Los garantes

El clima electoral en la Argentina está que arde. Las múltiples denuncias de fraude, quema de urnas, telegramas apócrifos, robo de boletas y múltiples etcéteras, han puesto en alerta a la población sobre la eventualidad de un latente fraude generalizado que arroja un manto de sospecha sobre todo el proceso electoral.

Frente a esta situación, la Cámara Nacional Electoral ha decidido tomar medidas para afianzar la confiabilidad de un sistema que de por sí es proclive a facilitar el fraude, pero que los camaristas no pueden cambiar, simplemente porque ellos no legislan.

En otros artículos se ha mencionado la necesidad de que la Argentina cuente con una autoridad electoral autónoma, que sea la que organice los comicios, al margen del Poder Ejecutivo, que por lógica está controlado por un partido político que participa de la elección. Pero la conformación de dicha autoridad electoral es también una cuestión legislativa y no podría concretarse en medio de un proceso como el que estamos atravesando.

Por otro lado, dicha Cámara Nacional tiene un problema adicional. Es, en realidad, un tribunal de alzada, de apelación; la elección la conducen los juzgados federales con competencia electoral de cada una de las provincias. Un tercio de la totalidad de esos magistrados son subrogantes, es decir, están a merced del Poder Ejecutivo o, para decirlo en términos más claros, del kirchnerismo. Y por otro lado, no son jueces de la especialidad: Cumplen roles de otros fueros y solo en forma contingente la función electoral. La existencia de un fuero electoral exclusivo y autónomo es urgente si pretendemos transparencia y eficiencia. Continuar leyendo

Nada es fraude

Mucho se ha debatido en los últimos días, a raíz de una serie de sucesos institucionalmente graves durante los procesos electorales, sobre si existe o no el fraude en la Argentina. Y desde el punto de vista jurídico, lo cierto es que el Código Nacional Electoral no define el fraude. Lo que hace, a partir del artículo 125 de dicho cuerpo legal, es establecer una serie de infracciones y tipificar un grupo de acciones que considera delitos electorales.

Entre ellos, por cierto, se encuentra quemar urnas. “Se penará con prisión de uno a tres años a quien: e) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio”. Idéntica pena cabe a quien sustraiga, destruya o adultere boletas. Por ende, la palabra ‘fraude’ no es jurídicamente válida en el derecho penal argentino, aunque tengamos una larga tradición en la materia. Para quienes aprecian las cosas de este modo, es cierto, no ha habido fraude, ni ahora ni nunca antes, ni durante la generación del ochenta, ni en la restauración conservadora. Conste que hay para quienes el fraude no existe.

Sin embargo, la idea de fraude sí existe en el derecho general y consiste en una serie de maniobras engañosas, e incluso delictivas, tendientes a cambiar el resultado que determinado hecho hubiese tenido de no existir tales maquinaciones. Desde lo idiomático, según la Real Academia, fraude es una ‘acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete’, o bien un ‘acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros’. Desde este punto de vista, el fraude electoral en la Argentina es sistemático. Continuar leyendo

Mártir o libre

La Revolución de Mayo de 1810, fue en realidad, una revolución pensada y ejecutada en pos de la libertad, de un cambio de régimen político y social y no solamente de la independencia de la corona española. Al menos por una parte de quienes celebraron el Cabildo Abierto de ese 25 de mayo. Y si bien pereció en los hechos, enmarañada entre reyertas internas, dejó el pensamiento de esos hombres como una referencia atemporal del destino que deberíamos buscar.

Bernardo de Monteagudo no participó de aquel 25 de mayo de 1810. No pudo porque estaba preso, habiendo protagonizado con solamente 19 años, exactamente 12 meses antes, el primer estallido revolucionario en Chuquisaca, la mecha que encendió la revolución en el Río de la Plata. Inevitablemente docta, Chuquisaca contaba entre sus 15 mil habitantes con mil universitarios entre profesores y alumnos de su legendaria casa de estudios. Entre estos últimos estaba Monteagudo. Aquel atisbo revolucionario fracasó y preso de grilletes el patriota pasó más de un año en la Real Cárcel de la Corte de Chuquisaca.

Allí recibió noticias de la gesta de mayo y del Cabildo Abierto del 25 en Buenos Aires, del plan del Secretario de la Primera Junta, Mariano Moreno, e incluso de que este último enviaba a Juan José Castelli en expedición al norte. En noviembre de 1810 consigue fugar y alcanza a Castelli en Potosí, donde se une a sus filas.

