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Una descomposición total

Evidentemente el gobierno de Cambiemos no tenía idea del estado del país al 10 de diciembre de 2015. Recuerdo que al día siguiente de la asunción del presidente Macri desde estas columnas reclamamos la convocatoria a una “gigantesca conferencia de prensa” para revelar al mundo las condiciones en que el nuevo gobierno había recibido el Estado.

Obviamente se trató de una notoria inocencia de nuestra parte: la profundidad de la podredumbre es de tal magnitud que habría sido imposible trasmitirla a solo horas de haber asumido. Y conste que aquel reclamo estaba destinado a que se revelara un inventario más bien económico del estado del país. Pero con los acontecimientos de la triple fuga y de la posterior persecución no caben dudas de que la cuestión económica es casi una “decoración” de la degradación a la que el gobierno de los Kirchner -y fundamentalmente el de Cristina Fernández- ha llevado a la Argentina.

Los apóstoles de la supremacía del Estado han desmantelado el Estado. Aquella pantalla solo servía para el enriquecimiento personal, pero no para dotar a las instituciones y a las fuerzas públicas de la eficiencia y de la profesionalidad que deben tener en un país moderno.

Los argentinos han sido puestos ante una orfandad atroz. Por una impericia -o quizás connivencia- que no registra antecedentes entre los funcionarios públicos y el bajo mundo del delito, el país está completamente huérfano de fuerzas que lo cuiden.

Las nuevas autoridades prácticamente deberían estar haciendo muchas de las tareas de recaptura de Cristian Lanatta y Victor Schillachi con sus propias manos para estar seguros de que sus indicaciones se cumplen en tiempo y forma. Otro tanto cabría para la nueva custodia que debería tener Martin Lanatta: lo único seguro seria que poco menos el mismísimo presidente sea su carcelero.

En ese estado de indefensión se encuentra el Gobierno y el país entero. Este estado de cosas, conforme avance el tiempo y se progrese en la toma de conciencia sobre cómo ha quedado todo, debe darse a conocer a la sociedad.

De la misma manera que los números económicos de la provincia de Buenos Aires empiezan a conocerse con expresiones de espanto (deudas no registradas por 54.000 millones de pesos, deuda de 28.000 millones con el Banco Provincia, atraso en el pago a proveedores por 8.000 millones, deuda con la obra social estatal (IOMA) por 2.500 millones y con los municipios por 1.400 millones, y otros 16.000 millones en déficit de sueldos y aguinaldos) a nivel nacional el gobierno de Macri debe revelar el estado contable, la situación institucional, la mugre de los organismos de seguridad, su conexión con el narcotráfico, la cantidad de agentes estatales acomodados por el régimen, en fin, todo, dar a conocer el estado completo de descomposición al que doce años de populismo han sometido a la Argentina.

Se sabe que muchas veces los bienintencionados especulan con no revelar todo el mal cometido por los malintencionados para no seguir profundizando las divisiones y para dar un corte y una vuelta de página a un pasado oscuro. Incluso muchas veces especulan que, con ese proceder, los malintencionados se conviertan en bienintencionados. Olvídenlo con Cristina Fernández. Nada de lo que haga Cambiemos para bajar los decibeles del rencor hará que ella se desvíe un milímetro de su objetivo de destruir toda posibilidad de éxito para el nuevo Gobierno. Su norte la dirigirá a hacer cualquier cosa con tal de entorpecer, ensuciar, boicotear los pasos del presidente. Dará órdenes, reclamará lealtades, dispondrá estrategias, todo para lograr su meta que es regresar al poder para reinstalar un populismo recargado.

En ese marco no tiene sentido ser condescendiente, como indica la teoría Durán Barba: nadie recordará las responsabilidades manifiestas de la Sra. de Kirchner si el nuevo gobierno no las pone a todas y cada una en blanco sobre negro delante de la sociedad e, incluso, en manos de la Justicia.

El triste espectáculo del fin de semana que reveló cómo fuerzas penetradas por el delito luego de años de abandono material y espiritual en manos de un gobierno que se propuso poco menos que destruirlas, son capaces de jugar a favor de prófugos peligrosos, de engañar a los superiores de los que emanan órdenes precisas con coordenadas exactas, debe servir de lección no solo a Macri -para saber con qué bueyes ara- sino a toda la ciudadanía para saber separar la paja del trigo y señalar con toda fortaleza a los verdaderos responsables de este desquicio.

No hay ninguna razón para que los irresponsables demagogos que se enriquecieron ilícitamente durante años y que encima nos entregaron a semejante estado de indefensión se salgan con la suya. Estamos hablando de responsabilidades que deben ser primero reveladas a todos nosotros y luego cobradas con todo el peso de la ley.

La Justicia no puede estar ausente de este partido. Los jueces no pueden hacerse los zonzos. Su deber es desentrañar hasta su mayor profundidad toda esta decadencia infame y toda esta putrefacción maloliente.

Lo mismo vale para el peronismo que quiera convertirse de una buena vez en republicano. Su deber es expulsar de su partido a quienes, usando su sello, han llevado a las instituciones a este estado de desaprensión.

Si el gobierno, -dando a conocer el estado en que el país se encuentra de verdad y el plan que tiene para recuperarlo-, la oposición republicana -terminando de una buena vez con la especulación estúpida y acercando ideas para mejorar-, la Justicia –actuando como corresponde para poner presos a quienes tengan que ir presos- y la ciudadanía -entendiendo lo que realmente pasó aquí y quiénes son sus verdaderos responsables- no hacen lo que tienen que hacer la Argentina habrá perdido una oportunidad única para limpiar, de una buena vez, toda la mugre que tapa su futuro.

De dictadores y autoritarios

¿Se excedió Mirtha Legrand cuando calificó a la presidente de “dictadora”? El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que la conductora “perdió los frenos inhibitorios, quizá por la edad”, y el diputado Carlos Kunkel la llamó “hipócrita y despreciable”. Pero el kirchnerismo intentará imprimirle un sello parlamentario a la amonestación: la senadora nacional Sigrid Kunath, de Entre Ríos, presentó un proyecto de declaración para repudiar los dichos de Mirtha. “No podemos dejar pasar inadvertidos hechos como éste. Resulta grave pretender caracterizar a un presidente elegido por el voto popular como un dictador”, señaló Kunath.

