La burbuja tentadora

Al igual que con el canto de sirenas que apacigua el espíritu, brindando paz y tranquilidad en medio de la tormenta, pero que lleva al navegante a las profundidades abisales, el político profesional —o el aspirante a serlo— tiene la permanente tentación de introducirse en la burbuja negadora de la realidad.

Por miedo, comodidad o simple interés, quienes ocupan los despachos oficiales recurren una y otra vez a la negación de lo evidente, a la eliminación de la verdad comprobable. Muchas veces, con el aditamento de etiquetar al mensajero de malas noticias como al mismísimo demonio.

Múltiples y patéticos ejemplos de esta práctica nutren la historia argentina.

La aparición y la multiplicación de elementos y herramientas comunicacionales como las redes sociales y el hiperdesarrollo de internet, sumadas a la proliferación de “gurúes” de la imagen y la encuesta de opinión, han sumido a los dirigentes políticos vernáculos en la disyuntiva de reconocer lo tangible o negarlo hasta los límites del ridículo, y luego “medir” el impacto de su decisión en sondeos que realizan las consultoras “top”. Continuar leyendo →

Pequeño vocabulario abolicionista de bolsillo

No es ninguna originalidad la práctica de crear formas lingüísticas equívocas para que determinado discurso o relato llegue adecuadamente al público que se pretende seducir con la palabra. Tal vez el ejemplo de Antonio Gramsci explicando el marxismo en sus obras, otorgándole a determinadas expresiones medulares de dicha teoría múltiples acepciones e interpretaciones, sea el más gráfico y difundido. Pero de ninguna manera es el único en la historia del pensamiento universal. La distorsión lingüística y la interpretación dirigida han llegado hasta los textos sagrados de las grandes religiones monoteístas.

Volando mucho más bajo que el legendario filósofo, político y periodista italiano y que los grandes teólogos, en nuestras tierras existe una pseudodoctrina jurídica, pretendidamente filosófica, con veleidades de sistema único y revelador, que ha calado hondo en varias generaciones de abogados: el abolicionismo penal.

Siguiendo alguno de los postulados de pensadores como Thomas Mathiesen, Nils Christie, Louk Hulsman y Michel Foucault, los gurúes locales del abolicionismo vernáculo han creado un verdadero vocabulario gramsciano del derecho penal. Otorgan categorías ontológicas y valores de verdad a vocablos que, hasta hace muy poco tiempo, significaban otra cosa. Continuar leyendo →

Sr. Presidente, cuide al fiscal Marijuan

Sr. Presidente de la nación, Mauricio Macri, por favor, cuide al fiscal federal Guillermo Marijuan.

No permita que lo tilden de golpista, vendepatria, gorila, cipayo, facho, drogadicto, alcohólico, psicópata, agente de las embajadas norteamericana e israelita, socio de los fondos buitre o terrorista internacional. Defiéndalo públicamente. Aun si fuera designado para investigarlo a usted o a alguno de sus funcionarios.

No permita que interfieran en su trabajo. Su misión es investigar y, eventualmente, acusar. No juzga. No decide. Exclusivamente peticiona. Requiere. Es sólo un fiscal.

Proteja su integridad y la de su familia. Su vida privada e íntima. Que los servicios de inteligencia a sus órdenes eviten y prevengan cualquier tipo de ataque en su contra. Que no se ocupen de fotografiarlo con un vaso de cerveza en la mano o en calzoncillos. Que no interfieran ilegalmente sus teléfonos y sus correos electrónicos. Por el contrario, Sr. Presidente, dótelo de mayores elementos para el cumplimiento de su labor.

Sepa, Sr. Presidente, que el Dr. Marijuan fue discriminado por su propia jefe, la procuradora general de la nación y hostigado por varios integrantes del partido judicial, denominado “Justicia legítima”. Continuar leyendo →

La Justicia en el banquillo

La diputada nacional Elisa Carrió arremetió sin piedad contra el Poder Judicial. O, mejor dicho, contra ciertos sectores de la administración de Justicia y del Ministerio Público. Dijo la legisladora de Cambiemos: “Estoy harta de haber sido denunciante porque no había fiscales en la nación que denuncien”; “tener custodia permanente cuando los asesinos y delincuentes están libres”. Al tiempo, consideró: “Si no hay justicia, la Argentina no tiene destino”.

Al integrar el Ministerio Público, que en la provincia de Buenos Aires es constitutivo del Poder Judicial, soy parte interesada y, por ende, me alcanzan las generales de la ley.

Sin negar que puedan existir integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público que no honren su juramento, o que, lisa y llanamente, hayan cometido o cometan delitos, la inmensa mayoría de los integrantes de la Justicia somos gente de bien, con nuestros errores y nuestras limitaciones. Con nuestros aciertos y nuestros desatinos. Pero gente honesta al fin de cuentas, con una enorme vocación de servicio y amor por nuestro trabajo.