La Revolución de Mayo se extingue en los hechos con la “muerte dudosa” de Moreno en alta mar, pocos meses después, en marzo de 1811, pero no en las ideas. Un grupo de patriotas revolucionarios continúan difundiendolas en dos periódicos: “La Gazeta de Buenos Ayres” y “Mártir o Libre” dirigido justamente por Monteagudo. Conmemorando la gesta de 1810, dos años después, (misma fecha pero de 1812) escribe en su periódico: “¿Qué razón hay para que un pueblo que desee ser libre no despliegue toda su energía sabiendo que es el único medio de salvarse?… Para dejar de ser esclavo basta muchas veces con un momento de fortuna y un golpe de intrepidez; más para ser libre, se necesita obrar con energía y fomentar la virtud… Energía y virtud: en estas dos palabras se ve el compendio de todas las máximas que forman el carácter republicano”.

Doscientos tres años después de aquel artículo de Monteagudo, seguimos inmersos en la batalla por el republicanismo, como si el tiempo no hubiese pasado. La lucha de los revolucionarios de mayo cayó diluida por quienes pretendían mantener los privilegios de los sectores dominantes de la sociedad, fuesen españoles o criollos, y fue superada por reyertas internas plagadas de debates de egos personales e intereses mezquinos. El interior contra Buenos Aires, federales y unitarios, caudillos contra caudillos, fraude electoral y supresión de las minorías, golpes de estado, peronistas y antiperonistas, venganzas, violencia, represión, genocidio, todo menos república, y así trascurrimos hasta 1983.

Tal vez golpeados por nuestras propias atrocidades, pueblo y gobierno, en aquella etapa de recuperación democrática, pusieron al republicanismo por sobre cualquier otra necesidad. Ya no hubo venganza sino justicia, no hubo represión sino debate de ideas, creímos sepultada la violencia como modo de hacer política y recuperamos la esperanza. Así fue unos años.

Pero la calidad democrática y republicana comenzó a degradarse después de ese cenit histórico. Desde los 90, vivimos diversas manipulaciones de los poderes del Estado y el uso del gobierno para los fines personales de quienes los ejercían, además de diversos tipos de violencia, al menos retórica, desde el poder. Agrandamos o achicamos la Corte Suprema de acuerdo a los intereses del partido gobernante, deslegitimamos el Poder Legislativo con diputados “truchos” votando en sesiones clave, sancionamos normas o aprobamos pliegos con mayorías menores a las requeridas por la Constitución, tratamos de imponer leyes abiertamente inconstitucionales y hasta buscamos reformar la carta Magna a la medida de las necesidades de los 50 tipos que nos gobiernan.

Lo cierto es que la calidad democrática y republicana entró en un tobogán sin salida los últimos 25 años, y con formas menos criminales pero igualmente eficientes, hemos sufrido un retroceso doloroso. ¿Por qué ocurrió esto? Monteagudo lo explica en el mismo artículo citado: “Mas yo no veo que ningún pueblo haya desplegado jamás este carácter, sin recibir grandes y frecuentes ejemplos del gobierno que lo dirige… Nada importará que el guerrero pelee como ciudadano, y el ciudadano obre como un héroe, si los funcionarios públicos sancionan los crímenes con su tolerancia y proscriben la virtud con el olvido”.

Y entonces entendemos que hemos elegido mal, porque cambiamos nuestras prioridades, creímos que teníamos derechos adquiridos inalienables, inviolables. Temimos y el temor nos hizo dóciles, condicionó nuestra elección.

De tal modo entendimos que no podíamos aspirar a más que al “roban pero hacen”. Esa película termina siempre igual: el ladrón cada vez hace menos y roba más, y para robarse nuestros bienes, se roba también nuestra libertad, nuestra independencia, nuestro derechos. Ha sido una mala elección, conformista, pese a lo que se diga, la sociedad argentina tiene el ego maltrecho y padece la patología de la mujer golpeada que cree que no puede aspirar a más. Y por cierto, ese sentimiento se alentó desde el poder, como herramienta de control social y ciudadano. No hay fraude electoral más eficiente que ese, ni el voto cadena, ni robarse la boletas, ni siquiera alterar el recuento de las urnas: el peor y más efectivo fraude ha sido hacer creer a la gente que no merece más, que no puede aspirar a otra cosa que a que la roben.

La carencia de calidad republicana, las instituciones deficientes, hacen que los trabajadores dejen enormes cantidades de sus salarios en manos del Estado, que la educación pública sea deficiente y la privada carísima, que no haya trabajo, que se manipule a la gente con presunta caridad estatal interesada. Elegir entre la posibilidad de pago en cuotas de un electrodoméstico o un viaje de placer al Caribe, y la plena vigencia de las instituciones de la república es una sentencia sobre el futuro de nuestros hijos.

En agosto y octubre volveremos a tener nuestra mejor arma en la mano, y se percibe, incontenible, la necesidad de cambio. Entender por dónde viene ese cambio está en nosotros. Buscar, como dice Monteagudo, un gobierno que represente los valores de lo que necesitamos, es nuestra decisión.

