Ya mismo hay que trabajar para construir una verdadera alternativa

Las elecciones legislativas del 27 de octubre consolidaron la voluntad de cambio que la ciudadanía expresara en las PASO de septiembre. Por más que el oficialismo ensaye argumentos artificiosos y oprima a las estadísticas hasta hacerles confesar cualquier cosa, más de dos tercios de los argentinos se expresaron, mediante diversos canales, en contra de la agrupación que hace una década rige los destinos del país.

Hay una enorme fatiga social relacionada con un relato fantasioso que cada vez se aleja más de la realidad, con la prepotencia, con el empleo abusivo de los recursos del Estado en favor del partido de gobierno y con la absoluta falta de rumbo en las principales políticas públicas, en especial en materia económica.

En ese marco, la ausencia de la presidenta, debida a su enfermedad, pudo haber obrado como el torniquete que obturó una sangría mayor de votos, pero al mismo tiempo potencia la incertidumbre hacia el futuro, por el rol meramente protocolar de un vicepresidente repudiado por la sociedad y un gabinete que nunca funcionó como tal.

Dos grandes coaliciones se avizoran para disputarle el poder al kirchnerismo en 2015. Una es la del peronismo que acompañó a los Kirchner hasta hace unos meses, en la que Sergio Massa despunta como la figura más refulgente, luego de su muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. La otra es una coalición republicana en torno  a la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, la Coalición Cívica y otras fuerzas, con varios candidatos posibles, como Cobos, Binner y Carrió y Sanz. Menos claro es el panorama en el PRO: aunque conserva un buen caudal electoral en la Ciudad de Buenos Aires y logró un senador nacional en Entre Ríos, aún tiene poco peso en la escala nacional.

Quedan dos largos años por delante, con crecientes dificultades económicas y previsibles aumentos de las tensiones internas en el oficialismo. Pensar en 2015 es imaginar el largo plazo, pero ya mismo hay que trabajar para construir una verdadera alternativa.

Bullying: una ley necesaria contra la violencia en la escuela

La Cámara de Diputados convirtió esta semana en ley un proyecto dedicado a combatir un flagelo en ocasiones silencioso pero que afecta a miles de chicos y chicas en todo el país. Se trata de la violencia escolar, conocida como bullying, en la cual  los niños y adolescentes sufren maltrato psicológico o físico por parte de sus pares, de forma presencial o a través de internet.

La iniciativa, que recibió el apoyo de todo el arco político en Diputados y Senadores, recoge los aportes de varios proyectos presentados, uno de ellos de mi autoría del 2011. La nueva ley establece la creación de un entorno de contención en las escuelas, del que formen parte padres y docentes, para abordar los casos de violencia escolar, asistir a las víctimas y abordar de forma integral el problema trabajando en el aula. Involucrar a los adultos es esencial, puesto que muchas veces los episodios de agresión y discriminación ocurren fuera de su mirada, aún más dada la preocupante difusión de casos de acoso realizados a través de las redes sociales.

Esta es una problemática grave, que existe desde hace tiempo pero que ha ganado notoriedad recientemente debido a resonantes casos de acoso, abuso y agresión física en el ambiente escolar. Las estadísticas publicadas por FLACSO y UNICEF sobre el tema, a las cuales hemos hecho referencia en nuestro proyecto, son alarmantes. No podemos permitir que nuestros hijos se eduquen en un entorno violento y discriminatorio. Para eso, el Estado debe asegurarse de que la escuela sea un lugar de aprendizaje no sólo de conocimientos, sino también de valores. La tolerancia, el respeto a las diferencias y el pluralismo deben ser parte esencial de la educación de nuestros chicos. Ese es el objetivo de la ley que acabamos de aprobar.

Las consecuencias para las víctimas de acoso verbal y físico son duraderas, y afectan negativamente su desempeño social y el desarrollo personal.  Además, no hay dudas de que la existencia de casos de violencia entre estudiantes atenta directamente contra el derecho a la educación. Muchos problemas comunes en nuestro sistema educativo, como la deserción escolar, el bajo rendimiento académico y el ausentismo se ven agravados por la existencia de casos de bullying.

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical apoyamos el proyecto sancionado por considerar que apunta a resolver un grave problema que se sufre en la mayoría de las escuelas del país. Terminar con la violencia escolar es un desafío que debemos abordar para hacer realidad las promesas de un país próspero y desarrollado con sustento en una educación de calidad y respetuosa de las diferencias y de los derechos de todos.

No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los chicos sufren este tipo de agresión. Celebramos que el Congreso haya tomado cartas en el asunto sancionando una ley para poner fin a la discriminación y la violencia, sabiendo que es uno de los  primeros paso de muchos en la lucha contra esté fenómeno.