Sin embargo, no estamos dando las respuestas que la ciudadanía exige, en su carácter de sostén de las instituciones republicanas mediante el pago de sus tributos y destinataria de nuestras decisiones. Continuar leyendo →

Un país al margen de la ley

El Gobierno nacional y los provinciales han fracasado, hasta el momento, en su intento de neutralizar los cortes de calles, avenidas, rutas y puentes. El piquete se ha transformado en una parte de la geografía urbana y suburbana argentina, y no hay protocolo, directiva, sugerencia u orden que pueda desterrarlo o, al menos, reglamentarlo, pese al esfuerzo de las autoridades constituidas.

Para los fundamentalistas de esta modalidad, el piquete es la materialización del ejercicio pleno de la garantía constitucional de “peticionar ante las autoridades”, dimanante del artículo 14 de la ley fundamental argentina. Para los moderados, entre los que me encuentro, el piquete es un exceso en el ejercicio de un derecho que vulnera los derechos de los demás; destruye de este modo el equilibrio dinámico de prerrogativas y obligaciones que surgen de los textos constitucionales de la república.

Dejando de lado las discusiones doctrinarias sobre la existencia o no del derecho a la protesta (el plexo constitucional vigente habla del derecho a peticionar a las autoridades), lo cierto es que los cortes de calles, rutas y puentes constituyen —para quienes no están formando parte de ellos— una de las causas de irritación más grandes de la vida en comunidad. Continuar leyendo →

Nisman, la muerte y el grotesco

El desenlace era previsible. Una causa penal, plagada de una sumatoria de groserías procesales y probatorias, no tenía otro destino que este: abogados indignados. Recusaciones. Una fiscal denunciada. Una jueza que se declara incompetente y remite el expediente a la Justicia federal. Un fiscal general que, poniendo blanco sobre negro, trajo una cuota de racionalidad a tanto disparate… Estupor y sorpresa. ¿Escándalo? Tal vez.

Pero faltan aparecer muchos personajes en esta secuencia de sainete rioplatense: el ex secretario de seguridad Sergio Berni, por ejemplo, quien contaminó la escena del crimen en forma despiadada y recargó hasta la hipersaturación la radiobase de telefonía celular de la zona de Le Parc-Puerto Madero, hablando con su móvil durante horas. El cuerpo de peritos de la Policía Federal Argentina, protagonistas excluyentes del documental titulado Todo lo que no debe hacerse en una escena del crimen, con toda su batería de torpezas y violaciones de los protocolos más elementales de la preservación de las evidencias probatorias. La testigo que denunció el pandemonium del departamento del fiscal muerto, con decenas de personas deambulando sobre las pruebas a recolectar y que fuera tildada de mentirosa o de loca. Las “cartas” en las redes sociales de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, que sugería calificaciones legales y responsabilidades penales a pocas horas de producida la muerte violenta de Alberto Nisman. Las soeces declaraciones del ex jefe de gabinete de ministros Aníbal Fernández, que denostaba a diestra y siniestra la vida privada del procurador fallecido. Etcétera. Continuar leyendo →

Hacia un comando general conjunto de seguridad

La cinematográfica búsqueda de los tres prófugos del penal de máxima seguridad de General Alvear, condenados por el triple crimen de General Rodríguez, ha dejado al descubierto —más allá de la valentía, el arrojo y la dedicación de los efectivos de las fuerzas policiales provinciales y de las fuerzas de seguridad federales— una evidente falta de coordinación operativa y una superposición de funciones en las distintas jefaturas y comandos.

Se le suma a ello una catarata de sospechas y suspicacias respecto de algunos sectores de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe, que perjudican notablemente el objetivo final: un resultado positivo en los múltiples y frenéticos rastrillajes, en pos de encontrar con vida a los peligrosos evadidos y regresarlos a prisión.

Cuando finalice esta crisis, el Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales tendrían que discutir un plan nacional de emergencias en seguridad, sus correspondientes protocolos de actuación y fundamentalmente la designación de un comandante general conjunto que responda directamente a un comité de crisis nacional, pero que, a su vez, tenga la facultad de coordinar las órdenes operativas para todas las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal) y las policías provinciales y de la ciudad de Buenos Aires. Continuar leyendo →

Una revisión total del sistema carcelario es imprescindible

La escandalosa fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez, amén de las sospechas y suspicacias que genera , dilemas que el Ministerio Público Fiscal y la Justicia Penal deberán resolver, coloca al Gobierno nacional y a los Gobiernos provinciales en la obligación de modificar sustancialmente las políticas penitenciarias que se vienen desarrollando desde hace más de treinta años.

El Sistema Penal del Estado ha sufrido durante todo este tiempo innumerables “retoques de maquillaje”. Desde el cambio en las denominaciones de las jerarquías en las distintas fuerzas policiales y de seguridad, hasta el enfermizo marketing de colores partidarios en patrullas, motos y edificios. Sin olvidar la “siembra” de cámaras de video en miles de sitios, aparentemente “estratégicos”.