Como resulta habitual con muchos políticos y funcionarios argentinos, se aprecia una ignorancia muy importante en estos comentarios. Es muy posible que Legrand se haya extralimitado en su apreciación, pero la explicación al hecho de que Cristina Fernández no es una “dictadora” no debe buscarse en el origen  “popular” de su elección o en el medio que le permitió alcanzar el poder. La mayoría de las dictaduras más atroces que conoció el mundo, las más sanguinarias y crueles, las que embarcaron al mundo en masacres esquizofrénicas, tuvieron, justamente, un origen “popular” y “democrático”.

Ni Hitler, ni Mussolini, ni Stalin tomaron el poder por la fuerza. Todos ellos llegaron al sitial del gobierno siguiendo las leyes electorales de sus países y refrendados por el voto popular.

Quizás el caso de Stalin pueda discutirse porque, obviamente, el líder de un movimiento que abiertamente confiesa que quiere instalar una “dictadura” (la del “proletariado”) no tiene muchos argumentos para discutir que no es un dictador, pero aun así, podríamos decir que Stalin no tomó (al menos él) el poder por la fuerza sino que llegó a la cúspide de acuerdo con el orden jurídico comunista impuesto por la revolución bolchevique años antes. Lo que ocurre es que la revolución bolchevique fue un movimiento dictatorial per se, con lo que todos sus jerarcas podrían caer en la descripción de “dictadores”. Pero ese es, en todo caso, un análisis que supera los límites de esta columna.

En donde no caben dudas respecto del origen democrático, legítimo y popular de sus gobiernos, es en los casos de Hitler y Mussolini. El Partido Nazi y el Fascismo ganaron las elecciones en Alemania y en Italia y sus líderes accedieron al poder de acuerdo al resultado de las urnas. Sin embargo, no hay lugar a ninguna duda que, por el ejercicio que hicieron del poder, ambos fueron dictadores que no tuvieron nada que envidiarles a muchos carniceros de la Edad Media.

Por lo tanto la calificación de un gobernante como “dictador” no debe remitir a cómo llegó al gobierno sino a cómo ejerció el gobierno. Y en ese punto, insistimos, Mirtha Legrand probablemente haya exagerado la nota, pero no caben dudas que existen severos alegatos en contra de las formas elegidas por la Sra. de Kirchner para ejercer el poder.

Claramente, un presidente que abiertamente confiesa su intención de “ir por todo” está entregando una definición casi gratuita que, desde el punto de vista que estamos analizando, casi lo condena.

En efecto, la referencia al “todo” no puede separarse del concepto de “totalitarismo” que describe los sistemas que van por el “total” del poder y que no admiten su división balanceada, tal como lo disponen la mayoría de las constituciones liberales de Occidente en resguardo de los derechos civiles del ciudadano y de sus libertades individuales. Resulta obvio que un poder “totalitario” o “todolitario” (lo que Cristina confesó buscar) está reñido con las libertades públicas y con los límites democráticos.

En ese campo, si bien la Sra. de Kirchner no sería una “dictadora” porque otras muchas de sus características no cierran con esa definición, la forma de ejercer el gobierno que tiene la presidente se asemeja bastante a regímenes alejados de la democracia, del equilibrio del poder y de la limitación de la autoridad del Estado.

Su relación con la Justicia, con la prensa independiente, con los Estados provinciales, con el copamiento abierto de todos los estamentos de la administración -incluidos los órganos de control- su manera inconsulta de tomar decisiones, su férreo control de áreas descentralizadas del Estado, su estatismo económico, la elección de sus socios mundiales (Rusia, Venezuela, China, Irán), su avance desmesurado sobre los medios de comunicación, su uso desmedido de los resortes del Estado para beneficio propio o partidario, su pretensión de autoridad y, por sobre todas las cosas, esa aspiración notoria a vivir por encima de la ley y de pretender que el orden jurídico normal aplicable al resto de los ciudadanos no se le aplique a ella y a su familia, tienen, en efecto un aire -si no dictatorial- cuando menos excesivamente autoritario.

Esa realidad no la puede borrar el origen electoral de su poder. Habrá sido muy elegida, pero una vez electa no se ha manejado ni siquiera por los palotes del más elemental Estado de Derecho.

Mirtha Legrand podrá haber pifiado la oportunidad y hasta la elegancia de sus dichos, pero no hay dudas de que la presidente no tiene una manera muy democrática (en el sentido del gobierno de la ley) de ejercer el poder. La democracia dista mucho de ser -como sistema de vida- un simple mecanismo de selección de candidatos, de modo tal que todos los seleccionados por sus métodos son automáticamente “democráticos”. Repetimos: los dictadores más oscuros de los que el mundo tenga memoria fueron seleccionados por mecanismos “democráticos” y eso no impidió, sin embargo, que se convirtieran en un estigma maligno que la humanidad aún recuerda con vergüenza.

Las libertades individuales en peligro

De acuerdo al decreto 1311/2015, firmado por la presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández , se aprueba la “Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional”. Según lo que aparece escrito allí “la inteligencia nacional debe velar por la protección y el cuidado de los argentinos, y no “espiarlos”. “El sistema de inteligencia nacional se configura como un “observatorio” abocado exclusivamente a la producción y gestión de conocimientos acerca del conjunto de problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y de seguridad interior”.

La cuestión surge precisamente cuando se empiezan a describir qué tipo de “problemáticas” son “relevantes”. Entre las agresiones de origen externo o el terrorismo aparecen los “atentados contra el orden constitucional y la vida democrática” por parte de “grupos políticos y/o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos y/o el orden constitucional o se trate de grupos económicos y/o financieros -empresas, bancos, compañías financieras, etc.- que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado, etc”.

Entramos aquí en un terreno altamente peligroso para las libertades públicas y celosamente anhelado por el tipo de gobierno al que pertenece el que preside la Sra. de Kirchner.

En efecto, esta clase de regímenes se caracteriza por suponer tramas oscuras cuyo objetivo es desalojarlos del poder. En ese sentido la operatoria de los mercados es uno de sus terrenos favoritos. Enemigos acérrimos de las libertades mínimas y del accionar libre de la autonomía de la voluntad, estos gobiernos ven en las decisiones económicas que toman los operadores parte de una actividad subversiva cuya meta es producir zozobra en la población para desestabilizarlos.

