Por: Juan Gasalla
El Banco Central tiene un amplio abanico de funciones que incluye el control sobre la emisión y circulación de la moneda, y las operaciones en divisas que se realizan en el sistema financiero, así como fijar las tasas de interés y el tipo de cambio. De este modo se encarga de una de las funciones indelegables de un Estado que es ejercer la soberanía monetaria.
Una de las razones del oficialismo a la hora de impulsar la reforma de la Carta Orgánica del BCRA fue la de recuperar esta atribución, la de tener control sobre la moneda nacional, al eliminar la rígida paridad entre los dólares en las reservas y la base monetaria, establecida en la ley de convertibilidad de 1992. La normativa vigente hasta el 6 de abril de 2012 otorgaba al organismo independencia para trazar sus políticas del mandato de los Gobiernos. Le brindaba autonomía política para fijar sus objetivos de política monetaria y autonomía económica para definir los instrumentos para llevarlos a la práctica.
Los críticos de la ley de convertibilidad encontraban contradictoria a esta norma: la entidad podía actuar en divergencia con la economía real y ajena a los objetivos del propio Gobierno, elegido por la ciudadanía y, por lo tanto, representante de la soberanía popular, en la que debe incluirse la citada soberanía monetaria.
Pero no debe olvidarse que a aquella convertibilidad se llegó después de dos décadas en las que la inflación fue incontenible y arrasó con el valor de la moneda. Así, un peso Ley 18.188 de 1970 equivalía a 1.000 pesos de 1973, unos 10 mil de 1976 y un millón en 1981. En 1983 esta emisión fue reemplazada por el peso argentino Ley 22.270, que tuvo vigencia por dos años, con equivalencia de $10.000 Ley 18.188. Con el plan Austral de 1985 nació la moneda homónima, equivalente a 1.000 pesos argentinos (o diez millones de pesos Ley 18.188).
Historia más reciente fue lo ocurrido con el austral: una carestía creciente que derivó en dos hiperinflaciones (1989 y 1991) certificó el final de esta moneda y concluyó con un peso convertible a razón de 10.000 australes (100 mil millones pesos Ley 18.188), derrotero que significó un desagio de trece ceros y una licuación casi total del valor de la divisa nacional.
Memoria inflacionaria
Está claro que con una inflación real en torno al 25% anual, el presente del peso argentino dista de aquel pasado, pero en vista de los antecedentes de la Argentina, fue un error subestimar una inflación interna que los índices privados sitúan entre el 400 y el 500 por ciento acumulado en la última década.
La nueva Carta Orgánica amplió la máxima de la entidad, que pasó de tener como “misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda” a sumar el objetivo del “desarrollo económico con equidad social, el empleo y la estabilidad financiera”. Pero en la práctica, se concretó en la utilización de fondos del Banco Central para pagar deuda y financiar el déficit público a través de adelantos transitorios al Tesoro, accionar que contrajo los activos líquidos a menos de u$s40 mil millones, su nivel más bajo en casi seis años.
Una moneda no es sólo un instrumento de intercambio o el respaldo en activos externos que tenga, también representa las instituciones de un país, su respeto a las leyes, la fortaleza de su economía y su voluntad de honrar compromisos.
La persistente inflación, la emisión de pesos sin respaldo de dólares a un ritmo cercano al 40% anual y la pérdida de reservas deterioraron la confianza en la moneda local y atentaron contra esos objetivos del BCRA. El virtual desdoblamiento del mercado de cambios después de las restricciones a la compra de divisas extranjeras potenció aún más la huida de los ahorristas al dólar, con efectos recesivos sobre la actividad general.
Esa incertidumbre quedó plasmada en el salto del dólar libre. Desde que rige el “cepo cambiario”, el 31 de octubre de 2011, la divisa avanzó un 94% en casi 18 meses, desde los 4,47 a 8,67 pesos. Proyectada esta tendencia a fin de 2013 resulta un dólar informal de $10,53 a diciembre. Asimismo, la brecha con el dólar oficial aumentó del 5% al actual 67,7 por ciento.
En el mismo lapso de un año y medio, el dólar formal avanzó un 21,4%, desde los 4,26 a 5,17 pesos. Al proyectarse este ascenso hacia diciembre de este año resulta un dólar oficial en 5,57 pesos. La brecha con el “blue”, según esta hipótesis, alcanzaría el 89% a fin de año.
Si se toma en cuenta sólo el desarrollo de 2013, el dólar libre ganó 26,9% en el primer cuatrimestre. Al anualizar este cálculo llegaría a $12,30 para fin de año, con un avance acumulado del 80,7 por ciento. En el mismo sentido, la apreciación del dólar oficial, de 5,1% entre enero y abril, acumularía un 15,1% en la proyección anual, a 5,66 pesos. La brecha en este caso superaría el 100 por ciento a fines de diciembre.
Por este motivo, si el Banco Central se esfuerza en revalidar lo que denomina su misión, debe tomar en serio la influencia del dólar paralelo para regular expectativas y precios, aún cuando se trate de un mercado marginal. Recuperar la soberanía monetaria, es decir salvar al peso de su agonía, es generar mecanismos e incentivos para ahorrar en moneda local, e incluye actuar para contener la inflación, que es también defender el poder adquisitivo del salario.