Por: Claudia Neira
En el día de ayer, la legislatura porteña votó una modificación a la Ley de Basura Cero donde se avanza sobre la reducción de residuos focalizando en la responsabilidad de las grandes empresas generadoras En nuestra Ciudad, siempre se ha pensado la cuestión de la basura desde la ineficiencia del Estado o desde una matriz de concientización de los vecinos. Sin embargo, nunca se ha puesto en discusión la responsabilidad de las grandes empresas.
Buenos Aires adquiere una nueva normativa que permite reducir la cantidad de residuos que la Ciudad dispone finalmente para ser enterrada, disminuyendo así el impacto ambiental que los mismos producen y facilitando además la recuperación y reutilización de la mayor cantidad posible. En este sentido, es necesario que toda política de minimización del volumen de residuos enterrados cuente con el expreso compromiso de los generadores, en especial aquellos que por su actividad y magnitud producen la mayor cantidad de deshechos
Si bien no existen datos certeros, se calcula que aproximadamente un 30% de los residuos sólidos urbanos (RSU) provienen de este tipo de establecimientos. La baja intensidad de la política gubernamental en esta cuestión ofrece serios inconvenientes para una disminución sensible en las disposiciones finales que se trasladan a la CEAMSE. En el marco de la legislación vigente, el Gobierno de la Ciudad establece la obligación de separar los residuos a aquellos denominados generadores “especiales” o “responsables”. En este sentido, en el ámbito de la Subsecretaría de Higiene Urbana se creó el Padrón de Generadores Especiales de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos No Reciclables.
Sin embargo, según la información disponible, existen aproximadamente 11.000 grandes generadores de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos comercios, bancos, supermercados, restaurantes, shoppings, edificios públicos y escuelas privadas, muchos de los cuales hoy no separan los residuos entre secos y húmedos. Más allá de generalizar la práctica de separación en origen de los materiales desechados, debemos discernir claramente los niveles de responsabilidad entre los grandes generadores de residuos y los consumidores; y establecer, así, obligaciones diferentes
Es necesario redefinir e implementar las obligaciones específicas de los llamados “generadores especiales”, e incluir entre los mismos a todo aquel emprendimiento comercial que produzca más de quinientos kilogramos (500 kg) de residuos al mes. Actualmente, la CEAMSE cuenta con un programa diferenciado para la disposición final de los residuos que generan las grandes empresas y entidades públicas, cuyo costo debe ser afrontado por los propios generadores. Sin embargo, hasta la sanción de esta ley, el Estado de la Ciudad no establecía ninguna obligación; y por tanto, quedada a criterio de cada empresa.
Nuestra iniciativa profundiza la ley de Basura Cero y establece taxativamente que el costo del traslado de la basura hacia el relleno sanitario y el enterramiento, en el caso de residuos producidos en grandes generadores, es responsabilidad específica de los productores de estos desechos. Esta legislación es fundamental para promover un cambio cultural en los agentes privados, desalentando la producción indiscriminada de residuos y favoreciendo la separación en origen.
La prioridad del Estado de la Ciudad tiene que ser reducir los volúmenes de enterramiento, no sólo por obvias cuestiones ambientales que están contempladas en la Ley de Basura Cero, sino también por el altísimo costo presupuestario que supone esta práctica para el tesoro de la Ciudad. Asimismo es importante potenciar la labor de las cooperativas de recuperadores urbanos garantizando, desde el Estado de la Ciudad, mecanismos para que los residuos sólidos secos que producen los grandes generadores puedan llegar a los centros verdes. A su vez, es fundamental que la infraestructura de los centros verdes sea también mejorada para permitir que puedan realizar su tarea en las condiciones necesarias.
No es posible que mientras los grandes generadores acumulen riquezas se socialicen los costos, generando no sólo un gasto para el Estado sino también un daño ambiental que sufre la comunidad en su conjunto. En este sentido, claramente los residuos que se producen son parte de los costos que deben asumir las empresas. La responsabilidad de los generadores tiene que implicar el traslado a los centros verdes de aquellos materiales plausibles de ser recuperados y el envío, por cuenta propia, a los rellenos sanitarios de aquellos que no puedan ser valorizados.
Con esta modificación, el Estado de la Ciudad tendrá capacidad de intervención efectiva en la reducción de basura. La aprobación de este proyecto es un avance. Veremos si el Ejecutivo posee la voluntad política para ponerlo en práctica.