La urgencia de Mauricio Macri para borrar cuanto antes todo aquello que de nefasto tuvo la “década ganada” es realmente asombrosa. Lo está haciendo en forma selectiva, cuidándose muy bien de no tocar aquellos logros de la gestión K que apuntaban a los sectores más necesitados y también al “ser nacional”; por ello planes sociales y Fútbol Para Todos no se han de tocar, aunque sí mejorar, dejando, por ejemplo, de usar al fútbol como propaladora de la política oficial.
Pero esta semana arrancó con dos fotos que marcan dos hechos bien distintos, aunque igualmente trascendentes.
El primero, la firme decisión de Gabriela Michetti de dar por terminados más de dos mil nombramientos truchos en el ámbito del Senado de la Nación y que, a pesar de haber sido realizados por el procesado ex vicepresidente Amado Boudou, son igualmente repudiados hoy tanto por el oficialismo como por el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada del Frente para la Victoria (FPV) en la Cámara Alta.
Este suceso permite inferir que miles y miles de nombramientos similares serán extirpados del erario público y que muchos entusiastas militantes, hasta ahora rentados, deberán salir a las calles, pero no a manifestar, sino a buscar trabajo.
El otro hito quedó plasmado simplemente en una foto, pero implica una decisión de alto contenido político, tal vez comparable a la eliminación del cepo. No por sus efectos en la economía, pero sí por la valentía que implica su realización. La imagen a la que refiero, querido amigo lector, es el apretón de manos con el que dos jóvenes oficiales de la Policía Federal y de la Metropolitana sellaron el traspaso de parte de la fuerza federal más poderosa del país a la joven Policía Comunal porteña.
La imagen precisamente no muestra un acuerdo de cúpulas, sino que simboliza la unión de las bases. Para aquellos que supimos transitar los entretelones de estructuras verticalistas y con fuertes paradigmas culturales, este hecho implica una jugada política que sólo alguien dispuesto a ejercer el mando puede realizar.
Con el correr de los años , y sin poder soslayar el poder adquirido durante los Gobiernos de facto, las Fuerzas Armadas y de seguridad fueron adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones, muchas veces amparadas por la legislación vigente y otras por el mero hecho consumado.
La Federal entiende, hasta hoy, en los delitos precisamente denominados “federales”, pero también en la pelea entre vecinos, en las actas de choque (actualmente casi abolidas por decisión de las aseguradoras), en custodias complejas, pero también en la parada de la esquina y hasta en las menores contravenciones. Fue —hay que reconocerlo— el anterior Gobierno quien quitó de sus manos la confección de pasaportes y documentos de identidad, algo descabellado de imaginar en una sociedad moderna. ¿Qué tendrá que ver la Policía con la tramitación de documentos?
Mucho se ha dicho de la existencia de órdenes a los cuadros policiales sobre la necesidad de no votar al actual Presidente, por el peligro que implicaba para la fuerza su loca idea de desmembrarla. Pero lo cierto es que, al margen del recorte de poder que sufrirán altos mandos policiales (ya no serán tan altos), la medida es técnicamente impecable. Y es de esperar que la lógica resistencia institucional al cambio sea rápidamente superada por los cuadros intermedios y el desdoblamiento termine beneficiando a la sociedad en su conjunto, ya que la ciudad estará más segura y el resto de la fuerza podrá ocuparse de las cuestiones federales para las que fue creada, entre ellas, obviamente, el narcotráfico.
La década ganada, tan proclive a declamar su poco afecto a las instituciones policiales y militares, fue muy cuidadosa al diferenciar la necesidad que tenía de las primeras y la prescindencia de las segundas. Pero con una increíble vocación de estropear las cosas, alteró de tal manera el funcionamiento de las fuerzas federales que inundó las calles de prefectos y gendarmes altamente capacitados para ejercer el control de montes, rutas, ríos y mares y terminó enviando a los federales a patrullar el Gran Buenos Aires. Mostró a agentes de esa fuerza perdidos en las calles de San Martín, recurriendo a planos de papel para encontrar la calle en la que según su receptor de radio se estaba cometiendo un ilícito.
Por otra parte, en una errada creencia que cantidad vale más que calidad, se saturó a los municipios bonaerenses con agentes policiales locales simpáticamente denominados “pitufos” por su vestimenta azul, formados en seis semanas en lugar de los tres años que tarda en capacitarse un cuadro de las fuerzas federales. Las consecuencias no se hicieron desear mucho tiempo, gran cantidad de estos agentes han resultado heridos por su propia impericia en el manejo de sus armas y días pasados un agente local mató a un compañero sin la intención de hacerlo, pero por un accionar imprudente del armamento provisto.
En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, al margen de dejarlas casi al borde de ser inoperables, se las transformó, a fuerza de castigo y ninguneo, en verdaderos guetos. En el afán de capear el temporal, se tomaron medidas internas muchas veces inteligentes y otras tantas ingeniosas para subsistir, aunque en muchos casos se terminó potenciando la corrupción interna y la aparición de negocios menores en monto pero nocivos por demás. Resultará primordial que las autoridades respectivas barajen y den de nuevo para dotar al país de estructuras militares tal vez más reducidas pero efectivas para cumplir su misión.
Un ejército con 55 generales es una burla y una Armada con 35 almirantes directamente es desopilante. Pero ya que le hablo de marinos, hay cuestiones a las que por varias razones 33 años de democracia aún no pudieron solucionar.
Si bien casi no tenemos barcos, el grueso del almirantazgo y cinco mil marinos y civiles se concentran en un enorme edificio a metros del coqueto Puerto Madero, cuando deberían estar distribuidos en las principales bases navales de nuestro frente marítimo. Decenas de propiedades en lugares carísimos de la capital federal y enormes quintas de recreo y hasta cabañas a orillas del Nahuel Huapí son destinadas a cobijar a los altos mandos. En lugar de ser vendidas y transformadas en recursos operativos para la fuerza y ni que hablar de la cantidad de organismos militares destinados a tareas de índole civil, como, por ejemplo, el manejo de la marina mercante, en manos de gente que estudió mucho para defender a la patria y no para estar examinando a marinos civiles, que además son controlados luego por la Prefectura Naval, que para eso está.
Es ahora o nunca. Se ha iniciado una etapa dispuesta, al parecer, a terminar no solamente con errores de la gestión anterior, sino con los vicios estructurales de la patria. Muchos se resistirán al cambio, pero somos muchos más los que nos resistimos a seguir pagando las fiestas y los lujos de unos pocos elegidos y la existencia de estructuras burocráticas sin sentido. La patria no lo resiste más.