Dólar futuro: materia judiciable

Frente a la imputación que recibieron ex miembros del Poder Ejecutivo y la propia ex Presidente respecto de los contratos de dólar futuro que vendió el Banco Central (BCRA), se utiliza como respuesta para descartarlas que esas son decisiones de política monetaria no judiciables. Eso simplemente no es cierto.

El BCRA puede realizar operaciones de mercado, pero su carta orgánica establece que deben hacerse en condiciones y precios de mercado. Los contratos de dólar futuro se hicieron a precios menores a los que en ese mismo momento se negociaba el dólar bolsa o el contado con liquidación; los contratos en el mercado local se vendían a precios menores a los que contratos parecidos (no idénticos) se vendían en otras plazas, como Nueva York. Las decisiones de política monetaria que toma el BCRA deben hacerse dentro de los límites de su carta orgánica, nunca en violación de este documento.

El mejor ejemplo de que no eran condiciones de mercado es que el BCRA terminó siendo el único oferente de dólar futuro en el Rofex. ¿Qué transparencia y nivel de competencia tiene un mercado donde hay solo un oferente? Para que el BCRA pudiera emitir toda la cantidad de contratos de dólar futuro que quisiera, el Directorio del Rofex tuvo que flexibilizar las normas del mercado dos veces. Primero, aumentó el límite de contratos que podía emitir el BCRA, luego directamente le quitó cualquier límite, para permitir que fuera virtualmente el único oferente. Continuar leyendo →

Gradualismo obsesivo compulsivo

Los niveles observados de inflación a comienzos de 2016 no deberían sorprender a nadie en función de la coyuntura macroeconómica en que asumió el actual Gobierno y el programa fiscal y monetario gradualista que está aplicando. Mauricio Macri, Daniel Scioli, Sergio Massa y Margarita Stolbizer durante sus campañas electorales propusieron (cada uno con sus matices o sus diferencias) la conveniencia de aplicar medidas gradualistas para evitar las tan temidas medidas de shock.

La inflación ya se había acelerado en los últimos meses del Gobierno saliente, el Gobierno entrante (cualquiera fuera su signo) tenía que resolver el atraso del tipo de cambio del peso frente al dólar y solucionar de alguna manera el problema que implicaba el cepo cambiario para la economía. ¿Cómo se iba a lograr todo ello sin impacto sobre los precios nominales?

No es cierto que el Gobierno no tenga un plan antiinflacionario. Lo tiene, pero puede que no guste, no conforme o no sea eficaz. Recibió un déficit fiscal de no menos del 7% del PBI y su intención es bajarlo a cerca del 5% del PBI durante este año. Recibió un ritmo de aumento de la oferta monetaria del orden del 40% anual y su intención es bajarlo al orden del 30% anual. Continuar leyendo →

Banco Central independiente, pero ¿de quién?

Muchas veces escuchamos dos afirmaciones que son tan ciertas como aparentemente contrapuestas. Por un lado, que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debería ser independiente, lo cual tiene mucho sentido. Por otro lado, que el BCRA no puede ser una isla y que tiene que coordinar su política con la implementada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), lo cual también tiene mucha lógica.

En rigor, no hay tal contradicción y ambas objetivos pueden lograrse simultáneamente.

Cuando alguien se refiere a que el BCRA debe ser independiente, lo afirma en relación con el PEN y no con todos los poderes del Estado. Un BCRA independiente del PEN impide que este último financie parte de los gastos del Estado con el impuesto inflacionario. El PEN sólo puede cobrar los tributos aprobados por el Congreso Nacional, pero si vía el BCRA puede aumentar la oferta monetaria sin respaldo, está cobrando un impuesto sin autorización legislativa.

La inflación es un impuesto a la tenencia de pesos. Si al Gobierno no le alcanzan los recursos genuinos (recaudación más endeudamiento), aumenta la oferta monetaria (imprime pesos) y así cubre sus erogaciones. El problema es que si para esos pesos emitidos no hay demanda, el valor del peso cae, es decir, que para comprar cualquier bien necesitamos más pesos que antes, porque el peso vale menos. Eso es, en términos coloquiales, la inflación. Continuar leyendo →

Lo barato sale caro

Nuestros abuelos nos enseñaron que muchas veces lo más barato termina saliéndonos muy caro. Precisamente eso es lo que nos está pasando en el sector energético, fundamentalmente en los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural.

