Por: Ricardo Gil Lavedra
El ascenso del general César Milani a la jefatura del Ejército ha suscitado un amplio debate en la opinión pública, a partir del surgimiento de numerosos indicios de que participó en la represión ilegal durante la última dictadura. La cerrada defensa de Milani que el oficialismo llevó a cabo constituye un lamentable retroceso, que aparta al gobierno de una política de derechos humanos que había recibido el apoyo mayoritario de todas las fuerzas políticas.
Los testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos que apuntaban a Milani no son nuevos, pero tomaron nuevo impulso a partir de su nombramiento como jefe máximo de la fuerza. Reclamamos entonces el retiro del pliego de ascenso de Milani del Senado de la Nación, y su inmediato cese como jefe de la fuerza. Lo hicimos convencidos de que todos los testimonios deben ser escuchados, y de que el Ejército debe estar encabezado por una persona intachable en términos morales y de apego a los derechos humanos.
Lamentablemente, el oficialismo no lo entendió así. Decidió ignorar las crecientes evidencias de que Milani fue parte del infame Operativo Independencia en Tucumán, y su participación en el encubrimiento de la desaparición del soldado Alberto Ledo en esa provincia. Milani firmó el parte que sostenía que Ledo había desertado, un mecanismo habitual durante la dictadura para encubrir las desapariciones forzadas de conscriptos.
El gobierno tampoco escuchó el testimonio de Ramón Olivera, que consta en el Informe de la Comisión de Derechos Humanos de La Rioja publicado en 1984, donde confirma que Milani encabezó el allanamiento en el que fue secuestrado su padre y luego fue partícipe de los tormentos de los que él mismo fue víctima al ser detenido poco tiempo después.
Resulta incomprensible que un gobierno que ha hecho de la defensa de los derechos humanos una bandera, y que ha dado un decidido impulso a los juicios contra represores en todo el país, sostenga a una persona con los antecedentes de Milani. La única explicación posible para tamaño retroceso es la que se encuentra en las primeras palabras de Milani como titular del Ejército, cuando sostuvo que busca unas Fuerzas Armadas “comprometidas con este proyecto nacional“, opinión que confirmó luego. Estas declaraciones confirman la intención de Milani de partidizar a las Fuerzas Armadas, apartándolas de la estricta neutralidad política que le dicta la Constitución y el orden democrático.
Ante la fuerte presión por parte de las fuerzas políticas y organismos de derechos humanos, el gobierno se vio forzado a posponer el debate del pliego de Milani hasta después de las elecciones. Esto es solo un burdo intento de demorar una definición para evitar el costo electoral de sostener a un personaje sospechado de ser parte del terrorismo de Estado, y es totalmente insuficiente. Los indicios contra Milani son suficientes para apartarlo definitivamente de la comandancia del Ejército. La defensa de los derechos humanos debe ser irrestricta, y no puede abandonarse para proteger a un amigo.