Nunca más

La muerte del fiscal Alberto Nisman, solamente una semana después de haber denunciado una conspiración del Gobierno argentino para encubrir la responsabilidad de funcionarios iraníes en la voladura de la mutual judía AMIA, determina los próximos cien años de historia argentina, que será una o será otra, de acuerdo a los resultados y conclusiones que surjan de la investigación, de las responsabilidades que se establezcan respecto de su deceso, de cómo avance la causa que llevaba adelante, y de que ocurra con todas las pruebas que el fiscal decía tener y que lo llevó a imputar a varios funcionarios, de la presidente Cristina Fernández hacia abajo.

Nuestro país podrá ser un lugar donde la vida de nuestros hijos valga unos pocos centavos, donde ningún argentino de bien querría vivir, gobernado por mafias de una u otra ideología, da igual, que hacen y deshacen a su antojo, que asesinan a quien se interfiera con sus oscuros intereses con absoluta impunidad.

La Argentina será todo esto y seguramente cosas mucho peores si la prueba que Nisman decía tener ya no está, o indica cosas muy distintas a las denunciadas; o si se determina que se trató de un suicidio fruto de un amorío no correspondido justo el día previo a divulgar sus pruebas en el Congreso; o si debemos esperar diez años para saber que ocurrió; o si no lo sabemos nunca.

Y entonces habremos perdido la patria, el pasado y el futuro no tendrán sentido. Mariano Moreno y el General San Martín habrán perdido el tiempo y desperdiciado su vida, la lucha por el voto secreto, la recuperación democrática, los juicios a las juntas, y todo hombre que haya dado su vida, su salud o su intelecto por esta patria, habrá tirado su carne a las hienas, todo lo que hayan hecho habrá valido nada.

Nadie puede prohibirme ese optimismo casi patológico que periódicamente me atrapa sin razón alguna, de creer que por una vez algo distinto va a pasar, y que el después sea un homenaje a esta valiosa vida perdida y a tantas otras que se cegaron en distintas circunstancias. Y que la causa avance rápido, que se descubra y encarcele a los responsables del evidente homicidio, se enjuicie a los que elaboraron la patética puesta en escena, se dilucide el eventual encubrimiento del gobierno argentino que Nisman pretendió probar; y la Argentina pase a ser un país razonable, medianamente serio, donde las mafias tengan que tener cuidado en su accionar, una patria en la que uno pueda creer que hay alguna chance de que las organizaciones criminales no dominen complemente el Estado, un país que nos esperance en que si nuestros hijos se forman, trabajan con ahínco y dedicación, podrán crecer, ser felices, y vivir sin otros temores que los lógicos de cualquier persona que vive en una civilización.

“Nunca Más” fue la frase que quiso inaugurar una nueva etapa de nuestra historia, pero ¿nunca más qué?  La referencia no era una alusión exclusiva a la dictadura, eso es un torpe reduccionismo. Nunca más la muerte, nunca más el Estado vinculado o relacionado con el delito, el encubrimiento, los asesinatos en masa como en la AMIA.  Nunca más la impunidad total y vergonzosa y temible y desconcertante. “Nunca Más”, quiso decir, que el imperio de la ley empezaba a regir sobre los intereses mezquinos de los delincuentes.

El caso Nisman, su muerte y la investigación sobre el eventual encubrimiento que denunció, es un antes y un después, para bien o para mal, en la historia argentina y la vida de todos nosotros. Jamás nos imaginamos que 33 años después debíamos seguir luchando porque el espíritu del “Nunca Más” no sea pisoteado, pero hoy está al borde. Los asesinos de la democracia, de la ley, del estado de derecho, lo han llevado al filo del abismo. El “Nunca Más” está muy cerca de haber muerto con Alberto Nisman.

 

Esquizofrenia perseverante

“Las producciones más recientes sobre la temática de un cuerpo sin órganos, son un modo de aclarar algo que se llama esquizofrenia. En ella, el lenguaje no logra hincarse en el cuerpo, es decir, que no es que el cuerpo esté sin órganos, hay al menos uno que es el lenguaje, porque si hay algo en lo que nada el esquizofrénico es en ese manejo enloquecido del lenguaje, pero simplemente no logra que se hinque sobre su cuerpo”. La definición pertenece a Jacques Lacan y no es caprichosa. Se eligió la de este fundador de la escuela moderna más importante del psicoanálisis, porque Ernesto Laclau, el recientemente fallecido sociólogo y “pensador” del kirchnerismo, desarrolló su trabajo sobre “Ideología y Análisis del Discurso” en base a la teoría psicoanalítica post-estructuralista. Es decir, siendo que Laclau se basó en Lacan, por propiedad transitiva, si el kirchnerismo tuviese ideología, esta tendría base lacaniana.