Como contrapartida a ese convencimiento anhelan construir una ingeniería de vigilancia y de denuncia para atribuir lo que no son otra cosa que torpezas propias a elucubraciones producidas en la tinieblas por quienes, a su juicio, son los enemigos del Gobierno.

No hay más que leer a George Orwell para darse cuenta de hasta dónde puede llegar la imaginación de estos fascismos en la creación de dependencias estatales para que el Gran Hermano crea que lo domina todo.

Como salido de la mente del creador de “1984” el decreto 1311 dispone la creación de varios organismos para vigilar que no se cometan estos “atentados contra el orden constitucional y la vida democrática”. En ese sentido, la “Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional” prevé una “Dirección Operacional de Inteligencia sobre Terrorismo y Delitos Contra el Orden Constitucional” y una “Dirección Operacional de Inteligencia sobre Crimen Organizado”, con las respectivas dependencias “Dirección de Inteligencia sobre Delitos Contra el Orden Constitucional” y la “Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera”.

La Dirección de Inteligencia sobre Delitos Contra el Orden Constitucional es la encargada de la “producción de inteligencia orientada al conocimiento de las actividades que atenten contra el orden constitucional, y de los grupos nacionales o extranjeros responsables de llevarlas a cabo”.

La Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera es la encargada de “la producción de inteligencia orientada al conocimiento de las actividades de la delincuencia económica y financiera, así como de lavado de dinero y de las economías criminales, y de los grupos nacionales o extranjeros responsables de llevarlas a cabo”.

Con esta estructura, el Gobierno pretenderá hacerle creer a la población que cualquier movimiento inquietante de las variables económicas no son el resultado su pésimo manejo sino la prueba fehaciente de la existencia de un “golpe de mercado”, cuya definición es tan amplia y tan vaga como para que hasta un almacenero pueda ser perseguido por las fieles tropas del Gran Hermano.

El kirchnerismo no ha sido siquiera original en el establecimiento de estas estructuras de espionaje e inteligencia. Todos los sistemas que en el mundo se le asemejan (o que han seguido sus mismos códigos en el pasado) caen tarde o temprano en esta triste realidad. Está en su ADN. Sin querer, su propia lógica autoritaria (cuando no directamente totalitaria) los lleva a caer en la organización de estas estructuras paramilitares que se erigen en vigilantes de la ciudadanía.

No en vano la mayoría de los gobiernos que han imitado estas organizaciones han tenido un fuerte contenido militar. Así ha ocurrido con todos los fascismos tristemente conocidos en Europa sobre mediados del siglo XX (en Alemania, en Italia, en España, en Rusia) y así ocurre hoy con los que pretenden imitarlos, en una aspiración nostálgica de que los derechos civiles y las libertades individuales pueden eliminarse y subsumirse en la voluntad de un líder.

El decreto 1311 no es, claramente, una señal alentadora. No sabemos cuánto de estos organismos será usado por una administración que no sea estrictamente kirchnerista. Pero lo importante aquí es la confirmación de que el de la Sra. de Kirchner hace rato que dejó de ser un gobierno que ejerce una democracia clásica (si es que alguna vez lo hizo) para convertirse en un régimen que aspira a vigilar y a controlar la vida de todos.

El éxito en el fracaso del ministro Kicillof

Como si se tratara de un enorme choque contra la realidad, prácticamente el mismo día en que la Presidente inauguraba el Centro Cultural Kirchner (ya no es “Nestor Kirchner” sino simplemente “Kirchner” en un obvio cambio para que la mandataria esté incluida también) el Foro Económico Mundial ubicaba a la Argentina en el lugar 140 entre 141 países verificados -el último es Venezuela- en el listado conocido como “clima de negocios”.

En efecto, el país ocupa el anteúltimo lugar en lo que se refiere a cómo ven los inversores a los países cuando se trata de considerar su ambiente para llevar negocios adelante.

Se trata de un objetivo cumplido: el ministro de economía Axel Kicilloff al poco tiempo de asumir su cargo dijo en el Congreso que había dos conceptos que odiaba: el de la seguridad jurídica y el de “clima de negocios”.

Muy bien, dos años después el mundo le dice que ha tenido éxito en su cometido; ha generado las condiciones para que la Argentina no sea tenida en cuenta para invertir porque se la considera impredecible y en manos de la discrecionalidad caprichosa del poder.

Resulta curiosa esta situación a la luz de lo que decía el jueves la Sra. de Kirchner en su decimonovena cadena nacional al inaugurar parte de su Escorial: “Estas inversiones solo las puede hacer el Estado, no el sector privado”.

En su aldeana guerra contra el individuo, Pa presidente ignora que solo en EE.UU. (por no mencionar otros países en donde ocurriría lo mismo) debe de haber no menos de 10 empresas privadas que valen mucho más que toda la Argentina. No hay ningún avance de la tecnología, de la industria, del confort y hasta de la ciencia que deba su origen al Estado. No hay invención humana conocida que provenga del Estado, desde el microchip a la bombacha todo lo que el hombre toca y consume ha sido fruto de la inventiva, de la creatividad y de la inversión privada.

Solo la compañía Apple dispone de activos líquidos de más de 200 mil millones de dólares, la mitad del PBI argentino. Repito: de activos líquidos, allí no se cuentan los materiales, los stocks, la marca. Nada. Solo billetes disponibles contantes y sonantes.

Según el documento del Foro Económico Mundial, este aspecto (el “clima de negocios”) analiza el entorno que tiene un país para que las empresas hagan allí negocios. “Estudios han encontrado relación significativa entre el crecimiento económico y aspectos como, cuán bien los derechos de propiedad son protegidos, y la eficiencia del marco legal”, reza el informe.

Resulta obvio que los derechos de propiedad no están bien cuidados en la Argentina y que la Justicia no se ha demostrado todo lo eficiente que debería en mostrarse como la reserva última de defensa de los derechos civiles y las garantías constitucionales.

Claramente, el exceso de regulaciones y un esquema de tipos de cambios múltiples, junto a limitaciones al giro de dividendos por parte de las empresas de capital extranjero, y manejo discrecional de la autorizaciones de pago de importaciones, además de un déficit fiscal que exige creciente financiamiento a través del aumento de la carga impositiva y de la inflación, han conspirado para configurar un severo deterioro del clima de negocios y pérdida de competitividad del país.