Se designaron miles y miles de efectivos policiales, con sus nuevos y coloridos uniformes, bien almidonados, pero sólo con seis meses de preparación antes de entregarles pistola, placa y autoridad.

Toda esta irresponsable parafernalia multicolor no logró el ansiado descenso en los índices delictivos -pese a la manipulación de las estadísticas oficiales, a la que somos adeptos los argentinos- como así tampoco, la merma en el uso de la violencia en las distintas formas de comisión criminal.

Tampoco se logró detener el avance dramático del narcotráfico como crímen organizado y su directísima incidencia en la criminalidad común o improvisada.

La Justicia Penal y el Ministerio Público -al menos una preocupante mayoría de sus operadores- abrazaron, con la pasión de un amante adolescente,  la pseudo-docrtina del abolicionismo penal , con toda su batería de dislates a cuestas.

La cárcel, último peldaño del sistema penal del Estado o del “aparato represivo”, quedó reducido a un depósito de seres humanos, donde lo único que se denuncia es el hacinamiento y la superpoblación. Nunca la necesidad de construcción de nuevas unidades o de reparación de las existentes.

El trabajo y el estudio de los internos ha quedado limitado a la iniciativa personal de cada uno de ellos. La seguridad de las prisiones es una entelequia. La Unidad de “maxima seguridad” de General  Alvear es un ejemplo tragicómico de lo antedicho.

En lugar de formar nuevos y mejores agentes penitenciarios, se formó el ”Vatayón militante”.

Y así.

Inaugurar cárceles —o reparar las existentes— es políticamente incorrecto. Nadie quiere la foto cortando cintas entre rejas y muros. Nadie quiere el epígrafe: “Ellos construyen cárceles. Nosotros construiremos escuelas, hospitales y fábricas”, en los afiches de la próxima campaña electoral. Y de la próxima. Y de la próxima.

Los ministros encargados de comandar políticamente los distintos servicios penitenciarios deberán ser inflexibles, tanto con carceleros como con encarcelados. Sin vulnerar derechos de las personas sometidas al poder punitivo del Estado. Pero tampoco olvidando los derechos de los que no cometieron delitos.

El presidente de la República y los gobernadores tienen ahora la oportunidad de girar el timón hacia aguas turbulentas; ruta necesaria para encontrar las nuevas costas de un sistema penal -al menos- más razonable.

Los cuestionamientos pueden ser políticos, pero no constitucionales

Si algún compatriota afirmara que su domicilio actual está ubicado en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata o en la Confederación Argentina, podría pensarse en alguien ligeramente pasado de moda, en un fan de lo retro, en algún personaje pintoresco, vintage, o —directamente— en un enajenado.

Sin embargo, cualquier argentino pude afirmar, legítima y legalmente, que vive en un país con esas vigentes denominaciones, según el también vigente artículo 35 de la Constitución Nacional de la Nación Argentina, reformada en Paraná, en el año 1994.

El presidente Mauricio Macri acaba de nombrar en comisión a dos juristas argentinos, los doctores Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, para completar las vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a raíz de las renuncias de los antiguos ministros Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni. Continuar leyendo →

Ahora, recuperar el sentido común del sistema penal

Un lugar común reza: “El sentido común es el menos común de los sentidos”. Más que una reflexión profunda, parece un aforismo para adornar tarjetas de salutación o para el epígrafe de esas fotografías de atardeceres hermosos, destinadas a circular por internet.

Sin embargo, en los últimos treinta años, el sentido común estuvo ausente en un lugar prohibido para dicha ausencia: el sistema penal del Estado (o aparato represivo, según la moderna terminología progre).

A la ausencia de políticas criminales sensatas y duraderas, a la negación —pública y sistemática— de los problemas que acarrean el crimen y el criminal, a la desaparición de estadísticas serias y confiables respecto de las fluctuaciones del delito y de la violencia en las conductas delictuales, se le sumó un movimiento pendular-espasmódico que osciló desde la mano dura, tolerancia cero hasta el actual y absurdo abolicionismo penal, catecismo laico, obligatorio en facultades de Derecho, escuelas de posgrado, Consejos de la Magistratura, etcétera.

La Biblia abolicionista, concebida entre otros por Michel Foucault, Thomas Mathiesen, Nils Christie, Louk Hulsman, Raúl Zaffaroni y sus seguidores vernáculos, habla del delito como una creación política. Estos gurúes nos iluminan diciendo que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes les quitaron a los particulares el conflicto y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel no sirve para nada. Que el Estado no está legitimado para imponer penas. Que la pena es otro hecho político para llenar de pobres e indigentes las agencias policiales y penitenciarias, para saciar las ansiedades de las clases dominantes o del imperio, frente a la sensación de inseguridad. Continuar leyendo →