Por: Agustín Etchebarne
La República es la forma de gobierno que divide el poder de manera que nadie sea demasiado poderoso. Es un sistema de pesos y contrapesos, primero se divide entre el Ejecutivo, la Justicia y el Legislativo; segundo se divide territorialmente (Nación, Provincias y Municipios), lo que se llama federalismo. Y finalmente aparece la prensa libre como un contrapeso indispensable de los demás poderes. Es decir, la prensa debe ser independiente. Esto no significa que sea independiente del dueño del diario o del canal de televisión, sino que los dueños de esos medios deben ser independientes del Gobierno. La prensa, entonces, sirve para escudriñar y sacar a luz ideas o hechos que un gobierno desea esconder, para iluminar y transparentar donde está oscuro, y combatir la corrupción. Eso les da cierto poder, y por eso se denomina “el cuarto poder”.
Nuestra Constitución garantiza magistralmente estos derechos: en el artículo 32 expresa literalmente: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal” y en el artículo 14 garantiza el derecho de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”.
Pero estas garantías y derechos se convierten en una fantasía cuando un funcionario de tercera categoría logra forzar a empresarios privados para que no publiquen avisos en determinados diarios. Basta con constatar que algunos medios han perdido un tercio de la facturación las últimas semanas. Cualquier empresa con altos costos fijos, como lo es un periódico, si pierde un tercio de la facturación está destinada a quebrar o vender.
Es el momento en que la Justicia debe restablecer el equilibro constitucional, de otro modo, sólo quedará el recurso de que la sociedad civil vuelva a enarbolar el viejo grito sagrado de nuestro himno nacional: “Libertad, Libertad, Libertad“.