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El presupuesto 2013 quedó desactualizado

En apenas cuatro meses, el presupuesto 2013 sancionado por el Congreso el 1° de noviembre quedó rezagado por el vértigo de las novedades económicas, que dejaron a la vigente “ley de leyes” al borde de la irrelevancia. Es que la norma fue elaborada en base a objetivos difíciles de cumplir a lo largo del año y que ponen bajo cuestionamiento su utilidad.

Uno de ellos es la inflación, prevista en 10,8% para los doce meses. En la medición oficial, sólo en enero alcanzó el 1,1%, y el 2,58% según un promedio de consultoras privadas. Los acuerdos de precios en los supermercados por 60 días dejaron en claro que incluso las perspectivas del Gobierno superan ampliamente el cálculo inicial, como para que se justifique esa medida drástica. Según el IPC que difunden legisladores de la oposición, la inflación anualizada se sostiene sobre 26% interanual.

En el mismo sentido, estipula un dólar oficial promedio de $5,10 para todo el año, cuando cotiza a $5,04 antes de concluir febrero. Desde ya, la norma no contempla el salto alcista del dólar informal, aun cuando tiene cierta incidencia en la formación de precios y en las expectativas de inflación y depreciación del peso.

En la ley 26.784, el Ministerio de Economía anticipó un incremento de la actividad económica del 4,4% para este año, una meta más realista, al preverse una ligera aceleración de la economía brasileña -principal demandante de las manufacturas nacionales- y una cosecha 20% mayor en la actual campaña, después de la magra producción agrícola de 2012 por la sequía.

En los últimos dos años, el presupuesto fijó metas de crecimiento exageradas, incluso por encima de las proyecciones privadas, cuando hasta 2010 siempre había subestimado el incremento del PBI esperado. Por ejemplo, en el presupuesto 2011 se contempló un crecimiento económico de 4,3%, que resultó finalmente 8,9 por ciento. En cambio, en la ley de 2012 se fijó un crecimiento de 5,1%, cuando el resultado del año pasado según el Indec fue de 1,9% y para los cálculos privados, más cerca de cero.

A la hora de reconocer un menor pago de deuda, es razonable que el Gobierno mida entonces un crecimiento más cercano al real en 2013, incluso inferior al 3,26% anual que gatillaría en 2014 el desembolso de dólares por el cupón atado al PBI. El eventual pago de este cupón asciende a u$s3.500 millones y completa los u$s7.967 millones destinados al Fondo de Desendeudamiento para cancelar deuda privada y pública del corriente ejercicio. De no hacerse efectivo el pago, el Gobierno contará con ese dinero extra para reubicarlo a su criterio, por ejemplo, en importaciones de combustibles o inversiones para YPF.

En años anteriores la subestimación de las cifras permitió profundizar la reasignación de fondos sin intervención legislativa y mostró un superávit más abultado que el pronosticado. La actual sobreestimación disfraza un creciente déficit fiscal y reemplaza aquel efecto contable positivo por un pronóstico que busca mejorar las expectativas sobre una economía estancada.

En otros aspectos, los cálculos del Ejecutivo se acercan a la realidad: se espera un crecimiento nominal de la recaudación del 22,7%, un porcentaje próximo a la inflación. También se estima un alza del consumo del 4,3%, similar al del incremento que se augura para la actividad económica. Los derechos por exportaciones ($77.963,5 millones) contribuirán a los ingresos tributarios la mitad que el impuesto a las Ganancias ($161.579,9 millones). También es consistente un superávit comercial de u$s13.325 millones, un 5,2% más que en 2012.

Un ejemplo claro de la divergencia entre los números reales y los presupuestados -y convalidados por el voto de los legisladores- es el del resultado fiscal del año pasado. El presupuesto estimaba un superávit primario cercano a $46.300 millones, mientras que según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) concluyó con un déficit primario de $8.181 millones, atenuado por las transferencias del Banco Central y la ANSeS. Sin embargo, para este año, el presupuesto estipula un superávit primario de $55.893 millones, un 20% más que la meta prefijada para 2012.

Desde hace una década que la ejecución presupuestaria mantiene groseros desfasajes con las leyes sancionadas por el Congreso, mientras que siguen vigentes las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros -los llamados “superpoderes”- para redistribuir partidas, que otorgan a los Gobiernos la posibilidad de disponer de los fondos en forma arbitraria. Aún más grave es la delegación de esas atribuciones por parte del Poder Legislativo y su desidia para exigir que se rindan cuentas sobre la administración del dinero público.