Dice entonces este psiquiatra francés, que la esquizofrenia es la disociación evidente entre lo que se dice y lo que se hace. El esquizofrénico hace un uso disparatado del lenguaje, pero su cuerpo realiza acciones incongruentes con tales dichos. El kirchnerismo es esquizofrénico hasta el paroxismo, y una vez más quedó demostrado en la gesta patriótica impulsada contra los llamados fondos buitre -que no son más que inversores particulares que compraron deuda argentina y ahora quieren que les paguen- y que finalizó con la decisión presidencial, anunciada entre banderas llamando a la resistencia, de pagar hasta el último peso. Una tendencia al ridículo inexplicable.

Vale aclarar lo siguiente: la especulación financiera es un hecho indeseable. La gente con dinero debería propender a generar más dinero con actividades productivas y no rapiñando a los más pobres o necesitados, sean estos países o personas. Eso como principio ético. Ahora bien, para tener deuda con especuladores o “fondos buitres” hay que haber recurrido a ellos y haber convenido legalmente que se le pagaría lo establecido, a la fecha programada. Para que haya buitres, debe haber carroña voluntaria. Los buitres no invierten en apuestas seguras, lo hacen en aquellas de alto riesgo, pierden mucho o ganan mucho, esa es su lógica. Es la diferencia entre que usted coloque sus ahorros a plazo fijo en un banco, para sacar el 22% en un año (tasa promedio actual), o que le apueste a “La Margarita”, la yegua que corre en la quinta del Hipódromo de Palermo y paga 10 pesos por cada uno invertido, en un ratito. En el primer caso, salvo corralito sorpresa, usted se lleva su porcentaje seguro al año. En el segundo pierde todo, o se lleva diez veces más en unos 15 minutos. Esto último hacen los buitres. Como van haciéndolo por todo el mundo, obviamente el balance les da muy por encima ganancias de pérdidas.

Ahora bien, terminada la desmitificación de los fondos buitres, lo que nos ocupa es la esquizofrenia de este gobierno, esa disociación constante entre discurso y acción, que en tiempos de fin de ciclo, limita con el ridículo en el mejor de los casos, o se zambulle en él la mayor parte del tiempo. La última convocatoria a marchar contra los fondos buitre, algo que por cierto debe haber conmovido a dichos especuladores hasta sus cimientos, con frases épico-patrióticas del tipo “Patria o buitres”, se archivó el mismo día de la movilización, con el anunció de la presidente Cristina Fernández de Kirchner de que se les va a pagar conforme a derecho. “Somos personas capaces de sentarse a negociar y acordar”, dijo la presidente. “Estamos dispuestos a cumplir con nuestro deber”, espetó más adelante. ¿Y “Patria o buitres”? Bueno, todo indica que se si esa es la dicotomía, el gobierno nacional y popular eligió buitres.

Por cierto, no soy economista y menos especialista en finanzas internacionales. No sé si corresponde o no pagar, aunque si uno se inclina por lo dicho por todo el arco político, y por la propia formación jurídica, en general conviene cumplir con aquello a lo que uno se compromete. No se cuestiona la decisión, que parece la más lógica. Lo que se pone en tela de juicio es el disparate discursivo épico tan característico del kirchnerismo.

Este es solamente el último ejemplo. No estuve en el acto ni lo vi por televisión, apenas leí las crónicas. Uno sabe que los militantes K silbaron al gobernador de Santa Fe cuando dijo que había que cumplir los compromisos. Me los imagino después, enrollando sus banderitas y su cartelería con la que se imaginaban bajando de Sierra Maestra, y tratando de autoconvencerse que el hecho patriótico consiste en pagarle a los buitres. Debe ser bravo, porque ellos mismos y ningún otro salieron a generar esa épica.

Ya que está tan de moda manipular a Manuel Belgrano -que seguramente hubiese sido kirchnerista de acuerdo a lo dicho por la presidente y corroborado por un recontra tataranieto del prócer, que seguramente habrá conocido de algún modo misterioso el pensamiento político actual de su recontra tatarabuelo-, el disparate del viernes podría asimilarse a que el general abogado hubiese convocado a todas las fuerzas nacionales y revolucionarias para hacer frente a los realistas en Jujuy y una vez arribados todos ellos, hubiese quemado la ciudad la ciudad e iniciado el éxodo. Sin ninguna duda hubiese creado algún grado de confusión y puesto en tela de juicio su cordura.