Son obvias las complejidades a las que el cepo cambiario ha sometido a toda la actividad económica. A ello sumábamos las consecuencias de pretender reprimir la inflación manteniendo el tipo de cambio oficial sobrevaluado lo que ha llevado a una contracción generalizada y a una clausura al comercio con el mundo que ha llevado al país a una situación de insignificancia extrema en cuanto a su peso específico y a su interrelación con los demás.

Las exportaciones han caído a niveles históricos, las importaciones están pisadas para entregar una falsa situación de reservas y la deuda está nuevamente en default. Estos han sido los logros duros de una gestión económica que se presenta como exitosa. Con una Presidente que cree (o hace que se cree) que los salarios aumentan a razón de 30% por año en términos reales en la Argentina y que se enoja porque no se lo reconocen cuando otros países apenas entregan mejoras del 1,5% (como fue su recordada acotación sobre España, un país que acaba de salir de un proceso deflacionario)

Lo único que cuenta a la hora de ver la realidad es cuánta inversión libre y voluntaria convoca la Argentina. La Presidente hizo esa referencia al Estado inversor, como si fuese la única fuente de la que se pueden esperar las soluciones. El Estado no genera un solo puesto de trabajo que no pague la sociedad con sus impuestos. Ninguno de esos empleos multiplica la riqueza. El único motor de la multiplicación de la riqueza (producir más con menos) es el sector privado.

En parte, la Presidente tiene razón cuando habla de la “inversión” estatal porque en el país todo depende del Estado. Pero esa no es la realidad del mundo. Es una verdadera pena que el suelo argentino no haya sido la tierra en donde geminarán “Apples”, “Toyotas”, “Samsungs”, “Disneys”, “Fiats”, “Siemenes”. Es una verdadera pena que el país que tenía todo para convertirse en un refugio de millonarios sea hoy una tierra llena de pobres.

El asalto final a la Justicia

La indisimulada embestida contra la Corte no por obvia parece tener impacto en la sociedad, al menos de una manera electoralmente decisiva o que implique un impacto en la imagen del Gobierno o de la propia presidente. Parecería que el grueso de la cuidadanía no ha alcanzado a comprender aun que una administración con poder discrecional sobre las tres jurisdicciones del Estado es en su propio perjuicio y solo en beneficio de los que mandan.

La figura del Dr. Carlos Fayt ha sido la elegida para ensayar un copamiento a como dé lugar del más alto tribunal del país. Se trata del asalto final a lo que queda como estructura semi-independiente destinada a proteger los derechos civiles contra el poder arbitrario. Parece mentira que gran parte de la gente no entienda que ese mecanismo constitucional (que el Gobierno quiere demoler) ha sido diseñado en su beneficio y para limitar el poder avasallante del presidente y de un eventual Congreso dominado por una sola fuerza.

Los constituyentes hace 162 años fueron tan inteligentes que previeron que podía pasar lo que está pasando ahora. O fueron tan observadores que quisieron evitar otro episodio como el de la dictadura rosista.

Pero parecería que una indómita fuerza idiosincrática lleva a la sociedad a caer naturalmente en estos aluviones populistas y antidemocráticos, bajo el velo, justamente, de que esa marea sin límites que todo lo atropella es la mejor definición de la democracia.

El argumento utilizado hasta ahora contra Fayt es su salud psicofísica; crear la duda de si un hombre de 97 años está en condiciones de seguir entendiendo los mecanismos de la Constitución y si cumple con la condición de idoneidad para el ejercicio del cargo

No tengo pruebas de cómo se encuentra el juez Fayt desde ese punto de vista porque no lo veo desde hace 25 años. Más allá de que son incontables los casos de lucidez –y hasta de brillantez- intelectual en gente de edad avanzada, lo que sí parece indubitable es que es nada más y nada menos que la Presidente la que ignora por completo el diseño de la letra y, sobre todo, del espíritu constitucional.

La semana pasada, en respuesta a lo que había dicho el presidente de la Corte, el Dr Ricardo Lorenzetti, en el sentido de que la misión del Poder Judicial en general y de la Corte en particular es limitar el poder de los otros dos poderes a través del control de constitucionalidad de las leyes, la Presidente dijo textualmente: “el único control es el del pueblo”.

Pocas frases pueden condensar en siete palabras una aberración tan contundente. Resulta francamente grave que la jefa de Estado trasunte semejante nivel de desconocimiento acerca de cómo funciona el sistema republicano organizado por la Constitución. Si hay algo que los constituyentes quisieron evitar fue justamente el “llamado control por el pueblo”.

La razón es muy sencilla de comprender. “El pueblo” como ente controlador no existe: no tiene una organización jurídica, no tiene procedimientos y tampoco tiene el ejercicio monopólico de la coacción. Por lo tanto la frase “el único control es el del pueblo”, no es más que un desiderátum populista. Siguiendo ese criterio también podríamos -como reemplazamos el control de constitucionalidad ejercido por la Justicia por un control único ejercido por el “pueblo”- reemplazar las cárceles convencionales por “cárceles del pueblo” como las que usaban, justamente, las organizaciones criminales de los 70 que, en la terminología de la Constitución “se arrogaban la representación del pueblo”

De todos modos, la Presidente no es la responsable última de estas inconsistencias graves con la libertad. Ella cumple con el perfecto manual del demagogo populista endulzando los oídos de la gente que parece idiotizarse cuando escucha la palabra “pueblo”. Ella  conoce perfectamente cuáles son sus limitaciones, aquellas cosas que no puede hacer y por qué no podría hacerlas. Pero también sabe que eso no le conviene a sus intereses y a sus objetivos de ir por todo, entonces se ha propuesto testear la convicción libertaria de la sociedad. Y ese examen le está dando bien. Estira y estira la soga del poder y los argentinos siguen adormecidos, embobados con alguien que les dice que “ellos” tienen el control, que no tiene de qué preocuparse porque ella está allí para defender la “voluntad popular” contra los poderes oligárquicos y concentrados.

La Constitución quería otra cosa: quería investirnos de derechos inviolables para que, con su ejercicio, las decisiones de nuestras vidas las tomemos nosotros. Para garantizarnos esos derechos puso a nuestra disposición un Poder Judicial encargado de decirle al Gobierno: “Señor, no puede traspasar esta línea”. Pero a nosotros nos ha resultado más cómodo vivir como soldados.

