.

La segunda, que esto va en paralelo con la instalación en extenso del programa Precios Cuidados, constituido como una cabal “referencia de marca”, con niveles de conocimiento popular y aceptación generalizados, en sólo 5 meses de aplicación. A partir de la federalización del plan y de la puesta en marcha de la Red Comprar (extensión a almacenes y minoristas) el acuerdo ha logrado calar hondo en los hábitos de consumo cotidianos de los ciudadanos.

Hay una conclusión ulterior que se puede extraer del análisis conjunto del devenir de los precios y de los postulados de ciertas escuelas de pensamiento económico, muy arraigada en los equipos técnicos de dirigentes opositores. Suelen postular habitualmente la teoría que establece que el único desencadenante de los procesos inflacionarios es una política de gastos poco prudente por parte de los gobiernos, lo cual desemboca en un abuso de la “máquina de hacer dinero”. Este postulado, de corte netamente neoliberal, ha carecido de contraste empírico a lo largo de la historia económica y falla al omitir la inmensa variedad de causas y complejidades derivadas de las contradicciones propias de las economías de mercado capitalistas modernas.

Volviendo al examen de lo que ocurre en Argentina, podemos delinear una sencilla refutación a la hipótesis de la emisión del Banco Central para financiar al Tesoro como el flagelo unicausal que determina la inflación. En nuestra economía desde principios de año, se viene llevando a cabo una estrategia de astringencia monetaria, basada en la colocación de Letras y Notas en pesos al sector financiero. El BCRA recurrió a un mecanismo de retracción de la cantidad del dinero en circulación, con el propósito de aumentar la tasa de interés vigente y así alinear esta variable con las expectativas futuras de cotización de la divisa.

Lo que se busca, concretamente, es ofrecer a los inversionistas mejores condiciones para colocar sus depósitos a plazo y así desincentivar la apuesta improductiva a la moneda extranjera como un activo de resguardo patrimonial. En mayor detalle, en la última emisión de deuda el BCRA se financió al 28,5% anual lo cual, una vez descontado el spread, otorga posibilidades de ahorro a tasas cercanas al 25% en el segmento minorista.

Ahora bien, según la tesis monetarista, ante una operación de mercado contractiva como la mencionada, el resultado debe ser una baja en el nivel de precios. Visto de otro modo, si el proceso excluyente que provoca la inflación es la emisión descontrolada, entonces ante acciones de la autoridad monetaria como las vigentes, el efecto debería ser el inverso: una reducción en los niveles de precios.

Con la última licitación de títulos de deuda de corto plazo de hace unos días, por un monto de $8.200 millones, la experiencia de los primeros cinco meses del año ya muestra una absorción del orden de $67.000 millones (o más de U$S 8.150 millones a tipo de cambio oficial), mientras que su correlato en el nivel promedio de precios fue un aumento en torno al 13,5% en los primeros cinco meses. Interesante, en tal sentido, es el dato que marca que entre todo el esfuerzo en inversión social que va a realizar el Estado Nacional a lo largo del año en concepto de asignaciones por hijo, por embarazo y familiares, el desembolso alcanzará los $22.000 millones. O sea, el gasto será tres veces menor a la masa monetaria que se aspiró hasta el mes de junio.

A las claras, las causas de la inflación no hay que buscarlas en un exceso de gasto público, sino en el desequilibrio de la matriz productiva vernácula. Las estructuras de competencia de mercado imperfectas, que caracterizan a la producción de muchos bienes de nuestra economía, convalidan la concentración económica, la capacidad de fijar precios abusivos y decantan en maniobras especulativas por parte de agentes con intereses espurios.

La forma de atacar esta contrariedad no puede ser otra que desde un programa heterodoxo que combine una batería de instrumentos, interviniendo de forma coordinada. Programas como Precios Cuidados, Procrear, Progresar, la redistribución progresiva de subsidios en servicios públicos, el nuevo proyecto de Promoción al Trabajo Registrado y el fomento a los créditos blandos a Pymes a tasas reguladas, son las claves para apuntalar la protección de los sectores más postergados. Afianzando de tal forma la estabilidad, sin ajuste feroz.

El último grito del establishment

En el mundillo económico es sabido que una elite de alrededor de cinco empresas privadas maneja la formación de sentido común de la agenda diaria. Su fuerte poder de propagación se basa en el inapagable eco que encuentran en los medios hegemónicos, con más sesgo hacia resguardar intereses privados que profesionalismo técnico. La crucial importancia del papel de consultoras, usinas de ideas y economistas del establishment, radica en que suelen ser las columnas sobre las que se construyen operaciones de mercado, como la corrida financiera que afrontó el gobierno nacional a finales de año pasado.