Indec: los perjuicios del desdoblamiento inflacionario

Hace seis años se concretó al intervención del INDEC, cuando la directora del Índice de Precios al Consumidor, Graciela Bevacqua, fue desplazada de su cargo por Guillermo Moreno, luego de negarse a brindar el listado de los comercios relevados para elaborar el indicador. Desde el desembarco del secretario de Comercio Interior, la distancia entre los precios oficiales y los registrados por estudios privados fue cada vez mayor. Esta brecha se trasladó, luego de cuatro años de fuga de capitales, a otra brecha: la del dólar oficial con el paralelo, por efecto de los controles en el mercado de cambios.

Casi como un paso natural en ese proceso en el que se evita atacar las causas que generan la inflación, se debió apelar a un control de precios, que no se justificaría con un 1,1% de aumento en el IPC, como difundió el INDEC en enero. Los acuerdos -o congelamiento de precios en este caso- constatan que la inflación no es la oficial. En cambio, los controles son coherentes –aunque no eficaces- si se reconoce que la Argentina tiene una de las inflaciones más elevadas del mundo.

América Latina demuestra que no se explica el aumento generalizado y persistente de los precios por la existencia de mercados concentrados ni el encarecimiento de la cotización internacional de las materias primas que el país exporta. En el primer caso, los países vecinos crecen sin inflación, aún con mercados concentrados. En el segundo caso, gran parte de los productos que Argentina vende no se consume a nivel local ni presiona al aumento de los precios internos.

La inflación real en Argentina quintuplica la de la región y erosiona la competitividad. Según relevamientos de precios de estudios privados, cuyo promedio es difundido por legisladores opositores en el Congreso, dio 2,58% en enero. El dato fue el más alto desde que comenzó su difusión, por encima del 2,31% de marzo 2012, para acumular un incremento interanual de 26,28 por ciento.

¿Cuáles son las razones para ocultar la inflación real? Una es que se estima un ahorro de u$s2.500 millones en pagos de deuda en títulos indexados por CER, un coeficiente que fija el Banco Central según el IPC oficial. Como el PBI también se mide en pesos, al considerar que los bienes y servicios que produce Argentina tienen un precio inferior al real, se obtiene como resultado un crecimiento económico sobreestimado, un dato útil al menos en términos políticos.

La inflación es una forma de ajuste fiscal y su consecuencia la pagan los más pobres. El Gobierno licúa sus deudas y aumenta la recaudación en términos nominales. Solapar la inflación es una forma de disimular este mecanismo de transferencia de recursos.

El Gobierno agotó los anuncios de cambios en el organismo estadístico para restablecer la confianza en sus índices. En mayo de 2008, el jefe de Gabinete Alberto Fernández encabezó una Jornada Internacional de Índices de Precios al Consumidor, donde anticipó que con la elaboración de un nuevo IPC se estaba “volviendo a poner las cosas en orden”. En agosto de 2009, el entonces ministro de Economía Amado Boudou creó un Consejo Académico del INDEC, para el que convocó a las universidades de Buenos Aires, Tucumán, Tres de Febrero, Rosario y Mar del Plata como asesoras para implementar cambios que transparenten las mediciones.

En noviembre de 2010 se anunció un sorpresivo e infructuoso acuerdo de cooperación técnica con el FMI con el mismo objetivo. Pasados 14 meses, la entidad de crédito emitió una “moción de censura” por el incumplimiento del artículo VIII de su carta orgánica, que exige a los países miembro a suministrar información “veraz y precisa” de su economía. Como respuesta, el ministro Hernán Lorenzino anunció que en el último cuatrimestre del año habrá un nuevo índice de precios nacional.

Las eventuales sanciones del FMI pueden significar desde la pérdida de la capacidad para recibir préstamos hasta la expulsión del país del organismo, pero negar la inflación tiene otras consecuencias perjudiciales para la economía. La sensación general lleva a descontar que la inflación real es mayor a la oficial, se exacerban las expectativas. Si el INDEC comienza a sincerar la suba de los precios ¿quién va a pensar luego que la inflación no es mayor? Por otro lado, la falta de datos creíbles obliga a negociar paritarias a ciegas y agrega más conflictividad entre empresas y trabajadores. Desde ya, los acuerdos de precios anticipan que el INDEC medirá un IPC inferior en febrero y marzo, meses clave para pactar aumentos salariales.

Por efecto de una inflación no reconocida se discuten aumentos nominales de salarios y no una genuina redistribución del ingreso en un marco de crecimiento. A partir de 2012 se dejó de hablar de puja distributiva: por la desaceleración hay menos para repartir. Más lejos aún quedó el debate acerca de cómo se administra el gasto público: una mejor administración de los recursos del Estado sería una verdadera redistribución. Por eso, el daño mayor de carecer de estadísticas rigurosas y confiables es que se prescinde de un instrumento central para delinear y ejecutar políticas sociales efectivas para quienes más las necesitan.

