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Intocables

La Presidente, el canciller y otros miembros oficiosos del Gobierno (Luis D’Elía fue, sin embargo, un funcionario formal de los Kirchner durante el gobierno de Néstor) han sido imputados por el fiscal Gerardo Pollicita por el delito de encubrir a los sospechosos de haber volado la AMIA. Se trata de la implementación en los hechos de la denuncia que había presentado el Dr. Nisman cinco días antes de morir.

Ya desde la mañana del viernes tanto Aníbal Fernández como Jorge Capitanich se habían adelantado a estos hechos, calificando a la mera posibilidad de que el fiscal hiciera efectivamente eso como un hecho de “activo golpismo judicial violatorio de la democracia”.

La regla vuelve a cumplirse: cada vez que el poder de control esencial que la Constitución ha organizado para vigilar al Poder Ejecutivo -esto es, el Poder Judicial- amaga con poner en funcionamiento los mecanismos normales de su funcionamiento, la Presidente y sus funcionarios salen a blandir el argumento del golpe.

Es, a todas luces, una apelación vieja, gastada y reveladora del perfil de país que el kirchnerismo tiene en la cabeza. Ese perfil consiste en una organización vertical en cuyo vértice intocable se haya la Presidente en particular y los funcionarios en general, y según la cual la ley común no les es aplicable a ellos, porque todo intento de aplicarles a ellos la ley común es reputado como automáticamente antidemocrático, destituyente y golpista.

Se trata de un “yeite” maravilloso: “Todos son iguales ante la ley, menos nosotros, a quienes la ley no se nos aplica.” Si hay algún motivo por el cual la Constitución fue sancionada, fue, precisamente para terminar con un tipo de organización nacional basada, justamente, en esquemas similares a ese.

El oficialismo tácitamente confiesa, de este modo, la sociedad que busca delinear: una gran masa de zombies a los que tiene controlados y a los que les aplica el rigor de la ley que el mismo gobierno sanciona y una casta de privilegiados que vive de chuparle a la sangre a esos esclavos y que se haya absuelta de dar explicaciones ante la Justicia por sus conductas y completamente liberada de las molestias de los controles externos a su gestión.

Resulta particularmente llamativo cómo siquiera pueda haber una parte de la sociedad que preste su acuerdo a un esquema social como éste. Los militantes dicen que “voluntariamente” se someten a la conducción verticalizada de la líder porque es ella la que “conduce”. El problema es que, lo que ellos aceptan voluntariamente para sí mismos, se lo quieren imponer por la fuerza al resto de la sociedad, que no acepta de ninguna manera vivir bajo ese perfil.

La presidente Dilma Rousseff está luchando para tratar de demostrar que no ha tenido nada que ver con el escándalo Patrobras. Más de una vez en los últimos meses en Brasil se ha pronunciado la temible palabra “impeachment”. Sin embargo, a Dilma no se le ha pasado ni de cerca por la cabeza la idea de acusar a quienes investigan de golpistas destituyentes. El Estado de derecho no es sólo el Poder Ejecutivo. De modo que si para no tocar a éste se impidiera el normal funcionamiento de los mecanismos constitucionales, eso sí sería golpismo, porque se estaría echando mano a recursos de facto para impedir que la Constitución funcione.

En otra salida francamente desopilante del día viernes, la fiscal Alejandra Gils Carbo (que según la Presidente es un órgano extrapoder y una funcionaria independiente) anunció que emitirá una resolución del Ministerio Público avalando las actuaciones de la mandataria en sus negociaciones con Irán, como si la Procuradora General fuera una especie de abogado defensor personal de la Sra. de Kirchner. El Ministerio Público existe para defender a la sociedad. ¿Para defenderla de quién? Justamente del Estado. No está allí para validar la teoría de que el Estado se encarna en la persona de la Presidente  y, como tal,  esta es intocable. No. La Procuradora  -como señala la teoría presidencial aunque no, claramente, su práctica- es una funcionaria independiente del Poder Ejecutivo que no puede ni debe salir en su defensa. ¿Cómo creer, luego de semejante declaración confesional, que la Sra. Carbó manejará las escuchas telefónicas con imparcialidad, de acuerdo a la nueva Ley de Inteligencia?

La Constitución argentina fue sancionada en previsión de todo esto. Más allá del dramatismo de éstos días estamos ante una oportunidad histórica de demostrarnos a nosotros mismos que esos mecanismos sabiamente creados hace más de 160 años pueden funcionar entre nosotros y que es de lo más saludable que funcionen. Solo los que defienden la incivilización política sugieren volver a lo que ocurría en la Argentina colonial y en la de la Guerra Civil del siglo XIX. Quienes queremos vivir en una república moderna en donde nadie esté por encima de la ley, creemos que el tiempo histórico nos ha colocado ante una enorme oportunidad: la de saber que aquí gobierna la ley y no la voluntad de un líder.

La reafirmación de una aspiración totalitaria

La presidente presentó el lunes una idea vieja como si fuera novedosa. En efecto, con aire festivo la Sra. de Kirchner dijo que a partir de ese momento se inauguraba una nueva modalidad de cadenas nacionales, siempre en horario central, más seguidas y frecuentes y más cortas en su duración. Dijo que había tomado esa decisión porque de lo contrario los anuncios que ella hace no salen en ninguna parte.

Esta síntesis de los expresado por la Presidente sugiere varias conclusiones. En primer lugar, la reafirmación de una aspiración totalitaria sobre la información que elimine a los medios y ponga a la Sra. de Kirchner en el rol de ser la única fuente de información nacional. Para su conocimiento, más allá de la pretensión de novedad con que la iniciativa haya sido presentada, habría que decirle a la Presidente que se trata de una práctica ya intentada en el mundo en varios de cuyos países han funcionado ministerios de propaganda con suerte diversa hasta que las fuerzas de la libertad terminaron con ellos.

En segundo lugar, la decisión presidencial lleva a una pregunta trascendente sobre la enorme corporación de medios oficiales controlados directa o indirectamente por el Gobierno. Parecería que ese conglomerado está haciendo muy mal su trabajo de momento que la mandataria textualmente dice, quejándose, que lo que ella dice “no sale en ninguna parte”. Evidentemente el concepto que la Presidente tiene de su propia corporación de medios es bastante pobre.

