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¿Habrá cambio de rumbo?

Como una declaración de principios, Cristina Kirchner dijo el 6 de mayo: “Mientras yo sea Presidenta los que quieren ganar plata a costa de una devaluación que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar a otro Gobierno”. Al día siguiente y en forma sorpresiva la plana mayor del equipo económico anunciaba un blanqueo de dólares, a través de un bono para financiar obras energéticas y un certificado para dinamizar el deprimido sector inmobiliario y de la construcción.

La controvertida propuesta del CEDIN y el BAADE traslucía la preocupación por la falta de divisas y el aumento de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, con una convocatoria para capitales de origen dudoso, justificada por la sequía de inversiones, como ocurre en el rubro petrolero. Atrás quedaba la presión para pesificar la economía, incorporaba la emisión de nueva deuda y reconocía la tensión generada por el tipo de cambio atrasado, discusión vigente en medios independientes, palpable en una economía de crecimiento anémico, pero ausente en la agenda del Gobierno.

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Dólar paralelo y realidades paralelas

La arremetida del precio del dólar libre o “blue” volvió a encender señales de alerta sobre la dinámica de la economía argentina, en un año electoral en el que cualquier novedad que altere el humor social potencia su repercusión. Lo curioso es que ante un mismo fenómeno, las reacciones y opiniones generadas describieron realidades contrapuestas, como si se refirieran a países distintos.

La lectura del oficialismo fue la de estimar que el empuje alcista obedeció a una mera especulación financiera, para apurar una devaluación de envergadura (30 ó 40 por ciento) que termine por reducir salarios vía tasa de cambio e incrementar las ganancias de los tenedores de dólares y sectores exportadores.

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Hay que recuperar la soberanía monetaria

El Banco Central tiene un amplio abanico de funciones que incluye el control sobre la emisión y circulación de la moneda, y las operaciones en divisas que se realizan en el sistema financiero, así como fijar las tasas de interés y el tipo de cambio. De este modo se encarga de una de las funciones indelegables de un Estado que es ejercer la soberanía monetaria.

Una de las razones del oficialismo a la hora de impulsar la reforma de la Carta Orgánica del BCRA fue la de recuperar esta atribución, la de tener control sobre la moneda nacional, al eliminar la rígida paridad entre los dólares en las reservas y la base monetaria, establecida en la ley de convertibilidad de 1992. La normativa vigente hasta el 6 de abril de 2012 otorgaba al organismo independencia para trazar sus políticas del mandato de los Gobiernos. Le brindaba autonomía política para fijar sus objetivos de política monetaria y autonomía económica para definir los instrumentos para llevarlos a la práctica.

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Inflación en pesos, deflación en dólares

El desfasaje del tipo de cambio oficial frente al paralelo reforzó la capacidad adquisitiva de quienes cuentan con dólares billete dentro de la Argentina. El Gobierno lleva adelante una política de suave deslizamiento del dólar oficial (14,4% en 2012 y 4,15% en el primer trimestre de 2013) por debajo de la inflación y en términos reales se produce una depreciación de los bienes y servicios medidos en dólares, ante el avance contundente del dólar “blue” (44,4% en 2012 y 23,5% en el transcurso del año) y del “contado con liquidación” (42,2% en 2012 y 24,5% en 2013).

Si el año pasado la inflación real, en torno al 25%, se situó en una franja intermedia entre la apreciación del dólar oficial y el paralelo, en 2013 parece quedar mucho más cerca del primero, con una aceleración devaluatoria impulsada por el Banco Central aún rezagada frente al dólar informal. Al profundizarse día a día esta brecha en favor del poder de compra del dólar físico fronteras adentro, también crece la aprensión del ahorrista a desprenderse de esas divisas.

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El dólar en Argentina y el ejemplo venezolano

El anuncio de una devaluación en Venezuela generó en la Argentina un intenso contrapunto acerca de la posibilidad de que esa iniciativa se aplique en el país, para erradicar el virtual desdoblamiento del mercado de cambios, en el que coexisten un dólar oficial para turismo y comercio exterior, y otro incipiente pero en crecimiento en el circuito paralelo.