El kirchnerismo prepara un “Estado tomado” para después del 2015

El periodista Jose Crettaz escribió el día jueves en La Nación que el “Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto 677, que pone en marcha la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), la súper poderosa agencia de regulación de las telecomunicaciones que creó la ley Argentina Digital, sancionada el 16 de diciembre de 2014. El decreto prevé que el directorio de la AFTIC, que estará integrado por siete miembros, inicie sus funciones el 29 de mayo próximo. Los funcionarios, que deben ser designados por el Poder Ejecutivo, durarán en sus cargos cuatro años y su remoción se decidirá por mayoría de dos tercios de los integrantes del Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, otro órgano creado por el decreto publicado ayer. Ese consejo, compuesto de 34 personas, se integra a su vez por representantes de las 24 provincias y de entes públicos y privados del sector”.

La presunción es que el Gobierno se asegure al menos 5 miembros leales en la configuración de este Directorio que continuará en funciones aun después de las elecciones y de la asunción del nuevo presidente. Sólo dos directores representarían a fuerzas políticas opositoras (los de la primera y la segunda fuerza parlamentaria). El decreto no estableció un sistema de concursos y antecedentes para los directores ni para el resto de la plana de la autoridad, dice José en su artículo.

Esta nueva autoridad de aplicación reemplazará a la Secretaria de Comunicaciones, a la Comisión Nacional de Comunicaciones, a Arsat y al Correo Oficial, y todo indica que será una nueva pista de aterrizaje para miembros de la Campora, en consonancia con otras agencias creadas por el Gobierno, especialmente en materia de comunicaciones como así también en otras diversas áreas de las actividades del Estado

La noticia preocupa porque denota un despliegue más de una táctica militar para gobernar aun sin conservar la presidencia en manos propias. El gobierno y sus tácticos están identificando “cabeceras de playa” estratégicas para ocupar antes del 10 de diciembre y encargan a expertos legales un encuadre jurídico para asegurarse esos bastiones más allá del cambio de gobierno.

El establecimiento de períodos de “administración” que superen el límite de diciembre y la imposición de mayorías calificadas para conseguir la remoción de sus miembros parece ser el formato clásico que la Presidente está eligiendo para perpetrar “el modelo” en el centro del ring.

Cuando el 1 de marzo en la sesión de inauguración de un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, aparecieron carteles que decían “El candidato es el proyecto” todo el mundo los interpretó como una frase de ninguneo para Scioli que, en ese momento, era aun seriamente criticado por el núcleo duro del cristinismo. Pero, ahora, con la revelación cada vez mas evidente de la puesta en marcha de un plan sistemático de copamiento de agencias claves del gobierno, aquella leyenda cobra otro significado.

En efecto, el kirchenrismo se propone gobernar más allá de diciembre de 2015 aun con un candidato que no responda a la pureza que algunos de sus propios sectores exigen.

Los candidatos de la oposición no se han manifestado –por lo menos de modo importante- respecto de esta cuestión. Pero no se si podrán soslayar el tema por mucho más tiempo. Cualquiera de los candidatos que llegue al gobierno (incluido hasta el propio Scioli) se encontraran con un Estado “tomado”.

La planta de empleados públicos consolidados del país realmente asusta. Vale recordar que el presupuesto total de salarios consolidados del sector público argentino era de 25 mil millones de pesos en 2002. Hoy supera los 560 mil millones. Toda esa es gente que ha sido nombrada por el kirchnerismo y que en gran medida le responde. Ahora, a esa estrategia de “inundación” de personal le sigue ésta, un poco más sofisticada, en donde se crean dependencias a las que se le hacen nombramientos políticos con periodos de gestión que van más allá de diciembre y para la que se prevén normativas muy complicadas de remoción.

Sé que existen varios estudios abocados a determinar la constitucionalidad de estos nombramientos, designaciones y creaciones de organismos. Pero de todos modos aun considerando una eventual inconstitucionalidad, el tema implica una severa capitis diminutio para el próximo presidente que verá seriamente recortado su poder y la posibilidad de establecer sus políticas respecto de amplios sectores de la administración.

El kirchnerismo ha sido la agrupación política con mayor criterio militar para gobernar el país de lo que recuerda la última parte de la historia argentina. En efecto, sus planteos estratégicos, el aprovechamiento al máximo de las debilidades contrarias y de las fortalezas propias, un sentido bélico de la confrontación política y el criterio de la ocupación de territorios son modalidades típicamente militares traídas a la política civil. Desde el punto de vista de la concepción del poder, hay que sacarse el sombrero. Pero desde el punto de vista de la libertad individual, no debería pasar un minuto sin que nos preocupemos.

Dos definiciones preocupantes de la Presidente

La Presidente hizo el día martes dos referencias, en su aparición en cadena nacional, que permiten entrever la concepción que ella tiene del mundo, de la Argentina y la percepción filosófica que algún modo la anima.

En un momento, aludiendo a la inversión de una empresa alimenticia, dijo que esos $ 60 millones de pesos destinados a la producción de salchichas y jamón eran la prueba incontrastable de que los argentinos estaban comiendo más salchichas y más jamón y que eso demostraba el éxito económico de su gestión.

La declaración fue impactante. Las salchichas y el fiambre deben ser dos de los elementos de menor contenido alimenticio en toda la cadena alimentaria. Su consumo incluso está contraindicado en las dietas bien balanceadas y en las que recomiendan los médicos que se especializan en nutrición.

Concluir que después de doce años de “modelo” los argentinos comen más salchichas y jamón, y que eso debe ser tomado como un índice positivo, es preocupante. Casi podría decirse, incluso, que por poco la conclusión debería ser la opuesta, esto es, que un sistema económico que solo ha podido hacer aumentar el promedio de consumo de salchichas y fiambre ha fracasado, no que ha tenido éxito.

Es más, no sería descabellado pensar que el consumo de salchichas y fiambre aumentó, justamente, porque bajó el de otros alimentos de mayor valor nutritivo. No debería sorprendernos, en esa misma línea, que también haya aumentado el consumo de harinas (pastas y otros carbohidratos) que también se caracterizan por ser alimentos de bajo contenido nutritivo y que no contribuyen ni al desarrollo cerebral ni a la capacidad de elaborar pensamiento abstracto.

La Presidente hizo su mención con un tono de reproche, como si la sociedad, encima, tuviera que agradecerle que ahora come más salchichas y más fiambre. ¿Qué debería pensar alguien que antes podía comer carne, o pollo, o pescado? El consumo per cápita de carne vacuna bajó, de hecho, en la Argentina de los últimos años, siendo la carne un gran portador de proteínas.