El Gobierno se enamoró de tarifas artificialmente bajas por esos servicios y montó un sistema de subsidios muy ineficiente para mantener esas tarifas lo más bajas que fuera posible en el transcurso del tiempo.

Como los subsidios a la energía eléctrica y el gas natural se aplican sobre el volumen consumido, los sectores de ingresos medios e ingresos altos son los más beneficiados. Como la cuenta del subsidio se paga con fondos públicos, quienes más aportan son los sectores de ingresos medios e ingresos bajos, pues nuestro sistema impositivo es inmoralmente regresivo. Como si fuera poco, la parte que no se cubre con recaudación se financia con emisión, lo que genera un impuesto inflacionario que impacta muchísimo más sobre los sectores de menores recursos que sobre el resto. Continuar leyendo →

Keynesianismo recesivo

Si hay algo para lo cual el cristinismo demostró tener mucha habilidad es para desvirtuar las ideas o causas más nobles. De tener una moderna ley de medios pasamos a perseguir a un par de medios no alineados. De fomentar los derechos humanos pasamos a comprar a sus dirigentes con un programa de construcción de viviendas. De instalar una Corte Suprema independiente pasamos a querer esclavizar a todo el Poder Judicial.  Algo similar está haciendo el gobierno con las ideas “keynesianas”.

Si usted escucha a la Presidenta, ella le va a decir que está fomentando a la industria, pero vamos para casi dos años de caída de la actividad industrial.  Le va a decir que estamos fomentando al consumo que no para de caer desde hace por lo menos 16 meses. Le va a decir también que fomentamos la inversión y la competitividad de la industria, cuando la inversión esta en picada y las exportaciones también. Todo esto lo estamos haciendo supuestamente “gracias” a medidas de tipo “Keynesianas”. 

Pobre Keynes, otra víctima del cristinismo ilustrado. Continuar leyendo →

La central térmica a carbón que funcionará con gas natural

La genial María Elena Walsh escribió alguna vez: “En el Reino del Revés, nada un pájaro y vuela un pez /(…) un ladrón es vigilante y otro es juez / y que dos y dos son tres”.

Si viviera, seguramente se le ocurriría alguna estrofa para representar lo que nos pasa con la Central Térmica de Río Turbio.

La mina de Río Turbio es la única mina de carbón operativa en nuestro país. El ritmo social y económico de la ciudad está lógicamente vinculado a lo que ocurre con la explotación de la mina.

Desde que tengo uso de razón, escucho planes para potenciarla. Siempre alguien promete hacer “algo por la localidad”. La realidad es que la mina produce poco y nada y la localidad no encuentra un sendero de desarrollo sustentable. Hoy la mina está en manos del Estado. Se echó con justa causa al concesionario anterior. Pero la producción no despega. Sólo en gastos operativos los argentinos estamos destinando en el orden de los $1.500 millones de pesos al año en la mina. Continuar leyendo →

El problema es la competitividad

El problema no es la energía, el turismo, los autos o los ahorros en dólares, el problema es la competitividad

Desde hace ya varios años nuestra moneda se está devaluando aceleradamente respecto a la gran mayoría de los bienes. Uno de los pocos grupos de bienes frente a los cuales “menos” se devaluó nuestra moneda son las divisas. Como la sociedad percibe relativamente mas baratas y seguras a las divisas, quien puede, trata lógicamente de comprar el bien más barato y más seguro. Primero el gobierno intentó no sincerar el tipo de cambio (ajuste por precio), y se vio obligado a implementar el cepo cambiario (ajuste por cantidades), y como es su costumbre trató de buscar la culpa en otro lado. Ahora decidió ajustar de manera más acelerada el tipo de cambio nominal, pero en la medida que no resuelva el excedente de pesos de nuestra economía, el gobierno corre el riesgo de que devaluaciones nominales no se reflejen en mejoras del tipo de cambio real.

En lugar de reconocer que hay un problema con el tipo de cambio, el gobierno buscó culpables en quienes quieren ahorrar en dólares, en las importaciones de energía, en el turismo, en las compras por internet o en los autos importados. La propia presidenta instaló, por ejemplo el “problema” de las importaciones de energía en una apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Muchos sectores opositores también atribuyen a la energía el problema de la caída de las reservas.