La claudicación del gobierno en materia de derechos humanos

El ascenso del general César Milani a la jefatura del Ejército ha suscitado un amplio debate en la opinión pública, a partir del surgimiento de numerosos indicios de que participó en la represión ilegal durante la última dictadura. La cerrada defensa de Milani que el oficialismo llevó a cabo constituye un lamentable retroceso, que aparta al gobierno de una política de derechos humanos que había recibido el apoyo mayoritario de todas las fuerzas políticas.

Los testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos que apuntaban a Milani no son nuevos, pero tomaron nuevo impulso a partir de su nombramiento como jefe máximo de la fuerza. Reclamamos entonces el retiro del pliego de ascenso de Milani del Senado de la Nación, y su inmediato cese como jefe de la fuerza. Lo hicimos convencidos de que todos los testimonios deben ser escuchados, y de que el Ejército debe estar encabezado por una persona intachable en términos morales y de apego a los derechos humanos.

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Sentencia impecable, de sólidos e incontrovertibles fundamentos

A principios del siglo XX, Charles Evan Hughes, entonces gobernador del estado de Nueva York, quien fue también presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dijo famosamente: “Vivimos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”. En sentido similar, un presidente norteamericano, Woodrow Wilson, calificó a la Corte de su país como “una convención constituyente en asamblea permanente”.

Tal es la importancia del más alto tribunal. Un poder semejante debe ser ejercido con prudencia, cuidando de no excederse de sus confines estrictamente jurisdiccionales para no invadir esferas de decisión que corresponden a los representantes del pueblo. Pero, cada vez que los otros poderes se extralimitan y vulneran la Constitución, todos los jueces -y en particular, la Corte Suprema, que es el último intérprete de la ley fundamental- deben ejercer sin titubeos el papel que les corresponde.

Es lo que hizo hace unas horas el alto tribunal. En una sentencia impecable, de sólidos e incontrovertibles fundamentos, confirmó el fallo de la jueza electoral Servini de Cubría que había declarado la inconstitucionalidad de varios artículos de la reciente ley que reformaba el Consejo de la Magistratura. No habrá, como no debía haber, elecciones populares por parte de toda la ciudadanía de representantes de jueces, abogados y académicos. La incompatibilidad entre esa ley y el artículo 114 de la Constitución es manifiesta. No hace falta ser un avezado constitucionalista para comprobarlo.

El kirchnerismo quiso avasallar la independencia del Poder Judicial. Sin jueces independientes la misma democracia puede ser una ficción. La Corte Suprema acaba de recordarle al Poder Ejecutivo, inspirador de este inadmisible atropello, que no hay 54% que valga si lo que se pretende es violar la Constitución. Celebremos esta bocanada de aire fresco. Celebremos que seguimos viviendo en libertad.

La Justicia del modelo K

Néstor Kirchner llegó a la presidencia de la Nación en 2003 siendo, para la mayor parte de la ciudadanía, un desconocido. Algunos lo votaron por ser el candidato de Duhalde; otros lo hubieran votado, de haberse realizado la segunda vuelta, para impedir el triunfo de Menem. Ese desconocimiento, en aquel contexto posterior al gran trauma de fines de 2001 y principios de 2002, no fue un obstáculo para Kirchner, sino una oportunidad, que aprovechó hábilmente. En los primeros meses de su mandato adoptó algunas políticas que tenían un sesgo republicano. Así, por ejemplo, designó como jueces en la Corte Suprema a juristas muy reconocidos.

Sin embargo, era evidente que esa tendencia no estaba en su naturaleza. Bastaba saber lo que había hecho en Santa Cruz como gobernador para advertir que se trataba de meras maniobras tácticas. Una vez que consolidó su poder, el verdadero Kirchner comenzó a despuntar. En 2006 hizo sancionar -por iniciativa de su esposa, entonces senadora- una ley que modificaba el Consejo de la Magistratura para romper el equilibrio que la Constitución establece entre distintos estamentos en favor de la representación política. Al mismo tiempo, neutralizó a los órganos de control.

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AMIA: un acto ignominioso que ni el Congreso ni la Justicia deberían consentir

El memorando de entendimiento firmado entre la Argentina e Irán con relación a la investigación del atentado terrorista contra la sede de la AMIA en Buenos Aires es opaco, vergonzoso e inconstitucional. Nuestro país cede su soberanía de un modo inexplicable y deja en manos de una comisión de juristas nombrados por ambos países la revisión de lo actuado por la Justicia argentina. No se entiende cuál es el motivo, ya que el delito fue cometido en nuestro territorio y debe seguir siendo juzgado por nuestros tribunales.

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