Ya no es posible “hacer política” como se la hacía hace 10 años. La década de gobierno kirchnerista es un parteaguas difícil de soslayar para cualquier protagonista o analista que se aparte un momento de sus preconceptos. Si bien su verdadero impacto será juzgado con el transcurrir de las próximas décadas, no podrá desconocerse hoy que este proyecto político es el que define las características y definiciones del resto de los actores.

Setenta años atrás, el primer peronismo había generado algo semejante. Luego de la década de gobierno de Juan Perón, la política no pudo volver a hacerse de espaldas al pueblo (y si se hacía, producía fenómenos como el de la resistencia peronista). Sólo una sangrienta dictadura militar, represión y proscripción mediante, pudo arrancar de nuestra sociedad parte del impulso igualitario que se había propagado entre 1945 y 1955. Perón había democratizado el bienestar del pueblo de la mano de un movimiento obrero organizado y poderoso, había amplificado derechos civiles y había consolidado la independencia económica del país. Las conquistas habían calado hondo. El kirchnerismo retomó esa herencia democrática, nacional y popular y la profundizó.

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Hugo Moyano parece extraviado. Ahora olvida años de historia propia y ajena. Hace unos días, en uno de sus cada vez más habituales exabruptos, caracterizó al ministro de Trabajo Carlos Tomada como “uno de los traidores más grandes del movimiento obrero”.

Al decir eso desconoce el papel que le cupo a Tomada en la implementación del enfoque que se le dio a las políticas públicas económicas y sociales desde 2003. Un enfoque que modificó de raíz la dinámica laboral de exclusión instalada desde mediados de la década de los setenta. En los últimos diez años, desde el Gobierno Nacional, y en particular desde el Ministerio de Trabajo, se promocionó el empleo de calidad, productivo y justamente remunerado, y se amplió y redefinió la protección social orientada a proteger a la mayor parte de la población. Ejes a través de los cuales el actual modelo socioeconómico mejora las condiciones de vida de los argentinos.

Oculta también que Tomada forma parte de un gobierno que, bajo el liderazgo de Néstor y Cristina Kirchner, posicionó al trabajo en el centro de las políticas públicas, como articulador entre lo económico y lo social, como factor básico de ciudadanía. No recuerda tampoco la creación de millones de puestos de trabajo, la desocupación de un dígito y los más de mil convenios firmados anualmente. Desdeña, entonces, la promoción de la negociación colectiva, la revitalización del valor institucional del salario mínimo y la puesta en marcha de decenas de iniciativas profundamente transformadoras, como el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, el Plan Integral para la Promoción del Empleo y el Plan Estratégico de Formación Continua, a partir del cual se capacitaron más de un millón y medio de trabajadores en articulación con cientos de sindicatos y empresas. 

Quizás esta nueva versión de Moyano prefiera otro tipo de ministros de Trabajo, como, por ejemplo, los aliancistas Patricia Bullrich y Alberto Flamarique o como Álvaro Alsogaray, este último parte de los equipos “técnicos” del gobierno de Arturo Frondizi.

Además de omitir que hasta hace no mucho elogiaba profusamente al Gobierno y al propio Tomada, Moyano comete el peor de los pecados para un dirigente político: el de la vanidad, al confundir el movimiento obrero con su propia figura. Olvida así que la situación de los trabajadores argentinos ha mejorado sustancialmente durante estos últimos 10 años y que el pueblo trabajador acompaña en su enorme mayoría el actual proceso político.

Ojalá el “viejo” Moyano, aquel que combatió el neoliberalismo y formó parte de las transformaciones de esta década, le refresque un poco la memoria y lo ayude a recupera la coherencia y, de paso, también la mesura.

“La calidad de vida mejoró de la puerta para adentro de la casa, pero no ocurrió de la puerta para afuera”. La frase pertenece a Fernando Haddad, el candidato del PT brasileño que, contra todos los pronósticos, acaba de ganar las elecciones en San Pablo, pero bien puede ser dicha por cualquier habitante de la Ciudad de Buenos Aires.

La sentencia describe con justeza la realidad paradojal que nos toca vivir a los porteños. En estos últimos diez años, como argentinos hemos mejorado sustantivamente nuestras perspectivas personales y familiares, pero al mismo tiempo vivimos en una ciudad que no acompañó esa mejora, una ciudad cada vez más desigual, más sucia, menos pública y con peor infraestructura.

El proceso de desarrollo puesto en marcha a nivel nacional en 2003 produjo, durante esta década, beneficios a lo largo y ancho de todo el país. Efectos que fueron aún más concretos en los estándares de vida de los ciudadanos de la Capital Federal. Entre otros fenómenos de impacto elocuente, la reducción récord del desempleo y la creación de decenas de miles de puestos de trabajo, junto con una política de ingresos expansiva que habilitó niveles de consumo inéditos en todas las franjas sociales y para todas las categorías de productos y servicios, significaron para la mayoría de los porteños un enorme salto cualitativo en términos de confort individual y familiar.

Ahora, ¿se tradujo eso en la configuración de una vida social más plena? ¿Pudieron contenerse esos avances individuales en el diseño en espejo de una ciudad mejor, más justa, más solidaria, más equilibrada, más vivible? ¿Hubo en la ciudad un proceso equivalente al nacional en términos de expansión de derechos, democratización del espacio y recomposición de los lazos sociales? La respuesta a simple vista es no.

Basta ver la pauperización de la salud, el desprecio por la educación pública, el abandono de la cultura popular, o sufrir las inundaciones, la basura, el colapso del tránsito, la segregación socioespacial de los vecinos de las villas y la tendencial privatización de todos los ámbitos de sociabilidad, para contestarse esas preguntas de manera contundente.

Macri fracasó. Y no es sólo una impugnación ideológica. Sus resultados son malos incluso en su propio paradigma managerial, que cree que la ciudad es asimilable a una empresa de su grupo familiar. Su gobierno gestiona mal, no es eficiente, despilfarra y se endeuda innecesariamente, y no resuelve ninguno de los problemas que dice atacar. Hay que reconocerle, sí, una muy eficaz política de comunicación que a veces logra confundir y maquillar lo que rascando se ve muy precario.

Pero más que marketing, hoy el desafío es diseñar propuestas sobre los temas que diariamente afectan la vida en la ciudad: la crisis habitacional y la distorsión del mercado inmobiliario, el colapso del tránsito, la higiene urbana, las inundaciones, el acceso al crédito, la infraestructura escolar y la falta de vacantes en los niveles iniciales, el colapso de la salud pública y la pauperización de sus trabajadores, la elitización de los bienes culturales, la desprotección del usuario y el consumidor, y cientos de etcéteras.

Hay una brecha enorme entre la ciudad en la que viven los porteños y la ciudad en la que podrían vivir. Es posible cerrar esa brecha. Necesitamos dejar de tener un gobierno adolescente que responsabiliza a otros por sus faltas, y reconstruir el Estado porteño como se hizo con el Estado nacional, un Estado al servicio de todos y no uno, como el de la ciudad hoy, que sólo se dedica a cobrar cada vez más impuestos y poner playas en las plazas.

Cuando se dice de poner a la ciudad en sintonía con el proyecto nacional, se trata precisamente de desbordar los logros meramente personales y convertirlos en los pilares de una trama colectiva que construya un ciudad inclusiva, abierta, pública, para todos los porteños pero también para el resto de los argentinos y los inmigrantes que la elijan para vivir y trabajar.