2013: otro año de bajo crecimiento y alta inflación

Comienzan a conocerse los datos definitivos de 2012. La presidente Cristina Kirchner anunció que el PBI creció 1,9% en el año, menos de la mitad que el 5,1% previsto en el Presupuesto para el año pasado. Esta cifra, algo por encima del crecimiento vegetativo de la población, muestra una brusca desaceleración si se la compara con el alza de actividad económica de 8,9% de 2011.

La economía se frenó por factores internos que continúan vigentes, a diferencia del estancamiento de 2009, que se debió al arrastre de la crisis financiera internacional que golpeó de lleno en precios y cantidades de las exportaciones argentinas. Hasta 2011, el crecimiento sostenido no fue afectado por la inflación, pero este “blindaje” caducó desde el establecimiento de las restricciones cambiarias. El “cepo” generó una distorsión de precios relativos que afectó al consumo, la inversión y también a las exportaciones: quien coloca sus productos en el exterior recibe sólo $4,97 por cada dólar, un 53% menos que el precio de la divisa en el mercado paralelo -sin contar retenciones-. El cepo vino acompañado por mayores trabas sobre importaciones. Mantenerlo en el mediano plazo tiene un efecto directo sobre la actividad general, necesitada de insumos, pero mella además la confianza y las expectativas que se tienen sobre la economía.

Los indicadores económicos negativos se multiplicaron. La caída fue palpable para el campo, donde la sequía recortó en un 19% la pasada cosecha de soja, apenas compensada por los precios récord. El Indec reportó que la actividad industrial se contrajo 1,2% en 2012, la primera baja en una década según el ente estadístico. Para la Unión Industrial Argentina el retroceso fue del 2,2% y para la Fundación FIEL llegó a 1,7 por ciento.

La construcción cayó 3,2% en 2012, más que el 2% de 2009, y este año seguirá deprimida. El plan Procrear puede ser sólo un paliativo para un revés de esta magnitud. Por ejemplo, los proyectos presentados para construir obras nuevas en la ciudad de Buenos Aires –un anticipo del  desarrollo en meses subsiguientes- sumaron en 2012 poco más de 1,7 millones de metros cuadrados, un 24,5% menos que los inscriptos en 2011.

La inversión es una materia pendiente: cayó el año pasado y no está creciendo en 2013. Tampoco hay inversión extranjera directa por la imposibilidad de remitir utilidades y los canales de financiamiento externo están cerrados, al punto que es pertinente preguntarse si es Argentina la que no quiere acceder al mercado internacional de crédito o es que no genera confianza para que le presten a tasas razonables como a los países vecinos.

La inversión bruta interna cerró en 2012 con una caída de 6,4%, según un informe de la consultora Orlando Ferreres & Asociados. La participación de la inversión en el PBI retrocedió al 21,6%, cuando había comenzado el año en 24,7 por ciento. Ya con un pie en 2013, la consultora Ferreres informó que el PBI subió un magro 0,2% interanual en enero y la producción fabril se contrajo 0,4%, con lo que la posible reversión aún deja muchas dudas.

Este año se da por hecho el impacto positivo de una cosecha que contribuirá con más de 15 millones de toneladas extra frente al período anterior, que significarán un importante impulso para la economía en general si los precios internacionales acompañan. Distinto es el aporte extra que brindará Brasil, cuyo crecimiento, en torno a 1% en 2012, sigue lento, con una expectativa apenas superior al 3% para 2013. Brasil es el principal socio comercial de Argentina y destino de exportaciones industriales, como las automotrices. Este sector espera revancha después de que su producción cayera 7,8% en el acumulado de 2012, con un reducción de 6% en las ventas al mercado interno y 18,4% en las exportaciones.

Así es que después de crecer a un promedio de casi 8% anual desde 2003, la actividad se mantiene en un nivel históricamente elevado, pero sin noticias de repunte en el corto plazo. Incluso, analistas del sector privado estiman que el crecimiento de 2012 fue inferior al 1%, con un cuarto trimestre mediocre, con lo que avizorar un esperado “rebote” para este año está más cerca del deseo que de la realidad.

Quién gana y quién pierde con el cepo al dólar

Todos los actores de la economía, desde consumidores a grandes empresarios y el propio Estado, son afectados en forma directa o indirecta por el “cepo” cambiario que deja al arbitrio de la AFIP y el Banco Central la autorización para comprar dólares. Sólo con mencionar a algunos de los involucrados en este esquema cambiario se advierte que hay claros ganadores y perdedores según su capacidad de acceso a la divisa norteamericana.

Entre los ganadores está el Gobierno, que adquiere dólares a 5 pesos -el precio oficial- y también paga a $5 por cada dólar que valen los productos que compra en el exterior, como el gas y el petróleo que importan Enarsa e YPF.