Tal conducta esquizofrénica no es novedosa ni sorprendente. Estos últimos hechos son equivalentes a basar su impronta política en la protección de los Derechos Humanos, y a la vez, mandar a grupos de choque de La Cámpora a apalear a indígenas Qom en plena Avenida 9 de Julio, cuando reclamaban pacíficamente por sus tierras. La memoria es un aspecto trascendental de los Derechos Humanos. Pero es el más sencillo de ejecutar, especialmente cuando es memoria a 30 años vista y el enemigo está muerto. Pero si se tiene la convicción humanista no se puede tratar con Kadafi, ni con el angoleño Dos Santos, ni golpear aborígenes mal alimentados en las avenidas.

Otro ejemplo del comportamiento esquizoide descripto por Lacan en el primer párrafo es la descripción que los propios K hacen de su política económica. Hablan de “matriz productiva y redistributiva”, de hecho han utilizado durante sus 11 años en el poder el caballito de batalla de la redistribución. Y por cierto que la han efectuado, pero de un modo diferente al que enuncian. En los últimos tres años al menos, el sector de la economía que obtuvo mayores ganancias, no fue la producción generadora de empleo, sino el sector financiero, los bancos. En lo que va del año 2014, por ejemplo, la economía no mostró crecimiento alguno, pero los bancos incrementaron sus ingresos casi un 300%, lo que significa una verdadera redistribución: una gran masa de dinero del pueblo argentino a las arcas de los banqueros.

El kirchnerismo será un fenómeno histórico a analizar desde muchísimos aspectos. No puede no serlo un sector político que gobierna un país como el nuestro doce años. Pero este cariz esquizofrénico no puede ser dejado de lado, porque puede estar relacionados con nosotros mismos como pueblo. ¿Preferimos oír a ver? ¿Nos gusta que nos mientan? ¿No nos damos cuenta o preferimos “comprar” relatos épicos aunque sean ostensiblemente falsos? Desentrañarlo y enfrentarnos a la verdad seguramente defina nuestro futuro como país.

Los mini narcoestados

El narcotráfico comenzó a jugar un rol en la Argentina bastante antes que su influencia mermara en Colombia. Se decía que eramos un “país de paso”. Esto implicaba que nuestro Estado ofrecía las suficientes facilidades para que, la droga producida en otros territorios de América Latina, alcanzase mercados “compradores” con mayor facilidad saliendo de nuestro país que de cualquier otro. Es decir, para vender droga a Europa, era complejo hacerlo desde Uruguay (por ejemplo) y sencillo sacarla por Argentina. Ese fue el primer paso.

El Plan Colombia acorraló a los narcos en ese país, que se vieron obligados a emigrar. Muchos de ellos recalaron en México, pero con cierta dificultad, porque allí el fenómeno ya se encontraba bastante desarrollado. Es decir, los narcos colombianos encontraron una fuerte competencia local y entrar en el “mercado” implicaba iniciar una “guerra” inmediata. Debilitados en términos bélicos, como venían de las sucesivas derrotas en Colombia, la mayoría decidió que el mejor destino era al sur, justamente ese país que ofrecía grandes facilidades para “exportar” a Europa y Estados Unidos, que también resultaba lo suficientemente flexible y maleable para instalarse, producir y aprovechar además el potencial “consumo interno”.

Para empezar, el arribo de delincuentes internacionales de este tipo a nuestro país es al menos fácil. Por una interpretación radicalmente laxa del Preámbulo constitucional, cualquier extranjero ingresa a la Argentina sin que se le pregunte qué viene a hacer. Se instala y comienza sus actividades sin control ninguno, y el Estado le pierde el rastro en cuestión de minutos. La Constitución Nacional en su Preámbulo, menciona a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Es una política constitucional de “fronteras abiertas”, pero no eso no implica que no se trate de un derecho a regular, y tal regulación debe basarse en la coyuntura política y social de acuerdo a la naturaleza de los tiempos. Pero el control migratorio en nuestro país es nulo.

Las facilidades en Argentina no solamente son en términos legales e institucionales. Es decir, no se trata únicamente de que las normas son deficientes, se aplican mal o no se aplican, y además el Estado es débil. Existe además un orden social creado a lo largo del tiempo por esa debilidad, que ha generado que sectores territoriales no sean controlados por el “Estado formal”. En nuestro país existen “estados paralelos” o si queremos llamarlos a la colombiana, “mini territorios liberados”. Cuando todos sabemos que “la policía no entra a la Villa X” en el conurbano bonaerense, también deberíamos saber que allí rige otro Estado, con otras normas diferentes, cuyos “administradores” no son conocidos mucho más allá de la frontera territorial que controlan (al menos no lo son por el ciudadano común), pero que dictan las reglas, imparten su particular justicia e imponen el sistema económico del territorio.