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Ni tarifazo, ni estatización: hace falta gestión

Los problemas en el abastecimiento eléctrico del último tiempo pusieron en el centro de la escena la discusión sobre quién debe prestar ese servicio y qué deben cobrar por ello.

Superado por los acontecimientos el Gobierno Nacional amenazó con estatizar a las dos empresas que regula: Edenor y Edesur. ¿Esa sería la solución?

Cualquier empresa de servicios públicos, sin importar su dueño, debe tener fondos disponibles para invertir. Los servicios públicos tienen una característica común: son capital intensivos, es decir, necesitan mucha inversión. ¿De dónde podrían sacar los fondos las unidades de negocio si fueran estatizadas? De las tarifas, de aportes del Tesoro o de nueva deuda.

Un ejemplo es YPF, luego de su estatización aumentó los combustibles líquidos a un ritmo cuatro veces mayor que el IPC oficial, tomó deuda en el mercado local, se asoció con otras empresas como Chevron, tomó deuda en el mercado local y tomó deuda en dólares del exterior. YPF pudo endeudarse sólo después que demostró que podría mover sus precios y tuvo que darle a sus socios condiciones que el mismo gobierno nos niega al resto de los ciudadanos (por caso disponer libremente de divisas). Todavía no vimos grandes cambios en su desempeño empresario, aunque es prematuro sacar conclusiones.

Sería de esperar que si el gobierno estatiza Edenor y Edesur recorra el mismo camino, sin embargo nuestro país no presenta ejemplos que nos permita creer que la gestión estatal sería superior a la privada.

Muchas distribuidoras eléctricas del país son propiedad de los gobiernos provinciales. Córdoba, gobernada por el peronismo; Santa Fe, gobernada por el socialismo, y Entre Ríos, gobernada por el cristinismo, son tres ejemplos. En los tres casos las tarifas son muchísimo más altas que las de Edenor y Edesur (de dos a cinco veces mas altas). ¿Cómo es su desempeño? Tienen peor calidad de servicio que las empresas privadas reguladas por el gobierno nacional. En estas provincias los usuarios pagan tarifas muy altas y no reciben una buena calidad de servicio.

Otro ejemplo son las cooperativas eléctricas, las tarifas también son más altas y no ofrecen mejor calidad de servicio. ¿Las cooperativas prestan un mal servicio a propósito en detrimento de sus asociados?

El Estado, ya sea como propietario de las empresas o regulándolas, tiene una obligación ineludible. Debe ser el garante de la prestación del servicio. Cuando otorga una concesión o licencia para operar debe regularlas, lo que implica que el Estado les fija las tarifas y condiciones del servicio. Es decir, todo lo que les importa a los usuarios: precio, cantidad y calidad.

¿Qué hizo el Estado Nacional en este caso? Luego de 12 años de la salida de la convertibilidad no diseñó un nuevo marco regulatorio adaptado a la nueva realidad macroeconómica. No fijó regla alguna para la fijación de las tarifas. Nadie sabe cómo y cuándo se podrán modificar las tarifas. Hoy Edenor y Edesur no pueden pagar todos sus costos y reciben subsidios del Estado Nacional. Así, los contribuyentes de todo el país no sólo pagan las facturas de sus consumos eléctricos, aportan también para subsidiar las facturas de la Capital y parte del conurbano.

El mismo Estado que se niega darle tarifas a las empresas para que puedan invertir, les exige luego que lo hagan. Aún más, el Estado Nacional creó cargos específicos que las empresas cobran en sus facturas pero van a un Fondo Fiduciario que maneja el Estado. Es el Estado quien decide dónde se invierten los recursos que hoy aportan los usuarios para invertir. ¿Si hoy el Estado no hace lo que debe como regulador, qué suponemos que hará como operador? ¿Si no puede hacer eficientemente lo menos (regular), como se supone que podrá hacer lo más (operar)?

El problema de los servicios públicos en Argentina hoy no pasa por la titularidad de los activos, sino por la gestión de quien los opera o regula. El gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales tienen muchas deudas pendientes en este sentido.

Cambiar para que nada cambie no va a solucionar los problemas. Los va a agravar y el costo lo vamos a pagar nosotros, los ciudadanos.