Pero decíamos más arriba que esa mención de la Presiente denotaba una definición implícita acerca de cómo la Sra. de Kirchner ve a la Argentina, al mundo y la concepción que ella tiene sobre el funcionamiento de la acción humana. La Presidente, en efecto, tiene una visión del mundo (y de la Argentina, dentro de él) muy poco ambiciosa, muy quedada y, en el fondo, muy pobre de las aspiraciones humanas. Escuchándola conforme con que los argentinos comieran más salchichas y más jamón, uno no podía dejar de percibir un enorme sentimiento de pena y lástima. ¡Que nada más y nada menos que la Argentina se conforme con comer salchichas! Un país que se presentó casi altaneramente ante el mundo una vez que puso en funcionamiento su Constitución; un país que estaba para llevarse todo por delante, un país donde el progreso era el desvelo de aquellos que venían a poblarlo desde los cuatro costados del globo, un país con un horizonte sin fin ha venido a caer, 162 años después, en un conformismo de salchichas y fiambres.

La segunda “perlita” presidencial llegó cuando pidió a todos que pensaran cómo estaban en 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia. Lo hizo con una advertencia. Dijo: “No me vengan con el tema del esfuerzo da cada uno porque yo me pregunto si en 2003 la gente no se esforzaba, si la gente no quería trabajar, si la gente no quería irse de vacaciones… Hoy es posible gracias a lo que hicimos nosotros.”

Esta es otra manera indirecta de confirmar cuál es la aproximación filosófica de la Presidente a la vida, a la generación de riquezas y a la relación entre el individuo y el Estado. La Sra. de Kirchner está convencida de que lo que puede conseguir una persona, bajo cualquier circunstancia, es gracias a la acción del Estado; que si sólo existiera esfuerzo y dedicación personal no sería posible el progreso.

Está claro que, al contrario de lo parece ser su pensamiento respecto de lo que ocurrió en 2003, en ese momento el trabajo se perdía (aunque aquí habría que aclarar que los tiempos de la presidente también están errados porque la situación de empleo respecto de 2001 ya había comenzado a consolidarse hacia 2003) porque el Estado había quebrado; había estafado a toda la sociedad, le había robado sus ahorros y nadie estaba dispuesto a poner un peso en el país.

Hoy en día, doce años después, la situación en el sector privado (el único verdaderamente productivo) no ha variado mucho: las economías regionales están expulsando gente porque el modelo económico del gobierno las mató, la industria -terminado el auge producido por la devaluación y la pesificación asimétrica- no absorben mano de obra y el único que aumentó dramáticamente su dotación de personal es el Estado. En 2002 el presupuesto de salarios del sector público consolidado del país era de 25000 millones de pesos. Hoy es de 560 mil millones.

Esto significa que la Presidente adhiere a la teoría de que es el Estado el dueño del destino y el que marca el techo y el piso de los sueños individuales (si es que en un esquema así pudiera existir el concepto de “sueños individuales”) No es el esfuerzo ni la dedicación individual sino la acción del Estado lo que le permite a las personas acceder a lo que deseen. Una concepción diametralmente opuesta a la letra y al espíritu de la Constitución, que llamó a todos los hombres de buena voluntad que quisieran habita el suelo argentino a venir a trabajar aquí, en donde un orden jurídico justo le prometía no quedarse con el fruto de su trabajo.

Está claro, a estas alturas, que ninguna de estas cosas son novedades. Que la Presidente tiene en mente un perfil conformista para la sociedad (“agarren esto y agradézcanlo porque con otros van a estar peor aún”) y que está convencida de que lo que las personas logran no lo logran por ellas sino por la acción del Estado, es un clásico al que ya nos tiene acostumbrados.

Pero verlo y escucharlo repetido una y otra vez no deja de extrañar y de causar cierta pena por el potencial riqueza que estas ideas han evaporado de la Argentina.

El peso de las instituciones

La jugada presidencial que se supone realizaría con la Corte Suprema puede arrojar paradojas notorias en los años por venir. Como se sabe, la idea que amasa el Secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y la Presidente es aumentar el número de miembros del máximo tribunal para luego llenar esos cargos con jueces adictos.

Hoy en día la Corte está integrada por cuatro miembros. De acuerdo a la ley que patrocinó la propia Presidente cuando era senadora, el número de jueces debía estabilizarse en 5 por la vía de no reemplazar las vacantes que se fueran produciendo desde que tenía nueve.

En su actual composición, los jueces Lorenzetti, Maqueda y Fayt suelen votar en el mismo sentido (en contra de los intereses del Gobierno, aunque esto es solo una aproximación genérica, como demostró el crucial fallo de la ley de medios) y Highton de Nolasco en sentido diferente (más cercano al oficialismo).

La primera carta del gobierno se llamaba Roberto Carlés. Pero esa carta no pasará el corte del Senado. El voto para la ampliación en un voto simple del Congreso. El Gobierno tiene los votos para eso, aunque luego le volverán a faltar los dos tercios para llenar los cargos con jueces nuevos. La idea entonces sería colocar conjueces de la larga lista aprobada el año pasado en el Senado por simple mayoría, en una jugada considerada anticonstitucional por gran parte de la doctrina.

¿Cual es el objetivo de estas jugadas? Por supuesto, seguir teniendo el control de constitucionalidad de las leyes bajo manos confiables.

Si lograra eso y perdiera las elecciones a nivel presidencial, podríamos entrar en el escenario casi paradójico de ver al kirchnerismo llenarse la boca con la teoría de la independencia del Poder Judicial para defender una Corte “independiente” de un Poder Ejecutivo en manos de otro partido.

Veamos la cuestión desde el otro punto de vista. Supongamos que el Gobierno no logra ese ideal, que la Corte llega con cuatro miembros al 10 de diciembre y que el próximo presidente puede llenar esa vacante con un juez definitivo.

Esa posibilidad volverá a depender de que el que resulte electo tenga los dos tercios de los votos en el senado para aprobar a su candidato. Resulta muy difícil que eso vaya a ocurrir. Hay que tener en cuenta que ni siquiera el kirchnerismo con su actual situación de privilegio en el Congreso llega a cumplir ese requerimiento con votos propios. De modo que puede darse el caso de que el cuerpo funcione con uno o cinco conjueces, dependiendo de que el proyecto de ampliación efectivamente se presente y apruebe.

