Por: Eduardo Amadeo
La foto del niño sirio en la playa nos ha horrorizado a todos. La situación de los refugiados de Siria es un problema insoslayable de la comunidad internacional hace ya algunos años. Miles de sirios continúan dejando sus casas y huyendo del horror de su país en busca de paz. Siria ya lleva 4 años en una situación de emergencia internacional similar a lo que sucedió en Ruanda y los Balcanes, y que esperanzadamente creíamos que nunca volvería a pasar.
El principio de responsabilidad de proteger afirma que cuando un Estado no es capaz de proteger a su propia población de genocidios, limpiezas étnicas, violaciones masivas a los derechos humanos o crímenes de guerra, o es inclusive el mismo Estado el que está ejerciendo ese sufrimiento a la población, la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir para detener estos crímenes inhumanos. Este principio fue aprobado en 2005 unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y paradójicamente, Argentina fue una de las propulsoras a nivel internacional.
La situación de Siria representó ya en 2012 un caso de responsabilidad de proteger, donde la comunidad internacional no podía ser ajena. Numerosos fueron los informes que registraron las violaciones masivas a los derechos humanos donde se halla involucrado el Gobierno sirio de Bashar al-Assad. Desde el comienzo de la crisis se intentaron todas las instancias diplomáticas y de diálogo posible para resolver el conflicto. Sin embargo, ninguna tuvo resultados por la negativa del régimen de al-Assad, que llegó a utilizar armas químicas contra la propia población civil en 2013.
Para casos como estos, el principio de la responsabilidad de proteger debe ser aplicado bajo el capítulo VII de la Carta de la ONU con el único fin de proteger a la población en peligro.
La República Argentina, contrariamente a lo que había defendido en 2005, traicionó su legado de defensa de los derechos humanos en pos de intereses políticos coyunturales al negar el apoyo a las resoluciones de las Naciones Unidas que condenaban las violaciones flagrantes de los derechos básicos de las personas. El Gobierno argentino prefirió continuar su política de seguimiento pasivo a las decisiones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), cuyo líder, Hugo Chávez, envío tres buques llenos de combustible para abastecer al régimen del genocida al-Assad.
Argentina, en los peores momentos de la crisis de Siria tenía la responsabilidad de ejercer uno de los asientos asignados para la región de América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad de la ONU. Vergonzantemente, Argentina se abstuvo en la resolución presentada por el Estado de Catar y promovida por la Liga Árabe en la que se condenaban las violaciones masivas a los derechos humanos en Siria. La Cancillería Argentina solo expidió una triste carta de llamada al diálogo en pleno genocidio, cuando todos los informes de la ONU afirmaban que el diálogo por la coyuntura de la crisis humanitaria era ya imposible. Colombia, el otro país que compartía el asiento latinoamericano en el Consejo de Seguridad votó a favor de la intervención para detener las masacres de niños, mujeres y civiles.
A su vez, es lamentable que un Gobierno que se identifica como progresista tenga un doble discurso, defendiendo los derechos humanos en público y haciendo silencio cómplice a los violadores de esos derechos, como lo hizo en Siria.
Desde la oposición y como diputado de la nación y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, en ese período presenté varios informes, citaciones al ministro Héctor Timerman y declaraciones de repudio a la política exterior cobarde de Argentina. Del otro lado, los diputados oficialistas lamentablemente solo hacían oídos sordos.