Ese grupo que “administra” tal “Estado” dentro del Estado formal es quien tiene la potencia económica que otorga el narcotráfico, las armas y la decisión de hacer uso de la violencia. Los habitantes de esos territorios pueden vivir y alcanzar cierto estándar si forman parte del sistema económico del “adentro”, obtienendo incluso status social en ese “adentro”, si participan de las actividades económicas del grupo dominante, es decir, si son parte del negocio narco. Las diferencias o conflictos internos que se producen dentro del grupo social son dirimidos justamente por ese sector dominante, dueño de la potencia económica, las armas y la violencia. Si dos vecinos se enfrentan, recurren a ese grupo para que ajusticie a quien crea conveniente y reestablezca el “orden”.

Si bien esto funciona de tal modo, al menos desde los ’90, el arribo de los poderosos narcos colombianos, incrementó el negocio. Los líderes originales se “asociaron” con los colombianos, que elevaron la cantidad y el nivel de las operaciones con capital propio, generaron producción local, y aportaron “compradores” externos de un volumen que los argentinos ni soñaban antes de su llegada. Esto generó que el negocio se amplíe territorialmente y en volumen de ciudadanos participantes. Cada vez hace falta más gente para llevar adelante el emprendimiento y, a la vez, hay cada vez más consumo interno, incluso en muchos sectores sociales que para mantener la adicción, deben trabajar para el sistema narco. En términos de consumo interno, el sistema se retroalimenta: trabajo para ellos vendiendo, para poder con el fruto de mi trabajo, comprar. Para ello debo ampliar la clientela, porque si no quiero desatar la violencia no puedo inmiscuirme en los grupos compradores de otro.

El primer origen de este estado de cosas, se produce porque, en algún momento, el Estado se ha retirado de ciertos sectores territoriales, sea por causas políticas, económico-financieras o ideológicas. El poder estatal relacionado con el monopolio del uso de la fuerza no existe, por ejemplo, en buena parte del conurbano bonaerense, donde otros actores sociales, la mayor parte relacionados con la delincuencia, ejercen ese monopolio y por ende el poder estatal de hecho. Vayamos más puntualmente a un simple ejemplo. En la figura geométrica que dibujan la Avenida General Paz, el Camino de Cintura, la Ruta 8 y la Autopista Panamericana, en la zona noroeste del Gran Buenos Aires, hay ocho asentamientos de emergencia o villas.

Esos territorios no gozan del mismo poder estatal orgánico que se observa apenas cruzando la general Paz o en La Plata, o en Córdoba capital. En cada una de esos asentamientos, no ingresa la policía del Estado. Con variadas excusas, válidas o no, el órgano estatal encargado de ejercer la violencia legítima interna, se ha retirado. Pero también lo han hecho todos los demás aspectos del Estado: no hay escuelas, ni hospitales, ni salas de primeros auxilios, ni ninguna versión del Estado. El diseño urbano de dichos asentamientos complica el accionar policial y facilita el delictivo, por lo que la opción tomada por el Estado fue abandonar sus funciones en tales territorios. Así las cosas el poder estatal no de derecho pero si de hecho, es ejercido en cada una de esas “villas” por bandas de delincuentes.

Así como aquellos que se insertan en la mecánica del grupo dominante obtienen prestigio y expectativas de crecimiento, quien pretende mantenerse fuera, e intenta mantener los principios sociales del Estado formal que abandonó su lugar y respetar sus leyes, es marginado por el pequeño estado de su asentamiento y también por el Estado exterior de derecho, y carece de toda aspiración. Conseguir trabajo en el afuera es una aventura teniendo domicilio en el adentro (vgr: en un asentamiento con “mala fama”) es casi imposible.  Por lo tanto el abandono del Estado de Derecho de sus funciones específicas que le son inherentes y que hacen que un Estado sea tal, no solo libera las manos de los delincuentes actuales, sino que genera un impulso hacia el delito, aún de quienes se resisten a abrazarlo.

Estas bandas que implican el poder estatal en cada uno de tales asentamientos y que han crecido descomunalmente con el “aporte colombiano”, empiezan a tener la necesidad de expansión territorial como producto de la expansión económica y del grupo de gente que trabaja para ellos. Así las cosas, las bandas que manejan las villas empiezan a chocar entre ellas, con el objetivo de dominarse. Eso es lo que vemos cuando se producen los enfrentamientos que últimamente la televisión nos muestra un poco más, simplemente porque cada vez son más visibles, incluso al ojo desatento.

Para completar el penoso panorama, debe agregarse que ciertos sectores estatales, de la política y la policía, ante la imposibilidad de controlar el desarrollo de estas actividades y teniendo a la vista las enormes ganancias que genera, se han asociado de un modo u otro con los líderes narco. Estos nuevos socios cumplen distintos roles dependiendo del territorio de que se trate: pueden simplemente requerir una porción de las ganancias por “mirar para otro lado”, o participar más activamente, incluso al punto de ser “administradores” de alguna “cocina” donde se genera cocaína y paco.