Es cautivante la nueva apuesta que empezaron a jugar los últimos días los analistas privados y las usinas de ideas. Extinguida su defensa de la desproporcionada suba de precios de principios de año, comenzaron a fogonear una inevitable “inflación de costos” a corto plazo. ¿A qué se refieren? Se acerca el tramo fuerte de las paritarias de los principales gremios nacionales, y la “inflación de costos” es el sustento conceptual por medio del cual los economistas ortodoxos justificarán un nuevo y brutal incremento de precios arbitrario por parte de las compañías.

Es casi paradójico notar que estos analistas son los mismos que hace sólo un par de meses cargaban contra el el gobierno por la corrección cambiaria de enero. En ese momento su hipótesis era que existía una gran mayoría de sectores productivos afectados por el corrimiento del dólar a $8. Por ende, el traspaso a precios debía ser instantáneo y en la misma proporción, basándose en una supuesta estructura de costos enteramente formada por componentes importados.

Sin embargo, menos de dos meses después, muchos economistas privados cayeron en cuenta de que aquellas compañías que contaban con una estructura de producción nutrida por insumos comprados en el exterior no eran en realidad tan dependientes de las importaciones y los bienes de capital, sino que realizaban gran parte de su circuito productivo en base al trabajo humano; o sea, eran mayormente “trabajo intensivas”. Este reacomodo de su argumento implica que, ante la proximidad de las paritarias, las empresas deberán trasladar a precios absolutamente la totalidad del aumento anual que negocien con los trabajadores. Sea cual sea.

Es falsa la afirmación de que “no hay plan anti inflacionario”, como fustiga la derecha. Existe hoy un plan que no es acorde a sus intereses históricos de reducción de la inversión social, de políticas de crecimiento con salarios bajos, de liberalización de tarifas y de apertura externa indiscriminada.

Como contraposición, es importante remarcar la versatilidad de las políticas económicas para enfrentar con apremio el desafío de brindar previsibilidad y un marco de reglas estables a la economía. En tal sentido, desde noviembre, con el recambio de autoridades al frente del Ministerio de Economía, se avanzó en distintos programas y políticas específicas que ya muestran resultados, a saber:

El programa “Precios Cuidados”, que brinda referencia y disminuye el impacto del aumento de precios para los estratos de bajos ingresos. El alza de precios no impacta en igual medida a todos los segmentos de la población. Es innegable que los sectores más vulnerables destinan mayor parte de sus recursos a comprar bienes de primeras necesidades y este programa brinda la posibilidad de consumir productos con valores sin subas excesivas. Demás acuerdos de precios con otros sectores (construcción, farmacéuticos y, para la semana próxima, supermercados mayoristas) sirven para acoplar a más actores a un contexto de consistencia económica.

La nueva resolución de la Secretaría de Comercio que exige a empresas productoras y comercializadoras de insumos y bienes finales a remitir sus listas de precios mensualmente. Incluidos aquellos que estaban vigentes en diciembre pasado. Este último punto es muy relevante. Se observaron márgenes de ganancias superiores al 500% (sobre todo en rubros de frutas y verduras), a partir del análisis simple del oligopolio de grandes cadenas de supermercados y en relación al valor de comercialización que cualquier consumidor puede encontrar, por ejemplo, en el Mercado Central. Que se entienda la gravedad de tales situaciones: es absurdo pensar que en ese último eslabón de la cadena de formación de un precio, o sea en la distribución final y la venta al público, la agregación de valor puede ser tan considerable. Ni siquiera adicionando los cuantiosos gastos en publicidad, ni su ostensible distribución de dividendos, los supermercados podrían justificar semejante margen por sobre sus costos.

Atacar la causa del problema implica desarticular las malas prácticas comerciales, establecer fundamentos macroeconómicos sólidos y estabilidad de precios relativos. El gobierno corre en esa dirección; las consultoras privadas, detrás de una agenda de convalidación de aumentos desmedidos, como un “delivery de sustento teórico” de intereses de las empresas concentradas.