Hoy el Estado -es decir la Sra. de Kirchner- controla más del 70% de los medios del país entre diarios, radios y emisoras de tv abierta y por cable. Pero, aun así, dice que se ve obligada a salir ella en persona por cadenas nacionales cada vez más cotidianas, a dar las noticias que importan porque de lo contrario, los medios no lo destacan. ¿Y sus propios medios, señora? ¿Tampoco lo destacan? ¿O será que la repercusión que tienen esos medios es tan escasa que ni aun teniendo el 70% de la propiedad no alcanzan a tener una porción razonable del share de audiencia?

En otro orden de cosas, no puede ocultarse el tipo de “escuela” a la que pertenece esta práctica. Se trata de una variante más del fascismo en el que ha caído la Argentina: la presencia omnímoda del Estado que aspira a ocupar hasta el último rincón de la vida del país, con su única voz, con su única presencia.

Durante la conexión en duplex de hace algunas semanas con el Sr Putin, la Presidente deslizó la idea de ir hacia un sistema en donde los medios no existan y en donde los líderes mantengan con el pueblo una comunicación directa, sin intermediarios. Se trata de otra aspiración totalitaria en donde la opinión y el análisis libre quedaría prohibido y pasaría a ser reemplazado por un sistema de “bandos” oficiales que se convertirían en el único elemento informativo existente.

También ésta se trata de una aspiración antigua. Muchos regímenes que la humanidad recuerda con vergüenza intentaron la misma empresa con el fracaso como resultado

La estatización completa de la vida no ha funcionado en el mundo. Los iluminados que la intentaron fueron señalados como tiranos por la historia y terminaron sus días envueltos en la locura de creer que era posible gobernar a un pueblo desde un solo puño, sin opiniones disidentes, sin matices, sin colores, con su único vozarrón sobresaliendo e imponiéndose a todo lo demás

La Presidente inauguró este nuevo método para decir que habría camiones odontológicos dando vueltas por todo el país, arreglándole las caries a los argentinos, que el país fue destacado por la ONU y la OCDE por su inversión en educación y para felicitar a su hijo por el campeonato de Racing, admitiendo que había sido advertida por él para que usara la cadena nacional para cursar ese saludo “porque si no la ‘mataba’”.

Más allá de esta nueva señal que confirma que la Sra. de Kirchner y su familia creen que el Estado les pertenece, fijémonos que ocurrió con los otros dos anuncios. El primero fue opacado (como si se tratara de una enorme ironía mediática) por la propia mandataria al internarse en la explicación de la nueva modalidad comunicacional y respecto del segundo, la Presidente olvidó referirse a la calidad educativa que, obviamente, debe juzgarse por los resultados. Esa calidad no ha pasado ninguna de las pruebas a la que ha sido sometida. Los chicos reprueban los exámenes regionales e internacionales de los que participan. Solo la mitad de los que entran al sistema educativo lo termina y los valores trasmitidos en las escuelas hacen dudar de si es conveniente que esas ideas estén bien o mal financiadas, siguiendo el famoso principio de que no hay peor mal que una mala idea con plata.

En algún lapso la Presidente pareció incluso pretender plantear un antagonismo entre el “Estado” y los “privados” como si el “Estado” fuera posible sin los “privados” o como si el “Estado” fuera una entidad moralmente superior a los privados o, incluso, más eficiente que ellos. La Presidente, a esta altura, debería saber que el Estado no tiene una existencia corpórea propia (a menos que la Sra. de Kirchner crea que el Estado es ella misma) sino que es una mera simulación jurídica inventada por los particulares para su propia conveniencia y para administrar de modo común las finanzas públicas pero que no tiene, al menos según la Constitución argentina, una preeminencia sobre los ciudadanos particulares; al contrario, son éstos los que la tienen sobre el Estado que debe estar a su servicio.

Tampoco desde el punto de vista de la eficiencia productiva el Estado ha demostrado ser superior a lo que la mandataria llama “los privados”. Hasta la última prenda que la presidente usa en su propia humanidad fue inventada, ideada, desarrollada y producida por “los privados”. Son “los privados” los que inventan los medicamentos, las fórmulas para que la gente viva más, los que producen nuevos elementos de confort, los que desarrollan nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones para hacer la vida más fácil. El Estado no sirve básicamente más que para cobrar impuestos y -si cumpliera su rol como corresponde- para dar un orden jurídico razonable que facilite el trabajo, el desarrollo y la inversión. Puesto en ese rol, puede ser una ayuda o un estorbo, pero nunca será el protagonista del progreso humano.

La Presidente aspira a que el Estado sea todo en la Argentina: “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”, diría Mussolini. Ella, que se asume como “el Estado”, aspira a ser dentista, maestra, locutora de noticias, editora de diarios, productora de petróleo, generadora de electricidad, confeccionista de ropa, jueza de conductas, fiscal de investigaciones, legisladora general, constructora de viviendas. La Argentina es ella y ella es la Argentina. Lo demás no existe.

La presentación del lunes de la Presidente no puede ser interpretada sino como una reafirmación de la pretensión totalizadora que ha caracterizado a todo su Gobierno, una pretensión que aspira a que solo se escuche una voz en la Argentina y que la fuerza del Estado sea utilizada para acallar toda opinión que no sea del agrado presidencial. Ahora lo hará por la fuerza. En medio de los clásicos horarios de las noticias en la Argentina, irrumpirá ella con su voz, callando a las de los otros. Es una pintura de esta época. Es una pintura de la no-democracia.

La connivencia del poder con los violentos

Anteyer, en plena tarde de Buenos Aires, en el estadio de uno de los clubes más grandes del país se produjo la irrupción de más de 120 personas, algunas encapuchadas y la mayoría portando armas blancas y manoplas, que entraron en la confitería principal para desatar una batalla campal que dejó heridos de gravedad, a otros inocentes con golpes y cortes y a todo el mundo estupefacto en medio de la hora en que muchos chicos salían del colegio del Instituto River Plate y otros de sus prácticas de divisiones inferiores.

Algunos padres debieron esconderse en el baño tratando de proteger a sus hijos y una mamá pagó caro el hecho de haber ido a buscar al suyo cuando una silla de las tantas que volaban por el aire le cortó el labio y la cara.

Pronto la Argentina deberá implementar la prohibición absoluta para entrar a los clubes de fútbol. Desde hace más de un año el país creyó que inventaba la pólvora sin humo prohibiendo la asistencia de público visitante a los partidos de fútbol, porque la creencia era que la violencia se generaba entre las barras de los distintos equipos.

La locura en la que estamos nos va demostrando que ya no estamos en presencia de un peligro entre gente de distinto color sino ante la violencia más furiosa que ahora alcanza a los que supuestamente participaban de un mismo bando.