Después de registrar una inflación del 3,3% en enero, el gobierno de Hugo Chávez decidió establecer una nueva tasa de 6,3 bolívares por cada dólar, que significó una devaluación del 32% de la moneda venezolana o, lo que es lo mismo, un salto del precio del dólar oficial del 46 por ciento. Sin embargo, el dólar informal, que en Venezuela llaman coloquialmente “lechuga verde”, no se contuvo con la medida adoptada el 13 de febrero, sino que en apenas tres semanas el billete que se transa en las calles se disparó 30%, desde 19,5 bolívares a 25 bolívares. Casi en forma inmediata se diluyó el efecto devaluatorio y se trasladó al mercado paralelo. Con más lentitud, pero inexorablemente, se traducirá en más inflación para bienes y servicios.

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El presupuesto 2013 quedó desactualizado

En apenas cuatro meses, el presupuesto 2013 sancionado por el Congreso el 1° de noviembre quedó rezagado por el vértigo de las novedades económicas, que dejaron a la vigente “ley de leyes” al borde de la irrelevancia. Es que la norma fue elaborada en base a objetivos difíciles de cumplir a lo largo del año y que ponen bajo cuestionamiento su utilidad.

Uno de ellos es la inflación, prevista en 10,8% para los doce meses. En la medición oficial, sólo en enero alcanzó el 1,1%, y el 2,58% según un promedio de consultoras privadas. Los acuerdos de precios en los supermercados por 60 días dejaron en claro que incluso las perspectivas del Gobierno superan ampliamente el cálculo inicial, como para que se justifique esa medida drástica. Según el IPC que difunden legisladores de la oposición, la inflación anualizada se sostiene sobre 26% interanual.

En el mismo sentido, estipula un dólar oficial promedio de $5,10 para todo el año, cuando cotiza a $5,04 antes de concluir febrero. Desde ya, la norma no contempla el salto alcista del dólar informal, aun cuando tiene cierta incidencia en la formación de precios y en las expectativas de inflación y depreciación del peso.

En la ley 26.784, el Ministerio de Economía anticipó un incremento de la actividad económica del 4,4% para este año, una meta más realista, al preverse una ligera aceleración de la economía brasileña -principal demandante de las manufacturas nacionales- y una cosecha 20% mayor en la actual campaña, después de la magra producción agrícola de 2012 por la sequía.

En los últimos dos años, el presupuesto fijó metas de crecimiento exageradas, incluso por encima de las proyecciones privadas, cuando hasta 2010 siempre había subestimado el incremento del PBI esperado. Por ejemplo, en el presupuesto 2011 se contempló un crecimiento económico de 4,3%, que resultó finalmente 8,9 por ciento. En cambio, en la ley de 2012 se fijó un crecimiento de 5,1%, cuando el resultado del año pasado según el Indec fue de 1,9% y para los cálculos privados, más cerca de cero.

A la hora de reconocer un menor pago de deuda, es razonable que el Gobierno mida entonces un crecimiento más cercano al real en 2013, incluso inferior al 3,26% anual que gatillaría en 2014 el desembolso de dólares por el cupón atado al PBI. El eventual pago de este cupón asciende a u$s3.500 millones y completa los u$s7.967 millones destinados al Fondo de Desendeudamiento para cancelar deuda privada y pública del corriente ejercicio. De no hacerse efectivo el pago, el Gobierno contará con ese dinero extra para reubicarlo a su criterio, por ejemplo, en importaciones de combustibles o inversiones para YPF.

En años anteriores la subestimación de las cifras permitió profundizar la reasignación de fondos sin intervención legislativa y mostró un superávit más abultado que el pronosticado. La actual sobreestimación disfraza un creciente déficit fiscal y reemplaza aquel efecto contable positivo por un pronóstico que busca mejorar las expectativas sobre una economía estancada.

En otros aspectos, los cálculos del Ejecutivo se acercan a la realidad: se espera un crecimiento nominal de la recaudación del 22,7%, un porcentaje próximo a la inflación. También se estima un alza del consumo del 4,3%, similar al del incremento que se augura para la actividad económica. Los derechos por exportaciones ($77.963,5 millones) contribuirán a los ingresos tributarios la mitad que el impuesto a las Ganancias ($161.579,9 millones). También es consistente un superávit comercial de u$s13.325 millones, un 5,2% más que en 2012.

Un ejemplo claro de la divergencia entre los números reales y los presupuestados -y convalidados por el voto de los legisladores- es el del resultado fiscal del año pasado. El presupuesto estimaba un superávit primario cercano a $46.300 millones, mientras que según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) concluyó con un déficit primario de $8.181 millones, atenuado por las transferencias del Banco Central y la ANSeS. Sin embargo, para este año, el presupuesto estipula un superávit primario de $55.893 millones, un 20% más que la meta prefijada para 2012.