Dólar bajista, precios estáticos: fin de la ortodoxia

De antaño es la discusión sobre la rigidez de los precios a la baja. En 1776 el mismísimo precursor de la escuela clásica, Adam Smith, planteó la problemática en el marco de la posibilidad de las naciones de alcanzar el equilibrio. El quid de la cuestión es la asimetría en el comportamiento de los precios de los bienes de una economía. En términos simples, su planteo implica que, ante un aumento en el valor de los insumos necesarios para producir determinado producto, los precios se incrementan en forma proporcional. Ahora bien, la situación no es semejante cuando éstos caen. Se verifica, en cambio, que los precios de los bienes o servicios son inflexibles a la baja y, a pesar del descenso en el valor de sus insumos, no disminuye. Esta imperfección de mercado pone en jaque los supuestos de “eficiencia de los mercados”.

En nuestro país, esta discusión, siempre vigente, adquiere en la coyuntura actual una especial relevancia. A partir de la corrección cambiaria de fines de enero, observamos un importante incremento en los productos transables, es decir, aquellos plausibles de ser comerciados con el exterior. Llama poderosamente la atención la velocidad del ajuste. Se pudo observar a grandes cadenas de electrodomésticos, concesionarias y demás industrias de insumos importados trasladando a precios la devaluación de forma automática e incluso, en algunos casos, en un porcentaje mayor al de la depreciación de la moneda. Ahora bien, existen varias aristas de análisis sobre el comportamiento de ciertos empresarios, que no necesariamente se corresponden con las mejores prácticas comerciales.

En primer lugar, pensar en la paradoja de Smith aplicada al fenómeno vernáculo. Concretamente, la pregunta para los formadores de precios es: ¿por qué la disminución en la cotización del dólar, que pasó de un máximo de $8,02 a valer $7,80 no fue también trasladada a precios? Este decremento, cercano al 3%, tendría un impacto positivo en las finanzas de muchos consumidores si se reflejara en el valor de los bienes con la misma premura con la que los empresarios aumentan sus productos cuando la moneda se deprecia. Nada de esto sucedió, la inflexibilidad a la baja muestra la imperfección de los mercados actuando en libertad, sin regulación ni defensa estatal.

En segundo lugar, la cuestión fundamental de indagar en la cadena de valor de cada uno de los bienes de la economía. Es primordial lograr un conocimiento acabado de los márgenes de rentabilidad de cada eslabón productivo, no para limitar oportunidades de negocio sino para que cada elemento sea remunerado de acuerdo al valor agregado que adiciona. En tal sentido, el Gobierno Nacional avanzó en extenso en desandar el entramado productivo de muchos sectores, mediante la Secretaría de Comercio. En particular, en los bienes de mayor consumo en los sectores más vulnerables, la referencia que establece la canasta de Precios Cuidados y un sistema de alertas tempranas para monitorear las instancias previas a la comercialización minorista. Son medidas sustanciales y con una implementación más rigurosa que en versiones pasadas. Otros acuerdos con sectores específicos como petroleros, farmacéuticos e insumos industriales difundidos, aportan en igual dirección.

Por último remarcar la versatilidad del equipo económico a la hora de afrontar con diferentes instrumentos una coyuntura cambiante, y a sectores que constantemente buscan torcerle el brazo. Un ejemplo fue la réplica consistente ante la corrida de inicios de año, sobre la cual se explayó en extenso un economista del campo ortodoxo como Miguel Bein, admitiendo lo burdo de las maniobras de los capitales financieros concentrados. Ante tamaño intento de desestabilización, la respuesta certera incluyó distintas acciones, a saber:

  • La reapertura de la opción de adquirir fondos para atesoramiento. A las claras el furor por el dólar era pura espuma: respecto del 29 de enero, el momento de mayor cantidad de compras, la adquisición de divisas ya decreció alrededor del 80%.
  • La negociación con el Club de París, el Ciadi, y los ahorristas del canje de deuda. Esto sigue siendo congruente con la decisión de honrar las deudas del Estado Argentino, sin importar quién las generó (no fue este Gobierno, claramente).
  • La puesta en marcha del nuevo índice de precios IPCNu. De más está destacar la importancia de un trabajo homogéneo de todos los institutos de estadísticas provinciales (menos CABA, para variar) a los términos de contribuir en una labor con rigurosidad técnica, a diferencia de las mediciones privadas.

Así las cosas, volviendo a Smith, es notable su apropiación intencionada por lo más rancio del neoliberalismo, en pos de resaltar las bondades del mercado y de su ajuste natural, sin intervención de un Estado que sólo causaría distorsiones. Ahora, sólo existe silencio cuando la lógica debería ser conducente a un equilibrio que afecte los márgenes de ganancias de los sectores con poder de mercado. Ahí la teoría desaparece, sólo queda la praxis más vetusta.