Los turistas integran el grupo de los beneficiados. Los argentinos que viajaron al exterior con dólares oficiales recibieron una suerte de subsidio por veranear en el extranjero, por ejemplo, con la contratación de paquetes en pesos. Por los pagos con tarjeta fuera del país se aplica un recargo de 15%, muy inferior a la brecha entre el dólar oficial y el libre, hoy en 53 por ciento.

Los agentes turísticos locales ganan además con el flujo de turismo receptivo: muchos extranjeros encuentran a la Argentina atractiva y aún barata, al financiar su estadía con ventas en el mercado paralelo. De todos modos, por primera vez en 10 años, el 2012 arrojó un déficit de dólares por el intercambio turístico. Los extranjeros dejaron en el país u$s3.095,7 millones, contra u$s3.185,3 millones -sin contar divisas en efectivo adquiridas en el mercado informal ni las compradas antes del cepo- que gastaron los argentinos en el exterior.

En las últimas semanas hubo versiones sobre “manos amigas” del Gobierno que vendieron dólares en la plaza informal para que el precio del dólar “blue” baje. Sin fundamentos sobre cómo se producen estas operaciones, en las que deben usarse divisas en blanco para transacciones sin registrar, se mencionó en este rumor a casas de cambio, bancos y hasta organismos oficiales. De existir esta intervención, habría una inigualable ganancia al comprar dólares al tipo de cambio oficial y venderlos al precio paralelo.

Aquellos importadores que acceden al mercado oficial, en su mayoría proveedores de la industria local, también son vencedores en este esquema. Un caso llamativo de esta ventaja cambiaria es el de aquellos que compraron automóviles premium fabricados fuera del Mercosur, que se comercializan en pesos al tipo de cambio oficial. La venta de coches de lujo, si bien es insignificante en términos macroeconómicos, aumentó 10% en 2012.

Por supuesto que los operadores del mercado paralelo del dólar también ganan: el spread entre el precio de compra y el de venta puede superar holgadamente el 5 por ciento.

Los perdedores

En este listado aparecen los asalariados en pesos: el alza del “blue” gradualmente se traslada a precios y afecta al bolsillo de los trabajadores y sus familias.

Indirectamente, los bancos se benefician a través del incremento de los depósitos en pesos, por la falta de opciones para invertir en moneda local, aunque el retiro de colocaciones en dólares es un perjuicio. Sólo las acciones dieron ganancias importantes, atadas al incremento del dólar libre, pero este mercado es muy volátil, para entendidos y contraindicado para el corto plazo. El panel Merval ganó en promedio un 21% en enero, pero ya pierde 5% en el transcurso de febrero.

Si bien el Banco Central regula el precio del dólar con sus intervenciones en el mercado mayorista, sufre la fuga de capitales. La salida de depósitos en dólares horada las reservas, al igual que la merma en las liquidaciones por exportaciones del agro y la venta de dólares por turismo.

Los exportadores que cobran $5 por cada dólar que se paga por sus productos en el mercado internacional resignan parte del beneficio que les reportaría un tipo de cambio más alto.

En esta breve reseña hay que incluir al mercado inmobiliario, que tradicionalmente opera en dólares y está paralizado por el cepo. Apenas los contratos de alquiler y las ventas en pesos de proyectos a estrenar o fideicomisos al costo mantienen algún ritmo de actividad. Esta retracción se evidencia también en la pérdida de empleo en el sector construcción y la caída en el registro de proyectos para edificar.

La soja y el doble filo del tipo de cambio atrasado

En enero los productores de soja liquidaron por exportaciones la mitad que en el mismo mes de 2012. Esta reducción significó unos u$s1.400 millones, en un mes tradicionalmente positivo para sumar reservas a las arcas del Banco Central. Los activos de la entidad ganaron en enero de 2012 unos u$s218 millones, mientras que en el mismo período de 2013 cedieron 640 millones de dólares. Esta pérdida se explica en parte porque los productores agropecuarios vendieron un 55% menos oleaginosa en el arranque del año, a la espera de mejores precios internacionales para su producto y de un tipo de cambio oficial más ventajoso, pero, sobre todo, porque la última cosecha -39,9 millones de toneladas- fue 19% menor a la de la campaña anterior.

Cuando en marzo de 2008 se desató la disputa entre el Gobierno y los productores sojeros por la aplicación de retenciones móviles para el principal producto de exportación argentino, sorprendió la iniciativa del Banco Central de colocar importantes posiciones vendedoras de dólares en el mercado mayorista para bajar la cotización. Así fue que la divisa retrocedió cerca de 6%, a $3,04, precio en el que osciló entre junio y agosto de aquel año, como una forma de escarmentar a quienes habían comprado dólares con la especulación de una suba importante, así como instar a un recorte de la rentabilidad de la soja, aun cuando por entonces se hacía efectivo el cese de comercialización por el paro agrario. Como los exportadores deben liquidar los dólares que ingresan al tipo de cambio oficial, una baja de la paridad reduce la cantidad de pesos que reciben a cambio de su producto.