Desde hace una década que la ejecución presupuestaria mantiene groseros desfasajes con las leyes sancionadas por el Congreso, mientras que siguen vigentes las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros -los llamados “superpoderes”- para redistribuir partidas, que otorgan a los Gobiernos la posibilidad de disponer de los fondos en forma arbitraria. Aún más grave es la delegación de esas atribuciones por parte del Poder Legislativo y su desidia para exigir que se rindan cuentas sobre la administración del dinero público.

El ajuste tan temido

Muchos pronósticos económicos para 2013 hicieron referencia a una “fiesta” de gasto público y emisión de pesos para darle más fuerza a la actividad económica frente a las elecciones legislativas de octubre. Pero la firme presión inflacionaria confronta contra este análisis. Los márgenes para que el Gobierno aplique políticas expansivas y procíclicas se achicaron en forma dramática por la inflación, y un incremento del gasto por debajo del de los precios representará una forma indeseada, pero inevitable, de austeridad. Lo contrario sucedió en 2012, cuando se extendió el eslogan de la “sintonía fina”: la respuesta oficial fue un aumento del déficit fiscal y una inflación sostenida en 25 por ciento.

La escalada de precios erosiona los ingresos de los asalariados y es el ajuste que llega a las familias. Aunque genera un aumento en la recaudación fiscal en términos nominales, en los hechos enfría el consumo y la actividad económica en general. Las cuentas públicas no pueden salir indemnes en ese contexto. Para las empresas que se encuentran encorsetadas entre los controles de precios y las paritarias también llegó el ajuste, porque estos dos factores disminuirán su rentabilidad.

Ajuste es una palabra temida en el discurso político, pero en el plano fiscal es una realidad concreta cuando el monto no imponible del impuesto a las Ganancias se eleva sólo 20% en los últimos dos años, menos que la mitad de la inflación acumulada en el período. Tampoco se actualizaron las deducciones especiales por tramo de ingreso. La recaudación por el impuesto, al afectar a los salarios de la clase media e incluso media baja, gravita en las cuentas tanto como el IVA por consumo.

Una característica de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner fue que el Estado capturó gran parte de la mejora de la economía con mayor carga tributaria. El impuesto al cheque, las tasas e impuestos municipales y provinciales, el incremento de las alícuotas por retenciones, un inusual gravamen a las exportaciones industriales, las utilidades de la ANSeS y el Banco Central, la emisión de pesos sin respaldo, fueron fundamentos del financiamiento estatal y llevaron al porcentaje de ingresos que los particulares aportan por impuestos totales a 45% del PBI.

Se habla indebidamente de gasto público elevado: es necesario en estos niveles para mantener asignaciones y subsidios que dan cobertura a los sectores de menores ingresos; sostener salud, seguridad y educación, entre otros servicios imprescindibles, o pagar salarios. Si bien es cierto que el gasto público aumentó 20 puntos porcentuales en la última década, al 49% del PBI, y es elevado frente al de las décadas del 80 y 90 -y respecto de otros países de América Latina-, no es un porcentaje diferente del de muchos países desarrollados y con altos ingresos.

El problema no es el gasto en sí, sino el déficit fiscal con el que se solventa, y la impericia para administrar estos recursos. Las prestaciones del Estado son deficientes, faltan obras importantes de infraestructura y el dinero se diluye en gasto corriente. El empleo público creció más que el privado y aún más que el crecimiento vegetativo de la población. Los rojos provinciales y el pedido de auxilio financiero al Estado nacional dejaron al desnudo este desequilibrio.

El avance del impuesto a las Ganancias

Hace un año, en febrero de 2012, el salario medio del sector privado registrado ascendía a $6.046, mientras que el de la administración pública promediaba 4.729 pesos. Entonces, el mínimo no imponible de Ganancias para un trabajador soltero se fijaba en $6.940 y para un trabajador casado y con dos hijos, 9.600 pesos, claramente por encima de esa media. A partir de marzo de este año, el piso se elevará 20%, para eximir del gravamen los trabajadores solteros que ganen menos de $8.360, y los casados con dos hijos que perciban hasta 11.563 pesos.