La variable aleatoria dólar ilegal

Esta última semana se observaron una serie de inconsistencias en la evolución de la brecha entre el dólar del mercado único y libre de cambio y el dólar ilegal. El camino errático que se registró en el comportamiento del denominado “blue” muestra a las claras la nula base de fundamentos económicos genuinos de su cotización, la cual surge meramente de maniobras espurias por parte de exiguos operadores de mercado. Previo a indagar en la coyuntura es preciso clarificar brevemente aspectos técnicos para enmarcar el problema.

La doctrina económica suele caracterizar los regimenes cambiarios adoptados por los países de acuerdo a su grado de rigidez o flexibilidad respecto de la cotización de otra moneda de referencia, en general el dólar. Así, existen esquemas clasificados como de “paridad fija” entre los cuales recordaremos el aciago 1 a 1 que acabó con la competitividad de la producción local, desviando todo incentivo a sustituir importaciones. Simplificando los numerosos grises, en el otro polo se encuentran los regímenes cambiarios “de flotación”, los cuales dejan la determinación del tipo de cambio librada al accionar de las fuerzas de la oferta y demanda de mercado, operando como si existiera un conjunto de agentes homogéneos que se aglutinan para comprar y vender moneda, sin que ninguno tenga poder de inclinar la balanza.

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“Juntos podemos”… resistir el tarifazo

Tiempo pasado para la lógica “vecino-friendly” de la campaña del PRO. Ya es un hecho el aumento del pasaje de subte a partir del día martes, pasando a valer $3,5, verificando un alza del 218% en los menos de dos años transcurridos desde que el servicio pasó a la órbita de la ciudad. Mucho más atrás quedaron las propuestas de diez kilómetros de subtes anuales, los cuales se redujeron a menos de uno. ¿Qué hay detrás de lo que el Gobierno de la Ciudad intenta disfrazar como una corrección natural de tarifas? Existe más de un tejido por desentramar.

El primer punto importante es la asignación de recursos. En el primer año de manejo del servicio Macri alegaba que se le estaba traspasando a la Ciudad un monstruo que amenazaba con devorarse todas las partidas no asignadas, ya que el presupuesto cerrado del 2012 no contemplaba la transferencia de la competencia de Nación a Ciudad. Pero cuando tuvo la oportunidad de destinar recursos en el presupuesto 2013 el PRO decidió no asignar partidas, desentendiéndose del problema y culpando al Gobierno Nacional de no seguir subsidiando la concesión. Bregar por mayor autonomía de decisión pero no asumir los costos que eso conlleva es una contradicción evidente.

El segundo punto significativo es la reducida incidencia de las excepciones al tarifazo de la denominada “Tarifa Social”. La muestra más clara es que esta tarifa especial sólo se aplicará a beneficiarios de planes sociales administrados por el gobierno de la Ciudad y a un difuso ítem llamado “beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar”. Sólo Macri debe saber a qué se refiere este concepto ya que Jefes y Jefas se canceló desde 2004, mutando en otros planes. De cualquier forma el alcance es mucho menor que un correcto parámetro de la población con carencias económicas, como lo son las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, política que alcanza a más de 1.800.000 familias.

Un tercer punto para examinar es la calidad actual del servicio y el análisis de las obras proyectadas. Si al deterioro gradual y permanente de la prestación del servicio se agrega el condimento de que Macri hasta el mes pasado seguía inaugurando estaciones en plan electoralista, sin incorporar nuevas unidades, todo deriva en un clima de malestar creciente. Esto ya detonó más de una vez en la irritación de los usuarios, al punto que en las últimas semanas el desborde del servicio en la línea A se volvió intolerable y el Gobierno de la Ciudad tuvo que tomar cartas en el asunto. Usted se preguntará “¿destinó Macri una porción considerable del presupuesto 2014 a la compra de nuevos vagones para mejorar el servicio?” No. Se endeudó por U$S 190 millones con el Banco de China, con el visto bueno de su mayoría en la Legislatura.

Por último, no se puede dejar pasar el obvio fastidio que generaron las infortunadas declaraciones de Juan Pablo Piccardo, actual titular del Sbase y antiguo creador de la represiva UCEP, quien la semana anterior había justificado el aumento con el argumento falaz y simplista del café a $15. Claro está que para un funcionario que siendo ministro en 2008 ya contaba en su DDJJ con un patrimonio superior al millón de pesos, cualquier cifra de aumento será marginal. Pero al menos sería adecuado que el director de Sbase no altere los informes sobre la estructura operativa del subte ya que, según da cuenta el último documento de la Auditoría General de la Ciudad, los costos están sobrevaluados y la tarifa técnica es sensiblemente menor a la declarada por Sbase, con lo cual se podría mantener el esquema tarifario actual.