A diferencia del 2007, el actual escenario macroeconómico acota el margen del Gobierno para depreciar el peso y mejorar la competitividad a través del tipo de cambio, debido a que el propio Estado es el mayor importador, en particular en materia energética, rubro que demandó compras al exterior por u$s9.266 millones el año pasado. Un dólar más alto obligaría al Gobierno a desembolsar más pesos para adquirir las divisas necesarias para esas operaciones, cuando las cuentas fiscales están muy ajustadas.

En el 2001, último año de la convertibilidad, la tonelada de soja promedió un precio de u$s172, con una retención del 3,5% que no se destinaba al Estado, sino a fondear un subsidio para la industria aceitera. El productor recibió entonces una media de u$s166 por tonelada, mientras que en la actualidad percibe unos u$s347 por tonelada (u$s534 en el mercado de Chicago menos el 35% de retenciones), que se liquidan al tipo de cambio de 5 pesos. Con esos $1.735 por tonelada, se pueden comprar sólo u$s226 en el mercado paralelo.

Mientras que la alícuota de las retenciones aumentó por diez y el precio internacional de la soja creció tres veces, el ingreso del productor aumentó 36% en dólares, una proporción significativamente menor, cuando muchos costos en moneda norteamericana en el mercado interno lo hicieron por encima de ese rango. Con el correr de los años y la creciente inflación, lo que no se logró por retenciones móviles se consiguió por atraso cambiario: los ingresos por la soja crecieron más para el fisco que para el productor.

Es por eso que al recibir en su bolsillo un 58% menos que el valor en el mercado exterior, y con la actual brecha entre el dólar “blue” y el oficial, hay reticencia de los chacareros a liquidar la cosecha, a la espera de que la divisa oficial se acerque más a los seis pesos, como sugirió el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Por el mismo motivo, no es de extrañar la inquietud oficial que se evidencia en las inspecciones de la AFIP a los campos en las últimas semanas.

En tanto, esta tasa de cambio afecta la rentabilidad en las áreas marginales de siembra, impulsa el acopio de granos en las silo-bolsas, posterga el ingreso de dólares al fisco y a las reservas del Banco Central, desincentiva la inversión en un sector muy competitivo y empobrece a la economía en general.

Por qué no sirve devaluar

El importante ascenso del dólar paralelo en los últimos dos meses, que amplió la brecha entre la cotización oficial de la divisa y la marginal al 60%, volvió a traer a nuestros días la discusión acerca de una posible devaluación del peso para sincerar el tipo de cambio, abaratar los costos locales  y mejorar la competitividad de la producción nacional.

La economía argentina está ávida de dólares -las reservas del Banco Central retrocedieron al nivel de 2007- y la única forma de ingresarlos es a través de las exportaciones, ante la ausencia de crédito externo e inversión extranjera directa, en un marco de “fuga” de capitales. Por este motivo, tal como ocurrió en el 2002 -cuando la salida de la convertibilidad disparó el precio del dólar a cerca de 4 pesos- hay analistas económicos que avalan una devaluación de magnitud para impulsar la demanda agregada de bienes locales, retraer la de los bienes importados y ayudar a exportar más por los menores costos internos en dólares.

El mundo cambió en la última década y alteró las condiciones globales para la inserción de la producción argentina. La apertura de China, hoy actor central en el comercio mundial, cambió el perfil exportador de nuestro país, que profundizó la primarización de sus ventas, detrás de la escalada de los precios de los commodities, principalmente la soja y sus derivados.

Aun con una devaluación, los menores costos industriales de China y otros países emergentes hacen más difícil sustituir importaciones de manera eficaz para ampliar el superávit comercial. Por otro lado, el volumen de las exportaciones argentinas depende cada vez más del crecimiento económico de nuestros socios comerciales y menos de la competitividad cambiaria. La elasticidad de las exportaciones es escasa cuando los cupos para colocar productos en el exterior están fuertemente disputados. Asimismo, la cotización de los commodities, punto fuerte de la matriz exportadora argentina, se fija en los mercados internacionales y no mejora necesariamente por depreciar la moneda.

En ese caso, es probable que una devaluación sólo pueda tener utilidad para mejorar el desempeño de la actividad económica si forma parte de un programa que incluya ponerle freno a una inflación que, de lo contrario, consumirá en el corto plazo los beneficios de una depreciación de la moneda.