El salario promedio registrado en la Argentina se sitúa en torno a los $7.000 mensuales y en él se contabilizan los sueldos del sector privado como el público. Sin embargo, al analizar este dato por distrito, se observa que en las provincias patagónicas la remuneración promedio del sector privado supera holgadamente los 10 mil pesos, según datos del INDEC al tercer trimestre de 2012. Es decir que aún sin aumentos este año, quedan al alcance del gravamen. En distritos muy representativos en términos demográficos, como la provincia de Buenos Aires ($6.558) y Capital Federal($7.769), este salario privado promedio está muy cerca del piso mínimo no imponible y lo puede superar si este año se obtienen incrementos salariales por encima del 20%, como es de prever.

Con inflación y paritarias al 25%, y desaceleración económica, la recaudación avanzará a costa de una pérdida de poder adquisitivo del salario real. El anuncio sobre Ganancias que hizo la Presidente en enero se presentó como una buena noticia y una concesión a las demandas sindicales, aunque fue apenas un formalismo para disimular un ajuste salarial y captar más recursos para el fisco.

Indec: los perjuicios del desdoblamiento inflacionario

Hace seis años se concretó al intervención del INDEC, cuando la directora del Índice de Precios al Consumidor, Graciela Bevacqua, fue desplazada de su cargo por Guillermo Moreno, luego de negarse a brindar el listado de los comercios relevados para elaborar el indicador. Desde el desembarco del secretario de Comercio Interior, la distancia entre los precios oficiales y los registrados por estudios privados fue cada vez mayor. Esta brecha se trasladó, luego de cuatro años de fuga de capitales, a otra brecha: la del dólar oficial con el paralelo, por efecto de los controles en el mercado de cambios.

Casi como un paso natural en ese proceso en el que se evita atacar las causas que generan la inflación, se debió apelar a un control de precios, que no se justificaría con un 1,1% de aumento en el IPC, como difundió el INDEC en enero. Los acuerdos -o congelamiento de precios en este caso- constatan que la inflación no es la oficial. En cambio, los controles son coherentes –aunque no eficaces- si se reconoce que la Argentina tiene una de las inflaciones más elevadas del mundo.

América Latina demuestra que no se explica el aumento generalizado y persistente de los precios por la existencia de mercados concentrados ni el encarecimiento de la cotización internacional de las materias primas que el país exporta. En el primer caso, los países vecinos crecen sin inflación, aún con mercados concentrados. En el segundo caso, gran parte de los productos que Argentina vende no se consume a nivel local ni presiona al aumento de los precios internos.

La inflación real en Argentina quintuplica la de la región y erosiona la competitividad. Según relevamientos de precios de estudios privados, cuyo promedio es difundido por legisladores opositores en el Congreso, dio 2,58% en enero. El dato fue el más alto desde que comenzó su difusión, por encima del 2,31% de marzo 2012, para acumular un incremento interanual de 26,28 por ciento.

¿Cuáles son las razones para ocultar la inflación real? Una es que se estima un ahorro de u$s2.500 millones en pagos de deuda en títulos indexados por CER, un coeficiente que fija el Banco Central según el IPC oficial. Como el PBI también se mide en pesos, al considerar que los bienes y servicios que produce Argentina tienen un precio inferior al real, se obtiene como resultado un crecimiento económico sobreestimado, un dato útil al menos en términos políticos.

La inflación es una forma de ajuste fiscal y su consecuencia la pagan los más pobres. El Gobierno licúa sus deudas y aumenta la recaudación en términos nominales. Solapar la inflación es una forma de disimular este mecanismo de transferencia de recursos.

El Gobierno agotó los anuncios de cambios en el organismo estadístico para restablecer la confianza en sus índices. En mayo de 2008, el jefe de Gabinete Alberto Fernández encabezó una Jornada Internacional de Índices de Precios al Consumidor, donde anticipó que con la elaboración de un nuevo IPC se estaba “volviendo a poner las cosas en orden”. En agosto de 2009, el entonces ministro de Economía Amado Boudou creó un Consejo Académico del INDEC, para el que convocó a las universidades de Buenos Aires, Tucumán, Tres de Febrero, Rosario y Mar del Plata como asesoras para implementar cambios que transparenten las mediciones.

En noviembre de 2010 se anunció un sorpresivo e infructuoso acuerdo de cooperación técnica con el FMI con el mismo objetivo. Pasados 14 meses, la entidad de crédito emitió una “moción de censura” por el incumplimiento del artículo VIII de su carta orgánica, que exige a los países miembro a suministrar información “veraz y precisa” de su economía. Como respuesta, el ministro Hernán Lorenzino anunció que en el último cuatrimestre del año habrá un nuevo índice de precios nacional.