Este es el cuadro real de situación. Puede profundizarse en la relación del narcotráfico con la política y las fuerzas de seguridad, puede analizarse como Colombia salió de una situación más grave que la nuestra actual y podemos proponer cambios en el sistema normativo para facilitar el control de la delincuencia organizada. Pero hay que entender con claridad que el problema se agrava minimizándolo, y que el camino de “no retorno” esta solamente a unos pasos. Hoy es tarde, mañana es tardísimo.

La última generación perdida

El largo plazo es urgente. Parece una contradicción pero no lo es. Es urgente diseñar el largo plazo, tomar medidas conducentes para encaminar ese diseño y ponerlas en práctica para asegurarlo. Tapar agujeros, resolver coyunturas, paliar emergencias, es una actividad indispensable, pero no puede ser la única, porque de ese modo resulta la exclusiva.

Quiero formar parte de la última generación perdida de esta Argentina. No es que me haga gracia saber que todo lo que pueda hacer para mejorar las cosas jamás podré percibirlo, al menos desde este mundo, en el caso de que haya otro. Pero alguna de las generaciones perdidas debe ser última y como considero que integro una que ya no alcanzará a ver el país que queremos, en nombre de mi generación, me tomo el atrevimiento de ofrecernos para ser los últimos “desperdiciados”.

Entre mentiras, egoísmos, ansias desmedidas de poder, ignorancia, traiciones, inseguridades y avaricias diversas, hemos arrojado a la basura generación tras generación en el último siglo. Con buenas o malas intenciones, los gobiernos han dividido su tiempo entre saquear el país, tapar su propia inoperancia, eludir responsabilidades y “surfear” la ola. No hay trabajo con salarios dignos: en lugar de instrumentar los mecanismos para obtenerlo, damos planes sociales para que no se trabaje y el dinero tampoco alcance. No hay educación pública y gratuita de calidad: inauguremos diez veces la misma escuela en algún lugar remoto. No tenemos infraestructura energética: digamos que llevamos energía eléctrica a un lugar lejano de Misiones que hace cinco años que ya tiene luz.

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Peronismo con soda

No es lo mismo el vino puro que el vino con soda. Ni su sabor ni sus efectos. Casi podría decirse que son bebidas diferentes. Tampoco tiene nada que ver el vino espumante con aquel cuyas burbujas provienen de la mezcla con un contundente sifonazo. Vale la comparación con el peronismo, porque lo que queda del partido del General está viniendo aguado, es peronismo con soda.

Tal vez sea porque muchos de sus dirigentes de relevancia o con aceptación social tienen orígenes confusos, o porque éstos perciben que viene una de esas etapas de la Argentina en las que el peronismo pierde peso electoral. Los dos referentes que hoy, a dos años de las presidenciales, tienen más posibilidades electorales son Sergio Massa y Daniel Scioli. Uno proveniente de la UCeDe de Álvaro Alsogaray, asimilado durante los 90; el otro con un origen deportivo y una ideología poco clara o, al menos, nunca bien explicada.

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Paciencia o estupidez

La presidente Cristina Fernández de Kirchner se presentó en la Asamblea de las Naciones Unidas y habló frente a los presidentes de países que componen el organismo, haciendo girar su discurso sobre dos ejes clave: las dificultades para dirimir conflictos con los acreedores externos, y el, a todas luces escandaloso, acuerdo con Irán por el atentado a la mutual AMIA en Buenos Aires, en 1994.

Sobre este último tema en particular, defendió la postura Argentina en los términos de aquél llamado “Memorandum de Entendimiento”, al que dio rango de Tratado Internacional, con su aprobación por parte del Congreso de la Nación, y pidió a las autoridades del país persa, que definan su posición al respecto, especialmente que comuniquen si sus autoridades han, por fin, aprobado dicho memorándum, como se hizo por estos lares. Dijo la mandataria que su gobierno desea tener “una fecha” para que el magistrado argentino viaje a Teherán y que aspira a que los iraníes no confundan nuestra paciencia con “estupidez”.

Que se le cumpla este último deseo a Cristina Fernández es realmente complejo. El gobierno de Irán bien podría confundir con estupidez varias cosas, no solamente la paciencia Argentina, sino también el simple hecho de haber firmado tal acuerdo, la celeridad desesperada mostrada por el Ejecutivo para que el mismo sea aprobado en el Parlamento, que fue convocado a sesiones extraordinarias en febrero de este año, con el solo fin de servirle en bandeja a los iraníes, la posibilidad de participar activamente de su propio juzgamiento.