Una Corte de nueve jueces con cinco conjueces adictos y una jueza con votos históricos cercanos al gobierno, vuelve a presentarnos el escenario de la paradoja o el cinismo que describíamos más arriba.

Un horizonte mucho mas lejano es que el Gobierno no pueda imponer su criterio y que el nuevo presidente, por las razones que fueran, lograra designar jueces de su elección. Esa situación -lejana de por sí- sería, a su vez, diferente, si el número de jueces fuera de 5 o 9.

Si fuera de 5 estaríamos frente a una situación de virtual equilibrio. Nadie sabe cómo comenzaría a votar el juez Maqueda, por ejemplo, con un Macri presidente. Tampoco es seguro lo que hará Fayt después del 10 de diciembre si quien gana no es kirchnerista. Algunos dicen que el juez de 97 años finalmente se retiraría. Eso volvería a darle una oportunidad al futuro mandatario, pero con todas las restricciones que ya apuntamos.

Si fuera de nueve miembros, el nuevo presidente podría hacer dos cosas: enviar un proyecto para derogar la ley que elevó el número y enviar el pliego de un solo candidato propio; o mantener la ley y enviar cinco pliegos. Si milagrosamente, (de nuevo, por las razones que fueran) lograra nombrar esos magistrados y estos fueran realmente impecables, se podría estar frente a la inauguración de una especie de milagro en la Argentina, esto es, que comience a funcionar un atisbo de institucionalidad y de justicia independiente, aquella que muchos (no nosotros) creyeron ver en la Corte designada por Kirchner en 2003.

De todos modos, el solo hecho de que hayamos utilizado todas estas líneas para especular lo que podría pasar en uno y otro caso con la Coste Suprema de Justicia es suficiente evidencia de que la Argentina no es un país institucional y que el diseño de la Constitución para equilibrar el poder ha sido salteado por la política que, evidentemente, ha encontrado la manera de sujetar el balance judicial a sus gustos y conveniencias.

Esa debilidad institucional es el sello más distintivo del país. El hecho de que los gobernantes no sean esclavos de las instituciones sino que, al contrario, hayan encontrado la vuelta para atar las instituciones a sus preferencias, es lo que ha transformado al país de una nación desarrollada en el comienzo del siglo XX a un país subdesarrollado en el siglo XXI. Los flujos de capital que se precisan para multiplicar la abundancia huyen de países gobernados por caprichos y prefieren dirigirse a aquellos en donde el Derecho y la Ley imperan sobre la voluntad de los caudillos.

Resulta curioso cómo, finalmente, la pobreza y el nivel de vida de la sociedad no termina definiéndose por la aplicación de una u otra teoría económica sino por la vigencia o no de instituciones libres e independientes. En la propia región se demuestra que países que aplican teorías económicas que podrían decirse no son “capitalistas” de todos modos progresan porque garantizan la vigencia de instituciones imparciales. Es el caso de Chile (en manos de una alianza socialista), de Uruguay y de Perú, todos en manos de gobiernos de centro-izquierda.

Es el populismo caudillista el que genera pobreza y condena el empleo y el progreso económico de los países. Es la mentalidad militarista de las decisiones verticales impuestas por un “conductor” y obedecidas por una manada de sumisos lo que aleja el desarrollo y la multiplicación de la riqueza.

El intento de seguir cooptando la Corte bajo el ala de un caudillo es una muestra más de la rebeldía que el país tiene para con la modernidad institucional. Sin ella seguiremos hundiéndonos en una pobreza generalizada más allá de los esfuerzos que se hagan para que ella aparezca como mejor repartida.

La hora del republicanismo

Contrariamente a lo que normalmente hacemos en estas columnas -que dedicamos de modo monográfico a un tema- hoy se me ocurrió hacer un par de comentarios sobre otros tantos temas que seguramente a poco que los analicemos bien los encontraremos conectados, aunque nuestro fin hoy no sea estrictamente ese.

En primer lugar, lo ocurrido en el fin de semana en Gualeguaychú en la Convención Nacional de la UCR no puede dejar de mencionarse con un hecho de una enorme importancia para el futuro político inmediato.

La aprobación allí del acuerdo con el PRO y la CC para competir en primarias abiertas comunes y elegir un candidato a presidente representativo de ese espacio introduce por primera vez en muchos años una inusitada claridad a lo que está en juego en la Argentina.

Quizás, incluso, el Gobierno tenga razón en decir que esa coalición significa una amenaza para la visión del mundo que el kirchnerismo le ha impreso a la Argentina en todos estos años. Por supuesto que la representa; de eso precisamente se trata: de otorgarle de modo claro, tajante, definido una opción real a la sociedad.

Sanz habló de que por primera vez en mucho tiempo surgía la posibilidad de que el republicanismo democrático le gane al populismo autoritario. ¿Y cómo creen que tomará eso el populismo autoritario? ¿Creen acaso que lo aceptará mansamente? ¡Por supuesto que no! Por supuesto que pondrá el grito en el cielo, mentirá, profundizará su demagogia, continuará despilfarrando recursos públicos en su propio beneficio político mientras pueda. ¡Por supuesto que hará todo eso!

Pero la cuestión aquí es no distraerse del aspecto central que la sociedad tiene por delante. Lo que dijo Sanz quizás pueda ser explicado más dramáticamente aun como para que no queden dudas respecto de aquello ante lo que estamos: se trata de que la sociedad argentina resuelva quien estará en su centro motor de ahora en más: si el Estado o la persona individual. De esa sola definición surgirá todo lo demás. Antes de que me salten encima, digo: hablo de un sesgo, no de extremismos. La sociedad deberá decidir si su sesgo esta puesto en el Estado o en la persona individual.

Si lo pone en el Estado, con ello vendrá lo que ya conocimos -allí sí, con marcado extremismo- respecto del autoritarismo, el cierre económico, los distintos “cepos” a que ha sido sometida la libertad en el país, el tipo de política exterior que ha tenido la Argentina y el uso incontrolado de recursos públicos en una trama que muchos de nosotros ni siquiera imagina. Esa sería la continuidad.

El cambio radica en sacar al Estado del centro de la escena nacional y poner allí a los ciudadanos libres, emprendedores, revestidos de derechos que le permiten avanzar, pero a los que no se les garantiza por ley tocar el cielo con las manos; el cielo se gana con trabajo, con esfuerzo, con inventiva, con una buena interrelación cooperativa y al mismo tiempo competitiva.