Puede ser un error pensar que se compensa con demanda externa la caída de la demanda interna derivada de una devaluación, que reduce el poder de compra de los salarios. En ese caso, el costo de devaluar con un bajo desempleo y una inercia inflacionaria -lo contrario de lo que sucedía en 2002- puede tener más efectos contractivos que reactivadores para la actividad económica.

El camino más adecuado para crecer es estabilizar los precios de la economía y mejorar la capacidad del salario en lugar de reducirla. Y para lograr este objetivo hay que ganar mercados en el exterior a fuerza de productividad, por mayor eficiencia en la relación entre los recursos utilizados y los bienes elaborados, y no por sólo por ofrecerle al mundo productos más baratos.

La caída de reservas, contracara del dólar “blue”

Las reservas del Banco Central mostraron un retroceso de u$s 640 millones en enero y contabilizaron en dos años una pérdida de u$s10.004 millones desde el récord histórico de u$s 52.654 millones el 26 de enero de 2011. Si bien los actuales u$s 42.650 millones cuadruplican el stock de hace una década, en plena crisis post-convertibilidad, resignaron un 19% desde su nivel máximo. ¿Qué origina esta pérdida?

La merma en las arcas del Banco Central obedece en primer término al pago de deuda pública en dólares con fondos de la entidad, a la vez que la emisión de pesos a cuenta del Tesoro para financiar gasto corriente horada el valor del peso: estos activos en moneda extranjera son el respaldo del circulante y su retroceso se traduce en elevada inflación y afecta el poder de compra de los salarios en el mercado interno.

El 6 de abril de 2012 entró en vigencia la nueva Carta Orgánica del Banco Central, establecida por la Ley 26.739, que elimina la relación fija entre la base monetaria y las reservas internacionales.  Según la normativa, el nivel de los activos que la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont debe mantener está relacionado con su “capacidad para atender las demandas del balance de pagos”. Cumplido este objetivo, “las reservas que excedan ese nivel podrán ser utilizadas exclusivamente para el pago de deudas soberanas”, mientras que permite “un canal adicional de financiamiento al Gobierno nacional equivalente al 10% de sus ingresos en efectivo” a través de adelantos transitorios.

Otro factor que socava las reservas y se advierte en este inicio de 2013 es el de una menor liquidación de exportaciones, en particular desde el agro. Los productores esperan una mayor cotización para el dólar oficial, hoy al filo de los 5 pesos, después de que el secretario de Comercio Interior estimara que podría alcanzar los 6 pesos para fin de año, un 20% más. Asimismo, hay expectativas de mejora en los precios de los granos en el mercado internacional que impulsan a los agricultores a confiar en resguardo de la “silo-bolsa” y no apurar la venta de su producto.

Sin embargo, la mitad de la baja de reservas la sigue explicando en 2013 la salida de depósitos en dólares de los bancos privados. Estas colocaciones se contabilizan como reservas en concepto de encajes de las entidades financieras. Hasta el 25 de enero se “fugaron” del sistema financiero u$s 252 millones, según datos del BCRA, con un promedio superior a los u$s 60 millones por semana. Desde que se instauró el “cepo” cambiario el 31 de octubre de 2011  se retiraron 7.113 millones de dólares.

La liquidez de pesos, excesiva si se la confronta con el respaldo que tienen en moneda dura, incentiva a los ahorristas a procurarse de dólares en el mercado informal, por efecto de las restricciones de la AFIP y el Banco Central. Este impedimento para atesorar dólares genera un clima de desconfianza: el que tiene dólares no se desprende de ellos y el que los tiene en una cuenta prefiere retirar sus depósitos y hacerse de los billetes físicos.

Todos estos elementos se conjugan para explicar el inesperado salto del dólar libre a 8 pesos. Emisión, inflación, déficit fiscal, retraso cambiario, contracción de las exportaciones y escasez de billetes se retroalimentan y presionan a un mercado paralelo diminuto, pero explosivo.

De qué dólar hablamos cuando hablamos de dólar

El incremento del dólar informal volvió a colocar al billete verde en el centro del debate económico del verano, pero el abanico de cotizaciones de la divisa excede ampliamente este mercado marginal y tiene variedad de lecturas según desde dónde se lo observe o negocie.

Existe un dólar oficial o minorista, que es el de la cotización de las casas de cambio y bancos autorizados a operar la divisa en la plaza regulada por el Banco Central y la AFIP. Este dólar, a $4,98, tiene escasas transacciones por las restricciones oficiales aplicadas a partir del 31 de octubre de 2011 e incide, por ejemplo, en el llamado “dólar turista” de referencia para viajar al exterior y para los pagos con tarjeta fuera del país, con un recargo del 15% sobre el dólar oficial (hoy a $5,73).

