Por: Ricardo Gil Lavedra
El memorando de entendimiento firmado entre la Argentina e Irán con relación a la investigación del atentado terrorista contra la sede de la AMIA en Buenos Aires es opaco, vergonzoso e inconstitucional. Nuestro país cede su soberanía de un modo inexplicable y deja en manos de una comisión de juristas nombrados por ambos países la revisión de lo actuado por la Justicia argentina. No se entiende cuál es el motivo, ya que el delito fue cometido en nuestro territorio y debe seguir siendo juzgado por nuestros tribunales.
El único acuerdo admisible sería uno que facilitara la inmediata entrega de los ocho iraníes imputados por la Justicia argentina. Una causa judicial en trámite no puede ser detraída de sus jueces naturales -es decir, aquellos que la ley prevé con anterioridad al hecho de la causa (art. 18, CN) ni ser objeto de interferencias por parte del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo.
Por lo demás, aun cuando pudiera sortearse ese obstáculo constitucional, la proyectada comisión sólo emitiría recomendaciones, que los Estados signatarios pueden cumplir o no, lo que indica que no habrá avance alguno en la causa.
Las ventajas para Irán están a la vista: sin perder nada, momentáneamente “salva la ropa” en el ámbito internacional -donde se halla cada vez más aislado-, mediante la apariencia de querer colaborar con la investigación del siniestro atentado. Lo que no se entiende es cuáles son las ventajas para la Argentina. Si se trata de oscuros negocios de trastienda, sería una infamia sacrificar la memoria de las víctimas en el altar de conveniencias económicas. Los países democráticos contemplan azorados este nuevo papelón de nuestro gobierno, perpetrado a espaldas del Congreso de la Nación y seguramente también de los avezados profesionales de carrera de la Cancillería.
En definitiva, este acuerdo -gestado en el más absoluto hermetismo- parece una cortina de humo que enmascara, detrás de sus alegados propósitos y del rimbomante anuncio presidencial (que exigía, por su trascendencia, otros canales que los de los superficiales y unilaterales tweets), relaciones entre nuestro Poder Ejecutivo y un régimen teocrático y dictatorial que resultan sumamente sospechosas.
Que nuestro aliado en el esclarecimiento de los crímenes de la AMIA sea precisamente el país cuyos altos funcionarios están imputados por la Justicia argentina de haberlos cometido nos llena de estupor. Es un acto ignominioso que ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial de nuestro país deberían consentir.