Queda indagar en por qué es errado este enfoque de política. Sin entrar en un debate respecto de la innegable impronta ideológica de liberalización económica que el PRO deja entrever en cada decisión de gestión que toma, existen dos hechos que el Gobierno de Mauricio Macri parece no entender:

  • La reasignación de recursos de las obras de subtes a metrobús no es una elección eficiente. El mejor ejemplo es el metrobús de 9 de Julio, que realiza el mismo trayecto de la línea C. Eso direcciona incentivos incorrectos en pos del uso del colectivo y del abandono del subte, que es menos contaminante y auxilia a frenar el trastorno del tránsito.
  • Miles de habitantes del conurbano utilizan el servicio y son apuntados por la gestión macrista como los causantes del colapso del servicio. Pero que el subte sea utilizado a diario por más de 1 millón de personas no es perjudicial para la Ciudad, sino todo lo contrario. Al fin y al cabo la finalidad de los bonaerenses así como la de cualquier otro argentino que utiliza el servicio no es otra que producir día a día, y de esta forma favorecen el incremento del producto bruto porteño.

Es evidente que si Mauricio Macri apunta a ser un presidenciable 2015 tendrá que avanzar en medidas de fondo, en detrimento de sus políticas de maquillaje y su victimización con alto impacto mediático pero que difícilmente mejoren la vida de los argentinos. Y sino “Juntos podemos”… resistir el tarifazo.

Elegir el desarrollo estratégico

Dicen que en la vida hay que elegir. El perfil económico de nuestro país no es ajeno a la disyuntiva entre distintos tipos de inserción en el esquema productivo internacional. Intercambiamos con el resto del mundo en base a nuestra estructura económica que fue mutando pero que, a grandes rasgos, siempre conservó un componente esencialmente primario de escaso valor agregado. La especialización en aquel sector en el que Argentina tiene ventajas comparativas no es de por sí mala, sin embargo la concentración de ingresos por parte de los dueños de la producción agropecuaria y su reticencia a los esquemas de redistribución secundaria es la clave que no suele tener en cuenta la doctrina económica ortodoxa a la hora de sugerir un perfil productivo a cada país.

Si queremos entender el rol de Argentina en el comercio internacional sin una posición de victimización histórica, podemos ir a teorías como la del “Sistema Económico Mundial”, popularizada entre la heterodoxia por Immanuel Wallerstein. La misma deja de lado la división estática de un Primer Mundo que busca retroalimentar la dominación material y la opresión geopolítica sobre un Tercer Mundo dependiente del intercambio de productos de mayor complejidad tecnológica y de recursos humanos más capacitados que facilitan el “know how”. En cambio, plantea una visión dinámica, donde al interior de los países periféricos se pueden definir núcleos de poder que van en más de un sentido y existen diferentes estratos de dominación regionales. Así, la tendencia de las últimas décadas con la consolidación de los grandes holdings transnacionales es hacia una creciente “commoditización”; entiéndase por esto la descomposición de determinado producto en el conjunto de insumos básicos que lo conforman, los cuales son uniformes y requieren significativos niveles de escalas de producción para ingresar con peso al mercado internacional.

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¡Es la educación, estúpido!

Hoy muchos economistas coinciden en remarcar la decisiva importancia de contar con un arreglo institucional que funcione de forma estable asegurando a todos los ciudadanos la posibilidad de recibir una educación de nivel, la cual implica un mayor nivel de conocimiento sobre las estructuras y normas de convivencia que son más deseables para una determinada cultura. A nivel individual, un mayor nivel de educación se piensa como el camino unívoco para maximizar las posibilidades de desarrollo personal y así, por efecto agregado, que esto se replique para cada una de las personas y se logre alcanzar un mayor nivel de bienestar social.

Este problema de la educación de los individuos de una sociedad es fundamental para las principales escuelas que estudian el desarrollo económico. Las diferentes teorías coinciden en que debe haber algún grado de relación entre ambos conceptos, con lo cual “a mejor educación, mayor desarrollo” suele ser una noción aceptada sin mayores controversias. Bajo esta lógica, el desafío para cualquier país radica simplemente en generar el mejor arreglo institucional para garantizar el buen funcionamiento del sistema educativo.

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