Por: Facundo Moyano
La vivienda es un derecho y una necesidad fundamental que permite a los trabajadores y sus familias acceder a la ciudad y a los bienes y servicios que ésta provee. Sin embargo, el acceso a una vivienda digna hoy más que nunca continúa siendo una deuda pendiente en nuestro país.
De acuerdo a datos del censo de 2010, son más de cuatro millones los hogares que habitan en viviendas deficitarias, viven en condiciones de hacinamiento o se encuentran en situación de tenencia irregular. Representan el 35% de todos los hogares del país. Uno de cada tres hogares necesita, aunque en distinto grado, mejorar su situación habitacional. En las principales ciudades, la cantidad de familias que viven en formas deficitarias de hábitat aumentó incluso en relación al Censo del 2001. En la Ciudad de Buenos Aires, la población de villas y asentamientos se incrementó un 52% respecto al año 2001, alcanzando un total de 163.587 habitantes.
Es paradójico que, a pesar de las mejoras en las condiciones generales de la economía y del fuerte desarrollo de la industria de la construcción en la última década, la situación habitacional en Argentina no haya mejorado de forma significativa. Sin embargo, esto se explica en gran medida por el fuerte incremento de los precios del suelo y de los inmuebles, cotizados en dólares, muy por encima de los aumentos salariales en pesos, que hicieron de la vivienda una mercancía fuera del alcance de los sectores medios y bajos.
Si bien se pusieron en marcha ambiciosos programas de crédito y de construcción de viviendas, los resultados obtenidos estuvieron muy por debajo de las metas anunciadas y no lograron contrarrestar los efectos expulsivos de un mercado inmobiliario cada vez más excluyente. Según datos oficiales de las 420.000 viviendas anunciadas en 2004 y 2005 a través del Programa Federal de Construcción de Viviendas, al año 2012 se habían finalizado sólo 246.000. De los 200.000 créditos que se iban a entregar en los dos primeros años del Pro.Cre.Ar., se adjudicaron la mitad y sólo se finalizaron unos 50.000.
Para avanzar en la solución del problema habitacional es preciso abordar la cuestión desde una perspectiva integral. No basta con construir viviendas y otorgar créditos. Se debe regular el mercado inmobiliario con medidas selectivas e inteligentes que amplíen el universo de la población capaz de acceder a una casa a través del mercado formal, tanto mediante la compra o el alquiler. Se deben generar incentivos para que la construcción de vivienda se vuelque a satisfacer las necesidades de quienes más lo necesitan y no sólo a ofrecer alternativas de ahorro e inversión. Al mismo tiempo, se tienen que introducir mecanismos que contribuyan a volcar la vivienda ociosa al mercado de alquileres, como forma de ampliar la oferta y reducir los precios de las locaciones.
Es fundamental regular el mercado de suelo. En la medida en que los propietarios puedan retener sin costos la tierra a la espera de su valorización, la vivienda continuará siendo una mercancía cada vez más inaccesible para los trabajadores y el Estado va continuar teniendo dificultades para implementar políticas habitacionales. Tanto el Plan Federal de Construcción de Viviendas como el Pro.Cre.Ar., se toparon con obstáculos en su implementación como resultado de los incrementos de los precios del suelo, que hicieron difícil para las provincias y los municipios el acceso al suelo urbano de calidad para la construcción de viviendas, y a los beneficiarios de los créditos hipotecarios adquirir terrenos en zonas con transportes y servicios.
La recuperación del Banco Hipotecario puede ser una herramienta con capacidad para articular políticas de crédito y de suelo, que eviten que el incremento en la demanda se traslade a un aumento de los precios de la tierra y la vivienda. Además, podría convertirse en una pieza clave de la política habitacional que contribuya a la regulación del mercado de crédito hipotecario, hoy casi inexistente a pesar de las elevadas rentabilidades que presenta el sector financiero. No sólo es fundamental contener la inflación para ampliar la oferta de financiamiento a largo plazo, sino que se necesita generar instrumentos para regular sus tasas. En el marco de una política de Estado inexistente, el mercado inmobiliario se encuentra orientado por la especulación y aún en contextos de fuerte expansión de la construcción, se condena a cada vez más familias a solucionar su necesidad de vivienda de formas precarias y caras.