El monumental negocio económico y de poder que se ha armado detrás del fútbol con la complicidad de los dirigentes y del Estado es de tal magnitud que ahora la guerra estalló puertas adentro de los propios clubes. Las barras se han dividido en la mayoría de ellos en busca de más poder y de más dinero. Todo ha sucedido bajo un manto de connivencia que ahora impide actuar a quienes están siendo sus propias víctimas.

En el episodio de anteayer, la información da cuenta de que en las propias instalaciones de River estaban integrantes de la llamada “barra oficial” que habían ido a retirar las entradas de favor para el partido de mañana jueves entre el local y Boca por la semifinal de la Copa Sudamericana, que la dirigencia les da para que armen su propio negocio. Son entradas que puestas luego en la reventa pasan a valer miles de pesos. Se calcula que por este partido en donde la recaudación puede alcanzar los 15 millones de pesos, la barra puede racaudar entre 1 y 2 millones. Por ese botín matan y se matan.

A ese negocio hay que sumarle el de la calle, en donde se combinan los “trapitos”, que aprietan a la gente con el estacionamiento, la droga y otras “amenidades” por el estilo.

La dirigencia no ha estado a la altura de las circunstancias, pero muchas veces apunta detalles estremecedores. D’Onofrio, el presidente de River, por ejemplo, comentaba hace algún tiempo que encontró enganchado en el parabrisas de su auto un mapa con el recorrido que hace con su nieto para llevarlo al colegio. La amenaza de la violencia actúa con impunidad.

¿De dónde deriva esa impunidad? De la inacción del Estado. Y esa inacción es sospechosa. No ha sido uno sino varios los antecedentes públicos de hechos violentos en acontecimientos políticos en donde la “mano de obra” utilizada fue la de los barrabravas. En varias filmaciones que mostraban las acciones violentas de un grupo de poder contra otro, aparecen los mismos personajes que protagonizas los desmanes en el fútbol. Venden sus servicios a gente que luego los protege.

No hace mucho tiempo el mayor experto inglés en violencia deportiva visitó la Argentina invitado por organizaciones no gubernamentales para que explicara como en Gran Bretaña habían logrado imponerse a la violencia en el fútbol. A poco de establecer un paralelo surgía una diferencia entre ambos países que cambiaba completamente el ángulo para encarar las soluciones. En Inglaterra no había connivencia política con los hooligans. Estos eran grupos de borrachos que encontraban en el fútbol una manera de descargar sus violentas emociones poniendo en riesgo la vida de los demás. Pero el dinero, la droga y el poder no estaban involucrados en la pelea. Aquí sí.

D’Onofrio ha dicho que no tiene inconvenientes en echar de River a todos los que se compruebe estuvieron involucrados en la pelea. Pero se preguntó, ¿los mantendrá luego el Estado detrás de las rejas o los soltará a las pocas horas? “Porque si es asi, van a tener que ponerme una custodia muy grande”, agregó.

Parece mentira que un país como la Argentina en donde el fútbol forma parte de su historia cultural haya arruinado un espectáculo de estas dimensiones. Que los dirigentes y, fundamentalmente, que el Estado se hayan hecho socios de la violencia, del apriete y de los negocios de un conjunto de mafiosos es una muestra más de la decadencia en la que nos hemos metido.

La gente inocente sigue viendo como todos los días le roban delante de sus narices no solo sus propiedades y sus pertenencias sino sus alegrías y los pequeños placeres de los que no hace mucho aun disfrutaba.

Se trata de un deterioro serio de nuestra manera de vivir, de los valores a los que les damos preeminencia y de una renuncia absoluta a solucionar los problemas.

Pero la gran desilusión llega cuando todos advertimos que quienes deberían ser quienes se encarguen de la solución son parte del problema; que ellos estan metidos hasta el cuello en la misma inmoralidad que la sociedad pide a gritos que se termine.

La Argentina deberá olvidarse de encarar la solución a esta violencia como un sucedáneo del fútbol. El fútbol es solo una excusa y una víctima del problema. Aquí estamos en presencia de mafias que como aquellas de las películas están detrás del dinero y del poder. Las herramientas pueden ser el alcohol, el juego o las prostitutas. Pero el problema de fondo no es el licor, los casinos o las mujeres. El problema es la connivencia del poder con los violentos.

Nadie sabe ahora cuando llegará la respuesta de los que fueron sorprendidos ayer. Como en las historias de la mafia, se dice que hubo un soplón; alguien que pasó el dato de la presencia de la “barra oficial” en las instalaciones de River en la tarde de ayer. Fue el santo y seña para ir a matarlos. La Argentina estará pendiente, ahora, del siguiente santo y seña; del que marque la llegada de la próxima venganza.

El desapoderamiento

El próximo presidente de la Argentina deberá reunir cualidades muy especiales para enfrentar el desafío de volver a hacer de este país una tierra de oportunidades y para devolverle a la sociedad la vitalidad muscular perdida después de tanta droga asistencialista.

Las de mayor importancia dentro de esas cualidades serán el desprendimiento, la magnanimidad y la grandeza.

En efecto, la próxima administración deberá iniciar un camino de desapoderamiento del Estado para volver a transferir esos signos vitales a los individuos y a la sociedad. Han sido tantas la energías robadas a las personas en estos años, tanto el poder arrebatado a la sociedad para depositarlo en los funcionarios que encarnan al Estado, que la contratarea será ciclópea.

Pero además, como en la Argentina el empoderamiento del Estado ha sido interpretado como un empoderamiento de personas físicas de carne y hueso que han aspirado los bríos y las energías de los argentinos privados, la tarea de devolver esa vivacidad adonde corresponde (y de donde nunca debió haberse ido) necesitará de una condición de grandeza personal del próximo presidente muy parecida a la que tuvieron los presidentes de las primeras horas de la Constitución.

El próximo presidente deberá encabezar, él mismo, un proceso para hacer de la presidencia un lugar más liviano, un sitio menos excluyente y más prescindente de las decisiones privadas de los hombres y mujeres argentinos.

Para eso deberá tener la magnanimidad del desprendimiento. Después de años y años de una acumulación asfixiante y sin precedentes de poder en el puño presidencial, el próximo titular del Poder Ejecutivo deberá, en su propio”perjuicio”, volver a llevar ese poder al dinamismo individual, para que vuelva a florecer la inventiva, el vuelo de los sueños, y las ganas de cada uno por protagonizar personalmente la aventura de la vida.