El papel del radicalismo, en ese sentido, resulta clave. El partido está advirtiendo que su tradición estatista (que no es la original de Alem sino la que surgió de los hechos de Avellaneda) está llegando a su fin; que los avances del mundo moderno no se logran con la presencia asfixiante de una nomenclatura estatal que se cree dueña de la vida de las personas, sino dotando a estas de ese vuelo liberal que las desata de los elefantes burocráticos poniendo en sus manos el diseño de su destino.

Ese cambio estructural rompe con un mito imposible (aquel que dice que el radicalismo podía ser un “peronismo prolijo y amable”) e introduce una novedad estelar en la política argentina de los últimos 50 años. Sin dudas puede entregar una oportunidad que la sociedad debería pensar muy bien antes de dejar pasar alegremente.

Por un Gobierno controlado

En 1976 se publicó la extraordinaria novela de Irving Wallace “El Documento ‘R’”, una historia de intriga y suspenso que cuenta el intento de concretar una conspiración para derogar la Ley de Derechos de los Estados Unidos y que está dirigida entre bastidores por el FBI.

En un trasfondo de creciente violencia, Wallace pone frente a frente dos fuerzas opuestas: por una parte, aquellos que tratan de modificar la Constitución para que el gobierno pueda imponer sin miramientos un programa de “ley y orden”; por otra, quienes creen que tras la Enmienda XXXV se oculta un plan de mayor alcance que tiene por fin subvertir el proceso del gobierno constitucional y reemplazarlo por un estado policíaco.

La Constitución de Estados Unidos es un documento difícil de modificar. Una enmienda es un cambio al documento aprobado en 1788. Tal y como lo especifica el Artículo V de la Constitución, existen dos formas de enmendarla. Una de ellas no ha sido utilizada nunca.

Uno de los dos métodos de enmendar la Constitución es que ambas cámaras del Congreso; la Cámara de Representantes y el Senado aprueben una propuesta para realizar el cambio. El voto debe alcanzar una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Una vez que la propuesta sea aprobada, se dirige a los estados. Treinta y ocho de las 50 legislaturas estatales deben aprobar la enmienda, es decir tres cuartos de los estados de la nación. Otra vía para lograr un cambio en la Constitución es si dos tercios de los estados convocan una convención constitucional en la que propondrían la(s) enmienda(s). De ahí en adelante, las propuestas de enmienda se decidirían por las legislaturas o convenciones estatales. Estados Unidos nunca ha recurrido a este método para enmendar su Constitución.

Lo cierto es que la historia de Wallace suponía la existencia de una nomenklatura fascista en la nación que pretendía derogar el diseño constitucional de 1787 y cambiarlo por otro en donde el centro del poder de decisión de la sociedad no estaría en los individuos sino en el Estado.

Parafraseando la historia de Wallace, podríamos decir que los argentinos nos encontramos frente al “Factor R”. Tan solo esa letra sirve para diferenciar la dramática decisión que tarde o temprano tendremos que tomar. La ambigüedad de mantener en lo formal una Constitución que pone al hombre libre en el centro del protagonismo social y, en lo real o sustancial, una realidad que retiene a ese protagonista para reemplazarlo por el Estado, no va más. Ese doble discurso ya no resiste. Es preciso que la sociedad resuelva esta disyuntiva que la mantiene postergada desde hace más de 80 años.

Se trata de elegir entre un sistema con un gobierno controlado (justamente por la sociedad, a través de los jueces, de los organismos independientes del poder ejecutivo y de la prensa) o con un gobierno controladoR , es decir que tiene en su puño la capacidad de regimentar la vida de todos a fuerza del dictado indiscutido e indiscutible de sus disposiciones.

Es hora de que la Argentina elija definitivamente si quiere tener un gobierno completamente desligado de la ley, sin control social y por encima de la Constitución, en donde los funcionarios vigilan a los ciudadanos, o si, al contrario y como establece la Ley Fundamental, la sociedad se inclina por vivir en un sistema en donde el gobierno está sujeto a severas limitaciones que le impiden avanzar sobre el círculo de soberanía individual que la Carta de Derechos reserva a los ciudadanos.

Como se ve por la simple enunciación teórica de los sistemas en pugna, se trata de dos concepciones completamente antagónicas de la vida. La cuestión no se limita simplemente a elegir un tipo de organización social; se trata de elegir una forma de vivir, una forma de ver el mundo, una forma de interrelacionarse con los semejantes y, como país, una forma de relacionarse con los demás países.

La conveniencia de la nomenklatura estatal hizo que millones de individuos se convencieran de que no pueden solos; de que no hay manera de cumplir los sueños individuales porque los “intereses de los poderosos” siempre se interpondrán en el camino y que sin la intervención milagrosa del Estado, estarían desahuciados. Esa minusvalía, esa profunda carencia de autoestima y de postración hizo que enormes franjas de la sociedad estuvieran de acuerdo en entregar su libertad a cambio de que el Estado les proveyera de una manutención mínima: renunciaron al cielo, por tocar el cielorraso.

Eso hizo que nos convirtiéramos en un país de techos bajos, chato, gris, sin protagonismo, intrascendente, como si para nosotros no estuvieran preparadas las grandes cosas, las grandes empresas.

Pero incoherente e hipócritamente hemos mantenido una Constitución escrita por un conjunto de visionarios que creía que los argentinos no tendríamos techo, si dejábamos volar nuestros sueños y le poníamos pasión, esfuerzo y trabajo a nuestros anhelos. Ninguno de esos Padres Fundadores nos creyó tan pusilánimes como para entrar en una transacción con un conjunto de vivos que nos vendió el paquete de la “seguridad económica” a cambio de quedarse con nuestras libertades. No creímos nunca que con nuestras libertades podíamos superar con creces lo que nuestros “protectores” nos ofrecían; transamos por migajas.

Este choque cultural ya no puede sostenerse. Y creo que detrás del 18F y el merecido recuerdo a la memoria del fiscal Nisman, muchos argentinos estarán mostrando que ya no quieren las consecuencias de aquella pusilanimidad. Creo que muchos de los que salieron a la calle  lo hicieron para pronunciarse por eliminar el “Factor R”, dejar atrás el gobierno “controladoR” y pasar a tener un gobierno “controlado”.