Las eventuales sanciones del FMI pueden significar desde la pérdida de la capacidad para recibir préstamos hasta la expulsión del país del organismo, pero negar la inflación tiene otras consecuencias perjudiciales para la economía. La sensación general lleva a descontar que la inflación real es mayor a la oficial, se exacerban las expectativas. Si el INDEC comienza a sincerar la suba de los precios ¿quién va a pensar luego que la inflación no es mayor? Por otro lado, la falta de datos creíbles obliga a negociar paritarias a ciegas y agrega más conflictividad entre empresas y trabajadores. Desde ya, los acuerdos de precios anticipan que el INDEC medirá un IPC inferior en febrero y marzo, meses clave para pactar aumentos salariales.

Por efecto de una inflación no reconocida se discuten aumentos nominales de salarios y no una genuina redistribución del ingreso en un marco de crecimiento. A partir de 2012 se dejó de hablar de puja distributiva: por la desaceleración hay menos para repartir. Más lejos aún quedó el debate acerca de cómo se administra el gasto público: una mejor administración de los recursos del Estado sería una verdadera redistribución. Por eso, el daño mayor de carecer de estadísticas rigurosas y confiables es que se prescinde de un instrumento central para delinear y ejecutar políticas sociales efectivas para quienes más las necesitan.

Señales de alerta para la economía

Algunos indicadores conocidos la última semana muestran un desempeño mediocre de la actividad económica en 2012 y trazan un sendero difícil para una recuperación consistente este año. Según cifras del propio Indec, la producción industrial retrocedió 1,2% el año pasado, mientras que Estimador Mensual de Actividad Económica aumentó 1,8% en noviembre, para acumular en los primeros once meses de 2012 un alza de 1,9% frente al año anterior, lejos del 5,1% de crecimiento que se pautó en el Presupuesto.

Por otro lado, la consultora Orlando Ferreres & Asociados indicó que la inversión interna bruta descendió 6,4% el año pasado y que el PBI se contrajo 0,3% en comparación a 2011.

Argentina es uno de los países de la región que menos creció en 2012 y puede serlo también en 2013, además de ser uno de los que más inflación tiene en el mundo y de los pocos en los que faltan dólares, cuando éstos abundan en América Latina. Los gobiernos tienen dificultades para evitar la apreciación de las monedas.

El debate por la elevada inflación se extiende ahora al débil crecimiento. La pregunta es si una cosecha récord y mayores exportaciones a Brasil serán suficiente arrastre para reactivar la economía local en 2013.

Las restricciones a la importación afectaron la actividad, retrajeron el empleo y contribuyeron al incremento de los precios internos. Las restricciones cambiarias generaron un clima de incertidumbre que quitó impulso a la inversión, estrangularon al sector inmobiliario y perjudicaron a la construcción. La suba del dólar informal también generó la expectativa de que muchos de los precios van a seguir subiendo a su ritmo.

La inflación comenzó a erosionar el consumo: los pesos valen menos frente a los bienes, a la vez que cae la recaudación en términos reales y se resienten las cuentas públicas. A diferencia de años anteriores, la emisión de pesos del Banco Central ya no es un incentivo para la demanda y el consecuente aumento de la oferta, sino que se traslada casi sin escalas a los precios.

El Gobierno logró algunos de los objetivos que se propuso, pero con alto costo. El superávit comercial alcanzó la importante suma de u$s12.690 millones, con baja de exportaciones e importaciones. La compra de bienes de capital, es decir, maquinarias y herramientas para la producción, decreció un 13 por ciento. El “cepo” al dólar frenó la fuga de capitales y preservó las divisas en manos oficiales para importar energía y pagar deuda, pero se perdieron reservas, trepó el dólar paralelo y aumentó en exceso la masa monetaria, por adelantos y giro de utilidades del BCRA al Tesoro nacional.

Aunque parezca contradictorio, el enfriamiento de la economía, que comenzó hace 15 meses en coincidencia con las restricciones para comprar dólares, asoma hoy como el único efecto moderador para la suba de precios minoristas. La fuerte desaceleración de la actividad es una preocupación que empieza a desplazar al dólar o la inflación. El efecto recesivo de las restricciones demuestra que las salidas de corto plazo no pueden reemplazar un plan económico integral.