Y hemos entrecomillado a propósito la palabra “perjucio” cuando nos referíamos a lo que el próximo presidente debería hacer, porque, efectivamente, a primera vista, quien voluntariamente renuncie a la cantidad de prerrogativas que la década kirchnerista le ha entregado al Estado (entendido éste casi como la voluntad omnímoda y personal del presidente) debe ser alguien con una voluntad de grandeza fuera de los común, que priorice los beneficios para el país antes que sus megalómanas manías por el poder.

Paradójicamente, sin embargo, ese eventual “kamikaze” , que se deshaga de todo el poder que la Sra. de Kirchner ha acumulado para el Poder Ejecutivo, terminará siendo más poderoso que ella, gracias a que su administración será recordada por haberle devuelto la sangre la sociedad y por hacer posible que la Argentina vuelva a ser un país en donde los sueños de cada uno no mueran en la asfixia a que los somete la concentración completa del poder.

La renuncia del próximo presidente a los poderes que la Sra. de Kirchner se autoregaló durante todos estos años será la verdadera tarea “derogatoria” del próximo gobierno. En efecto, si algo hay que derogar en el país es la innumerable pléyade de pererrogativas que el poder ejecutivo de los Kirchner le ha arrebatado a la sociedad durante los años de sus mandatos. Cada derogación será una devolución de libertades a los ciudadanos argentinos; cada renuncia que el próximo presidente haga a las facultades extraordinarias de las que gozaron Néstor y Cristina Kirchner deberá ser interpretada como una recuperación de derechos, como una reposición de lo que fue quitado, como un rescate de lo que fuera secuestrado, como un restablecimiento de la posibilidad de hacer de nuestras vidas lo que querramos con independencia de la voluntad del Estado, tal como lo había imaginado la Constitución.

Si ese milagro llegara a verificarse y por primera vez en mucho tiempo tuviéramos un presidente que se desprende de poder antes que un megalómano que lo acumula, la Argentina estaría en condiciones de protagonizar uno de los despegues socioeconómicos más extraordinarios de la historia humana, similar al que la transformó de un desierto pleno de barbarie a mediados del siglo XIX en una potencia mundial en menos de 70 años.

Con solo permitir que el centro de las decisiones trascendentes pasen de la presidencia a los individuos y a las empresas, la Argentina daría una vuelta de campana sin precedentes. La mayor decisión del próximo presidente es inaugurar un tiempo en donde las mayores decisiones no las tome el presidente. Ese cambio cultural hará pasar a la Argentina de la Edad Media a la Era Cibernética.

Si Dios iluminara por una vez a los argentinos para tener el tino de hacer ese distingo y por una vez a su dirigencia para limitar un poder que ha ahogado la aventura del emprendimiento en el país, la Argentina podría tener una chance en el futuro. Si al contrario, quien gane la presidencia continua creyendo que ha accedido a una alta torre desde donde puede manejar y controlar imprescindiblemente la vida de todos valiéndose de la herramientas que durante todos estos años los Kirchner le han arrebatado a la sociedad para entregárselas al Estado, el país terminará hundiéndose en el autoritarismo y en la inquebrantable pobreza que él genera.

El Gobierno que dice que “el Poder” está en otro lado

Es muy curiosa la interpretación del poder que tiene el gobierno. Durante toda esta década se la ha pasado (y con bastante éxito, por cierto) trasmitiendo la imagen y la idea de que en realidad él no es EL PODER sino que EL PODER está en otro lado, en vericuetos ocultos y oscuros, siempre urdiendo tramoyas contra el pueblo y contra lo que el pueblo votó.

Según esta interpretación el gobierno no sería el gobierno sino la oposición a ese poder; es decir, el gobierno actuaría con el poder del Estado pero oponiéndose al verdadero PODER, que, según esta versión, se ubicaría por fuera del Estado. Es más, según el gobierno, casi podría decirse que todo lo que no sea Estado sería el Poder Oculto al cual el gobierno debe oponerse.

Y decimos que la interpretación es curiosa por varios motivos. En primer lugar si todo lo que no es Estado es sospechoso de ser un poder oculto con intereses opuestos al pueblo, ¿cómo llamaríamos a los integrantes de ese supuesto poder?, ¿no serían parte del pueblo? Continuar leyendo →

Un mundo sin periodistas y sin opinión

A la Presidente le van quedando pocos caminos para el disimulo. En cada vez más aspectos de la vida nacional la sinceridad sin remedio va aflorando, sin contención, con la fuerza de las palabras y de los hechos.

El pasado jueves, sin tapujos, en su videoconferencia con Putin, habló de que la información debía recibirse sin intermediarios, en un alusión sin anestesia a un mundo sin periodistas. Es a lo que aspira la Sra. de Kirchner: a que la prensa libre desaparezca.

Más allá de que es materialmente imposible concebir un mundo en donde la información circule sin medios, porque eso supondría el imposible escenario de los protagonistas directos contando lo que ocurre, lo cual, obviamente deriva en la perogrullesca conclusión de que esos éstos no contarían lo que no les conviene y solo transmitirían “sin intermediarios” lo que los favorece, el hecho de que la Presidente lo revele como un horizonte cuya persecución la desvela denota una clara intención antidemocrática cuando no directamente totalitaria.

Que el marco decorativo de sus afirmaciones haya sido el presidente ruso, quien en sus palabras calificó  la información como una “arma temible”, es por demás sintomático. Rusia figura en el puesto 144 en el informe sobre libertad de prensa en el mundo que verifica su vigencia en 180 países. Resulta obvio que un autócrata como Putin, un representante genuino de la imperialista KGB, considere “temible” la información: debe resultar definitivamente temible que gracias a la acción de periodistas libres sus ciudadanos y el mundo conozcan sus intenciones y sus planes. Como la Sra. de Kirchner debe considerar temible que otros periodistas libres revelen los suyos.

Por lo demás es la “intermediación” la cuna de la opinión. No habría opinión sin intermediación, por lo que proponer la supresión de un necesariamente implica proponer la supresión de la otra. Y esta aspiración también es compatible con un régimen que pretende ejercer un control completo sobre la vida social.

Un sistema de esa naturaleza no es compatible con el ejercicio de la prensa libre y la libre expresión de las ideas. Más tarde o más temprano la máscara de la democracia caerá y deberá confesarse como lo que es: un régimen autoritario, por decir lo menos.

La empatía internacional de la Argentina también va tornando coherentes estas confesiones. Que el país se alíe a Venezuela, a Irán, a Rusia o a China no es una casualidad, es una consecuencia natural del encuadre que el gobierno kirchnerista le ha dado a su poder.

