Si bien la noticia tomó estado público la semana anterior, hace ya varios meses que las fuerzas armadas han comenzado a realizar tareas de “ayuda social” en barrios carenciados del gran Buenos Aires y de la Capital Federal.

Promediando abril, el Ejército puso por primera vez sus pies en un barrio carenciado porteño, ya no para imponer las rígidas normas del estado de sitio, ni para buscar terroristas armados, sino para llevar algo de bienestar a quienes más lo necesitan. La Armada, por su parte, hace tiempo trabaja en tareas sanitarias en la villa 31, la que le ha sido asignada por cuestiones de proximidad.  Enfermeros y médicos del cuerpo sanitario naval, relevan el estado de salud de la población local y tropas del cuartel del Estado Mayor General de la Armada realizan tareas varias de saneamiento y urbanización.

Escribir el anterior párrafo casi me hace creer que cualquiera de mis tantos amigos lectores llegarán a las lágrimas al ver cómo finalmente la sociedad civil y la militar se confunden en un abrazo fraterno sellando para siempre cualquier diferencia que pudiera haber existido. Dije bien; casi…..

Coroneles, capitanes, cabos y soldados, bajo la atenta mirada del superior comando operacional de “La Cámpora” y Madres de Plaza de Mayo, han de desplegar su arte ciencia oficio y profesión para la realización de tareas que podríamos denominar “ramos generales”, zanjear una calle, destapar un baño, levantar un muro, podar los árboles y tal vez sacar a pasear a los perros. Todo vale para el operativo “subordinación y valor”

Será así que nuestras tropas conocerán un novedoso aspecto de su carrera militar, ésa a la que voluntariamente entregaron sus cuerpos y almas, obligándose a tomar las armas en defensa de la Patria, a someterse a un régimen laboral con condiciones especiales y a – llegado el caso- entregar su vida en cumplimiento del deber.

Este nuevo rol social, presupone un cambio radical en su “contrato” con el Estado Nacional. Menos mal que no se encuentran  agremiados, ya que cualquier aprendiz de delegado se haría un picnic con la demanda laboral que por ejemplo haría un obrero de la construcción al que quisieran poner a realizar tareas ajenas a su convenio colectivo de trabajo.

Pero, hasta donde podemos saber, las directivas políticas han sido tomadas con una alta dosis de profesionalismo castrense y otro tanto de resignación y nadie piensa en un planteo militar por trocar el fusil por la pala o la escoba.

Ahora bien, como junto con las nuevas tareas, se ha instruido a los mandos militares de todo lo que no pueden hacer para no afectar la sensibilidad de la población, han comenzado a surgir algunas dudas. El personal en “operaciones” tiene absolutamente prohibido intervenir en cuestiones de seguridad interior. Las ordenes son claras y contundentes: “van como obreros no como policías”

El problema radica en que-  sea en una villa de emergencia o en el coqueto barrio de la Recoleta-, la concurrencia diaria del personal militar a cumplir sus labores, terminará tarde temprano en la inevitable situación que hará que un militar presencie “in situ” la ejecución de un delito.  Sea éste relacionado con la droga, la presencia de armas ilegales, la violencia de género, el robo o lo que podamos imaginar, la directiva es la misma: “no intervenir en asuntos internos de seguridad”; “hagan de cuenta que son empleados de una empresa constructora”, fueron las órdenes que recibió un oficial naval como respuesta a su inquietud.

La pequeña y sutil diferencia, entre quienes ejercen el noble oficio de la construcción y un cabo del Ejército o la Marina puesto a fratachar una medianera, es que estos últimos, al igual que sus jefes superiores (ministro de Defensa incluido), revisten la calidad de funcionarios públicos. Esto los coloca en la incómoda posición de deber obligatoriamente dar por lo menos parte a las autoridades judiciales de cualquier ilícito del que tomen conocimiento. No hacerlo los coloca sin excepción en las puertas de una acción penal en su contra. Y ni siquiera entramos a considerar qué puede pasar con un funcionario militar que, en presencia de un delito in fraganti, mira para otro lado.

Por muy nacional y popular que pueda parecer, y a diferencia del muy razonable uso de las tropas cuando ocurre una catástrofe natural o un siniestro de proporciones (hemos abordado el tema recientemente), sacar a los soldados a la calle para cualquier cosa no es algo que parezca muy lógico.

Tal vez las autoridades no se han dado cuenta  de que disponen ya de otro ejército, mucho más numeroso que la suma de hombres y mujeres de las tres FFAA juntas.  Me refiero al ejército que conforman los beneficiarios de los planes, no trabajar, no estudiar, procrear y progresar y tantos otros  en los que el Estado Nacional invierte miles de millones de pesos sin pedir nada; absolutamente nada a cambio.

Tal vez sería bueno que profesionales de nuestras fuerzas, pudieran contar con toda esa gente que se ve “privada” de la bendición de contar con un trabajo digno y debe conformarse con recibir un subsidio sin poder demostrar su voluntad de trabajar, y enseñarles un oficio.  Qué bueno sería que, sin llegar a incorporarlos bajo estado militar,  nuestros militares ingenieros, médicos, arquitectos, informáticos, etcétera, brindaran parte de sus conocimientos a tanto desocupado a sueldo y, como dice el viejo proverbio, les comenzaran a enseñar a pescar para ya no tener que darles pescado.

Pero lógicamente, tal vez hacer eso presuponga la estigmatización del subsidiado, atente contra la dignidad social, viole alguna remota convención protectora de los derechos humanos o lo que es peor, nos reste algunos votitos a la hora del próximo acto electoral.

Lo inevitablemente cierto es que, en breve,  luego de terminar la jornada laboral, algún cabo; sargento o teniente se presentará ante su comandante para explicarle que algo  pasó delante de sus ojos mientras le reparaba el calefón a una familia carenciada cuyos planes sociales sumados superan largamente sus propios ingresos como soldado de la Patria, o mientras zanjeaba una calle interna en un asentamiento.  Desde la comodidad de su despacho el desafortunado oficial superior deberá hacer malabares para responder la pregunta que hoy por hoy nadie quiere escuchar: “Presencié un delito; dígame…. ¿qué hago mi General?