Debe recordarse que el acuerdo (Memorandum de Entendimiento) viola todos los principios básicos del derecho penal local e internacional, y que los funcionarios iraníes presuntamente implicados con el atroz atentado a la AMIA, se encuentran convocados a prestar declaración indagatoria. En esto último hay que ser claros: la indagatoria no es una prueba en el proceso penal, como sí lo es la prueba “confesional” en las demás ramas del derecho. La indagatoria es un acto de defensa de un imputado, en el que no existe penalidad por tergiversar la realidad o entregar al magistrado indicios o elementos falsos, porque se entiende que tales maniobras forman parte de ese derecho de defensa.

En principio y en el 99% de los casos, cuando un juez convoca a un imputado a indagatoria lo hace porque es un acto previo (constitucionalmente requerido para no violar el derecho de defensa) a dictar el procesamiento, porque ya cuenta con “semiplena prueba” para determinar que el citado es “prima facie penalmente responsable” del acto que se le imputa. Es decir, la Justicia argentina tiene elementos para procesar a los iraníes por la voladura.

El Memorandum otorga a los imputados la posibilidad de formar parte de una especie de “Tribunal juzgador sui generis”, inexistente en nuestro derecho penal, que trazará la línea que deberá seguir el juez argentino y la aportará las pruebas que este deberá valorar. Y como en ese Tribunal que crea el Memorandum habrá agentes designados por el gobierno iraní, se les está dando la posibilidad de juzgarse a sí mismos, al menos de modo encubierto o parcial.

Esta potestad extraordinaria otorgada a un imputado, es abierta y manifiestamente inconstitucional, no sólo por la participación del propio Estado iraní, al que se sindica además como promotor o al menos encubridor del hecho en el expediente, sino además porque dicho cuerpo creado por el Memorandum, tiene participación de funcionarios del Poder Ejecutivo argentino, que según el artículo 109 de la Constitución Nacional “en ningún caso …puede ejercer funciones judiciales, ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes…”, tal sería el caso.

Oportunamente, tanto la AMIA como institución, como un grupo de abogados que el Suscripto integra, impugnamos ante la Justicia la constitucionalidad de la ley que aprobó dicho Memorandum, aunque el expediente se encuentra en trámite y no ha alcanzado un fallo todavía.

Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente político, más allá de lo jurídico, el gobierno de Cristina Fernández, con fines poco claros, llegó a un acuerdo absolutamente cuestionable con Teherán. Lo anunció, proclamó y sostuvo, y de modo urgentísimo se lo hizo aprobar por el Congreso. Pagó un altísimo costo político por esto. Y desde febrero pasado, hace ya 8 meses, no ha vuelto a tener noticias del régimen iraní, sobre sí ellos mismos tienen pensado acceder a la posibilidad de juzgarse a sí mismos, o ni siquiera eso les importa, todo lo cual implica, además de lo explicado en los párrafos anteriores, un papelón disparatado de la diplomacia local y de la política exterior del gobierno.

Como toda medida decidida por el Ejecutivo en los últimos años, no hubo opción de debate, ni sugerencias, ni opciones de cambiar la iniciativa del Ejecutivo, sino una imposición acelerada y brutal, haciendo uso de las mayorías parlamentarias que detenta el gobierno. Esto para servirle en bandeja una solución al régimen iraní, que el mismo ha optado hasta ahora por ignorar.

Esa pintura hace muy complejo que las autoridades de Teherán no confundan todo el cúmulo de acciones de nuestro gobierno con “estupidez”, tal como aspira ahora la presidente. No es posible imaginar con que otra cosa podrían confundirlo, aunque es cierto que bien mirado, también podría creerse que se trata de impericia, de torpeza o de total y absoluto desmanejo de las relaciones internacionales y del derecho interno.

Irán no responde y la presidente ruega (tal es su estilo, enérgicamente, pero sin dejar de ser un pedido desesperado), una respuesta en los foros internacionales, al acto de urgente genuflexión consagrado en febrero pasado, ante un país cuyos comportamientos son materia de condena constante en los mismos foros, y del que nuestros ciudadanos, tal como indican los elementos de la causa judicial, han sido víctimas en AMIA. Personalmente creo que en este caso, el deseo presidencial no va a verse cumplido: definitivamente el régimen que gobierna Irán ha “confundido” nuestra destreza diplomática con “estupidez”.

Con impunidad no hay cambio

Como muchas elecciones de medio término en períodos anteriores, esta parece ser el preanuncio de tiempos de cambio en la Argentina, de mantenerse los resultados que arrojaron las primarias. Así como las legislativas de 1987 desencadenaron el fin del alfonsinismo, las de 1997 marcaron la conclusión del menemismo, estas de 2013 pueden ser la última pendiente de la montaña rusa kirchnerista.

Y como bien dijo el gobernador bonaerense Daniel Scioli, primer K en reconocer esta realidad, “este gobierno debe terminar lo mejor posible”. Finalizar como en los dos casos mencionados en el párrafo anterior sería dramático para muchos argentinos e implicaría, una vez más, empezar de cero.

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