Se trata de un poder que no se conforma con que la gente ande por allí, tomando decisiones en libertad, todo debe estar controlado por el Estado. Como en Rusia, como en China, como en Venezuela. Tampoco en esos lugares se puede opinar libremente y también allí se aspira a que la gente reciba la “información” sin intermediarios, directamente del Estado.

Se pretende presentar ese escenario como un avance de la democracia. “No hay intermediarios, esta es una comunicación directa entre el pueblo y el Estado, su encarnación”. No hay lugar aquí para interpretadores, investigadores o buscadores de noticias. Mucho menos para buscadores de verdades. Aquí hay una sola verdad: la que el Estado, a través de la nomenklatura de sus funcionarios, le hace llegar al pueblo, que la recibe sin “intermediarios”.

En última instancia, cuando el Estado necesite de “empleados comunicadores”, ellos serán “intermediarios permitidos” que funcionarán bajo la aprobación y las directivas de la nomenklatura (6,7, 8)

Esta es la manifestación filosófica del “modelo”. Esta palabra, que hasta ahora estuvo intencionadamente dirigida a trasmitir una idea “económica” del gobierno, es en realidad la que cobra un verdadero sentido con estos sinceramientos. El modelo es un modelo ideológico (que por supuesto tiene un costado económico, como es innegable) pero que en realidad se define por estas otras profundidades que hacen a las ideas y creencias en donde se cimienta y enraíza.

Esas ideas y creencias están en las antípodas de la Constitución. Este modelo se ha propuesto derogar de hecho la Constitución y lo está consiguiendo con la increíble complicidad de la Justicia, que no logra cumplir su rol de dique de contención para proteger las libertades públicas.

Un mundo sin periodistas, sin opinión y sin intermediarios es lo que busca Putin, la Sra. de Kirchner, Maduro, los Castro o el régimen chino. En esos regímenes hay una sola verdad: la que emana del Estado. Toda otra opinión es considerada antinacional, como también ayer lo dijo expresamente la Presidente (“Para que los rusos conozcan a la verdadera Argentina y los argentinos conozcan a la verdadera Rusia y no las que nos quieren mostrar los medios internacionales y algunos medios que, bueno, los tenemos que llamar de alguna manera ‘nacionales’”). También aquí afloró la sinceridad brutal: ya basta de decir demagógicamente “la presidente de los 40 millones de argentinos” cuando la propia Sra. de Kirchner considera no-argentinos a algunos compatriotas.

No se ha visto todo aun. Seguramente las próximas semanas traerán más discursos con sinceridades inevitables. El tiempo se agota y las cosas deben quedar claras.

De falacias e ilegalidades

En la presentación del nuevo Código Civil y Comercial, la Presidente se detuvo especialmente en el artículo que establece el peso como moneda de curso legal, diciendo que, con sus más y sus menos, desde 1869 la Argentina había crecido con “su peso moneda nacional”, hasta que en 1991 con la sanción de la ley de Convertibilidad se permitió una dualidad monetaria con el dólar.

En un párrafo en el que derrochó nacionalismo de baja calidad y una sensiblería que debería ser ajena a las cuestiones económicas, la Presidente pareció relacionar la vigencia de una moneda nacional más con los sentimientos patrióticos que con la existencia de una herramienta apta para intercambiar mercaderías y servicios y para ahorrar.

Habría que recordarle a la mandataria que fue su “clase” -la de los políticos o “la política”, como a  ella le gusta decir- la que le voló literalmente 13 ceros al amado “peso moneda nacional” fruto del despilfarro al que la administración del Estado sometió al país y que como consecuencia de ello el “peso moneda nacional” pasó a ser materialmente inservible a todos los fines útiles que debe tener una moneda.

La migración argentina hacia otras monedas no fue un deporte nacional de cipayismo sino una necesidad impuesta por las circunstancias de contar con algún instrumento que tornara medible las operaciones.

Si la Presidente está tan preocupada por hacer del “peso moneda nacional” el estandarte por excelencia de la soberanía patriótica, debería empezar por cuidarlo, por no envilecer su valor imprimiendo billetes a lo pavo como si fueran talonarios de rifas y para ello debería cuidar el gasto que genera el déficit que luego pretende cerrar con la imprenta de la Casa de la Moneda funcionando a destajo.

Si esas previsiones de política económica fueran atendidas, el “peso moneda nacional” recobraría valor y regiría por lo que vale y porque es útil para cumplir con los fines para los cuales se crea una moneda, no por la imposición marcial de un bando patriótico, que lo único que genera es la hipocresía de un discurso y la manifestación de una conducta completamente contraria.

En otro momento -no se sabe si por un acto fallido- la Presidente dijo que no recordaba bien las fuentes del Código de Vélez Sarsfield “porque hacía mucho que no ejercía la profesión” y agregó, “afortunadamente”. ¿Qué habrá querido decir con eso? ¿Qué le fue mejor como política que como abogada? ¿Que más allá de su famosa frase en Harvard (“Siempre fui  una abogada exitosa”) en realidad su “fortuna” (quizás de allí venga lo de “afortunadamente”) la hizo como funcionaria y no en el ejercicio de la profesión? No se sabe. Pero la “broma”, porque la Presidente usó ese tono, no se entendió.

También la Sra. de Kirchner hizo hincapié en que el código era el resultado de un gran consenso nacional y que recetaba los nuevos acuerdos de la sociedad argentina sobre las distintas materias a las que el código se aplicará. Sin embargo, sobre el final en la parte encendida de su discurso, ya con el pico caliente, dejó en claro que la obra era una manera de “dejar plasmado en una ley lo que se había hecho en estos 10 años” y que “allí se consagraba lo que la voluntad popular había votado”.

¿Y el consenso, entonces, Sra. presidente? ¿No era que el código no era la ley de una facción de la sociedad sino el fruto de un “acuerdo”?

Ahora sí se entiende por qué el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, incurrió en lo que, paradójicamente, puede convertirse en el tumor oculto que condene al código a no regir nunca: la prohibición de que el proyecto pase a comisiones y la imposición de discutirlo en el pleno del recinto, en donde fue aprobado en la misma sesión por la mera fuerza del número. La aprobación de la ley está impugnada en la Justicia por ese motivo y varios diputados opositores adelantaron que de ganar en 2015 suspenderían la vigencia del Código como mínimo por un año hasta que esas ilegalidades se resuelvan como deben resolverse.