La cotización “turista” sigue resultando barata para los consumidores y esta sensación se evidencia en el incremento del stock de crédito en dólares con tarjeta, que volvió a crecer en enero, después de cuatro meses en baja.

Hay otro dólar, el más significativo por su volumen, que es el mayorista o interbancario. Este precio es la referencia real del mercado, aunque sólo se utiliza para operaciones entre bancos, empresas y el comercio exterior. El mercado mayorista opera entre 300 y 400 millones de dólares diarios y es donde interviene el Banco Central para fijar el precio en lo que se denomina la “flotación administrada” y abastecerse de divisas para incrementar las reservas. Por lo general, éste se sitúa en un plano intermedio entre los precios de compra y venta en el circuito minorista, que, a su vez, replican casi de inmediato las variaciones del mayorista. Este dólar es ahora de 4,9725 pesos.

Otra referencia para el dólar es el financiero o “contado con liquidación”. Su valor se establece por la cotización de las acciones o los bonos argentinos, dividida por la cotización en dólares de estos mismos activos en el exterior. Es decir, el “contado con liqui” refleja el precio del dólar que convalidan los operadores financieros en transacciones legales de fuga de capitales, llamadas así porque producen la salida de dólares del mercado financiero local para ser colocados en el exterior.

Este dólar financiero promedia hoy $7,63 y reproduce, entre muchos factores analizados por los actores del mercado, la relación entre reservas y masa monetaria, el riesgo país argentino o los indicadores de actividad económica locales. Por ejemplo, si tomamos la cotización de la acción de YPF, ésta es de $119,45 en la Bolsa de Buenos Aires. Si se divide esa cifra por los u$s15,70 que cotiza YPF en Wall Street, resulta un dólar implícito de 7,61 pesos.

Al “contado con liqui” se lo denomina “blue chip” en la jerga de la City financiera. Fue así que se acuñó el término “blue” para llamar al billete que manejan las “cuevas” en el circuito informal. El dólar “blue” opera, según fuentes del sector, entre 30 y 40 millones de dólares diarios, aunque según fuentes oficiales esta cifra podría ser inferior, en torno a u$s10 millones diarios. Como fuere, es menos del 10% de lo operado en el mercado mayorista, aunque no es un número para desdeñar: supera ampliamente el monto diario negociado en acciones en la Bolsa porteña.

Como en otras etapas de la historia argentina, cuando algo se prohíbe surgen múltiples denominaciones o eufemismos para referirse a la misma cosa. Así, el “blue” es también el “dólar libre” (el único al que el ahorrista accede sin controles oficiales), paralelo (se comercializa en un circuito a la sombra del oficial), informal o negro (no queda registro de las transacciones), ilegal (lo realizan individuos sin autorización oficial para operar divisas extranjeras), marginal (sus negocios son minúsculos aunque, lamentablemente, crecientes), entre otras definiciones. Su precio, hoy de $7,66, es muy volátil pues pocas operaciones pueden hacerlo subir o bajar de forma abrupta.

Aunque es improbable anticipar un precio de equilibrio para la divisa norteamericana, es útil mirar la brecha: es habitual que coincida el rango entre los dólares mayorista y financiero (ahora en 53,4%) con el de los dólares oficial y libre (53,8%).

Por lo general, el dólar libre es ligeramente más barato que el “contado con liqui”, por la simple razón de que en el segundo, al ser formal, se cobra una suerte de comisión por la intermediación financiera en las operaciones, registradas y declaradas. Esta relación se revierte estos días cuando la plaza informal está muy demandada y escasean los billetes físicos.

Señales de alerta para la economía

Algunos indicadores conocidos la última semana muestran un desempeño mediocre de la actividad económica en 2012 y trazan un sendero difícil para una recuperación consistente este año. Según cifras del propio Indec, la producción industrial retrocedió 1,2% el año pasado, mientras que Estimador Mensual de Actividad Económica aumentó 1,8% en noviembre, para acumular en los primeros once meses de 2012 un alza de 1,9% frente al año anterior, lejos del 5,1% de crecimiento que se pautó en el Presupuesto.

Por otro lado, la consultora Orlando Ferreres & Asociados indicó que la inversión interna bruta descendió 6,4% el año pasado y que el PBI se contrajo 0,3% en comparación a 2011.

Argentina es uno de los países de la región que menos creció en 2012 y puede serlo también en 2013, además de ser uno de los que más inflación tiene en el mundo y de los pocos en los que faltan dólares, cuando éstos abundan en América Latina. Los gobiernos tienen dificultades para evitar la apreciación de las monedas.

El debate por la elevada inflación se extiende ahora al débil crecimiento. La pregunta es si una cosecha récord y mayores exportaciones a Brasil serán suficiente arrastre para reactivar la economía local en 2013.

