Millones de dólares arrojados al mar

Fernando Morales

La reciente persecución del buque pesquero de bandera china Hua Li 8 por parte del guardacostas Prefecto García durante cuatro días, si bien terminó con la huida de la nave pirata, a partir de la espectacularidad de las imágenes concitó la atención de los medios de comunicación nacionales y, por ende, de la opinión pública en general. La ocasión resulta propicia para alertar a usted, amigo lector, y a la población en general, sobre la importancia que para la economía nacional tiene nuestro vasto litoral marítimo y fluvial y sus actividades conexas.

Con reconocimiento internacional, la superficie acuática, que llega hasta las 12 millas marinas (22,2 km) contadas a partir de la línea costera de más bajas mareas, se considera mar territorial. En esa porción de océano nuestro país ejerce soberanía plena, como en cualquier calle, ruta o montaña del territorio terrestre. Las 12 millas siguientes se denominan zona contigua, y si bien la soberanía ya no es total, todas las facultades de registro, control policial y judicial siguen en jurisdicción nacional. Finalmente, la zona económica exclusiva (ZEE) se prolonga hasta 200 millas mar adentro; en esa zona la navegación es totalmente libre para el tráfico marítimo mundial, pero el país se reserva en forma exclusiva la explotación de los recursos animales y minerales existentes en su superficie, el lecho y el subsuelo marino.

Hablamos de una superficie de 2.800.000 kilómetros cuadrados, que alberga, entre otras riquezas, una de las reservas pesqueras más importantes del mundo; casi todas las especies ictícolas más codiciadas y costosas del mercado mundial están presente en esta porción de patria.

El hecho netamente policial en el que un buque de la Prefectura Naval Argentina intenta capturar a un pesquero invasor que depreda nuestro mar en forma ilegal no es ni nuevo ni asilado. Tanto la Armada Argentina como la Prefectura Naval acumulan experiencia en la materia desde hace mucho tiempo. La pesca ilegal transita una delgada línea entre la infracción y el delito, dependiendo las circunstancias. Las imágenes de una nave policial disparando la metralla llaman la atención, pero no son otra cosa que la puesta en práctica de procedimientos preestablecidos para intentar imponer la autoridad por sobre el desparpajo con el que estos “visitantes indeseables” roban nuestra riqueza.

La actividad pesquera legal es la que realizan empresas nacionales o extranjeras que, mediante el pago de un canon, obtienen un permiso legal que determina qué especie, qué cantidad, en qué zona y en qué época del año se puede pescar. Cualquier otra actividad extractiva dentro de la ZEE es ilegal y por tanto punible. De ser apresada una nave infractora, además de las actuaciones judiciales, se produce al decomiso de la carga y al pago de una multa considerable. Normalmente la tripulación no es penada, pero sí el capitán y el jefe de navegación, por ser los responsables de observar que el buque a su mando no penetre aguas restringidas para la pesca.

Como se indicó, la responsabilidad del control de nuestro mar radica en la Prefectura Naval Argentina y en la Armada Nacional, que con matices, con superposición de tareas y a veces con diferendos administrativos, ambas instituciones hacen lo que pueden con recursos materiales que son infinitamente menores a los que serían deseables. En muchas ocasiones no sólo faltan buques; a veces no hay partida presupuestaria ni para el combustible de las pocas naves afectadas a la tarea.

Esta es la primera sangría que sufre a diario el país en el mar; si es difícil controlar, más lo es cuantificar las cifras que alcanza el robo perpetrado al final de cada jornada.

 

Arrojar dólares al mar

Con las altas y las bajas propias de una economía fluctuante que atravesó desde disparidad cambiaria hasta restricciones severas a las importaciones y, aunque parezca increíble, a sus propias exportaciones, el 95% del comercio exterior argentino se transporta por agua. Los principales destinos comerciales de nuestras exportaciones cruzan el Atlántico o lo trepan hasta el extremo norte del continente americano. Idéntica procedencia tiene buena parte de nuestras importaciones.

En ese ida y vuelta comercial, la logística del transporte juega un rol fundamental; tanto en un sentido como en el otro, la Marina Mercante nacional está totalmente ausente. Cada año superamos en millones de toneladas la producción agrícola respecto al período anterior. No obstante, el país no cuenta con un solo buque granelero para transportar nuestra producción.

El país se pierde de ingresar a sus arcas miles de millones de dólares en concepto de fletes, que pagarían quienes compran nuestra producción y, por otra parte, gasta otros miles en pagar a flotas extranjeras los fletes de nuestras propias importaciones.

El transporte marítimo es una actividad tan peculiar que el Estado tiene en ella seis ministerios involucrados: Economía, Transporte, Defensa, Seguridad, Trabajo y Cancillería. Tal vez por ello desde hace años distintos funcionarios abocados a administrarlo han fracasado estrepitosamente.

La gestión iniciada en diciembre, según confiesan allegados al área, encontró tierra arrasada; lo poco que se hizo durante el anterior Gobierno complicó más las escasas posibilidades de resurgimiento del sector. Inoperancia, soberbia y generosas dosis de corrupción firmaron casi un certificado de defunción.

La responsabilidad primaria en reacomodar este sector de la economía nacional recae en el Ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich, pero no solamente en él. Una compleja red de cámaras empresarias, una docena de gremios, algunos incluso enfrentados entre sí, áreas de gobierno con visiones e intereses en el sector contrapuestos y el insoslayable condimento de las desventajas comparativas a nivel internacional, hacen la tarea casi titánica. Por otra parte, si bien la cifra involucrada hace agua la boca de cualquier ministro de Economía, el sector carece de visibilidad. Un avión demorado en pista, un corte de ruta o un tren detenido en un andén hacen que la presión social y mediática movilicen a la política. “El mar es noticia cuando inunda nuestras costas, cuando hunde nuestras naves o cuando es vilmente saqueado por piratas, sin que podamos hacer nada por evitarlo”, sostienen con vehemencia quienes lo cuidan, lo defienden o simplemente lo navegan.