En esos párrafos finales del discurso presidencial estaba la verdad: el código no es el fruto de un gran consenso nacional sino la aspiración personal de dejar una marca partidaria en la historia: lo dijo la Sra. de Kirchner “dejar plasmado en una ley lo que se hizo en estos 10 años”

Es indudable que la Presidente solo responde al concepto aluvional de la “democracia” (si es que a ese modelo puede llamársele “democrático”) según el cual quien gana unas elecciones automáticamente se erige en la encarnación misma de todo el pueblo y puede hacer lo que quiere, “dejándolo plasmado en una ley que rija el modo de vida de la sociedad para los tiempos…”

El código de Vélez Sarsfield, aquel cuyas fuentes la presidente apenas podía enunciar, rigió 145 años. ¿Es ese el horizonte de tiempo que la Presidente imagina como legado de la “década ganada”? ¿Imagina a los futuros estudiantes de Derecho endiosando la ley que dejó “plasmado” lo ganado en aquella época -para ella-  gloriosa?

La propia réplica de los diputados opositores que adelantan la suspensión de su vigencia si ganan las elecciones es una prueba más de que la argentina es una sociedad sectaria, en donde los bandos pretenden asumirse como los dueños del todo cada vez que tienen el poder. De allí de andar a los “bandazos”, producto de que los “bandos” pretenden arrastrar al conjunto hacia lo que no son más que sus posiciones de facción.

Más allá de la necesidad de adecuar la ley a los tiempos -y quizás la mayor adecuación sería justamente abandonar la tradición de la “codificación”- ese tránsito no puede llevar el color de una elección que, por lo demás, parece ya muy lejana,  con números que ni de cerca reflejan el sentir político de la sociedad argentina de hoy.

Es una pena que el trabajo de personas pensantes se pierda inútilmente de este modo. Más allá de que el nuevo código implica un paso más hacia la colectivización de la sociedad en detrimento de los únicos derechos civiles válidos (los que pueden ser ejercidos por personas físicas o jurídicas reales y no por entelequias colectivas que le permiten a los funcionarios del Estado entronizarse y usufructuar un lugar de privilegio respecto del ciudadano común), es un pecado que vuelva a utilizarse las instituciones de la democracia para imponer lo que es el parecer de algunos como el parecer de todos.

Una nueva intromisión del Estado en la vida privada

Mientras Florencio Randazzo se esfuerza en repetir que las nuevas disposiciones para poder abordar una aeronave y salir del país (32 puntos que las compañías aéreas deberán entregar a la Dirección Nacional de Migraciones al menos cuatro veces antes de la partida de la nave) no deben preocupar a la población, lo cierto es que la imagen de aquella metáfora del león (“si tiene patas de león, cola de león y melena de león lo mas probable es que sea un león”) a la que hacíamos referencia en relación a las semejanzas del régimen argentino con el venezolano, vuelve a hacerse presente hoy en un aspecto crucial que suele acompañar las costumbres totalitarias: restringir el libre derecho de entrar y salir del país.

Se trata como de una marca en el orillo: tarde o temprano los países que están en guerra contra la libertad se meten con el derecho a circular. El moverse, ir de un lado a otro, entrar y salir del país y, fundamentalmente, abandonarlo si al interesado le viene en gana, es como la quinta esencia de la libertad, la más gráfica de las representaciones del poder individual para disponer de la vida propia. Y el autoritarismo detesta esa autodeterminación, aborrece esa capacidad individual para decidir sobre la suerte propia sin rendirle cuantas a nadie y tiene una particular inclinación por interpretar la “salida del país” como una suerte de ícono de esa irreverencia. No puede soportar la idea de que individuos libres se “le escapen” sin saberlo; no puede admitir la idea de que alguien quiera abandonar el yugo. De modo que, de maneras más o menos brutales, esos regímenes van restringiendo la capacidad individual de moverse hasta reducirla a cero.

El grado de disimulo con que lo hagan y las excusas que utilicen para implementarlo pueden variar de acuerdo a las necesidades y tácticas del régimen. Pero lo que no varía es la existencia poco menos que sine qua non de esta característica de asfixia. Nadie sabe cuál será el destino de los 32 puntos de información requeridos ahora por el Estado para permitir que los ciudadanos salgan del país. Tampoco se sabe qué agencias del gobierno tendrán acceso a esa información y para qué se va a usar. El pretexto elegido suena a cargada: “para controlar y evitar actos terroristas”, como si la Argentina estuviera en el centro de escena mundial y fuera protagonista de los hechos que ocurren en el tablero internacional. El país no figura ni a placé en esas discusiones. Las posturas de la Sra. de Kirchner lo han eliminado a todos los efectos prácticos del escenario mundial y hoy es un jugador completamente periférico en todo lo que tiene que ver con los temas por los que el mundo está preocupado, desde el Estado Islámico hasta la coexistencia de Israel en el Medio Oriente rodeado de enemigos, pasando por el expansionismo ruso o el comercio internacional.

En nada de todo eso la Argentina figura. Los EEUU acaban de dejar en claro que ya ni siquiera contestarán los agravios, no se harán eco de los desplantes o de las altisonancias de la Presidente. Harán como que la Argentina no existe; la dejarán vociferar sola, como hacen los cuerdos con los locos. De ahí las sospechas sobre el verdadero motivo de esta nueva intromisión del Estado en la vida privada. Las operaciones que el gobierno viene realizando sobre la identificación de las personas son por demás llamativas. El próximo será el tercer cambio obligatorio de documento nacional de identidad en poco tiempo. Esas sucesivas mutaciones han ido perfeccionando el círculo de amenazas sobre la privacidad individual, incluido el último sistema de identificación biométrico que funcionará en el nuevo DNI. Repetimos: los temas (cualquier tema) empiezan a adquirir sentido cuando se los interpreta en un contexto. Y el contexto intervencionista, autoritario, estatista. inquisitivo y, en muchos casos, militarista, del gobierno argentino hacen que estas iniciativas preocupen y levanten un sentido de alarma concreto.

Lamentablemente ya se ha comprobado cómo el gobierno está dispuesto a utilizar información privilegiada y privada de los contribuyentes para escracharlos públicamente cuando sus necesidades políticas así lo indiquen. De modo que el nivel de confianza que se le puede tener a un funcionario de esta misma administración que intente llevar tranquilidad a la población respecto del uso de estos datos y de los verdaderos motivos de su implementación es muy bajo. La credibilidad que el gobierno de la Sra. de Kirchner tiene en cualquier cuestión que roce la libertad individual es muy cercana a cero. Sus hechos hablan por ella. Lo que hace no ayuda a que la gente crea mensajes de despreocupación cuando lo que se sospecha es una restricción a la libertad. En ese caso la presunción es que la libertad está efectivamente en peligro.