Las restricciones a la importación afectaron la actividad, retrajeron el empleo y contribuyeron al incremento de los precios internos. Las restricciones cambiarias generaron un clima de incertidumbre que quitó impulso a la inversión, estrangularon al sector inmobiliario y perjudicaron a la construcción. La suba del dólar informal también generó la expectativa de que muchos de los precios van a seguir subiendo a su ritmo.

La inflación comenzó a erosionar el consumo: los pesos valen menos frente a los bienes, a la vez que cae la recaudación en términos reales y se resienten las cuentas públicas. A diferencia de años anteriores, la emisión de pesos del Banco Central ya no es un incentivo para la demanda y el consecuente aumento de la oferta, sino que se traslada casi sin escalas a los precios.

El Gobierno logró algunos de los objetivos que se propuso, pero con alto costo. El superávit comercial alcanzó la importante suma de u$s12.690 millones, con baja de exportaciones e importaciones. La compra de bienes de capital, es decir, maquinarias y herramientas para la producción, decreció un 13 por ciento. El “cepo” al dólar frenó la fuga de capitales y preservó las divisas en manos oficiales para importar energía y pagar deuda, pero se perdieron reservas, trepó el dólar paralelo y aumentó en exceso la masa monetaria, por adelantos y giro de utilidades del BCRA al Tesoro nacional.

Aunque parezca contradictorio, el enfriamiento de la economía, que comenzó hace 15 meses en coincidencia con las restricciones para comprar dólares, asoma hoy como el único efecto moderador para la suba de precios minoristas. La fuerte desaceleración de la actividad es una preocupación que empieza a desplazar al dólar o la inflación. El efecto recesivo de las restricciones demuestra que las salidas de corto plazo no pueden reemplazar un plan económico integral.

Final abierto para el dólar “blue”

El salto cambiario de 12,5% en las últimas cuatro semanas es el emergente de políticas económicas que alimentaron la inflación y minaron la confianza en el peso. El dólar blue se metió en el debate de las familias y aun con el escaso volumen que moviliza este mercado (una décima parte de lo que representa el mayorista) se convirtió en una referencia para establecer el precio de la moneda, hoy en torno al “siete a uno”, como una suerte de nueva convertibilidad que influye en las expectativas de inflación.

El exceso de liquidez, por la fuerte emisión sin respaldo del Banco Central, se volcó en una porción al mercado paralelo, que sobrerreaccionó la suba en el arranque del año. La demanda estacional por vacaciones, agudizada por impedimento de hacer efectivas las operaciones previamente autorizadas por la AFIP, se sumó a las compras informales para atesoramiento en el período de cobro del medio aguinaldo.

En 2012 la emisión de pesos creció 40%, por encima de la inflación real, y se reflejó en el aumento del 44% del “blue”, aunque éste no es una réplica directa de la primera: el billete verde arrastraba además un significativo retraso en su cotización, que desde 2009 evolucionó más lentamente que los precios minoristas.

Todos estos factores se combinaron para la suba y nada indica que en 2013 las condiciones vayan a revertirse.

Para este año se prevé un fuerte ingreso extra de dólares por la cosecha, unos 110 millones de toneladas, la mitad de soja, que aporta un 35% de retenciones. Se calcula que por la oleaginosa ingresarán unos u$s5 mil millones para reforzar la oferta neta de divisas en el mercado local, que se complementan con los menores vencimientos de deuda en moneda extranjera, que significaron una caída del 7% (unos u$s3 mil millones) en las reservas durante 2012.

Esa liquidación de divisas, más notoria en el segundo trimestre del año, servirá para recomponer las reservas del Banco Central e indirectamente quitará presión alcista al dólar. Pero a la vez, este efecto puede neutralizarse: los exportadores reciben pesos a cambio de sus ventas externas y la aversión a la moneda doméstica en un marco inflacionario es un incentivo para comprar divisas en el mercado informal.

De persistir una inflación cercana a 25% y una emisión próxima al 40% anual, el dólar blue está condicionado a aumentar en ese rango, para situarse por encima de los $8,50 hacia diciembre, sólo al considerar la progresión inflacionaria, en un pronóstico conservador. En un mercado tan chico y especulativo, ajeno a la “flotación administrada” del dólar oficial, los operadores informales apuraron los tiempos en enero, para descontarse hasta un exagerado 10% de esa expectativa de incremento anual, cuando el billete llegó a pagarse a 7,50 pesos.

La experiencia histórica de la Argentina indica que los controles llevan a más controles para enderezar las distorsiones que la propia prohibición genera. E impulsan una ampliación de la brecha cambiaria, hoy en el 50%, que sesga la tendencia alcista para el resto del año: el dólar paralelo también acompañará la tasa de devaluación que el Banco Central defina para la cotización oficial.