Hoy muchos economistas coinciden en remarcar la decisiva importancia de contar con un arreglo institucional que funcione de forma estable asegurando a todos los ciudadanos la posibilidad de recibir una educación de nivel, la cual implica un mayor nivel de conocimiento sobre las estructuras y normas de convivencia que son más deseables para una determinada cultura. A nivel individual, un mayor nivel de educación se piensa como el camino unívoco para maximizar las posibilidades de desarrollo personal y así, por efecto agregado, que esto se replique para cada una de las personas y se logre alcanzar un mayor nivel de bienestar social.
Este problema de la educación de los individuos de una sociedad es fundamental para las principales escuelas que estudian el desarrollo económico. Las diferentes teorías coinciden en que debe haber algún grado de relación entre ambos conceptos, con lo cual “a mejor educación, mayor desarrollo” suele ser una noción aceptada sin mayores controversias. Bajo esta lógica, el desafío para cualquier país radica simplemente en generar el mejor arreglo institucional para garantizar el buen funcionamiento del sistema educativo.
Actualmente visiones de este estilo son superadas por un criterio más abarcativo en base al “enfoque de capacidades”, formulado por el economista Amartya Sen. Se piensa en una noción bastante más amplia de desarrollo. Esta perspectiva entiende que no alcanza con que un Estado postule un derecho, sino que es esencial que los individuos tengan garantizada la capacidad de acceder a él, y ejercerlo libremente. Y para esto, la única posibilidad es que el Estado facilite los medios para que los ciudadanos puedan llevar a cabo de forma efectiva sus derechos. En la educación esto se traducirá en la posibilidad real y factible de que se organicen los medios adecuados para que los individuos se eduquen y que el proceso se concrete eficientemente.
En nuestro país en estos días volvió a ponerse en el tapete la cuestión de la paritaria docente en la Provincia de Buenos Aires. La discusión no es otra que el resurgimiento de la puja salarial de inicios del ciclo lectivo. Los actores vuelven a ser, por un lado, un cuerpo gremial que tiene un poder de disputa fortalecido después de sucesivas negociaciones que, a través de los años, llegaron a buen puerto; y por otro lado, se hace visible un Gobierno Provincial desbordado en la gestión para resolver el conflicto, sin resolver del todo la situación y abusando del desgatado argumento de la falta de recursos para hacer frente a los aumentos reclamados. La historia es harto conocida, pero hay un ángulo en el que no se suele poner el foco, que es el de preguntarse si es deseable o no que los gremios docentes tengan un fuerte poder negociador, debido al contrapeso que esto implica, a priori, respecto del poder ejecutor del Estado Provincial.
En particular, ¿será bueno contar con sindicatos fuertes a la hora de tener un sistema educativo de nivel? O más aún, siguiendo el enfoque amplio de bienestar y desarrollo de Sen, ¿será correcto pensar en un mecanismo gremial bien aceitado como uno de los vehículos necesarios para que el sistema educativo funcione? Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, entonces lo primordial es dejar de lado el argumento de victimización automático ante los métodos de reclamo de los gremios. Una huelga no es un apriete, no es poner palos en la rueda, es un mecanismo más que poseen los representantes de los trabajadores para sentar una postura firme y así difundir con más efectividad sus reclamos.
Analizar esto es esencial, ya que se pueden distinguir con claridad dos formas de hacer frente a los reclamos muy diferentes. Mientras los Gobiernos de Néstor y Cristina garantizaron desde 2003 paritarias libres en todos los sectores y superaron las tensiones propias de cualquier negociación con mayor gestión, dando solución a cada problemática particular, el Gobierno Provincial (que vale aclarar, tiene que dar respuesta a un número limitado de reclamos) prefiere responder con evasivas, desviando la cuestión al acusar a los docentes de impulsar un reclamo que va en contra de la calidad de la educación pública.
Lo que Daniel Scioli no está teniendo en cuenta es que la mejora del nivel educativo depende de forma crucial de que los docentes tengan garantizada una institución como la paritaria anual libre, que les permita disputar con vigor sus reclamos y no estén atados a sindicatos funcionales al Gobierno de turno. Esto permite, entre otras cosas, la posibilidad de negociar un nivel salarial que se convierta en un aliciente para regenerar la posibilidad de ejercer y vivir dignamente de una carrera docente en argentina.
Por todo esto, y modificando aquella histórica frase del tibio progresista demócrata Bill Clinton, deberíamos rechazar de plano cualquier intento de victimización del gobernador bonaerense y plantearle con claridad: “¡Es la educación, estúpido!”