Nadie sabe cómo harán las compañías aéreas para cumplimentar con los 32 puntos que requieren la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Aeronáutica para autorizar la salida del país de los pasajeros de una aeronave. Y también se desconoce el grado de minuciosidad con que se seguirá la observancia de su cumplimiento. Después de todo, más allá de sus pretensiones soviéticas, la Argentina es un país poco serio y es muy probable que el grado de improvisación con que se manejen estas nuevas disposiciones sea tan grande como el nivel de preocupación que ha generado su iniciativa. Pero, de todos modos, no sería del todo conveniente descansar en el proverbial chantismo argentino para plantar allí la esperanza de la despreocupación. Sería interesante abrir los ojos y volver a poner esta nueva movida en línea con el indisimulable contexto autoritario del régimen kirchnerista.

De víctimas a responsables

La Argentina daría un paso enorme hacia la confiabilidad, la normalidad y, en suma, hacia la tranquilidad, si la presidente Cristina Fernández de Kirchner dejara de hacer comentarios llenos de indirectas, demagogias baratas, pero especialmente victimizaciones infundadas.

El lunes, en ocasión de anunciar un plan (Pro.Cre.Auto) por el cual se otorgan condiciones especiales para comprar autos 0 KM en cuotas de hasta 60 meses, la Presidente no se privó de hacer algunos comentarios como de soslayo -que justamente es lo peor del caso- respecto al tema de la deuda con los holdouts.

Primero dijo: “Siempre estamos en la cancha, aunque algún árbitro nos quiera bombear”, una obvia indirecta al juez de la causa, Thomas Griesa, quien prácticamente, por los términos que la propia Argentina escribió en los protocolos de los bonos de aquella deuda vieja y por cómo se comportó luego del default y –particularmente- con las disposiciones unilaterales que decretó en los canjes de 2005 y 2010, tenía la sentencia escrita aun antes de abocarse al estudio del caso.

La legitimidad de los títulos era tan clara y la discriminación consumada por la Argentina tan obvia que al “arbitro” (como metafóricamente lo denomina la Sra. de Kirchner) no le quedaba otra salida más que fallar como lo hizo. Nadie bombeó a nadie aquí. O, al menos, no lo hizo el juzgado de Griesa de acuerdo a las pruebas documentales que tenía enfrente.

El gobierno sí intentó “bombear” a parte de aquellos a los que ahora sugestivamente ya no llama “buitres” sino “acreedores” o “holdouts”, con la inconcebible -pero muy sugestiva- “ley cerrojo”. Sugestiva porque su sanción puso de manifiesto hasta donde el país creía realmente que podía ponerse en posición de establecer las condiciones en las que iba a pagar. Se trató de un monumental acto de soberbia: “Te sanciono la ‘ley cerrojo’ y listo, si no entraste al canje no existís, no te registro, no te voy a pagar nunca porque para mi pasaste a estar directamente borrado del mapa”.

El kirchnerismo no entiende que el mundo no se maneja así. Cree que puede ir con estas bravuconadas y el mundo se lo va a tolerar. No lo va a hacer y no lo hizo. Entonces, cuando esos jueces llegan a las sentencias lógicas que se desprenden de los propios documentos firmados por la Argentina en uso de sus facultades soberanas, dice que el “arbitro es un ‘bombero’”.

¿Por qué en lugar de seguir utilizando el tiempo para hacer demagogia no instruimos a la gente sobre cómo son las cosas en el mundo? En la Argentina hemos malacostumbrado a todos a una suerte de interpretación “elástica” de la ley y de la Constitución.

Anteyer, el abogado especializado Horacio Liendo planteó el tema directamente en términos de que en la Argentina está suspendida la vigencia de la Constitución para varios sectores desde la crisis de 2001, y que su validez plena no ha sido repuesta; que seguimos viviendo bajo un estado de excepción en donde son las razones de Estado y no las garantías constitucionales las que gobiernan el país.

En efecto, la Corte de nuestro país perdió la oportunidad de reponer la vigencia de esa arquitectura cuando declaró que el reconocimiento de derechos a acreedores que no entraron al canje iba en contra del “orden público argentino”, consolidando la concepción de la supremacía del Estado sobre los derechos individuales.

Parte de la sentencia de Griesa sobre la arbitrariedad de la discriminación entre acreedores -según el bono que tuvieran- se basó precisamente en que la postura argentina no era algo sostenido “solo” por el gobierno sino que los otros dos poderes (el Legislativo con la ley cerrojo y el Judicial con decisiones como ésa) habían dado señales claras de que el Estado de Derecho, como sistema protector de garantían individuales, no estaba vigente en el país, por lo que los individuos que se veían afectados debían contar con la protección de su corte.

En el mismo sentido de creer que la victimización sigue siendo una opción discursiva válida, la Presidente -siguiendo con las analogías futboleras- dijo: “Necesitamos salir a la cancha con un equipo, yo puedo ser la arquera y acá estamos atajando goles”.

Esos “goles” hubieran sido completamente innecesarios si el país y el gobierno de esta última década hubieran encarado su relación con el mundo de otra manera, tratando de integrarnos y de restaurar las relaciones normales con la comunidad internacional, en lugar de asumir el papel de un mojador serial de orejas, creyendo que con eso pasábamos a ocupar el sitial de los “vivos”.

La vocación de la Sra. de Kirchner por trasmitir la idea de que su misión al frente del país es una especie de sacerdocio sacrificado que nadie comprende y en el que está dejando la vida mientras la bombardean de todos lados es persistente y pertinaz. Sin embargo, es su propensión política la que la colocó allí, y convengamos que la inclinación beligerante siempre ha salido más bien del poder antes que de otro lado. Las referencias a que “el hombro lo tenemos que poner todos, porque nadie se salva solo” parecen a esta hora un chiste de mal gusto cuando durante años fue el gobierno el que se cortó solo, sin incluir a nadie que no pensar como ellos.

La negociación de la deuda fue otro capítulo de ese autismo. Nunca estuvo dispuesto el gobierno a escuchar otras voces, a las que, si expresaban algo distinto a su voluntad, calificaban de “agentes al servicio de los intereses de los buitres”.

Las frases de juvenilias del secundario o de los primeros años de la facultad ya nos quedan lejanas. Todos hemos crecido y esas épicas suenan desfasadas en las bocas y en los oídos de gente grande. Es preciso ganar rápidamente en adultez y parte de ese crecimiento debe consistir en archivar para siempre el discurso que nos pone como víctimas en lugar de ponernos como responsables.

Un proyecto olvidado que podría salvar a Boudou

El caso del vicepresidente Amado Boudou puede llegar a traer a colación -en un tiempo más cercano que lejano- una cuestión que desde hace un tiempo pareció salir de las noticias argentinas y olvidarse de los comentarios periodísticos, pero que sigue estando pendiente de resolución, respecto de la cual el gobierno no ha bajado sus pretensiones y que el Senado tiene en carpeta para aprobar.

Nos referimos a la limitación de la responsabilidad del Estado, cuyo proyecto surgió el año pasado y causó -como no podía ser de otra manera- un enorme revuelo jurídico y periodístico y que, pasado ese tsunami, quedó allí, metido en la nube del olvido con la que muchas veces el gobierno especula para obtener lo que se propone.

Según ese proyecto, el gobierno se propone deslindar la responsabilidad de los funcionarios por hechos cometidos durante su gestión, en una confesión lisa y llana de que la estructura del Estado es finalmente utilizada para privilegiar la situación personal de personas físicas y no el bien general.

La palabra “Estado” es utilizada frecuentemente en general por los gobiernos poco afectos a respetar las instituciones republicanas como un escudo para trasmitir la idea demagógica de que lo que se persigue desde la función pública es el bien de todos cuando en general esa superestructura es utilizada para beneficiar y privilegiar la situación personal de personas tan “privadas” como nosotros, tan “de carne y hueso” como nosotros, pero que se diferencian de nosotros precisamente por el hecho de que ellas están sentadas en las poltronas del Estado y nosotros no.

Ese pequeño detalle muchas veces trata de esconderse para no dejar ver el procedimiento por el cual se crea una verdadera casta desigual que se mueve en otro nivel diferente al nuestro, que disfruta de otro tipo de vida diferente a la nuestra y que está sujeta a otras reglas -más favorables- diferentes de aquellas a las que estamos sujetos nosotros.

Con este proyecto, el kirchnerismo ha innovado en el sentido de ser ya desembozado frente a la sociedad y descargarse con una ley que directamente les saque la responsabilidad de encima a los funcionarios por los actos que cometen mientras ejercen la función pública. Aquí la máscara de entelequia con la que suelen adornar al “Estado” para confundirlo con el gobierno e incluso con la Patria, ya cae definitivamente para decir: “Señores, los que no vamos a responder por los actos que cometemos somos nosotros, los funcionarios”.

Se trata de un círculo perfecto de impunidad que obviamente solo pueden completar los privilegiados que se sientan en los sillones del Estado. Ningún particular tiene la facultad de dictarse para sí mismo una ley que lo exima de las responsabilidades por sus actos. Los funcionarios sí. Ellos son el Estado. Ellos tienen el poder legislativo para regular nuestra vida y la de ellos. En la nuestra, para imponernos obligaciones, cargas y deberes; en la de ellos, para eximirse de responsabilidades.

Si ese proyecto llegara a transformarse en ley podría tener un enorme impacto en el caso Boudou. Si bien en principio de lo que se habla allí es de la responsabilidad civil del Estado, la inexistencia de responsabilidad civil de Boudou en el caso Ciccone podría tornar abstracta la cuestión penal por la que el vicepresidente fue indagado el lunes. Y como en derecho penal rige el principio de la ley más benigna a favor del acusado, la aprobación en el Senado de la ley de “irresponsabilidad del Estado” (léase de sus funcionarios) podría tener un impacto importante en la situación procesal del vicepresidente.

Si Boudou no resulta civilmente responsable por lo actuado en Ciccone, mal podría haber cometido un delito. La cuestión caería dentro del amplio marco de discrecionalidad que los funcionarios pasarían a tener una vez aprobada esta ley. A esta altura es importante recordar que el vicepresidente viene insinuando veladamente que en algún momento revelará los costados “políticos” de la operación, como dando a entender que el plan de quedarse con empresas privadas consideradas “estratégicas” formaba parte de la matriz central del pensamiento y de la táctica de gobierno del kirchnerismo. En ese marco, con la ley de “irresponsabilidad del Estado” sancionada, Boudou podría argumentar que lo suyo fue una decisión política por la cual no le cabe responsabilidad.

Pero más allá de las implicancias para Boudou, lo que debería quedar claro frente a la sociedad es que el gobierno ha tenido la desfachatez de prepararse para sí mismo una ley de impunidad con la pretensión de hacerle creer a la gente que desde el Estado se la defiende. No hay mentira más flagrante frente a un proyecto que, en este sentido, pone las cosas en blanco sobre negro, bien claras: el gobierno pertenece a la escuela que cree que quien gana unas elecciones se apodera del Estado y tiene derecho a confundir la esencia de la nación con las personas de carne y hueso que acceden a los cargos. Desde allí como ellos son la Patria tienen derecho a hacer cualquier cosa y, quien se interponga, es un enemigo del país.

Esta secuencia, que ha estado clara desde el nacimiento del kirchnerismo en 2003, por este proyecto se blanquea inescrupulosamente. El gobierno nos dice que tiene el poder para sancionar normas que consagren el privilegio de los funcionarios por sobre los ciudadanos comunes y que lo va a hacer. Todo eso al mismo tiempo en que dice que es la representación de los ciudadanos comunes y en especial de aquellos más desposeídos , que menos tienen y que en peor situación están.

No hay dudas de que el vicepresidente Boudou se aprovechó de su función para beneficiarse personalmente o que trazó un plan para lograr ese cometido quedándose con la fábrica de hacer billetes, algo que claramente está muy lejos de poder ser hecho por un particular común, liso y llano.

No hay dudas de que la administración trató de tapar todo ese accionar sancionado por ley del Congreso la estatización de Ciccone, comprometiendo recursos públicos, aunque luego se haya cometido el doble crimen de no pagarle a nadie.

Muy bien, todo ese manejo, solo posible a la sombra de los mecanismos que permite el manejo del Estado, puede quedar impune por la sanción de una ley que sencillamente dice que, precisamente, el Estado (sus funcionarios) no es responsable por los actos que produce. ¿Qué delito puede haber cuando no hay responsabilidad? Esa buena noticia puede estar a la vuelta de la esquina en los expedientes de Boudou.